El organismo encargado de la administración de bienes del Estado acaba de formalizar la recuperación de un inmueble estratégicamente ubicado en la zona límitrofe entre Palermo y Villa Crespo, en la intersección de avenida Córdoba con Juan B. Justo. Lo que comenzó en 2023 como una iniciativa para expandir las capacidades académicas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero terminó siendo una promesa incumplida que ahora abre interrogantes sobre la capacidad de las instituciones públicas para desarrollar proyectos de infraestructura y sobre el futuro destino de un lote cada vez más valioso en una de las zonas más dinámicas de la ciudad. La Resolución 78/2026, publicada en el Boletín Oficial, marcó el punto final de una historia que evidencia las tensiones entre ambiciones institucionales, limitaciones presupuestarias y las políticas actuales de racionalización del patrimonio estatal.
Hace apenas tres años, durante la administración anterior, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tomó la decisión de ceder este terreno de más de 1150 metros cuadrados a la Untref con una misión clara: convertirlo en un polo de producción audiovisual de envergadura. El proyecto contemplaba la construcción de un edificio completamente equipado que incluiría aulas especializadas, salas de proyección, talleres de edición, islas de montaje, espacios administrativos y depósitos. La iniciativa respondía a una lógica de descentralización académica y aprovechamiento de espacios urbanos subutilizados para fortalecer la oferta educativa en medios audiovisuales, un área de creciente demanda en el mercado laboral. El acuerdo fue parte de una política de mayor alcance: poner patrimonio ocioso del Estado al servicio de instituciones educativas públicas que pudieran dinamizar esos espacios.
La brecha entre la intención y la realidad presupuestaria
Sin embargo, la realidad operativa fue radicalmente distinta a lo planificado en documentos y actas. Con el correr de los meses, la Untref enfrentó una barrera que terminó siendo insalvable: la falta de inversión suficiente para concretar las obras de construcción y adaptación del terreno. Las fuentes de la universidad indicaron que si bien existía la voluntad institucional de desarrollar el proyecto, los recursos financieros nunca llegaron a materializarse. Esta situación no fue excepcional ni única en el contexto del sector educativo público argentino, donde la inversión en infraestructura ha sufrido restricciones presupuestarias constantes durante los últimos años. La universidad se encontró atrapada en una paradoja frecuente: tenía el suelo, tenía el proyecto, pero carecía del capital necesario para transformar la idea en realidad.
Mientras tanto, el Gobierno nacional, bajo una lógica diferente de gestión del patrimonio estatal, comenzó a presionar para que se devolviera el terreno. La actual administración ha adoptado una estrategia explícita de racionalización y desafectación de bienes considerados ociosos o que no generan retorno económico directo para el Estado. Esta política forma parte de un enfoque más amplio de optimización de activos públicos, donde la venta o reasignación de propiedades inmobiliarias se concibe como una herramienta para mejorar la eficiencia del sector público. En ese marco, el lote de Palermo dejó de ser percibido como un potencial activo educativo y pasó a considerarse como un bien que podría tener mayor utilidad en manos privadas o destinado a otros usos.
Una zona en pleno auge y sus implicancias futuras
El regreso del terreno al circuito de la AABE ocurre en un contexto de profunda transformación urbana. La zona límitrofe entre Palermo y Villa Crespo experimenta desde hace años un proceso de revalorización inmobiliaria sin precedentes. Los cambios comenzaron antes incluso de la pandemia, con intervenciones estratégicas en la infraestructura: la demolición del Puente de la Reconquista, la creación de espacios verdes públicos y la construcción del viaducto elevado del tren San Martín que mejoró significativamente la conectividad y accesibilidad de la zona. Estas transformaciones físicas dispararon el interés de desarrolladores e inversores inmobiliarios. Actualmente, el valor del metro cuadrado residencial en ese sector oscila entre USD 2.700 y USD 3.400, según relevamientos del mercado privado, lo que sitúa a Palermo entre las áreas más caras de la capital nacional.
La descripción del inmueble en los informes oficiales revela un contraste inquietante: a pesar de las limitaciones que enfrentó la Untref para desarrollar el proyecto, el terreno permanecía desocupado y en condiciones de deterioro, con sectores abandonados, techumbre comprometida y malezas ocupando espacios. Paradójicamente, contaba con medidas de seguridad perimetral, lo que sugiere que el Estado mantuvo cierto nivel de custodia sobre la propiedad. La Untref continuará siendo responsable de la vigilancia del predio mientras AABE define su próximo destino. Las opciones sobre la mesa son variadas: desde su venta en el mercado inmobiliario privado —opción que parece más probable dado el contexto político actual— hasta su reasignación a otros organismos públicos o su transformación con fines diversos.
Los interrogantes que deja esta situación trascienden lo meramente administrativo. Está en juego la capacidad del Estado para planificar y ejecutar proyectos de largo plazo, la viabilidad de políticas de descentralización académica en contextos de restricción fiscal, y la tensión permanente entre mantener bienes públicos con fines sociales y educativos versus monetizarlos para obtener recursos fiscales inmediatos. Algunos analistas considerarían que la devolución del terreno representa una racionalización de recursos y una búsqueda de eficiencia; otros podrían argumentar que refleja una debilidad institucional para sostener iniciativas educativas ambiciosas. Lo cierto es que el predio en Córdoba y Juan B. Justo seguirá siendo observado de cerca, tanto por actores del sector inmobiliario como por quienes defienden la expansión de infraestructura pública educativa. Sea cual fuere su destino, el caso evidencia dinámicas profundas sobre cómo se gestiona y se piensa el patrimonio estatal en la Argentina contemporánea.
