El sistema judicial porteño inició esta semana una audiencia que pone bajo la lupa el funcionamiento interno de una de las estructuras sindicales más influyentes del movimiento obrero argentino. Raúl Omar Durdos, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos desde 2017, enfrenta un proceso penal por violencia de género laboral, hostigamiento, maltrato y discriminación en el ámbito gremial. La causa tramita ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y marca un punto de quiebre en la historia de un gremio que durante décadas ha protagonizado conflictivas internas de considerable magnitud. Lo que comenzó como una disputa política interna derivó en denuncias que cuestionan los modos en que se ejerce el poder dentro de estructuras sindicales de corte tradicional.
El origen de la tensión: una votación y sus consecuencias
Los antecedentes de esta causa remontan a junio de 2022, cuando Mariel Betina Santillán, quien se desempeñaba como secretaria de la Mujer en la conducción gremial, emitió su voto a favor de la restitución del secretario adjunto David Villalba. Esta decisión política no resultó menor dentro de los círculos de poder del SOMU. A partir de ese momento, según consta en la denuncia que promovió el proceso judicial, la dirigente sufrió una serie de medidas punitivas: le fueron suspendidos los viáticos que percibía por su desempeño, se le retiraron los vehículos que utilizaba en ejercicio de sus funciones, se revocaron licencias otorgadas a su equipo de trabajo y fue apartada de forma sistemática de los espacios donde se tomaban decisiones dentro de la organización.
La estrategia de aislamiento fue más allá de lo administrativo. Durante la audiencia que tuvo lugar el martes, el abogado querellante Juan Saucedo presentó como evidencia audios en los cuales Durdos interpelaba directamente a Santillán, argumentando que su negativa a otorgarle ciertos beneficios personales estaba vinculada a sus acusaciones. En uno de estos registros de audio que funcionan como prueba central del juicio, se escucha al dirigente sindical diciendo: "Me denunciaste porque no te di un coche, me denunciaste porque no te alquilé un departamento... por eso a vos no te di más". La frase condensa una interpretación particular sobre las motivaciones de la denuncia, sugiriendo que se trataría de represalias por cuestiones patrimoniales.
Mecanismos de exclusión y escalada del conflicto
Más allá de las medidas administrativas iniciales, la acusación sostiene que la conducción gremial implementó un bloqueo cada vez más sistemático y agresivo. Santillán fue expulsada de los canales de comunicación institucionales del sindicato, y circularon en redes sociales audios que fueron editados con el propósito de dañar su reputación. Las imágenes que acompañaron estos contenidos incluían leyendas que, según lo expresado en la audiencia, resultaban agraviantes. Este tipo de prácticas, conocidas en contextos de conflictividad laboral, operan como mecanismos de deslegitimación destinados a aislar socialmente a quien es objeto de la acción represiva.
En mayo de 2023, un juzgado dictó una medida cautelar específica: se prohibió el hostigamiento a Durdos en salvaguarda de Santillán, estableciendo así un límite legal explícito a las conductas que podían continuarse. Sin embargo, según lo argumentó Saucedo durante la presente audiencia, esta orden judicial no logró detener la escalada. Por el contrario, tras la prohibición judicial, se registraron nuevas represalias que culminaron con una suspensión de 45 días impuesta contra la funcionaria sindical. Este último hecho reviste particular gravedad jurídica, ya que implica que la conducción gremial habría incumplido una orden emanada de la justicia, profundizando así el cuadro delictivo que ahora se examina en audiencia.
Los informes técnicos elaborados por organismos especializados en la materia refuerzan las conclusiones sobre la naturaleza de las conductas investigadas. Tanto la Oficina de Violencia Doméstica como la Oficina de Asistencia a la Víctima concluyeron que las prácticas llevadas a cabo por la conducción gremial constituyen mecanismos de "desgaste y exclusión", configurando lo que conceptualizan como violencia pública y política contra la mujer. Esta tipificación se ampara en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que aborda específicamente la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Un sindicato con historia de conflictividad
El SOMU no arriba a esta encrucijada sin antecedentes. La organización que agrupa a los trabajadores de los puertos lleva décadas siendo escenario de disputas que trascienden la esfera meramente laboral. Omar "Caballo" Suárez, quien fue secretario general anterior a Durdos y contaba con el apoyo de la expresidenta Cristina Kirchner, fue encarcelado en 2016 acusado de administración fraudulenta y asociación ilícita. Su caída institucional marcó un punto de inflexión en la vida política del gremio marítimo. Durdos asumió la conducción en 2017, cuando finalizó la intervención que había designado a Gladys González. Desde entonces, ha permanecido al frente de la organización durante casi una década, consolidando una estructura de poder que ahora se ve cuestionada desde múltiples flancos simultáneamente.
