El conflicto entre los operadores del sistema judicial y los medios de comunicación alcanzó un nuevo punto de tensión cuando un magistrado de rango superior planteó, desde su posición institucional, la necesidad de implementar mecanismos de control sobre la información que circula respecto de las decisiones de los tribunales. La iniciativa representa una escalada en la disputa sobre quién tiene derecho a relatar lo que ocurre en el Poder Judicial y bajo qué términos, un interrogante que en democracias de toda América Latina sigue siendo objeto de debate permanente entre actores que defienden visiones antagónicas sobre el rol de la prensa y la transparencia de la administración de justicia.
Carlos Mahiques, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal —el tribunal superior que resuelve en materia penal—, presentó formalmente ante la institución una extensa exposición donde caracterizó la cobertura mediática de asuntos judiciales como un proceso sistemático de hostigamiento. En su documento, dirigido al presidente del tribunal, sostuvo que existe una campaña coordinada de difusión de información "falsa, distorsionada o errónea" que busca deteriorar la imagen pública de los magistrados y cuestionar la legitimidad de la Justicia como institución del Estado. La acusación no se limitó a críticas generales, sino que incluyó referencias específicas a empresas comunicacionales y a lo que denominó un grupo de comunicadores que operan con "encono y sesgo descalificador".
Las propuestas para "blindar" a la Justicia
Más allá de las denuncias, Mahiques presentó una serie de propuestas concretas orientadas a modificar la dinámica de circulación de información sobre resoluciones judiciales. La iniciativa más relevante contempla la creación de una vocería o estructura de prensa dependiente del propio tribunal, que se encargue de difundir en tiempo y forma todas las sentencias y resoluciones mediante canales "rigurosos, confiables y oficiales". La intención explícita es que los ciudadanos reciban información judicial directamente desde la fuente institucional, reduciendo así la intermediación de profesionales de la comunicación que, según su perspectiva, tienden a privilegiar el impacto emocional sobre el análisis verificable de los hechos.
Sin embargo, la propuesta que generó mayor controversia fue la referida a sanciones éticas contra magistrados y funcionarios judiciales que compartan información con periodistas. Mahiques instó a incorporar en los reglamentos disciplinarios disposiciones que califiquen como "grave falta" el intercambio de datos o favores que luego se utilicen como "fuentes judiciales" en las notas periodísticas. En su exposición, utilizó la expresión "promiscuidad informativa" para caracterizar lo que considera una relación inapropiada entre actores del sistema legal y comunicadores. Según su planteo, estos vínculos personales facilitan la diseminación de información que no ha pasado por canales institucionales oficiales y que, por lo tanto, no cuenta con la validación institucional que debería acompañar toda información sobre asuntos de Estado.
Antecedentes y contexto del magistrado
El contexto biográfico de quien presenta estas iniciativas resulta relevante para comprender las implicancias del reclamo. Mahiques, de 75 años, fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, cargo que ocupó apenas seis meses antes de renunciar. Posteriormente fue designado camarista en la Cámara ordinaria de Casación —tribunal que se ocupa de delitos comunes— y más tarde trasladado a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Este ascenso en la estructura judicial se produjo durante la administración de Mauricio Macri. Recientemente, el Senado Nacional aprobó que continúe en su cargo por cinco años más, trascendiendo los límites de edad que tradicionalmente había establecido la jurisprudencia para los magistrados federales. El hijo de Mahiques, Juan Bautista Mahiques, asumió como ministro de Justicia nacional en marzo del presente año, luego de su desempeño como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, siendo precisamente él quien envió al Senado el proyecto para que su padre continuara en funciones.
El magistrado se vio envuelto en distintos episodios que trascendieron públicamente en los últimos años. En 2022, quedó implicado en el caso conocido como "Lago Escondido", que investigó un viaje realizado por magistrados, empresarios y operadores políticos a una estancia de la Patagonia. Los presuntos intercambios de mensajes posteriores al evento generaron interrogantes sobre intentos de preservar la privacidad de la invitación. Aunque Mahiques fue imputado en esa causa cuando se instruyó en el sur del país, posteriormente la investigación fue trasladada a tribunales de la capital federal, donde fue anulada y todos los acusados fueron sobreseídos. Meses atrás, su nombre volvió a asociarse a investigaciones cuando se conoció que había celebrado su cumpleaños en una propiedad ubicada en Pilar, presuntamente vinculada a alguien con posiciones relevantes en una federación deportiva nacional.
