La maquinaria judicial que investiga la trama de sobornos y desvíos de fondos públicos que caracterizó a la administración kirchnerista continúa generando conflictos y desmentidas entre los imputados. En esta ocasión, Roberto Baratta, quien se desempeñó como número dos en la estructura de Planificación Federal durante aquella gestión, solicitó la posibilidad de volver a declarar ante el tribunal para refutar versiones que vinculan su accionar con actividades ilícitas. La solicitud emerge de testimonios que lo implican en un esquema de extorsión y chantaje, presentando un escenario en el que los acusados intentan desacreditarse mutuamente para eludir responsabilidades sobre hechos que quedaron registrados durante años.

El punto de quiebre: los mensajes y las fotos

Según los relatos que circularon en la audiencia, Hilda Horovitz, expareja del chofer Oscar Centeno —quien fungió como operador logístico en los negocios de Baratta—, habría mantenido una comunicación con el exfuncionario en la cual le envió fotografías que supuestamente documentaban bolsas con fajos de dinero identificadas por bandas elásticas. Este tipo de prueba visual resulta relevante porque conecta directamente con el mecanismo de recaudación de coimas que quedó plasmado en los célebres cuadernos anotados por Centeno, quien fungió como testigo clave en la investigación.

La estrategia defensiva de Baratta apunta a desestimar cualquier vínculo sustancial con Horovitz. Según su versión, la relación entre ambos fue enteramente unidireccional: ella buscaba establecer contacto, pero él nunca respondió. Baratta enfatizó la ausencia de un canal de comunicación permanente, negando tener algún tipo de relación personal o profesional que justificara el intercambio de información. Su argumento central sostiene que durante dos años no hubo reciprocidad en la comunicación, lo que vendría a refutar la acusación de que utilizó información sensible para presuntamente presionar a terceros o beneficiarse de datos privilegiados sobre operaciones turbias.

El cruce con Lavagna y la polémica sobre la obra pública

Paralelamente al conflicto con la testiga, Baratta apuntó sus críticas hacia Roberto Lavagna, quien ocupó la cartera de Economía durante buena parte del gobierno iniciado en 2003. El exfuncionario lo acusó de actuar de manera incoherente, cuestionando cómo puede un ministro advertir públicamente sobre prácticas irregulares sin haber tomado acciones contundentes en su momento. La pregunta retórica que formuló Baratta toca un nervio sensible: si el Banco Mundial hubiese detectado verdaderas irregularidades en los precios y en la conformación de carteles entre empresas constructoras, ¿habría continuado financiando proyectos de infraestructura vial en el país después de 2005?

Lavagna, por su parte, respondió aclarando el contexto de sus señalamientos públicos. En noviembre de 2005, durante una conferencia en la Cámara Argentina de la Construcción, el exministro expuso que existían indicios preliminares sobre comportamientos colusivos entre empresas y sobrecostos en obras públicas. Su intervención no fue bien recibida por los asistentes, algunos de ellos personalidades influyentes del sector privado. Cuando formuló la advertencia, recibió réplicas desaprobatorias de dirigentes empresariales presentes, quienes cuestionaron que precisamente en ese foro, frente a la industria constructora, se hablara de prácticas irregulares. La respuesta de Lavagna fue firme: consideraba que ese era exactamente el lugar donde debía hacerse la denuncia.

El exministro detalló que meses antes, durante las reuniones de primavera de 2005 que reúnen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial en Washington, la delegación argentina regresó con un mensaje claro de preocupación. Los organismos multilaterales que habían canalizado créditos para proyectos viales manifestaron su incomodidad ante la forma en que se ejecutaban algunos programas. Asimismo, anticiparon la posibilidad de abrir investigaciones propias si no se tomaban medidas correctivas. Este antecedente sugiere que las instituciones financieras internacionales tenían suficientes alertas como para cuestionar la integridad de la ejecución presupuestaria argentina en ese rubro específico.

Lavagna precisó además que participó activamente en la elaboración de presupuestos nacionales durante cuatro ejercicios consecutivos: 2003, 2004, 2005 y 2006. Abandonó su cargo en noviembre de 2005. En los primeros dos años de su gestión, señaló, las diferencias entre lo que solicitaban las distintas áreas del Estado y los recursos efectivamente disponibles fueron relativamente moderadas, lo que sugeriría un contexto menos propicio para manejos irregulares. Sin embargo, la preocupación manifestada por el Banco Mundial implica que, independientemente de las cifras presupuestarias, la modalidad de ejecución de las obras generaba dudas sobre su legitimidad.

Las implicancias de un conflicto que no cesa

Este cruce de acusaciones y desmentidas pone en evidencia el carácter fragmentado de la defensa de los imputados. Mientras Baratta procura distanciarse de presuntos testigos incómodos y cuestiona la coherencia de funcionarios que ocupaban posiciones superiores en la jerarquía, Lavagna busca reconstruir una narrativa en la que sus advertencias tempranas sobre anomalías demuestran consciencia del problema y disposición a confrontar irregularidades. El tribunal debe evaluar no solo la credibilidad de las declaraciones, sino también la consistencia de las explicaciones en relación con documentos y comunicaciones que quedaron registradas.

La solicitud de Baratta para reabrir su testimonio es un movimiento común en procesos de esta envergadura, donde los imputados buscan responder acusaciones que consideren injustas o descontextualizadas. Sin embargo, también refleja la dificultad que enfrenta para desvincularse completamente de una trama que, según los cuadernos de Centeno, involucró a múltiples actores en un sistema de extorsión y desvío de recursos. Los registros del chofer, compilados durante años, constituyen un archivo de eventos y transacciones que difícilmente pueden ser refutados mediante negaciones simples, aunque las interpretaciones sobre quién sabía qué y cuándo sigue siendo materia de disputa.

Las repercusiones de estos desarrollos procesales trascienden el ámbito estrictamente judicial. La forma en que se resuelvan las responsabilidades de funcionarios que ocuparon posiciones claves en la administración pública durante el período 2003-2015 incidirá en cómo se interpreta históricamente esa etapa. Si los tribunales resuelven que hubo conocimiento de irregularidades pero falta de acción proporcionada, se reforzará la narrativa de un sistema capturado por redes de corrupción. Si, por el contrario, concluyen que los imputados actuaron sin información suficiente o dentro de márgenes legales, la interpretación será radicalmente diferente. Mientras tanto, los debates sobre integridad institucional, capacidad de supervisión estatal y responsabilidad de funcionarios públicos permanecen activos en la arena política y social del país.