Un episodio registrado por sistema de vigilancia en las instalaciones municipales de Boulogne hace poco más de un año terminó generando una crisis institucional en San Isidro que trasciende los límites de un simple conflicto laboral. Alberto Montes, concejal electo por La Libertad Avanza en los comicios de 2023, enfrenta ahora una complicada situación judicial en dos frentes simultáneos: uno civil donde ya acordó una indemnización de magnitud considerable, y otro penal donde podría enfrentarse a un juicio oral en cuestión de meses. El caso se convirtió en uno de los escándalos más relevantes de la comuna durante el último tiempo, exponiendo tensiones internas en el Concejo Deliberante y replanteando debates sobre comportamientos en espacios de trabajo.
Los hechos que originaron todo esto ocurrieron en noviembre de 2023, cuando Montes se desempeñaba como inspector de tránsito municipal antes de asumir su banca de concejal el 10 de diciembre de ese mismo año. Trabajaba en ese entonces en la dependencia municipal ubicada en la zona de Boulogne, compartiendo espacios laborales con varios compañeros. En aquella ocasión, una cámara de seguridad capturó el momento en que el ahora funcionario ingresó a una oficina y ejecutó un contacto físico no consentido dirigido hacia una colega que se encontraba de espaldas. La reacción inmediata de la mujer fue contundente: respondió con una cachetada. Ese video, que permaneció durante un tiempo en conocimiento limitado, eventualmente trasciende públicamente y abre un escándalo que la oposición utilizaría para cuestionar su idoneidad para mantener funciones públicas.
La ruta legal: acuerdos civiles y pendencias penales
En el ámbito de la responsabilidad civil, las partes llegaron a un acuerdo que significaría para Montes el pago de 12 millones de pesos en concepto de indemnización, cantidad que debería ser abonada de manera fraccionada. Sin embargo, este arreglo no significó el cierre del conflicto. Reportes posteriores indican que el concejal incurrió en demoras en algunos de los depósitos acordados, circunstancia que motivó que la denunciante interpusiera una intimación judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Este aspecto revela cómo la controversia se extendió más allá del incidente inicial, generando nuevas fricciones en el proceso de reparación económica.
Donde el panorama se torna significativamente más complicado es en la esfera penal. La causa fue caratulada como abuso sexual, una tipificación que coloca el caso en un nivel de gravedad considerable dentro del ordenamiento legal. Según informaciones provenientes de fuentes vinculadas al expediente judicial, existe una posibilidad concreta de que la causa avance hacia un juicio oral alrededor de octubre, después de que fuera rechazado un recurso presentado por la defensa de Montes solicitando el sobreseimiento. Este rechazo implica que la investigación continuará su curso normal dentro del sistema de justicia, dejando abierta la posibilidad de un proceso contradictorio ante un tribunal. La decisión sobre su responsabilidad penal quedará finalmente en manos del poder judicial, en un procedimiento que podría extenderse durante meses.
Presiones políticas y cuestionamientos institucionales
Simultáneamente a la tramitación de estos procesos judiciales, la arena política local se vuelve un escenario adicional donde el caso genera fricción y debate. Sectores de la oposición municipal, particularmente desde Fuerza Patria, han impulsado iniciativas orientadas a cuestionar la continuidad de Montes en su cargo de edil. Los cuestionamientos se centran en la idoneidad de mantener un funcionario con estas acusaciones pendientes en su contra ocupando un asiento en el Concejo Deliberante. Los opositores reclaman que la institución tome una posición clara y defina institucionalmente qué hacer frente a una denuncia de estas características. Esta presión política añade una dimensión adicional a un caso que ya de por sí resulta delicado desde la perspectiva de la convivencia laboral y el comportamiento esperado en funcionarios públicos.
Cuando fue abordado sobre el tema, Montes adoptó una estrategia comunicacional que consistió en señalar que existió un pedido de disculpas entre las partes involucradas y que se alcanzó un acuerdo mutuo. De manera significativa, el funcionario caracterizó lo sucedido como "un chiste", minimizando la gravedad del episodio registrado en video. Esta caracterización contrasta notoriamente con la tipificación legal del hecho como abuso sexual y con la reacción de la víctima, quien respondió de forma inmediata y defensiva. La versión de Montes sitúa el incidente en un registro de broma o intercambio jocoso entre compañeros, una interpretación que difiere fundamentalmente de cómo la Justicia penal está evaluando el caso. Su perspectiva sobre lo acontecido permanece en tensión con la investigación criminal que continúa desarrollándose de manera independiente.
Es pertinente recordar que San Isidro, municipio de larga trayectoria política y administrative en el área metropolitana, ha enfrentado diversos escándalos relacionados con conductas inapropiadas de funcionarios en años anteriores. Sin embargo, casos que combinen registros audiovisuales claros, acuerdos civiles simultáneos a procesos penales, y presiones institucionales de destitución resultan relativamente menos frecuentes. La exposición del episodio mediante cámaras de seguridad elimina espacios para interpretaciones divergentes sobre los hechos en sí mismos, concentrando el debate en la tipificación legal y en las implicancias políticas que conlleva.
Proyecciones y escenarios posibles
A partir de este punto, la trayectoria del caso presenta múltiples posibilidades de desenlace. Si el juicio oral efectivamente se concreta en octubre, los argumentos de fiscalía y defensa serán presentados ante un tribunal, que entonces deberá determinar la culpabilidad o inocencia de Montes en relación a la acusación de abuso sexual. Una condena penal podría reforzar los argumentos de quienes buscan su destitución del Concejo Deliberante, mientras que una absolución o desestimación podría debilitar esas iniciativas. Paralelamente, la cuestión de los pagos adeudados de indemnización seguirá requiriendo resolución judicial si no se cumple voluntariamente. Desde la perspectiva institucional, el Concejo Deliberante enfrenta la disyuntiva de permanecer inerte respecto de la situación de Montes o tomar medidas preventivas o disciplinarias que podrían variar desde apercibimientos hasta iniciativas formales de destitución. Cada escenario conlleva consecuencias distintas tanto para el funcionario como para la credibilidad institucional del municipio. Lo cierto es que la resolución de esta controversia será un indicador significativo de cómo los espacios públicos locales procesan situaciones que combinan conductas cuestionables, procedimientos judicales en curso, y presiones políticas simultáneas.
