Una casa de cambios ligada al mundo financiero que rodea al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino terminó en el centro de la tormenta regulatoria. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió sancionar a ARS Cambios, revocarle la autorización para funcionar e imponerle una multa que, sumando las sanciones individuales a sus titulares, totaliza 18.000 millones de pesos. No se trata de una infracción menor ni de un tecnicismo administrativo: el organismo considera probado que esta entidad formó parte de un circuito organizado para desviar divisas oficiales hacia el mercado informal, aprovechando una brecha cambiaria que en 2023 promediaba el 102%. El hecho importa porque revela la escala y la sofisticación de las maniobras que se habrían desplegado durante los años del cepo, y porque pone en evidencia cuánto dinero pudo haberse movido fuera de los canales legales mientras el país atravesaba una de sus peores crisis de reservas.

Qué hizo ARS Cambios y cómo funcionaba el esquema

La entidad en cuestión operaba públicamente bajo el nombre comercial Sur Finanzas, con sucursales en el microcentro porteño, Monte Grande, Ezeiza y Canning. Ante el BCRA, sin embargo, estaba inscripta como ARS Cambios, perteneciente a Ariel Vallejo, cuya madre, Graciela Vallejo, figura como accionista. La investigación que llevó adelante la Superintendencia de Entidades Financieras reconstruyó la actividad de la firma durante todo el año 2023, período en el que rigió un cepo cambiario estricto y el acceso al dólar oficial estaba fuertemente restringido para la mayoría de los actores económicos.

Lo que encontraron los investigadores fue llamativo por su concentración y sistematicidad: el 99,1% de las operaciones en dólares oficiales registradas por ARS Cambios no fueron hacia clientes individuales o empresas con necesidades concretas de divisas, sino hacia otras casas de cambio. Entre las entidades receptoras aparecen Cambio Posadas, Fenus, Lagriet, Dibehim Gestiones San Miguel, Areco Cambios, Dos Arroyos y Cambio Bacarat. El BCRA concluyó que ninguna de ellas ajustaba su operatoria a las normas vigentes. En total, el volumen negociado de esta manera superó los 25 millones de dólares. La hipótesis que sostiene el sumario es precisa: esas divisas adquiridas al tipo de cambio oficial habrían tenido como destino final el mercado paralelo, donde el valor del billete verde casi duplicaba al oficial. La ganancia implícita estimada por el propio organismo ronda los 25,8 millones de dólares.

Desde el BCRA caracterizaron esta dinámica como un mecanismo de "pase de manos", un circuito en el que los pesos y las divisas rotaban entre entidades sin que existiera una justificación económica genuina detrás de cada transacción. En ningún momento las operaciones respondieron a una demanda real de importadores, viajeros o ahorristas. Eso fue precisamente lo que encendió las alarmas de la Superintendencia: una casa de cambios que casi no opera con el público minorista, pero mueve decenas de millones de dólares, solo puede estar cumpliendo otra función dentro de un esquema más grande.

Las sanciones y sus alcances concretos

El directorio del Banco Central aprobó la resolución sancionatoria el jueves de la semana pasada. A ARS Cambios se le revocó la autorización para operar, lo que equivale a su cierre definitivo como entidad regulada. Pero las consecuencias no se limitaron a la persona jurídica. Ariel Vallejo recibió una multa de 5.400 millones de pesos y quedó inhabilitado por cinco años para ejercer cargos directivos, gerenciales o accionarios en cualquier entidad financiera o no financiera de crédito, incluyendo bancos, billeteras digitales y fintechs. Graciela Vallejo, por su parte, fue multada con 7.200 millones de pesos y su inhabilitación se extiende por seis años. La diferencia en el plazo entre ambos podría explicarse por la mayor responsabilidad que el organismo le asignó a la figura de la accionista en la estructura societaria.

Estas restricciones tienen un alcance amplio en el sistema financiero actual. En un contexto donde el sector fintech creció exponencialmente en la Argentina —con millones de usuarios operando a través de plataformas digitales— la inhabilitación implica que los sancionados no podrán participar en ninguna instancia decisoria ni como fundadores ni como administradores de ninguna de estas nuevas figuras del mercado. El BCRA dejó claro que el perímetro regulatorio no distingue entre la banca tradicional y los nuevos actores del ecosistema digital.

