Lo que parecía ser un delito común se convirtió en una madeja de sospechas que entrelaza a funcionarios públicos, ejecutivos privados y movimientos sospechosos de dinero. Todo comenzó cuando trabajadores de Arsat descubrieron el 4 de enero de 2024 que quince contenedores almacenados en un depósito de San Fernando habían sido vaciados de componentes valiosos. Los responsables de custodiar esos bienes —flejes de cobre e internals de equipos críticos para la Red Federal de Fibra Óptica, la estructura que distribuye internet de banda ancha por el territorio nacional— no pudieron explicar cómo había sucedido en un lugar bajo su supervisión. Las cámaras de seguridad no grababan; el cerco perimetral llevaba tiempo roto. La investigación que se abrió entonces, radicada ante el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, giró rápidamente hacia otra dirección cuando los pesquisidores empezaron a sospechar que la vulnerabilidad del depósito no era negligencia sino, posiblemente, conveniencia.
La cadena de contrataciones irregulares
Cuando los investigadores accedieron a los dispositivos móviles incautados durante allanamientos, encontraron un rastro de comunicaciones que sugerían un arreglo previo. Los mensajes de WhatsApp, audios y registros documentales reconstruyen un panorama distinto al que los papeles formales presentaban. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal detectaron un mecanismo de circulación: quienes debían vigilar a los proveedores de Arsat eran simultáneamente beneficiarios del negocio.
El punto de partida formal fue un memorándum firmado el 29 de junio de 2021 por Juan Andrés Navarro, subgerente de la Gerencia de Administración y Finanzas. En ese documento, recomendaba cambiar el depósito de materiales y señalaba a Argentina Logistic Services (ALS) como la firma idónea, pidiendo avanzar mediante contratación directa según el inciso m) del Reglamento de Compras. Lo singular es que esa recomendación no incluía cifras de lo que costaba el depósito anterior ni la propuesta económica de ALS, que ni siquiera había presentado su oferta todavía.
El proceso de cotización fue más teatro que competencia genuina. El 3 de septiembre de 2021, Arsat convocó a oferentes. Siete días después, el 10 de septiembre, llegaron tres propuestas. La de ALS ingresó a las 14:41 de ese día. Las otras dos —Transportes Padilla y Tradelog— lo hicieron a las 15:09 y 15:24. Esos minutos de diferencia no fueron casualidad. Diego Padilla, vicepresidente de ALS, es hijo del dueño de Transportes Padilla. Gastón Walter Padilla, director suplente de ALS y quien firmaba cheques, también mantenía relación laboral con Transportes Padilla. La competencia era, de hecho, una estructura familiar única que fingía ser múltiple.
El firmante clave y sus mensajes sospechosos
Gerardo Boschin, subgerente de Compras y Contrataciones de Arsat en ese período, fue quien ejecutó la orden de compra que establecía un pago de US$766.099 por un año de servicio. El mismo día que firmó ese documento, Boschin le envió un audio a Diego Padilla que ejemplifica el tono de la transacción: "Dieguito, ¿cómo te va hermano? Ahí en un ratito te estamos mandando, aunque usted no lo crea, la orden de compra del depósito. Vamos, vamos". El nivel de familiaridad y la velocidad de ejecución contrastan con los protocolos que debería cumplir una empresa estatal contratando servicios.
Pero el contrato inicial de doce meses era apenas el comienzo. El reglamento interno de Arsat establecía que operaciones por montos superiores a $70 millones anuales más IVA requería aprobación de su Directorio. Para eludir ese control, estructuraron el contrato inicial por el período mínimo, con prórroga de veinticuatro meses. El 26 de diciembre de 2022, Facundo Leal —entonces gerente general—, junto con Boschin, el gerente requirente Pablo Gastón Pagani y el gerente de finanzas Nicolás Canet, formalizaron una prórroga por $133.944.749 sin intervenir el Directorio, violando los recaudos que la institución había fijado. En diciembre de 2023 se emitió otro pago de US$104.000. En total, mediante contrataciones directas, se acumularon US$1.930.861 más $40.300.000 en pesos.
Los registros automotrices revelaron otra anomalía. En noviembre de 2021, días después de la orden de compra, Boschin registró una VW Highline. Leal, en mayo de 2021, compró una Ford F150 Lariat V8 4x4. En junio, su esposa adquirió una BMW X5. En julio de 2022, Leal sumó una Volkswagen Amarok. Ya en 2023, incorporó una Ford Ranger Raptor y una Can-Am Maverick X3. La declaración jurada de Pagani pasó de $1.997.362 en 2020 a $18.708.140 en 2023. Esos aumentos patrimoniales contrastan con salarios de funcionarios públicos.
El dinero en efectivo y las evidencias incriminatorias
El descubrimiento más espectacular ocurrió cuando la Policía Federal Argentina allanó el departamento de Palermo de Leal. Los efectivos encontraron aproximadamente US$650.000 en billetes, junto con monedas de seis países distintos, además de ketamina, drogas sintéticas y cocaína. En su residencia de Mendoza, hallaron cerca de US$1.700.000 más. El hallazgo de estupefacientes complicó aún más la situación, generando nuevas líneas de investigación sobre el origen y destino de esos fondos. Leal, quien fuera presidente de Arsat y titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), fue detenido como consecuencia de estos descubrimientos.
