La estructura de connivencia que durante años operó en las sombras de la justicia federal rosarina comenzó a desmoronarse públicamente durante una audiencia que dejó en evidencia la magnitud del entramado corrupto. Gabriel Mizzau, el profesional contable que servía simultáneamente al narcotraficanteEsteban Alvarado y al magistrado Marcelo Bailaque, decidió abandonar cualquier pretensión de defensa y reconoció plenamente su participación en el esquema de lavado de activos. Su decisión no fue un detalle menor: constituyó un punto de inflexión en un proceso judicial que ya mostraba grietas profundas, pero que ahora amenaza con exponer una red de operaciones irregulares que trascendió ampliamente los límites de un simple caso de soborno o beneficio mutuo entre funcionarios y criminales.
Durante la sesión que presidió el vocal Aníbal Pineda en la Cámara Federal de Rosario, el fiscal jefe de la Procuración especializada en Narcotráfico, Diego Iglesias, comunicó el giro dramático en la causa. Mizzau había suscripto horas antes un documento de aceptación de responsabilidad penal en el que se reconocía culpable de sus acciones, estableciéndose además una sanción predeterminada y un mecanismo de colaboración conforme a lo estipulado en el artículo 41 ter del Código Penal. Este instrumento legal permite a imputados que aporten información sustancial obtener reducciones significativas en sus penas. La magnitud de lo que Mizzau proporcionaría en términos de información patrimonial y de operaciones conexas fue suficiente para que los fiscales evaluaran que la audiencia de control de acusación careciera de sentido: cuando el acusado mismo admite su responsabilidad, discutir si existen méritos para avanzar hacia un juicio se vuelve académico.
El arquitecto de las empresas pantalla que blanqueaban fortunas
La participación de Mizzau en el mecanismo de lavado no fue marginal ni accidental. Actuó como el engranaje técnico fundamental de una operación que permitió a Alvarado transformar ganancias provenientes del tráfico de drogas en patrimonios aparentemente lícitos. Entre 2014 y los años posteriores, Mizzau prestó servicios de asesoramiento contable especializado al entramado de sociedades que constituían la cortina de humo empresarial del narco. Las compañías denominadas Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia y Edra fungieron como vehículos legales mediante los cuales el jefe criminal pretendía blanquear el dinero generado por su operación delictiva. El contador firmaba los balances contables de estas estructuras, gestionaba los trámites de habilitación municipal necesarios para que funcionaran como negocios ostensiblemente legítimos y, de manera particularmente grave, jamás efectuó ninguno de los reportes de operaciones sospechosas que la normativa financiera exige a quienes intervienen en transacciones que puedan constituir indicios de ilicitud.
Lo que confería a la situación de Mizzau una característica especialmente perversa era la simultaneidad de sus servicios. Mientras llevaba adelante esta labor de asesoría especializada para las estructuras de Alvarado, Mizzau administraba paralelamente las cuentas personales del mismo juez federal que, en la justicia ordinaria, tenía bajo su jurisdicción la investigación de ese narcotraficante. El hijo del contador había ingresado además a laborar en el juzgado federal N°4, la sede sobre la cual Bailaque ejercía autoridad, agregando una capa adicional de compromiso personal a una relación que ya era problemática por definición. Cuando Bailaque fue interrogado sobre estas conexiones, reconoció que Mizzau efectivamente era su contador, pero argumentó que desconocía que el mismo profesional asesorara al narco. Una versión que perdió toda credibilidad conforme avanzó la investigación y se desplegó la dimensión del entramado.
Tres testigos que cierren el cerco alrededor del exmagistrado
La entrada de Mizzau al círculo de colaboradores que se vuelven en contra de Bailaque no constituye un hecho aislado, sino la tercera fractura en la estructura defensiva del exjuez federal. Con anterioridad, Carlos Vaudagna, quien desempeñó funciones como titular de la Administración de Riesgos Crediticios de la República Argentina (ARCA) en Rosario, se había presentado ante la justicia como arrepentido y proveyó información que incriminaba al magistrado. Vaudagna reveló detalles sobre una reunión que tuvo lugar en el quincho de la residencia de Bailaque, donde se habrían planificado las acciones para confeccionar una causa completamente fraudulenta dirigida contra el empresario Claudio Iglesias. El propósito de esa trama era someterlo a una extorsión de envergadura: se pretendía arrancarle doscientos mil dólares, de los cuales Iglesias finalmente desembolsó ciento cuarenta mil en encuentros con el financista Fernando Whpei que tuvieron lugar en las instalaciones del Museo de la Democracia, ubicado en el corazón de la ciudad.
