La hemorragia del mercado laboral formal argentino exhibe síntomas cada vez más preocupantes. Durante el quinto mes del año, el sistema de protección de riesgos del trabajo contabilizó la pérdida de 70.217 puestos de trabajo en comparación con abril, lo que se traduce en un promedio diario de más de 2.265 personas desvinculadas de la estructura de empleo registrado. Simultáneamente, el tejido empresarial se sigue desgarrando: entre apertura y cierres de compañías, la diferencia neta negativa alcanzó 2.371 unidades productivas en el mismo lapso. Estos números no constituyen un episodio aislado sino la continuación de una tendencia que comenzó hace treinta meses y que evidencia transformaciones profundas en la configuración del mercado de trabajo y la estructura empresarial del país.

Cuando se analiza el comportamiento acumulativo desde el inicio del año, la dimensión del problema se expande significativamente. En los primeros cinco meses de 2026, Argentina perdió un total de 8.025 empresas registradas en el sistema obligatorio de seguros contra riesgos laborales. Esta contracción empresarial arrastró consigo la desvinculación de 113.897 trabajadores formales. Las cifras provienen directamente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el organismo encargado de regular y supervisar la cobertura obligatoria que deben mantener todas las empresas que contratan personal. El deterioro no es homogéneo: sectores como el comercio minorista y mayorista, junto con la manufactura industrial, concentran la mayor proporción de estos cierres, reflejando la particular vulnerabilidad de ramas que dependen de la capacidad adquisitiva de la población o que requieren inversiones sostenidas en contextos de incertidumbre económica.

El desplome comparativo: treinta meses de retroceso sin precedentes

Para dimensionar la magnitud del retroceso, es necesario tomar como punto de referencia noviembre de 2023, momento desde el cual se pueden evaluar cambios estructurales profundos. En esa fecha, la base de empleadores registrados alcanzaba 512.357 unidades, mientras que el número de trabajadores en relación de dependencia era de 9.857.173. Treinta meses después, en mayo de 2026, ambas cifras experimentaron caídas dramáticas: los empleadores se redujeron a 481.724, es decir una contracción de 6%, mientras que los trabajadores descendieron a 9.445.560, una merma de 4,2%. En números absolutos, esto representa la desaparición de 30.633 entidades productivas y la pérdida de 411.613 puestos de trabajo en el segmento formalizado de la economía.

Los datos intermedios revelan patrones significativos en la evolución del colapso. Hacia mediados de 2024, la caída de empleadores fue particularmente severa, fenómeno que los especialistas asocian directamente con el impacto de la devaluación acumulada y las políticas de reducción drástica del gasto público. Sectores como la construcción sufrieron parálisis casi total de obras privadas y cancelación de proyectos públicos, mientras que la industria manufacturera enfrentó desafíos de competitividad y acceso a financiamiento. El empleo en el sector público también registró contracciones significativas durante este período. Sin embargo, el ritmo se desaceleró moderadamente en la segunda mitad de 2024, generando esperanzas de que el proceso tocaría fondo. Esa expectativa se frustró durante 2025: los cierres netos volvieron a acelerarse, consolidando una trayectoria de deterioro continuo que persiste hasta el presente.

La enfermedad de fondo: una natalidad empresarial en colapso

Más allá de los números agregados, los especialistas en economía del trabajo han identificado un fenómeno que explica la persistencia y aceleración del deterioro: no se trata principalmente de un aumento extraordinario en el cierre de empresas, sino de una contracción dramática en la apertura de nuevas unidades productivas. Desde la Secretaría de Trabajo se ha enfatizado que "el aspecto crítico de esta evolución reside en el rol de las aperturas y los cierres de empresas". Mientras que en períodos anteriores la creación de nuevas firmas compensaba las salidas naturales del sistema, en la actualidad existe una "marcada debilidad en la apertura de nuevas unidades productivas" que se ha convertido en el factor determinante del deterioro. Este déficit en la "natalidad empresarial" —término que designa la tasa de constitución de nuevas entidades económicas— representa un problema estructural más grave que cualquier oleada de quiebras puntuales.

Los mecanismos que explican esta debilidad generadora son múltiples y reflejan las dificultades que enfrentan potenciales emprendedores en el contexto actual. Una porción significativa de los cierres corresponde a empresas con menos de tres años de antigüedad, compañías que no lograron superar la fase inicial de inversión en un entorno de caída sostenida del consumo. Muchas unidades productivas han optado por transformar su modelo de negocio, abandonando la manufactura local para concentrarse en la comercialización de bienes importados, con la consecuente reducción de nóminas. En paralelo, empresas medianas y grandes han implementado retiros voluntarios o redimensionamientos que redujeron drásticamente su planta de personal. Los nuevos puestos de trabajo que eventualmente se crean —y que representan una minoría decreciente del total— tienden a concentrarse en la modalidad de monotributo o directamente en la informalidad, escapando de hecho del sistema de protección obligatoria. Esta migración hacia la precariedad constituye una segunda capa de deterioro que los números del sistema de riesgos del trabajo no capturan completamente.

El cuadro se completa cuando se advierte que la desvinculación de trabajadores del segmento formal obedece a causas que van más allá de los cierres empresariales. El descenso de empleo formal tanto en empresas privadas como en organismos públicos, la expansión acelerada de la informalidad laboral, y la reconfiguración de relaciones de trabajo hacia esquemas de autonomía ficticia o monotributo, representan un proceso de desintegración del modelo laboral tradicional. Este movimiento desplaza a millones de personas fuera de la cobertura obligatoria de riesgos del trabajo, no necesariamente porque hayan quedado sin ocupación, sino porque han sido expulsadas hacia modalidades de trabajo menos protegidas y más vulnerables.

Implicancias presentes y futuras del colapso estructural

La persistencia y aceleración de estas tendencias genera interrogantes sobre las trayectorias posibles en los próximos trimestres. Una lectura pesimista sostendría que la economía ha entrado en una espiral deflacionaria donde caen ingresos, baja el consumo, cierran empresas, se destruye empleo, vuelven a caer ingresos, y el ciclo se reproduce. Desde esta perspectiva, la debilidad de la natalidad empresarial reflejaría expectativas empresariales deprimidas y una incapacidad estructural para generar condiciones que estimulen nuevas inversiones. Alternativamente, otros analistas plantean que el sistema está en proceso de "limpieza" o reestructuración, donde la salida de empresas débiles e ineficientes podría eventualmente dar paso a un tejido empresarial más competitivo, aunque esta transición implicaría costos sociales significativos mientras se produce. Un tercer enfoque sugiere que los cambios en la composición del empleo —hacia monotributo e informalidad— reflejan una adaptación a nuevas realidades de mercado y modalidades de trabajo que no necesariamente implican precarización si se acompañan de políticas específicas de protección. Lo cierto es que las decisiones de política pública que se adopten en los próximos meses respecto a costos laborales, acceso al crédito, regulación tributaria y apoyo a emprendimientos, tendrán influencia decisiva en si estas tendencias se revierten, se estabilizan o se profundizan aún más.