La maquinaria judicial argentina volvió a girar este martes alrededor de un personaje que durante años permaneció en la sombra: Jorge Bacigalupo, un hombre de 81 años que pasó gran parte de su vida trabajando en la Policía Federal y que ahora se convierte en pieza clave para entender cómo llegó a la luz pública una de las investigaciones más profundas sobre corrupción administrativa que ha enfrentado el país en las últimas dos décadas. Su testimonio de más de ocho horas marca un antes y un después en el desarrollo del juicio oral de los cuadernos, ese monumental proceso que busca esclarecer un entramado de presuntos sobornos, pagos irregulares y movimientos de dinero que involucran a figuras políticas de primer nivel. Lo que sucedió en aquella sala de audiencias no fue simplemente el relato de un testigo más: fue el despliegue de los eslabones que conectan directamente la información guardada en cajas cerradas con su eventual publicación y difusión pública.
Bacigalupo ingresó al sistema de la Policía Federal durante los años setenta, cuando Argentina atravesaba un período de convulsión política y cuando la institución policial operaba bajo dinámicas muy distintas a las actuales. Su carrera lo llevó a ocupar el rango de sargento, posición desde la cual acumuló décadas de experiencia en la fuerza. Sin embargo, la historia que lo llevó al banquillo de los testigos no proviene de su desempeño dentro de la estructura policial formal, sino de lo que ocurrió después de su retiro. Fue precisamente en esa etapa, cuando ya había dejado el uniforme atrás, cuando el destino lo cruzó nuevamente con Oscar Centeno, un chofer que tiempo atrás había sido su compañero en una remisería ubicada en San Fernando. Esta coincidencia aparentemente menor resultaría ser el catalizador de una cadena de eventos que modificaría sustancialmente el panorama de la investigación sobre corrupción estatal.
El depósito silencioso y la carga de un secreto guardado
Según el relato que desplegó Bacigalupo durante su extensa comparecencia ante el tribunal, alrededor del año 2017 Centeno se acercó a él con una solicitud que parecía simple en la superficie pero que contenía capas significativas de complejidad. El chofer necesitaba que su antiguo compañero guardara una caja sellada, sin especificar su contenido exacto. Lo único que trascendió en esas conversaciones iniciales fueron sugerencias vagas: que allí adentro existía documentación de importancia, que había anotaciones detalladas sobre diversos asuntos. Bacigalupo aceptó la responsabilidad de mantener ese objeto bajo su custodia, convirtiéndose así en guardián involuntario de lo que luego se conocería como material probatorio de envergadura nacional. Durante aproximadamente dieciocho meses, el policía jubilado sostuvo esa caja en su poder, manteniéndola fuera del conocimiento de su propia familia, en un acto que él mismo caracterizó como motivado por consideraciones que trascendían lo personal.
Centeno, por su parte, sostenía disputas legales complejas con su pareja Hilda Horovitz, conflictos que generaban un clima de tensión permanente en su entorno. En medio de ese contexto de desavenencias y acusaciones cruzadas, el chofer había depositado en manos de Bacigalupo lo que eventualmente resultaría ser un registro documentado de transacciones, movimientos financieros y presuntas irregularidades. El ex-sargento instó repetidamente a su amigo para que pusiera fin a esa situación irregular, sugiriéndole que se presentara voluntariamente ante la justicia con la documentación. Sin embargo, según la versión que Bacigalupo expuso durante las ocho horas de interrogatorio, Centeno eludía tomar acciones concretas, extendiendo indefinidamente la espera. Fue en ese punto de estancamiento donde el policía jubilado decidió asumir una iniciativa que él mismo justificó apelando a principios de orden superior.
La decisión que encendió la mecha: motivaciones entre lo personal y lo institucional
Cuando Bacigalupo finalmente resolvió entregar personalmente el material al periodista Diego Cabot, quien además era su vecino, invocó repetidamente una razón que mantuvo en el plano de la abstracción: "Por la Patria", expresión que pronunció una y otra vez sin desarrollar mayormente su significado. Esta frase lacónica pero recurrente encapsula una tensión fundamental que atraviesa todo el caso: la línea difusa entre la obligación cívica de un ciudadano ante presuntas ilegalidades y la decisión unilateral de saltarse canales institucionalizados para resolver el asunto. Un policía jubilado, sin autoridad formal para actuar, tomó la determinación de convertirse en intermediario entre documentación potencialmente incriminatoria y la prensa. Las defensas que interrogaron a Bacigalupo durante esas ocho horas buscaron escudriñar precisamente ese espacio intermedio, intentando extraer declaraciones que clarificaran las verdaderas motivaciones detrás de su accionar, las conversaciones que había sostenido, los detalles del encuentro con Cabot.
