Durante los últimos años, el conurbano bonaerense ha enfrentado una escalada de criminalidad que ha puesto bajo presión los mecanismos tradicionales de control territorial. En este contexto de complejidad creciente, emerge una propuesta radical que busca reconfigurar completamente la arquitectura institucional de la seguridad en la zona más densamente poblada del país. Joaquín de la Torre, exintendente de San Miguel y exsenador provincial, ha presentado una iniciativa que contempla la creación de una estructura policial militarizada, radicalmente diferente a las fuerzas existentes, acompañada de una transferencia radical de competencias desde el nivel provincial hacia la administración nacional. Los cambios propuestos, de aprobarse, implicarían una reorganización territorial de proporciones sin precedentes en la región.
Una arquitectura de seguridad completamente nueva
La iniciativa que plantea De la Torre no se limita a sumar efectivos o recursos adicionales al aparato de seguridad bonaerense. Su propuesta va más allá: imagina la constitución de una entidad policial completamente distinta, con formación y estructura militares, pero que no sería simplemente una derivación del Ejército ni una extensión de la Gendarmería Nacional. Según los términos presentados, esta fuerza se especializaría en la persecución de delitos de naturaleza compleja, operaciones contra el narcotráfico organizado, tareas de inteligencia criminal y misiones de carácter táctico que excedieran las capacidades del patrullaje convencional. El centro de entrenamiento sería Campo de Mayo, la principal guarnición militar argentina ubicada en el corazón del territorio que se buscaría custodiar, donde efectivos provenientes tanto de la Gendarmería como del Ejército instruyesen a policías de la actual estructura bonaerense.
La propuesta subraya una característica crucial: esta fuerza operaría únicamente bajo dependencia del gobierno nacional, cortando toda vinculación administrativa con los gobernadores y municipalidades. Ello permitiría, según la argumentación presentada, una respuesta unificada frente a delitos que trascienden las jurisdicciones locales y que requieren coordinación a escala federal. De la Torre enfatiza que la creación de este organismo requeriría solamente leyes ordinarias del Congreso Nacional y de la Legislatura provincial, sin necesidad de reforma constitucional alguna. Esta aclaración resulta significativa, ya que descarta la necesidad de consensos políticos de mayor envergadura, facilitando potencialmente su viabilidad legislativa.
El cuestionamiento al modelo provincial actual
El argumento central de la propuesta cuestiona frontalmente la capacidad del sistema provincial para gestionar la seguridad en territorios de semejante complejidad. De la Torre plantea un diagnóstico que contrasta la expansión de recursos con la falta de resultados equivalentes: entre 2010 y el presente, la Policía Bonaerense ha duplicado su personal, sin que tal incremento haya producido una reducción proporcional de los delitos. Este déficit en la ecuación recursos-resultados funciona como el fundamento lógico para proponer un cambio estructural. El exsenador provincial se interroga retóricamente sobre la capacidad del gobernador para supervisar los detalles operativos de comisarías específicas en territorios fragmentados, subrayando así la desconexión entre la escala administrativa provincial y la realidad granular de cada municipio.
La crítica se extiende al modelo general de seguridad provincial, caracterizado por De la Torre como un sistema que se ha tornado inviable ante la creciente sofisticación delictiva. Señala que mientras el delito aumenta año tras año en el conurbano, las soluciones propuestas desde la estructura actual resultan sistemáticamente insuficientes. Desde esta perspectiva, cualquier ajuste menor o incremento presupuestario sería equivalente a aplicar parches a una estructura fundamentalmente quebrada. La tesis sostiene que solo una transformación profunda del esquema podría producir resultados sensibles. Este diagnóstico, aunque cuestionable por su carácter esquemático, proporciona la justificación para proponer cambios de magnitud equivalente.
La coexistencia de dos estructuras policiales
Un aspecto particularmente relevante de la propuesta consiste en que no plantea la eliminación de las policías municipales existentes, sino su subsistencia en un rol redefinido. Según la iniciativa, estas fuerzas continuarían bajo supervisión de los intendentes locales, concentrándose en tareas de prevención y patrullaje comunitario. De la Torre aduce que las policías municipales han demostrado eficacia relativa en la reducción de delitos, bastando con proporcionarles mayores recursos. De este modo, la estructura propuesta imagina una división del trabajo: mientras que los municipios mantendrían responsabilidad sobre la seguridad de proximidad, la nueva fuerza federal militarizada intervendría en casos que demandaran especialización, coordinación supramunicipal o capacidades tácticas avanzadas.
Esta arquitectura de seguridad dual plantea interrogantes respecto a la coordinación operativa entre ambas estructuras, la delimitación de competencias y la evitación de solapamientos o conflictos de autoridad. Sin embargo, De la Torre presenta esto como una ventaja: la coexistencia permitiría mantener el nivel de proximidad que ofrecen las fuerzas municipales mientras se añade una capa de especialización federal. La propuesta descansa sobre la premisa de que ambas estructuras pueden operar en complementariedad sin generar fricciones institucionales significativas.
La federalización del territorio como corolario necesario
La iniciativa no se detiene en la creación de una fuerza de seguridad nueva, sino que plantea una transformación más radical aún: la federalización de los 27 distritos del conurbano bonaerense. Bajo esta propuesta, cada municipio se convertiría en un distrito federal dependiente directamente del gobierno nacional, desvinculándose de la autoridad provincial. De la Torre ilustra con ejemplos concretos cómo los servicios esenciales ya operan bajo lógica nacional: AySA provee agua potable, MetroGAS suministra gas, Edesur distribuye electricidad, y los sistemas de transporte de trenes y colectivos funcionan bajo administración nacional. En educación y salud, los municipios ya ejercen responsabilidades significativas. La propuesta argumenta, entonces, que la federalización simplemente haría explícito lo que ya ocurre de facto.
Bajo este esquema, cada distrito federal tendría su propio intendente elegido localmente, pero sus habitantes no participarían en elecciones provinciales —gobernador, senadores, diputados provinciales—. De la Torre sostiene que tal configuración reconocería la realidad administrativa actual, donde la Provincia aparece como intermediaria innecesaria en muchas funciones. La propuesta implica, en esencia, la supresión de la provincia de Buenos Aires como actor político relevante en el territorio del conurbano, transfiriendo toda autoridad tanto al nivel municipal como nacional. Esta transformación resultaría extraordinaria en términos de reconfiguración territorial de poder político en Argentina, reorganizando estructuras que datan de la república federal del siglo XIX.
Implicancias y perspectivas futuras
Las consecuencias potenciales de una adopción integral de estas propuestas serían múltiples y complejas. Desde una perspectiva de eficiencia administrativa, los proponentes argumentarían que eliminar intermediarios provinciales y crear estructuras especializadas podría agilizar respuestas a problemas de seguridad. Desde otra óptica, la federalización concentraría poderes en la administración nacional, alterando equilibrios federales históricos y reduciendo la capacidad de gobiernos subnacionales para incidir sobre territorios que habitan millones de ciudadanos. La especialización militarizada de una rama policial plantea también cuestiones respecto a la militarización de la seguridad interna y sus potenciales impactos en derechos civiles. Simultáneamente, mantener estructuras municipales podría preservar elementos de proximidad democrática, aunque requeriría coordinación efectiva entre niveles que no siempre resulta sencilla de lograr. El éxito de tal arquitectura dependería críticamente de cómo se resolvieran los detalles operativos de coordinación, financiamiento y delimitación de competencias entre estructuras que operen bajo autoridades distintas.
