Hay un momento en todo proceso de desinflación en el que bajar el termómetro ya no alcanza: hace falta curar la enfermedad. Edmar Bacha, uno de los economistas que diseñó el mecanismo central del Plan Real brasileño, el programa que terminó con décadas de inflación crónica en ese país, sostiene que la Argentina atraviesa precisamente ese umbral. Después de reducir la inflación desde más del 200% anual hasta el entorno del 30% anual en menos de dos años, el desafío ya no es técnico en su dimensión más urgente: es institucional y cultural. Lo que está en juego no es solo si los precios seguirán bajando, sino si la economía dejará de organizarse en torno a la expectativa de que siempre subirán.
El diagnóstico: dos problemas que exigen una sola solución simultánea
Para comprender qué está en juego en la Argentina de hoy, Bacha propone una distinción que parece simple pero que históricamente ha sido ignorada con consecuencias devastadoras. Toda inflación alta tiene dos componentes: uno inercial, sostenido por la indexación generalizada de precios, salarios y contratos, y otro estructural, anclado en el desequilibrio de las cuentas públicas. Los programas que atacaron solo uno de los dos terminaron fracasando. El Plan Austral en Argentina y el Plan Cruzado en Brasil atacaron la inercia pero soslayaron el frente fiscal y colapsaron. Los ajustes puramente ortodoxos que comprimieron el gasto sin tocar la inercia inflacionaria fueron lentos, recesivos y políticamente insostenibles. La lección que se extrae de esa historia regional es taxativa: los dos frentes deben abordarse al mismo tiempo, con igual énfasis.
Este marco conceptual es el que Bacha aplica cuando evalúa el camino recorrido por la gestión de Javier Milei. El ajuste fiscal fue real y pronunciado. La reducción de la inflación desde los picos de fines de 2023 es, en sus palabras, "un mérito real". Pero el componente inercial, la indexación que sigue estructurando los contratos laborales, los alquileres, los precios de los servicios y las expectativas de toda la cadena de valor, permanece intacto. Y es ahí donde, según su análisis, el proceso enfrenta su principal obstáculo.
La URV y el problema de coordinación que Argentina aún no resolvió
La indexación no persiste por inercia mental ni por mala voluntad de los agentes económicos. Persiste porque funciona como un equilibrio en el sentido técnico del término: ningún actor tiene incentivos para abandonarla en forma unilateral. El sindicato que negocia salarios sin cláusula de ajuste pierde poder adquisitivo si el resto del sistema sigue indexando. La empresa que fija precios sin actualización se descapitaliza. En un entorno de alta incertidumbre nominal, indexar es racional para cada parte, aunque sea colectivamente disfuncional para todos. Romper ese equilibrio requiere un mecanismo de coordinación, no solo una señal de precios.
En Brasil, ese mecanismo fue la Unidad Real de Valor (URV). Durante cuatro meses, entre marzo y junio de 1994, precios, salarios y contratos se expresaron simultáneamente en cruzeiros reales y en URV, una unidad que se ajustaba diariamente con la inflación. Los salarios fueron convertidos a URV por ley el 1° de marzo de 1994, mediante una norma aprobada en el Congreso. Los precios siguieron el mismo camino de manera gradual, con supervisión oficial en los sectores más concentrados. Cuando el 1° de julio de 1994 la URV se convirtió en el real, con paridad con el dólar, todos los precios ya estaban alineados en la nueva unidad. La estabilización no fue el punto de partida sino el resultado de un realineamiento previo. La inflación en doce meses cayó por debajo del 10% anual recién en diciembre de 1996, dos años y medio después del lanzamiento del real.
Bacha reconoce que en la Argentina actual ese tipo de instrumento ya no tiene las condiciones para aplicarse. La URV fue necesaria porque la inflación brasileña rondaba el 5.000% anual a mediados de 1993 y no había margen para el gradualismo. Con una inflación del 30% anual, el camino disponible es otro: convencer de manera progresiva a los agentes de que el régimen inflacionario cambió sin retorno. Pero advierte sobre una trampa: el gradualismo excesivo, como el que practicó Brasil durante la dictadura militar desde 1967, no solo no rompe la indexación sino que la consolida culturalmente. La diferencia entre un gradualismo virtuoso y uno estéril está en la velocidad y en la credibilidad de las señales que el gobierno emite.
El equilibrio fiscal es necesario, pero no basta
Uno de los puntos más relevantes del análisis de Bacha es su distinción entre condición necesaria y condición suficiente. El equilibrio fiscal es indispensable: sin disciplina presupuestaria, cualquier ancla nominal termina siendo corroída por la monetización del déficit. No hay estabilización duradera posible sobre bases fiscales débiles. Pero el equilibrio fiscal por sí solo no produce desinflación rápida en economías con inercia instalada. En esos casos, la contracción del gasto puede deprimir la actividad económica sin generar una caída proporcional ni simultánea de los precios. "El equilibrio fiscal crea las condiciones para la estabilidad", señala Bacha. "La desindexación es el mecanismo que permite materializarla".
