Una decisión judicial irrumpió este martes en el engranaje institucional que debe determinar quién será el próximo Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Argentina. El fallo del juez federal Enrique Lavié Pico dejó sin efecto la conformación de la Comisión Bicameral aprobada por el Senado, acusándola de vulnerar el principio de representación proporcional entre bloques parlamentarios. La consecuencia fue inmediata: se canceló la sesión programada para ese mismo día en la que el oficialismo pretendía impulsar cambios sustanciales en el reglamento del concurso. El episodio expone una fractura política profunda respecto a cómo debe ejecutarse el proceso de designación de una autoridad que, por mandato legal, debe proteger a la población más vulnerable del país.
El conflicto judicial tiene raíces claras en la matemática del poder legislativo. La composición que había avalado el Senado otorgaba dos representantes a La Libertad Avanza, bloque con 21 senadores, mientras que el Justicialismo, que contaba con idéntica cantidad de integrantes, quedaba completamente excluido de la comisión. Esto contrasta de manera evidente con lo sucedido en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo obtuvo tres lugares y Unión por la Patria dos, una distribución que sí respetaba los parámetros de proporcionalidad. El magistrado consideró que esta disparidad no era una cuestión procesal menor, sino una vulneración manifiesta de derechos constitucionales que ameritaba la intervención de los tribunales, rechazando así el argumento del Senado de que se trataba de un asunto interno del Congreso ajeno a revisión judicial.
La disputa sobre las reglas del juego
Detrás de la batalla por la integración de la comisión opera un conflicto aún más sustancial: los cambios que el oficialismo buscaba introducir en el reglamento para elegir al defensor. El proyecto en cuestión propone eliminar el examen escrito y el orden de mérito en la selección, requisitos que la Ley 26.061 establece explícitamente como obligatorios. Además, crearía un registro especial para participar en las audiencias públicas, incorporando nuevas exigencias administrativas y financieras que no existían hasta ahora. Más aún, suprimiría los mecanismos de participación directa de niñas, niños y adolescentes durante la evaluación de candidatos, un componente que la normativa vigente contempla como esencial.
Esta iniciativa ha generado resistencia coordinada de organizaciones de derechos humanos y defensa de la infancia, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Poder Ciudadano. Desde su perspectiva, los cambios propuestos desvirtuarían la naturaleza misma del concurso, socavando las garantías de transparencia e idoneidad que la ley pretende asegurar. Estas organizaciones sostienen que es imprescindible mantener condiciones que permitan la participación amplia de la sociedad civil y de los propios niños, niñas y adolescentes en la búsqueda de un funcionario que sea capaz de representar adecuadamente sus intereses ante la complejidad de problemas que enfrenta la infancia argentina contemporánea.
El trasfondo de una lucha más antigua
La crisis actual no surge de la nada. Tiene un precedente que marcó profundamente el tablero político: el fallido nombramiento de María Paz Bertero hace poco más de un año. En octubre del año anterior, la Cámara de Diputados aprobó su designación con 156 votos afirmativos, incluyendo apoyo de legisladores de la UCR, Pro y otras fuerzas minoritarias. Sin embargo, el oficialismo ejecutó una maniobra para bloquear su consideración en el Senado. Luego argumentó que el concurso de Bertero había perdido validez porque transcurrieron 180 días corridos desde la formación de la terna, plazo que supuestamente la invalidaba automáticamente. La oposición refutó esta interpretación, señalando que históricamente ese término se había contabilizado en días hábiles legislativos, lo que significaba que la selección aún tenía vigencia.
Debajo de esta disputa técnica sobre plazos se esconde una divergencia ideológica profunda respecto al perfil que debería tener el Defensor. El oficialismo cuestiona la trayectoria de Bertero, particularmente su posicionamiento en temas de género y su respaldo a la despenalización del aborto. En contraste, la oposición acusa al Ejecutivo de buscar reiniciar el proceso desde cero para impulsar un candidato vinculado a organizaciones que defienden la vida desde la concepción y sectores religiosos conservadores. El diputado libertario Santiago Santurio, miembro de la comisión, explicita esta lectura al afirmar que el Defensor debe proteger también a los "por nacer" y rechazar lo que denomina "activismo disfrazado", exigiendo en su lugar una defensa genuina de los menores de edad.
Las consecuencias en suspenso
Con la anulación judicial de la composición de la comisión, el Senado tendrá que proceder a integrarla nuevamente, esta vez respetando el criterio de proporcionalidad entre bloques. Esto implica que el oficialismo quedará imposibilitado de avanzar con su proyecto de modificación reglamentaria mientras no se resuelva esta cuestión previa. El proceso de selección del nuevo Defensor vuelve así a un estado de incertidumbre, sin claridad sobre cuándo ni cómo se resolverá finalmente. Diversas perspectivas pueden extraerse de este punto de inflexión: quienes valoran los sistemas de pesos y contrapesos ven en la decisión judicial una reafirmación del control sobre acciones que violarían principios fundamentales de representatividad democrática; mientras que otros pueden argumentar que los tribunales están entrometiéndose en asuntos que corresponden exclusivamente al Congreso. Lo que parece indiscutible es que la infancia argentina permanece sin la representación institucional que la ley le prometió, y que el tiempo transcurrido sin Defensor suma meses a una institución que debería estar operativa protegiendo derechos fundamentales.