La gestión de Durdos llegó al SOMU con un importante respaldo: Hugo Moyano, figura histórica del movimiento sindical argentino, colocó a su hijo Hugo Antonio como uno de los asesores legales de la estructura ganadora. Esta vinculación con la dinastía Moyano le proporcionó legitimidad dentro de ciertos sectores del peronismo y del movimiento obrero tradicional. Sin embargo, durante los últimos meses, la dirección gremial ha enfrentado un nuevo desafío electoral interno que pone en duda la continuidad de este liderazgo.
Tensiones electorales y posibles intervenciones judiciales
En diciembre del año pasado, la Junta Electoral del SOMU, dominada por los sectores afines a Durdos, impugnó la lista opositora encabezada por Gerónimo Molina. La medida fue inmediatamente llevada ante la justicia. Los tribunales ordenaron suspender el comicio electoral hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo respecto a la validez legal de la nómina que había sido proscripta. A pesar de esta orden judicial, la conducción gremial procedió a realizar la votación de todas formas, y Durdos se autoproclamó ganador de un proceso electoral que no contaba con avales judiciales. Esta acción generó una crisis institucional que ubicó nuevamente al gremio marítimo al borde de una intervención judicial.
Ante esta situación, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo intervino prorrogando por 45 días los mandatos que habían vencido. El tribunal está abocado a determinar si corresponde convocar a nuevas elecciones generales en las que participen todos los candidatos sin exclusiones. Esta decisión, que se espera para el corto plazo, resulta fundamental para definir el futuro político del SOMU en los próximos años.
Problemáticas financieras en la obra social
Paralelo al conflicto que atraviesa la dirección gremial, emergieron denuncias sobre la gestión de la Obra Social del Personal Marítimo (O.S.P.M.), la entidad que brinda cobertura sanitaria a los afiliados del sindicato. Un informe de auditoría técnica emitido por la Superintendencia de Servicios de Salud detectó inconsistencias y un marcado deterioro en la situación económico-financiera. Los registros indican que a fines de 2024 la obra social comenzó a enfrentar dificultades financieras progresivas. Para mediados de 2025, el déficit operativo superaba los 3.316 millones de pesos. Más preocupante aún resultó el dato sobre las obligaciones contraídas: la deuda con sanatorios, clínicas y droguerías se triplicó en relación con los ingresos mensuales de la institución.
Sin embargo, esta crisis de liquidez no impidió que se mantuviera un flujo de recursos hacia ciertos prestadores de servicios. Entre los beneficiarios figuró el estudio jurídico Dr. Hugo Moyano & Asociados, que recibió 6.141.817 pesos durante el período analizado. La existencia simultánea de déficits operativos profundos y pagos a estudios jurídicos vinculados a la estructura de poder genera interrogantes sobre los criterios que orientan las decisiones de gasto en la obra social.
Perspectivas sobre lo que viene
La audiencia que comenzó esta semana en los tribunales porteños constituye un momento bisagra para el movimiento sindical marítimo. El resultado del juicio por violencia de género laboral, la resolución de la Cámara de Apelaciones sobre las elecciones gremiales, y los hallazgos que emerjan sobre la gestión de la obra social conforman una trama compleja que determinará el rumbo institucional del SOMU en el mediano plazo. Existen múltiples escenarios posibles: una condena podría significar la inhabilitación del actual secretario general; un fallo que valide nuevas elecciones permitiría que la oposición compita en igualdad de condiciones; y las investigaciones sobre recursos financieros podrían derivar en responsabilidades administrativas adicionales. Cada uno de estos desenlaces implicaría consecuencias distintas para los trabajadores del sector portuario, para la estructura del movimiento sindical en su conjunto, y para los modelos de gobernanza que prevalecen dentro de las organizaciones gremiales argentinas. Lo cierto es que el litigio que acaba de iniciarse marca un precedente relevante respecto a cómo se procesan internamente los conflictos sindicales y qué herramientas legales intervienen cuando se denuncia maltrato dentro de estructuras de poder tradicionalmente opacas.