Whpei, quien encabeza el Grupo Unión y era catalogado como integrante del círculo íntimo del exmagistrado, también optó por acogerse a la condición de colaborador judicial. Sus testimonios introducen otra dimensión de irregularidad en la conducta de Bailaque: maniobras que involucraban la manipulación de recursos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín. Conforme a los relatos de Whpei, el magistrado habría permitido la circulación de fondos que superaban los mil millones de pesos desde esa cooperativa hacia una mutual que operaba bajo control de Whpei, en lugar de dirigir esos recursos hacia entidades reguladas por la autoridad financiera nacional. La convergencia de tres personajes dispuestos a declarar contra Bailaque —Vaudagna, Whpei y ahora Mizzau— configura un escenario donde la defensa del exjuez pierde toda capacidad de crear dudas razonables sobre la acumulación de acusaciones.
Las imputaciones formales presentadas en febrero de 2026 por los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari enumeraron un conjunto de delitos que incluyen prevaricato, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos. La pena solicitada fue de diez años de prisión, complementada con cinco años de inhabilitación especial para cargos públicos, cinco años de inhabilitación absoluta y sanciones pecuniarias. En un escrito que superó ampliamente las doscientas páginas, los representantes del Ministerio Público calificaron el comportamiento atribuido a Bailaque como "un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial". Esta caracterización no se debe a una exageración retórica: refleja la extensión de las ramificaciones de un sistema de funcionamiento viciado que contaminó durante años a los organismos de justicia federal en Rosario.
El capítulo más grave de la acusación se concentra en la inacción deliberada de Bailaque frente a los reportes iniciales sobre Alvarado. En 2013, la Policía de Seguridad Aeroportuaria presentó documentos que señalaban específicamente al narco y a su asociado Luis Medina, quien fue asesinado en diciembre de ese mismo año. El fiscal Marcelo Di Giovanni requirió autorizaciones para intervenciones telefónicas que permitieran profundizar la investigación del cartel. Bailaque rechazó esos pedidos o los postergó durante períodos que alcanzaron los once meses. Esta pasividad estratégica resultó determinante para que Alvarado consolidara y expandiera su infraestructura criminal durante años subsiguientes. Durante el lapso en que la justicia federal permaneció inerte, el narcotraficante acumuló una fortuna extraordinaria, extendió su dominio sobre las operaciones de tráfico de drogas en Rosario y dejó un rastro de asesinatos y violencia que caracterizó esa década. Solo en 2019, cuando Alvarado ya se encontraba detenido en virtud de acciones llevadas adelante por fiscales del fuero provincial y su estructura criminal estaba en colapso, Bailaque procedió finalmente a procesarlo. La justicia provincial lo condenó a cadena perpetua; el fuero federal a quince años de prisión.
La demolición de una carrera judicial y las revelaciones que vendrán
El desmoronamiento institucional de Bailaque fue acelerado por las decisiones que adoptaron tanto los organismos de control como el poder ejecutivo. El Consejo de la Magistratura, tras haber iniciado un sumario disciplinario en abril de 2024, intensificó sus investigaciones. Los fiscales federales formalizaron simultáneamente sus indagatorias penales en noviembre de ese año. El 30 de abril de 2025, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz dictó una orden de prisión preventiva por noventa días, aunque con la particularidad de que no podría ejecutarse mientras el acusado mantuviera sus fueros como magistrado. Acorralado por la convergencia de procesos judiciales y administrativos, Bailaque presentó su renuncia al cargo en junio de 2025. El gobierno nacional aceptó formalmente esa renuncia el treinta de ese mes. A partir del primero de julio, quedó detenido en su domicilio, una situación que se mantiene vigente.
La aceptación de responsabilidad por parte de Mizzau abre ahora un horizonte de revelaciones que potencialmente trasciende los límites de la causa específica contra Bailaque. Los fiscales indicaron que el contador proveerá información patrimonial que permitirá avanzar en causas conexas: otras investigaciones que mantienen vínculos con la red de operaciones irregulares que durante años funcionó en los márgenes de la justicia federal rosarina. Un hombre que operó durante años en la zona gris donde confluyen los sistemas judicial y criminal ahora está en posición de narrar, con detalle técnico, cómo funcionaban esas operaciones. Lo que revele Mizzau posee el potencial de iluminar bifurcaciones y ramificaciones que van más allá de la figura individual de Bailaque, exponiendo mecanismos de funcionamiento sistémico que comprometieron la integridad de la justicia federal en la región durante una década completa.
El juicio oral que los fiscales esperaban iniciara durante el primer semestre de 2026 se perfila ahora como inminente. Bailaque continúa bajo arresto domiciliario. La trayectoria de esta causa —que comenzó con el descubrimiento de un simple vínculo contable entre un magistrado y un jefe narco— evolucionó hacia la exposición de una arquitectura de corrupción judicial de alcances sin precedentes en la historia de Rosario. La convergencia de tres colaboradores que proporcionarán testimonios incriminadores, sumada a acusaciones formales que abarcan múltiples delitos y a una documentación que supera ampliamente los doscientos folios, configura un escenario donde los resultados del litigio parecen predeterminados. Lo que permanece por verse es la extensión de las ramificaciones adicionales que las revelaciones de Mizzau puedan provocar, y si ellas conducirán a nuevas imputaciones en casos que hasta ahora permanecían en los márgenes de la investigación pública.
