Hay números que no necesitan demasiada explicación para entenderse, pero sí mucho contexto para dimensionarse. El haber medio previsional de diciembre se ubicó en $722.027 y, medido en términos reales, eso implica una caída de casi el 12,7% respecto de noviembre de 2023, el último mes antes del cambio de administración nacional. Lo que está en juego no es solo una cifra estadística: es el nivel de vida concreto de millones de argentinos mayores que dependen del sistema jubilatorio para cubrir sus gastos cotidianos. Y lo que cambia, o más precisamente lo que no cambió, es el bono de $70.000 que lleva congelado desde marzo de 2024, mientras todo lo demás —los precios, los servicios, los alimentos— siguió moviéndose hacia arriba.

Un refuerzo que perdió fuerza con el tiempo

Cuando se estableció el refuerzo previsional conocido popularmente como "bono", su impacto era genuinamente significativo. En diciembre de 2023, ese complemento representaba el 52% del haber mínimo. Era, en la práctica, más de la mitad de lo que cobraba un jubilado que percibía la prestación más baja del sistema. Para muchos de esos beneficiarios, esa suma era la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes. Dos años después, el panorama es radicalmente distinto: ese mismo bono —con el mismo valor nominal de setenta mil pesos— equivale hoy apenas al 18,9% del haber mínimo. La erosión no fue producto de ninguna decisión puntual sobre los haberes en sí mismos, sino del efecto acumulado de la inflación sobre un monto que nadie actualizó.

La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), que viene monitoreando la evolución del gasto previsional con una metodología técnica rigurosa, cuantificó con precisión el impacto: en el año 2025, la decisión de mantener fijo el bono en ese valor provocó una reducción del 5,2% interanual en la movilidad efectiva del haber mínimo con refuerzo. Dicho de otro modo, aunque la fórmula de movilidad siguió actualizando los haberes, ese ajuste fue insuficiente para compensar el deterioro del complemento que reciben casi la mitad de los jubilados del sistema.

El universo afectado no es menor: según los propios datos relevados por ASAP, el bono impacta directamente sobre el 48,8% de los beneficiarios del SIPA —el Sistema Integrado Previsional Argentino—, lo que equivale a unas 3 millones de personas. No se trata de un segmento marginal del sistema previsional: son los jubilados que cobran los haberes más bajos, los que accedieron mediante moratorias, los que tienen menor densidad de aportes a lo largo de su historia laboral. En muchos casos, personas que trabajaron décadas en la economía informal o en empleos de baja remuneración y que hoy dependen de esos pesos para sostener una vejez digna.

Las moratorias, la PUAM y la complejidad del sistema

La caída del haber medio no responde a una causa única. Uno de los factores estructurales que incide en ese promedio hacia la baja es el crecimiento sostenido de jubilados que ingresaron al sistema a través de moratorias previsionales, mecanismos que permitieron acceder a la jubilación a personas que no completaron los años de aportes requeridos. Estas personas cobran el haber mínimo, lo que arrastra hacia abajo el promedio general. Las moratorias en Argentina tienen una historia larga: la primera gran apertura se dio en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y fue renovada y ampliada en distintas oportunidades a lo largo de los años siguientes, incluyendo la Ley 27.705, que estuvo vigente hasta hace poco. Esa ley finalizó, y su cierre ya empieza a reflejarse en las estadísticas: en 2025, el total de beneficios de la PUAM —Pensión Universal al Adulto Mayor— aumentó un 4,2%, en parte como efecto de esa finalización, ya que quienes ya no podían acceder a la moratoria encontraron en la PUAM una vía alternativa.

La PUAM, vale aclararlo, no equivale a una jubilación completa. Su monto se fija en el 80% del haber mínimo, más el bono de $70.000. Es decir, quienes la perciben cobran estructuralmente menos que un jubilado con el mínimo completo, y además están excluidos de ciertos beneficios adicionales que sí reciben los jubilados del SIPA. El crecimiento de este universo es un indicador indirecto de la informalidad laboral acumulada durante décadas en el país: personas que llegaron a la vejez sin haber podido construir una trayectoria de aportes suficiente dentro del sistema formal.

La historia larga: cuatro años de deterioro acumulado

Si se amplía el zoom y se mira el período de los últimos cuatro años, el cuadro es aún más preocupante. El deterioro del haber medio previsional desde 2021 a la fecha ronda el 24% en términos reales. Eso significa que un jubilado promedio hoy cobra, en pesos constantes, casi una cuarta parte menos de lo que cobraba hace cuatro años. ASAP señala que esta tendencia comenzó a acentuarse con fuerza desde fines de 2017, cuando la inflación empezó a superar sistemáticamente las actualizaciones de los haberes. La modificación de la fórmula de movilidad en distintas oportunidades —en 2017, en 2020 y nuevamente en 2024— produjo efectos diferentes en cada contexto inflacionario, pero la tendencia de largo plazo siguió siendo descendente.

La devaluación de diciembre de 2023 generó un salto inflacionario que golpeó con particular dureza a los ingresos fijos. Los haberes jubilatorios, que se actualizan con rezago respecto de la inflación mensual, sufrieron una caída real abrupta en los primeros meses de 2024. A partir de marzo de 2024, con la nueva fórmula de movilidad atada a la inflación pasada, los haberes comenzaron a recuperarse, pero a un ritmo más lento que el de los salarios formales. Recién hacia febrero de 2025, según los datos de ASAP, los salarios formales superaron en su recuperación a la movilidad jubilatorio, lo que implica que los trabajadores en blanco lograron antes que los jubilados recuperar terreno frente a la inflación. La brecha entre salarios formales e informales, por su parte, siguió siendo notable, y la movilidad sin refuerzo quedó por debajo de ambas trayectorias.

Un factor que amortiguó parcialmente la caída fue la acción judicial de un segmento de jubilados. ANSES estuvo realizando ajustes en los haberes de quienes obtuvieron sentencias firmes en la Justicia, aunque el pago de las retroactividades correspondientes sigue siendo una deuda pendiente cuya resolución no tiene calendario definido. Este mecanismo, que involucra a un número significativo de beneficiarios que litigaron contra el Estado por reajustes históricos, funcionó como un atenuante parcial sobre el promedio general, sin revertir la tendencia de fondo.

Las posibles consecuencias de un sistema bajo presión

Lo que viene es incierto, y las lecturas posibles son varias. Por un lado, si el bono de $70.000 sigue sin actualizarse, su peso relativo continuará diluyéndose con cada mes que pase, profundizando el impacto sobre los 3 millones de jubilados que dependen de él para completar sus ingresos. Una eventual decisión de actualizarlo o reemplazarlo por un esquema indexado podría aliviar esa presión, pero también implicaría un mayor gasto previsional en un contexto de ajuste fiscal. Por otro lado, el cierre de la moratoria de la Ley 27.705 podría reducir el ingreso de nuevos beneficiarios con haberes mínimos, lo que en el mediano plazo podría elevar el promedio general, aunque al costo de dejar a una parte de la población adulta mayor sin cobertura previsional. La PUAM, como alternativa, cubre parcialmente ese vacío pero con una prestación menor. Finalmente, el ritmo de la inflación será determinante: si continúa desacelerándose, el deterioro real de los haberes podría estabilizarse o incluso revertirse en alguna medida; si se reactiva, la presión sobre el poder de compra de los jubilados volverá a intensificarse. El sistema previsional argentino lleva décadas navegando esas tensiones, y cada decisión de política —o cada omisión— deja marcas concretas en la vida de millones de personas.