El sistema de selección de magistrados volvió a poner sobre la mesa sus debilidades más evidentes cuando una candidata a jueza logró trepar desde el duodécimo lugar de un concurso hasta integrar la terna final que decidirá quién conducirá un juzgado clave en la investigación sobre una propiedad lujosa vinculada a dirigentes de la AFA. El hecho genera interrogantes profundos sobre los mecanismos mediante los cuales se elige a quienes tendrán poder de decisión sobre asuntos que movilizan la atención pública y afectan a instituciones deportivas de relevancia nacional.
María Pérez-Cárrega protagonizó un ascenso meteórico en las preferencias del Consejo de la Magistratura entre mayo y junio pasado. Iniciaba el proceso como secretaria letrada bajo la órbita del juez Alberto Lugones, ocupante de un cargo en la misma institución que evalúa candidatos. Los números hablan: obtuvo 150 puntos en la etapa de evaluación de antecedentes y examen escrito, resultado que la dejaba fuera de toda consideración para avanzar hacia las entrevistas personales, instancia que según los reglamentos internos del Consejo debería aplicarse únicamente a los seis candidatos mejor posicionados cuando existe una sola vacante.
El salto inesperado: de la lista complementaria a la terna
La transformación de Pérez-Cárrega en candidata viable ocurrió en dos movimientos administrativos articulados. Primero, el Poder Ejecutivo formalizó el 25 de junio la designación de Ignacio Labadens como juez de menores mediante decreto presidencial. Labadens participaba simultáneamente en dos procesos de selección: el de menores, donde resultó designado, y el del Juzgado de Penal Económico Nº 10, donde ocupaba un lugar dentro de la terna. Su salida de este segundo concurso generó una vacante. Fue entonces cuando los engranajes se pusieron en movimiento: Pérez-Cárrega, quien integraba en soledad la lista complementaria del proceso —una suerte de reserva que se activa cuando alguno de los candidatos finales debe abandonar el concurso—, pasó a ocupar automáticamente la posición dejada.
Pero antes de ese movimiento administrativo, entre 12 y 13 de septiembre de 2022, casi cuatro años atrás, había ocurrido un hecho que resultaría gravitante. A pesar de ocupar el puesto 12 y encontrarse claramente fuera del rango de entrevistables, Pérez-Cárrega fue convocada a una entrevista personal. El Consejo tomó una decisión inusual: amplió primero las convocatorias "hasta la postulante María Pérez-Cárrega, inclusive", según consta en una resolución institucional. Posteriormente, extendió nuevamente el alcance, llegando a entrevistar a 19 candidatos en total. Ese encuentro, registrado como el más breve de los realizados, duró apenas cuatro minutos, mientras que el promedio de las 19 entrevistas rondaba los diez minutos.
El dictamen que justificó lo injustificable
Casi dos años después de aquella entrevista relámpago, en mayo de este año, el Consejo emitió su dictamen final. Los consejeros reconocieron que todos los postulantes "demostraban idoneidad y motivación necesarias", pero argumentaron que existían "circunstancias objetivas para realizar modificaciones en el orden de mérito definitivo". El párrafo dedicado a Pérez-Cárrega contenía elogios que contrastaban notablemente con la brevedad de su evaluación oral. La destacaban por demostrar "un perfil integral y actualizado" con "compromiso con la capacitación continua en perspectiva de género y ética pública". También señalaban que articuló respuestas conforme "a estándares internacionales", que propuso "soluciones dogmáticas avanzadas" e integró "el derecho penal con los derechos humanos".
Estos atributos derivados de una conversación de 240 segundos permitieron que Pérez-Cárrega ascendiera en el orden de mérito lo suficiente como para ocupar el lugar en la terna cuando Labadens fue designado. La terna final quedó integrada por ella, por Juliana Márquez —secretaria en una fiscalía de Comodoro Py, que finalizó segunda en el concurso— y por Matías Alejandro Latino, secretario del juez que tuvo la causa anteriormente en Campana, quien ocupó la tercera posición. El Poder Ejecutivo mantiene facultades para elegir a cualquiera de los tres nombres, más allá del orden en que aparezcan en la terna.