El contexto mayor: "la escalerita" y los 1.500 millones en juego

El caso de ARS Cambios no es un hecho aislado. Desde el Poder Ejecutivo nacional, fuentes vinculadas a la investigación describieron el mecanismo general que estaría detrás de estos casos con un nombre informal pero ilustrativo: "la escalerita". El circuito arrancaba en un banco comercial que accedía a dólares al tipo de cambio oficial y los vendía a una casa de cambio. Esta, a su vez, los transfería a otra, y así sucesivamente, escalón por escalón. En algún punto de esa cadena se producían extracciones en efectivo que cortaban la trazabilidad de los billetes, haciéndolos prácticamente irrastreables. El esquema habría funcionado con notable fluidez durante 2022 y 2023, frenándose recién hacia el final de ese último año.

Las estimaciones internas del Gobierno ubican el volumen total de estas maniobras entre 1.400 y 1.500 millones de dólares. De ese universo, los investigadores calculan que se perdió el rastro del 84% de las divisas involucradas. Es un número que habla de la magnitud del agujero que dejó este tipo de operatoria en el sistema cambiario durante uno de los períodos de mayor restricción al acceso de divisas en la historia reciente del país. Para ponerlo en perspectiva histórica, el cepo cambiario en sus distintas versiones rigió en Argentina de manera casi continua entre 2011 y 2015, y luego desde 2019 hasta 2024, generando en cada etapa condiciones propicias para el arbitraje entre el tipo de cambio oficial y el informal. La brecha del 102% registrada durante 2023 fue una de las más elevadas de las últimas décadas, comparable apenas con los peores momentos de la crisis de 2001.

El sumario contra ARS Cambios no es el primero que publica la Superintendencia en el marco de esta investigación ampliada. Antes ya habían sido procesadas otras entidades por operatorias similares: Stema Cambios, cuyo caso involucró 180 millones de dólares, y también Mega Latina, Gallo Cambios y Concordia, entre otras. La progresión de los casos sugiere que el organismo avanza desde las entidades menores hacia las de mayor peso, aunque el orden no necesariamente refleja jerarquía dentro del supuesto circuito.

El vínculo entre Sur Finanzas y el entorno del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, agrega una dimensión que trasciende lo estrictamente financiero. La entidad ya estaba siendo investigada judicialmente por presunto lavado de activos antes de que el BCRA emitiera su resolución. La coincidencia entre la investigación judicial y la sanción administrativa no implica necesariamente coordinación entre ambos poderes, pero sí muestra que la exposición de la firma se viene acumulando desde distintos frentes.

Qué puede venir ahora

Las consecuencias de este proceso son múltiples y difíciles de anticipar en su totalidad. Desde el punto de vista regulatorio, la revocación de la licencia y las inhabilitaciones personales constituyen las sanciones más severas que puede aplicar el BCRA dentro de su competencia administrativa, sin que eso cierre la vía penal, que sigue su curso propio en la Justicia. Para los actores del mercado cambiario, la señal es clara: el organismo está dispuesto a avanzar sobre operatorias que en otro momento fueron toleradas o no detectadas. Desde la perspectiva del sistema financiero en su conjunto, la revelación de que cerca de 1.500 millones de dólares pudieron haberse movido fuera de los canales legales durante el cepo pone sobre la mesa preguntas difíciles sobre la efectividad de los controles vigentes en ese período. Para quienes defienden los controles cambiarios como herramienta de política económica, este caso puede leerse como un argumento a favor de mejores mecanismos de supervisión. Para quienes cuestionan el cepo como institución, la misma evidencia refuerza la idea de que las restricciones generan incentivos poderosos para eludirlas. Lo que queda fuera de discusión es que el dinero se movió, que una parte significativa no tiene trazabilidad, y que el proceso para establecer responsabilidades recién está comenzando.