La tensión entre Bacigalupo y Centeno alcanzó su punto de quiebre cuando el chofer se presentó en los primeros meses de 2018 pidiendo que le devolviera la caja. Convencido de que su antiguo colega aún la mantenía intacta bajo su resguardo, Centeno fue recibido con una realidad inesperada: la caja estaba abierta, su contenido había sido expuesto y difundido. El encuentro escaló hacia un intercambio áspero de palabras. "Vos estuviste haciendo negocios con esto", le reprochó Centeno a Bacigalupo, acusación que el jubilado rechazó duramente en respuesta. "Te pido que te retires de mi casa", fue la conclusión de esa conversación, marcando el fin de una relación que había comenzado años atrás en el contexto de una remisería. Lo que había sido compañerismo laboral se transformó en ruptura definitiva en cuestión de minutos.
Durante su declaración, Bacigalupo también hizo referencia a episodios anteriores que contextualizaban la atmósfera en la que Centeno se movía. Recordó conversaciones en las cuales el chofer mencionaba a Roberto Baratta, una de las figuras identificadas como presunto recaudador en el esquema de supuestos sobornos. En esos relatos, Centeno había mencionado la tentación de apoderarse de bolsos repletos de euros que transitaban rumbo a la quinta presidencial de Olivos, lo cual sugería la magnitud de los montos involucrados y la cercana proximidad del chofer a operaciones de nivel muy superior. Bacigalupo también precisó detalles sobre cómo había llegado a trabajar en el Ministerio de Planificación, recorrido en el cual Centeno jugó un papel de intermediario o facilitador. El relato del jubilado se extendió para incluir pormenores de sus encuentros con el periodista Cabot, su comunicación posterior con medios de prensa y la visita que realizó a su domicilio el fiscal Carlos Stornelli, quien lleva la investigación.
La audiencia de este martes fue marcada por episodios de desorden procedural. El tribunal debió intervenir en numerosas ocasiones para reconducir el debate, traducir preguntas de las defensas que se presentaban confusas o mal formuladas, e incluso pedir a Bacigalupo que respondiera directamente a lo que se le estaba cuestionando. La complejidad del caso, la cantidad de partes involucradas, los distintos ángulos desde los cuales cada defensa buscaba explorar los hechos, generó un clima de cierta saturación en la sala. Las preguntas se repetían, los puntos se volvían una y otra vez, el testigo mostraba en ocasiones irritación ante la persistencia de los abogados defensores. Sin embargo, el tribunal mantuvo el control y logró extraer del jubilado una narrativa más o menos coherente de los eventos que desencadenaron una de las mayores crisis de gobernanza de las últimas décadas.
El calendario judicial que se abre a partir de ahora incluye nuevos testimonios que profundizarán en distintas aristas del mismo fenómeno. La comparecencia de Hilda Horovitz, pareja de Centeno, aportará perspectivas sobre los conflictos familiares que rodeaban al chofer y posiblemente clarificarán aspectos de las anotaciones que contenían los cuadernos. Posteriormente se espera la declaración de Miriam Quiroga, identificada como colaboradora de Néstor Kirchner y presunta pareja de éste, aunque las autoridades judiciales señalaron que aún no han logrado ubicarla para garantizar su presentación ante el tribunal. Cada nuevo testimonio funciona como una pieza adicional que se incorpora a un rompecabezas de dimensiones cada vez mayores, revelando conexiones entre distintos planos de la administración pública y dinámicas de poder que operaron durante años en la sombra.
Implicancias y proyecciones de un caso que sigue escribiendo su historia
La figura de Bacigalupo plantea interrogantes profundos sobre responsabilidad institucional, canales de denuncia y los espacios grises que existen entre la ilegalidad y los mecanismos formales de justicia. Un jubilado sin poder investido, actuando por convicción o por presión de circunstancias, terminó siendo más efectivo en poner en visibilidad presuntas ilegalidades que probablemente lo hubieran sido los canales institucionales tradicionales. Esto abre debates sobre si existen deficiencias en los protocolos de denuncia, si las personas que acceden a información comprometedora confían en que el sistema legal actuará adecuadamente, o si existe una percepción de que los caminos institucionales están bloqueados. El hecho de que un policía jubilado fuera necesario para catalizar la investigación más grande sobre corrupción de los últimos años invita a reflexionar sobre el estado de los mecanismos internos de contraloría, sobre cómo circula la información dentro del aparato estatal y sobre quién vigila a los vigilantes.
Las consecuencias que se derivan del testimonio de Bacigalupo se propagan en múltiples direcciones. Para la investigación judicial, sus declaraciones proporcionan trazabilidad sobre cómo llegó la documentación a la esfera pública, aspecto que resulta relevante para autenticar los documentos y establecer cadenas de custodia. Para el análisis político, el caso ilustra cómo presuntas prácticas de corrupción operaron durante años sin ser detectadas por los mecanismos tradicionales de fiscalización, lo cual genera cuestionamientos sobre efectividad institucional. Para la sociedad civil, el relato de Bacigalupo ejemplifica tanto la posibilidad de que ciudadanos comunes ejerzan un papel activo en desenmascarar ilegalidades como también los riesgos y costos personales que ello puede implicar, tal como quedó evidenciado en la ruptura de su relación con Centeno. El desenlace final de este juicio oral, los veredictos que eventualmente se dicten y las sentencias que se ejecuten determinarán si el acto de un policía jubilado logró catalizar cambios en las instituciones o si simplemente visibilizó prácticas que continuarán operando bajo otras formas.