El debate sobre libertad de expresión y transparencia
La iniciativa presentada por Mahiques reactiva un debate clásico en toda sociedad democrática: el equilibrio entre la necesidad de que exista fiscalización pública sobre las instituciones y los derechos de los funcionarios a no ser objeto de campañas de descalificación personal. El magistrado argumentó que los jueces y funcionarios judiciales carecen actualmente de "toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache", señalando que dichos ataques quedan protegidos bajo las garantías de libertad de expresión y la práctica de preservación de fuentes periodísticas. Anunció que analiza emprender medidas legales tanto en el ámbito civil como penal respecto de lo que se ha publicado o difundido sobre él, sosteniendo que el "hostigamiento" podría ser merecedor de reparación o sanción. Para sustentar su posición, citó al juez italiano Giovanni Falcone, asesinado en 1992 en un atentado, aludiendo a una lógica de degradación pública donde primero se "ensucia" la imagen, luego se aísla al personaje y finalmente se lo "mata" simbólicamente a través de la erosión permanente de su credibilidad.
En su presentación, Mahiques describió el rol de ciertos comunicadores como el de "epígonos" que deslizan sospechas infundadas y realizan afirmaciones falsas, utilizando términos que calificó de "sarcásticos, caricaturescos e injuriosos". Abogó por la necesidad de un "interlocutor judicial formado" que sea capaz de "desmontar el fácil argumento de 'buenos y malos'" y que confronte lo que denominó "intolerancia maniquea y extrema" en el tratamiento mediático de asuntos judiciales. La propuesta implícita es que la Justicia debería contar con capacidad de respuesta institucionalizada, no apenas defensas individuales de cada magistrado, sino un discurso oficial coordinado que pueda "mesurar la desmesura" en la comunicación sobre el Poder Judicial, evitando que termine siendo reducido a un "simple servidor del discurso mediático".
Implicancias institucionales y perspectivas en tensión
Las propuestas contenidas en la nota de Mahiques presentan complejidades que merecen análisis desde múltiples ángulos. Por un lado, existe un argumento válido respecto de que toda institución tiene derecho a comunicar directamente sobre sus funciones y decisiones, sin que la información deba filtrase necesariamente a través de mediadores externos. Una vocería oficial de tribunales podría contribuir a que la ciudadanía acceda a información verificada y contextualizada sobre resoluciones judiciales, lo que en principio beneficia tanto a la transparencia como a la precisión. Por otro lado, la propuesta de sancionar a funcionarios judiciales que compartan información con periodistas presenta aristas problemáticas. En sistemas democráticos, los mecanismos de "whistleblowing" o revelación de información por parte de funcionarios judiciales han resultado históricamente cruciales para identificar corrupción, irregularidades y abuso de poder dentro de instituciones judiciales. Restringir estos canales mediante sanciones éticas podría tener el efecto no intencional de reducir la capacidad de investigación y escrutinio de la prensa sobre actos judiciales.
Igualmente relevante es considerar qué sucede cuando la institución que controla la información es precisamente aquella sobre la cual debe ejercerse fiscalización. Si únicamente la Justicia puede comunicar sobre la Justicia, a través de canales que ella misma controla, se corre el riesgo de que ciertos hechos, procedimientos o decisiones cuestionables nunca trascienda públicamente. El principio de "fuentes judiciales protegidas" existe justamente porque reconoce que en ocasiones la información relevante para la ciudadanía proviene de actores dentro de instituciones que enfrentan presiones para no revelar ciertos datos. La restricción a estos flujos informativos podría impedir que irregularidades o desviaciones de procedimiento lleguen al conocimiento público. Finalmente, está la cuestión de cómo distinguir entre crítica legítima de decisiones judiciales y lo que Mahiques caracteriza como "hostigamiento" o "escarnio". Esta frontera no siempre es clara, y dejarla en manos de criterios éticos definidos por la propia institución juzgada introduce variables de discrecionalidad que podrían ser aplicadas de forma selectiva.
Las consecuencias prácticas de que estas propuestas se implementen van en direcciones distintas según quién las analice. Desde la perspectiva institucional del Poder Judicial, podrían fortalecer la capacidad de comunicación autónoma y reducir lo que considera campañas de desinformación. Desde la perspectiva de quienes defienden el rol fiscalizador de la prensa, representa un riesgo de cierre informativo que podría beneficiar a magistrados o decisiones judiciales que merecerían ser cuestionadas. En el contexto actual de polarización política y mediática en la Argentina, donde distintos sectores utilizan los tribunales como arena de conflicto y donde la confianza en las instituciones atraviesa momentos críticos, la implementación de estas medidas tendría impactos que trascienden lo meramente comunicacional. La pregunta central que permanece abierta es si los mecanismos de control sobre la información judicial deberían residir en las propias instituciones juzgadas o si, en cambio, la ciudadanía tiene derecho a acceder a información sobre la Justicia a través de múltiples canales, incluyendo aquellos que escapan al control institucional directo.