Los mensajes de WhatsApp agregan detalles al cuadro. El 1 de noviembre de 2020, Santiago Pando —socio de los Padilla— escribió a Diego Padilla sugiriéndole que llamara urgentemente a Boschin. Setenta y dos horas después, Padilla se presentaba ante Boschin como representante de ALS. El 21 de diciembre de ese mismo año, tras una reunión en las oficinas de Arsat, Padilla le escribía a Sofía Varela Vizgarra, gerenta general de ALS: "Estoy en Arsat. Viene todo perfecto. Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos".
Otros mensajes son aún más explícitos respecto a movimientos de dinero. El 2 de marzo de 2022, Fernando Paredes le escribió a Diego Padilla: "Dieguito vamos a tener disponible en lo de Mati [Matías Valent] US$15.000... Esto es para Pando por negocios ARSAT". Una semana después, el 16 de mayo, otro mensaje: "El jueves vamos a ARSAT para darle US$6.000 a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo". Estos intercambios sugieren un sistema de distribución de fondos provenientes de la contratación.
La infraestructura inexistente y el robo facilitado
El pliego de especificaciones técnicas que Arsat envió a los oferentes en septiembre de 2021 exigía condiciones muy claras: cámaras operativas las veinticuatro horas, cerco de seguridad adecuado, iluminación, control de acceso y recorridas de vigilancia permanentes. Ninguno de esos requisitos existía cuando se produjo el robo. El cerco eléctrico perimetral llevaba años sin funcionar, desde la ocupación anterior del predio. Las cámaras que se instalaron en 2022 presentaban fallas de firmware que nunca fueron reparadas, pese a que ALS debería haberlas mantenido operativas. Cuando la policía pidió las grabaciones del período del robo —entre el 21 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024—, Fernando Paredes, presidente de ALS, informó por nota que las cámaras no habían funcionado en ese lapso.
Los peritos de Gendarmería Nacional fotodocumentaron los cortes en los flejes, los soportes arrancados y los cables dañados. El análisis técnico que realizó el área de Infraestructura de Arsat, encabezada por Marcelo Garozzo, determinó que el tipo de extracción realizada requería escaleras, herramientas especializadas y varios días de labor durante el horario diurno. Eso implica que no fue una incursión rápida sino un trabajo planificado y prolongado, exactamente el tipo de operación que un depósito con seguridad real habría impedido. La coincidencia entre la contratación de ALS para custodiar ese predio específico y la ausencia total de medidas de resguardo sugiere que la vulnerabilidad del lugar fue, cuanto menos, tolerada.
La trama judicial y los imputados
La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de San Isidro ha imputado a once personas físicas además de la firma Argentina Logistic Services. Los acusados responderán por defraudación contra la administración pública, malversación de fondos, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Los imputados son Diego Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Walter Padilla, Sofía Varela Vizgarra, Santiago Pando, Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Facundo Leal, Juan Andrés Navarro y Juan Álvarez. Se han solicitado allanamientos en domicilios distribuidos por Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro, así como en las oficinas de ALS y las sedes de Arsat. También se pidió el levantamiento del secreto bancario, bursátil y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El expediente (FSM1924/2024), que tramita ante el juez federal Lino Mirabelli, representa uno de los casos más complejos de corrupción en empresas estatales de telecomunicaciones en los últimos años. La envergadura de la investigación, la cantidad de actores involucrados y los montos en juego reflejan un esquema que, de probarse todas las acusaciones, constituiría un desvío sistemático de fondos públicos hacia actores privados a través de mecanismos que burlaban los controles institucionales.
Implicancias y proyecciones del caso
Las consecuencias de esta investigación se desplegarán en múltiples direcciones. Por un lado, la integridad de la Red Federal de Fibra Óptica, infraestructura crítica para la conectividad nacional, quedó comprometida por las sustracciones de componentes. El daño a esa red tiene repercusiones que van más allá de lo administrativo: afecta la prestación de servicios de internet en zonas del país que dependen de esa estructura. Por otro lado, el caso pone en evidencia las vulnerabilidades de los mecanismos de contratación en empresas estatales, donde figuras con capacidad de decisión pueden actuar en connivencia con proveedores sin que los controles institucionales lo impidan.
Los desarrollos futuros del proceso judicial determinarán si se comprueba la existencia de un esquema organizado de apropiación de fondos, o si las irregularidades fueron resultado de gestiones deficientes. Las imputaciones por cohecho especialmente implican la determinación de si hubo oferta y aceptación de dádivas a cambio de decisiones administrativas. El hallazgo de grandes sumas en efectivo, aunque complicado por los hallazgos de sustancias proscriptas, puede resultar relevante para trazar el origen y destino de fondos desviados. La colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que tiene competencias para evaluar el funcionamiento de la administración pública, podría derivar en recomendaciones sobre cómo fortalecer los controles en futuras contrataciones.