La sombra de las conexiones institucionales
El contexto que rodea a Pérez-Cárrega merece atención. Su jefe en el Consejo es Alberto Lugones, camarista de la Cámara Federal de San Martín desde 2014 y figura históricamente cercana al kirchnerismo, aunque en votaciones recientes del Consejo se alineó con Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo en ese órgano. Pérez-Cárrega trabajó durante más de tres décadas en la Cámara Federal de San Martín, donde Lugones se desempeña como juez, antes de incorporarse en 2018 como secretaria letrada del Consejo en la vocalía de Lugones. Aunque formalmente Lugones no intervino en la selección de su subordinada, la cercanía institucional y laboral entre ambos es evidente.
Más relevante aún es el rol que Lugones tuvo en el expediente AFA que ahora podría caer bajo la jurisdicción de Pérez-Cárrega. Fue Lugones quien, en respuesta a un reclamo de los investigados —el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Conte, figurados como propietarios formales de la quinta investigada en Pilar—, envió la causa desde Retiro hacia la Justicia federal de Campana. El expediente permaneció allí hasta que a mediados de mayo pasado la Cámara de Casación anuló ese traslado, determinando que la Cámara Federal del fuero Penal Económico definiría el destino final del caso. El juzgado 10 es precisamente donde podría dirigir Pérez-Cárrega, donde actualmente lo subroga Verónica Straccia.
Las críticas al sistema y los intentos de reforma
La trayectoria de Pérez-Cárrega ejemplifica un problema estructural que ha generado debate intenso en círculos judiciales: el peso desproporcionado que las entrevistas personales adquieren en los procesos de selección de magistrados. Estos encuentros, realizados entre candidatos y consejeros, tienen una capacidad casi ilimitada para modificar órdenes de mérito previamente establecidos sobre la base de antecedentes y evaluaciones escritas, que se suponen más objetivas. Desde sectores de la propia Corte Suprema se impulsa un proyecto destinado a recalibrar estas dinámicas. Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron una iniciativa que introduce modificaciones sustanciales en el proceso completo, haciendo especial énfasis en reducir la incidencia de las entrevistas, instancia que según Rosenkrantz se utiliza para "reescribir el orden de mérito" de los candidatos.
Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, abstuvo su firma del proyecto argumentando que también preside el Consejo de la Magistratura, donde la iniciativa debe debatirse. Sin embargo, participó en la ceremonia de presentación realizada en abril en el Palacio de Tribunales. Existía expectativa sobre un tratamiento expeditivo del proyecto, pero hasta el momento continúa navegando los canales de reglamentación del Consejo, sometido al debate entre las comisiones de Reglamentación y Selección sin que se vislumbre avance significativo.
La situación de Pérez-Cárrega y su posible designación como jueza del Juzgado 10 en lo Penal Económico plantea escenarios con implicancias múltiples. Por un lado, un sector podría argumentar que una candidata con dedicación a la capacitación continua y formación en perspectiva de género representa un avance en los estándares de selección judicial. Por otro lado, la rapidez de su ascenso a partir de una entrevista brevísima, su vinculación laboral con un magistrado que tuvo incidencia directa en el expediente en cuestión, y la ampliación extraordinaria de convocatorias que permitió su evaluación generan dudas razonables sobre la transparencia del proceso. La decisión final recaerá en el Poder Ejecutivo, que deberá elegir entre los tres candidatos sin estar vinculada por el orden en que aparecen en la terna. La forma en que resuelva tendrá implicancias sobre cómo se percibe la selección de autoridades judiciales y sobre la confianza pública en los mecanismos institucionales.
