Diez años de herrumbre, agua infiltrada y hormigón expuesto al clima produjeron lo que ni los reclamos vecinales ni los papeleos municipales lograron: una sentencia que ordena borrar del paisaje urbano de Escobar una de las promesas incumplidas más visibles del desarrollo inmobiliario de la región. El Juzgado Civil y Comercial N°4 de Zárate-Campana resolvió autorizar la demolición total de la estructura conocida como Floreal del Sol, ubicada en avenida San Martín 565, junto con el retiro de una grúa de aproximadamente 50 metros de altura que permanece inmóvil desde que las obras se paralizaron en 2015. Lo que comenzó como un ambicioso proyecto residencial, comercial y hotelero terminó siendo un esqueleto de hormigón armado de 12 pisos que solo genera preocupación en quienes habitan o transitan la zona.
De la promesa al abandono: cómo se llegó a esta situación
En la primera mitad de los años 2010, la propuesta de Floreal del Sol se presentaba como una oportunidad de inversión inmobiliaria de envergadura. El proyecto contemplaba múltiples torres residenciales, infraestructura hotelera y espacios comerciales que pretendían dinamizar la zona norte del conurbano bonaerense. Cientos de inversores vieron en este desarrollo una alternativa de negocio y realizaron aportes significativos para adquirir unidades que supuestamente se entregarían en plazos preestablecidos. Sin embargo, la realidad tomó un giro inesperado cuando en 2015 las obras se interrumpieron de manera repentina. Desde esa fecha hasta hoy, ningún signo de retoma de la construcción se ha producido. Las columnas de hormigón armado, las losas sin terminar y las escaleras que conducen a ningún lado quedaron en suspenso temporal que se transformó en permanente.
Lo que se construyó llegó solo hasta su estructura más básica: una armazón de cemento, acero y aire que carece de muros, divisiones internas, revestimientos, instalaciones o terminaciones de cualquier tipo. Es como si alguien hubiese armado el esqueleto de un edificio y luego se hubiese ido sin intención de volver. A medida que pasaron los años, el deterioro no hizo sino acumularse. La exposición continua a la intemperie, las filtraciones de agua, el crecimiento de vegetación parasitaria y la corrosión de los materiales transformaron la estructura en un símbolo tangible del fracaso, visible desde varios puntos de la localidad y constantemente objeto de preocupación.
Los riesgos que nadie podía ignorar
La permanencia de esta construcción abandonada generó múltiples problemas de índole práctica. Comerciantes de las cuadras próximas expresaron en reiteradas ocasiones su inquietud respecto de la acumulación de agua en un pozo subterráneo dentro del predio, situación que compromete la integridad de los cimientos tanto de la estructura como de las edificaciones colindantes. El riesgo de colapso estructural era, según estos relatos, una preocupación latente. Además, se documentaron ingresos frecuentes de personas no autorizadas al lugar, lo que añadía una dimensión de seguridad pública al problema. La grúa de 50 metros representaba un peligro específico: su inmovilidad prolongada y su falta de mantenimiento la convertían en un potencial factor de riesgo para las viviendas e instalaciones ubicadas en las inmediaciones, especialmente en caso de vientos intensos o deterioro progresivo de sus anclajes.
Antes de llegarse a la conclusión de que la demolición era necesaria, la Municipalidad de Escobar intentó aplicar medidas menos drásticas. Se promovieron actuaciones administrativas orientadas a exigir que los responsables del inmueble implementaran protecciones básicas: cercado perimetral, señalización de advertencia, vigilancia. No obstante, estas gestiones encontraron limitaciones por la complejidad de la situación judicial del terreno. El juez Leandro Marcos Cappello, magistrado del juzgado competente, analizó la trayectoria de incumplimientos y consideró que la empresa responsable había ignorado sistemáticamente las intimaciones y requerimientos formulados por la administración municipal a lo largo de los años. Ante esta reiterada inacción, el magistrado concluyó que la demolición constituía la medida más eficaz y proporcional para prevenir riesgos a terceros, dado que el paso del tiempo no hizo sino agravar el estado de la estructura.
El trasfondo penal y las víctimas de la estafa
La sentencia que autoriza la demolición no se produce en un vacío. Existe simultáneamente una causa penal en trámite en otra jurisdicción. En octubre de 2024, fueron procesados y embargados tres individuos: Daniel Oscar Fontanini, Carlos Alberto Pita y Emilia Mercedes Álvarez, acusados de participar en maniobras defraudatorias directamente vinculadas con el desarrollo inmobiliario. Los inversores que habían depositado dinero para la adquisición de unidades declararon que nunca recibieron las propiedades que les correspondían, transformándose así en víctimas de lo que todas las evidencias indican fue un esquema de engaño coordinado. La parálisis del proyecto no era, entonces, una vicisitud del mercado inmobiliario, sino el resultado de conductas presuntamente ilícitas que dejaron a cientos de personas sin sus ahorros y sin sus departamentos.
La estructura de hormigón que ahora será demolida es, en este contexto, la evidencia física de esa estafa. Cada piso sin terminar, cada columna sin revestimiento, es un recordatorio de promesas incumplidas. Los inversores que colocaron su dinero y su confianza en Floreal del Sol no solo perdieron su patrimonio: vieron convertida su inversión en una mole de hormigón que se deterioraba año tras año en el paisaje de la ciudad. La demolición ordenada por el juzgado cierra un ciclo, aunque sea de forma destructiva, borrando literalmente del mapa el monumento a la defraudación.
Las consecuencias y los pasos administrativos que siguen
La resolución judicial ordena no solo la demolición de la estructura principal, sino también el desanclaje, desarme y retiro inmediato de la grúa torre. Se trata de operaciones complejas que requerirán de especialistas y de coordinación logística. La Municipalidad de Escobar fue notificada de la sentencia, pero los pasos inmediatos dependerán de las decisiones que adopten los propietarios o responsables del inmueble. Si los procesados deciden apelar la resolución judicial, el proceso se extendería en tiempo, prolongando la presencia del edificio abandonado. Si, por el contrario, no recurren la sentencia, las autoridades municipales podrán proceder con el desmontaje. En cualquier caso, la obra ya tiene fecha de vencimiento: el fantasma de hormigón que durante una década sirvió como referente visual para los vecinos de Escobar está contado en semanas o meses, no en años.
Lo que suceda con el terreno una vez demolida la estructura abre interrogantes respecto del futuro uso del predio. La presencia de inversores que fueron víctimas del fraude, la existencia de un proceso penal en curso y la complejidad de los derechos sobre la propiedad generarán probablemente negociaciones extensas. No obstante, desde la perspectiva del espacio público y la seguridad urbana, la autorización de la demolición representa un cierre simbólico a una década de deterioro visual y riesgo material. La ausencia de la estructura podría significar para los residentes de la zona un alivio respecto de preocupaciones concretas: el fin de la amenaza de colapso, la eliminación del foco de ingreso de personas no autorizadas, la resolución del problema de acumulación de agua subterránea. Por otra parte, la demolición implica también la desaparición de una prueba tangible del incumplimiento sistemático de promesas, lo que podría interpretarse como un borramiento de memoria urbana o como una cicatrización necesaria. Las perspectivas sobre este desenlace varían: para los afectados por la presunta estafa, la demolición es un reconocimiento judicial de que lo prometido nunca fue viable; para los vecinos, es la resolución de un riesgo; para la administración municipal, es el cierre de una gestión problemática que se extendió más de la cuenta.