Esta distinción ilumina parte de las dificultades que enfrenta Argentina hoy. El ajuste fiscal fue sustancial y consistente. Sin embargo, la economía doméstica permaneció debilitada durante buena parte del proceso, y el conflicto distributivo entre salarios y precios no fue abordado mediante un mecanismo explícito de coordinación. En la visión de Bacha, eso explica, al menos parcialmente, por qué la desinflación encontró resistencia por encima del 3% mensual. En marzo de 2025, mientras Chile registraba una inflación mensual del 1%, Brasil del 0,9%, Perú del 2,4% y Estados Unidos del 0,9%, Argentina marcaba 3,4%. Las diferencias entre países con contextos externos similares indican que los factores globales, como los precios de alimentos y energía y las disrupciones en cadenas de suministro, no alcanzan para explicar la magnitud ni la persistencia del caso argentino.
Las lecciones de Brasil que Argentina debería mirar
Bacha traza un paralelo incómodo entre el arranque del gobierno de Milei y el Plan Collor de 1990 en Brasil. En ambos casos hubo una supresión súbita y pronunciada de la liquidez real: en Brasil, mediante el congelamiento de activos monetarios; en Argentina, a través de una devaluación abrupta del tipo de cambio y la liberación de precios administrados. En ambos casos se obtuvo una caída significativa de la inflación en los meses siguientes. Pero en Brasil, el Collor derivó en una contracción económica insostenible que obligó a una remonetización de la economía, con el consiguiente retorno de la inflación. En Argentina ese colapso no ocurrió, aunque la actividad tardó en recuperarse y la tensión entre precios y salarios quedó latente.
Sobre la dolarización, opción que Milei prometió en campaña y descartó en la práctica, Bacha es preciso: tiene una lógica clara porque elimina el riesgo cambiario y la posibilidad de emisión discrecional, pero su costo es igualmente claro porque la economía pierde la herramienta del tipo de cambio real para absorber shocks externos, lo que exige una flexibilidad de precios y salarios que Argentina históricamente no demostró tener. La Convertibilidad, que fue una dolarización de facto, mostró cómo esa rigidez termina en crisis de balanza de pagos y colapso social. La estrategia actual, basada en ajuste fiscal y desregulación, le resulta más coherente que la dolarización. Pero señala una carencia central: el ajuste aún no cristalizó en una arquitectura institucional capaz de sostener la estabilización en el tiempo.
Lo que Bacha llama arquitectura institucional es el conjunto de reglas formales, marcos legales y compromisos explícitos que hacen creíble la estabilidad más allá de las personas que ocupen los cargos. En Brasil, ese andamiaje se construyó después de la crisis cambiaria de enero de 1999, cuando la devaluación del real obligó a redefinir el régimen: se adoptaron metas de inflación, se formalizó el compromiso con superávits primarios significativos y se estableció un régimen de tipo de cambio flotante con una autoridad monetaria operacionalmente independiente. Esa transición fue costosa políticamente, pero dotó al sistema de una robustez que ningún mecanismo transitorio puede garantizar. En Argentina, señala Bacha, cuanto más se demore la construcción de ese andamiaje, más dependerá la desinflación de mecanismos frágiles como el tipo de cambio administrado.
El horizonte abierto: ¿consolidación o meseta?
La pregunta que Bacha deja abierta al final de su análisis es la que concentra toda la incertidumbre del momento argentino: ¿la desinflación continuará de manera sostenida hasta converger a un dígito anual, como proyecta el gobierno, o la inflación tenderá a estabilizarse en niveles que, aunque menores a los de la crisis, siguen siendo elevados para los estándares regionales? La experiencia latinoamericana indica que la respuesta depende de tres variables que interactúan entre sí: la credibilidad del programa en el tiempo, la magnitud y sostenibilidad del ajuste fiscal, y la eficacia de los mecanismos que logren desindexar la formación de precios y salarios. En los casos de inflación crónica alta como Chile, Colombia, México y Uruguay, reducir la inflación a un dígito llevó más de tres años. Bolivia, que atravesó una hiperinflación en 1985, pudo estabilizarla en meses, pero tardó varios años más en llegar a niveles de un dígito.
Las perspectivas sobre lo que viene admiten lecturas diversas. Quienes señalan el mérito del proceso en curso destacan que la reducción desde más del 200% al 30% anual en dos años no tiene muchos precedentes en la historia argentina reciente y que el equilibrio fiscal obtenido modifica estructuralmente las condiciones de base. Quienes advierten sobre los riesgos apuntan a que la indexación no fue desmantelada, que el tipo de cambio administrado tiene un horizonte incierto, y que la ausencia de un marco institucional formalizado deja al proceso expuesto a perturbaciones externas o cambios en la política doméstica. Lo que es indiscutible es que el proceso está en un punto de inflexión: las herramientas que sirvieron para reducir la inflación desde sus máximos no son necesariamente las mismas que se necesitan para llevarla a niveles compatibles con el funcionamiento normal de una economía. Esa transición, entre la estabilización de emergencia y la consolidación institucional, es históricamente el tramo más exigente. Y también el más determinante.
