El sistema de controles sobre los magistrados federales volvió a activarse en las últimas horas con un movimiento que puede resultar decisivo para uno de los principales implicados. Gastón Salmain, juez titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, enfrenta ahora un escenario donde la maquinaria institucional de supervisión se pone a su disposición para evaluar su continuidad en el cargo. Lo que sucedió en el Consejo de la Magistratura representa un paso crítico: los integrantes de la comisión de Acusación votaron de manera unánime el avance hacia un jury que podría determinar si permanece en la magistratura. Pero el camino aún no termina. El plenario del organismo deberá ratificar esta decisión, y allí las votaciones podrían resultar más cerradas de lo que fueron en la comisión especializada.
Los cargos que pesan sobre Salmain son de una gravedad mayúscula dentro del universo judicial. Se lo acusa de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. La imputación central gira alrededor de una maniobra que habría realizado entre septiembre de 2023 y abril de 2024: la manipulación de un expediente judicial para beneficiar a un fideicomiso, operación que resultó en la salida de 10 millones de dólares hacia cuentas radicadas en el exterior. A cambio de esto, según la acusación fiscal, habría recibido 200.000 dólares en concepto de soborno. Los coautores imputados en esta causa son el financista Fernando Whpei y el lobista judicial Santiago Busaniche. El procesamiento ya se encuentra vigente, y la Cámara Federal de Rosario así como la Cámara Federal de Casación Penal ratificaron el dictamen inicial. Aunque se le decretó prisión preventiva, esta no se ejecutó debido a la inmunidad constitucional que protege a los magistrados federales.
Un pasado que regresa
Pero los problemas de Salmain no se circunscriben solamente a los delitos contemporáneos. Existe una cuestión adicional que atraviesa su historial profesional y que adquiere relevancia en el contexto actual: el ocultamiento de un antecedente laboral previo cuando concursó para acceder a la magistratura federal. Hace más de dos décadas, específicamente en 2002, Salmain fue expulsado del Poder Judicial. En aquel momento se desempeñaba como empleado en la seguridad social, y la causa de su separación fue por haber ofrecido una coima a una empleada de la Cámara del fuero para manipular un sorteo y lograr que una causa judicial quedara bajo su jurisdicción. La orden de expulsión fue dictada por la Corte Suprema de aquella época. Cuando Salmain participó en el concurso para convertirse en juez federal, no informó este episodio a los evaluadores. Su defensa argumentó posteriormente que no existía obligación legal de reportar un hecho ocurrido más de una década atrás, y que nadie le había formulado explícitamente la pregunta sobre antecedentes anteriores a cierto plazo.
La comisión de Acusación estuvo integrada por siete miembros que votaron sin disidencias el avance del procedimiento. Alberto Maques, presidente de la comisión, fue acompañado por el senador Luis Juez, los diputados Gonzalo Roca, Álvaro González, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, además del abogado Cesar Grau. Durante los debates previos a la votación, Juez pronunció afirmaciones contundentes respecto de lo que presenció cuando Salmain compareciera ante el organismo para exponer su defensa. Recordó haber escuchado durante cuatro décadas relatos de imputados en materia penal, y expresó su apreciación de que el testimonio del magistrado carente de las características que debería tener quien ocupa una posición de autoridad judicial. González, por su parte, estableció un paralelo con el caso del juez Marcelo Bailaque, otro magistrado federal radicado en Rosario que también enfrentaba acusaciones graves y que optó por renunciar cuando el Consejo votó su juicio político. En lugar de exponer argumentos de defensa jurídica, González enfatizó que lo que se ventilaba no era la culpabilidad en términos penales, sino la aptitud de una persona para continuar ejerciendo funciones judiciales mientras se encuentra sometida a un procesamiento con prisión preventiva decretada.
Un panorama institucional más amplio
La sesión del Consejo de la Magistratura no se limitó al análisis de Salmain. También se consideró la situación de Alejandro Patricio Maraniello, juez de lo civil y comercial, quien fue citado a una indagatoria conforme a los procedimientos internos. Contra Maraniello pesan denuncias por acoso sexual y maltrato dirigido a sus empleados. Una joven que renunció a su puesto documentó episodios que caracterizó como abuso sexual. A lo largo de semanas, la comisión recopiló testimonios de múltiples denunciantes, así como de superiores jerárquicos del magistrado. El senador Juez, quien actuó como instructor del sumario contra Maraniello, reitero la solidez de las acusaciones. Sin embargo, la votación respecto de una acusación adicional contra Maraniello, vinculada a un fallo que limitó la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia, resultó dividida. El diputado libertario Roca pidió desestimar esta línea acusatoria, argumentando que se trataba de una decisión judicial que no podría ser objeto de investigación disciplinaria. Su postura fue respaldada por Maques, González y Juez, mientras que Tailhade, Grau y Siley votaron en sentido opuesto. A pesar de esta división, la comisión votó unánimemente la citación a Maraniello por las denuncias relacionadas con su conducta hacia los empleados.
El contexto histórico de estos procedimientos revela un patrón que trasciende los casos individuales. Argentina ha enfrentado en el pasado diversas crisis de credibilidad institucional vinculadas con magistrados cuyas conductas fueron cuestionadas. La creación del Consejo de la Magistratura durante los años noventa respondió precisamente a la necesidad de contar con mecanismos de supervisión independientes respecto de los tribunales de justicia. Aunque su implementación ha sido objeto de críticas desde distintos sectores políticos, la capacidad de iniciar procedimientos como el que enfrenta Salmain representa una función que permanece vigente. Los pasos que quedan pendientes, particularmente la votación en el plenario, determinarán si el proceso avanza hacia un jury de enjuiciamiento o si algún obstáculo legislativo o procesal detiene el camino.
Las perspectivas sobre lo que suceda en los próximos meses varían según los actores políticos y sectores involucrados. Algunos sectores ven en estos procedimientos la validación de un sistema institucional que funciona, mientras que otros cuestionan si los tiempos resultan excesivamente prolongados y si las garantías constitucionales de los magistrados acusados se encuentran suficientemente protegidas. Lo cierto es que la votación unánime en la comisión de Acusación no necesariamente augura un resultado idéntico en el plenario, donde se requerirá apoyo de dos tercios de los presentes. La dinámica política del Consejo de la Magistratura, la composición de sus integrantes y las posiciones de bloques legislativos específicos podrían incidir en la ratificación de este dictamen. El caso Salmain se inscribe en una discusión más amplia sobre estándares éticos esperables en la magistratura, sobre las responsabilidades derivadas del acceso al poder judicial y sobre la capacidad de las instituciones para verificar que quienes administran justicia actúen conforme a los principios fundamentales que debería encarnar la función.
