A través de un anuncio que consolida una de las apuestas más ambiciosas del sector energético nacional en los últimos años, Transportadora de Gas del Norte (TGN) confirmó que avanzará con la construcción de una arteria de distribución que reconfiguará el mapa de flujos de gas en el país. Se trata de un proyecto que no solo busca fortalecer la capacidad de exportación hacia mercados vecinos, sino también revertir una histórica dependencia de importaciones externas de combustibles que ha gravitado sobre la balanza comercial argentina. La iniciativa, que involucra a empresas de talla internacional y operadores locales consolidados, representa un punto de inflexión en la estrategia de aprovechamiento de los recursos fósiles de la cuenca neuquina y plantea un nuevo escenario para la generación eléctrica regional.
El trazo del gasoducto atravesará diagonalmente el territorio nacional recorriendo 753 kilómetros en dos segmentos diferenciados. El recorrido arrancará en la localidad de Tratayén, en el corazón de Neuquén donde se concentran las operaciones extractivas más dinámicas del país, y culminará en La Carlota, localidad cordobesa que funcionará como nudo de conexión con la red troncal existente. Desde ese punto de convergencia, el gas alimentará tuberías en dirección norte, alcanzando localidades y centros industriales distribuidos a lo largo de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. El diámetro de los conductos variaría según el tramo: 36 pulgadas en el primer segmento y 30 en el segundo, una configuración que refleja los volúmenes esperados en cada sección del recorrido. La denominación oficial que recibirá esta infraestructura es "Manuel Belgrano", un guiño a la historia nacional que evoca conexiones entre regiones.
Quiénes invierten y cómo se financia la obra
Detrás del proyecto se encuentran dos empresarios con larga trayectoria en el sector de hidrocarburos. Paolo Rocca, titular de Tecpetrol, y Eduardo Eurnekian, propietario de Compañía General de Combustibles (CGC), controlan en conjunto el 56 por ciento de las acciones de TGN a través de la sociedad Gasinvest. Esta estructura de propiedad sitúa a ambos empresarios en la posición de tomar decisiones estratégicas sobre cómo se canaliza y distribuye el flujo de gas a través de la red nacional. El desembolso total requerido para llevar adelante el proyecto alcanzará aproximadamente 2.200 millones de dólares, cifra que integra tanto la construcción de los conductos principales —estimada en 1.500 millones de dólares— como las obras de infraestructura complementaria vinculadas al sistema de transporte. El cronograma contempla que la obra esté operativa en el primer semestre de 2029, plazos que presuponen una ejecución sin sobresaltos significativos.
La empresa ya ha iniciado gestiones para acceder a beneficios fiscales específicos. Con miras a maximizar la rentabilidad del emprendimiento, TGN ha comunicado su intención de presentar el proyecto ante las autoridades del Ministerio de Economía para obtener inscripción en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), un programa que ofrece ventajas tributarias a iniciativas que superen umbrales de envergadura económica predefinida. Este mecanismo forma parte de la arquitectura de política pública vigente y está diseñado para atraer inversión de magnitud considerable. Durante la etapa de máxima actividad en obra, el proyecto generará aproximadamente 2.000 puestos de empleo, un efecto multiplicador que irradiará hacia las economías locales de las provincias involucradas, particularmente en Neuquén y Córdoba.
Impacto en costos, importaciones y exportaciones
El aporte principal de esta infraestructura residirá en modificar sustancialmente la estructura de costos para consumidores industriales y sectores estratégicos. Las fábricas y generadores termoeléctricos instalados en el norte del país accederán a gas proveniente de Vaca Muerta a precios sensiblemente más competitivos. Las proyecciones internas de TGN sitúan el valor del recurso extraído en la cuenca neuquina en un rango de entre 3 y 4 dólares por millón de BTU, una cifra que representa una fracción significativa respecto de alternativas que estos consumidores han debido financiar históricamente. A título comparativo, durante el invierno que transcurrió hace poco, combustibles sustitutivos como el gasoil y fuel oil registraron cotizaciones superiores a los 20 dólares por unidad equivalente, lo que dimensiona el ahorro potencial. Hasta el presente, los centros de generación eléctrica en esas provincias se han aprovisionado mediante importaciones desde Bolivia y Chile, o recurrieron a derivados del petróleo de mayor costo. La nueva tubería permitirá desplazar estos canales de abastecimiento y sustituir fuentes de energía históricamente onerosas.
En términos macroeconómicos, los beneficios trascienden el nivel microeconómico de empresas individuales. TGN estima que esta obra facilitará una sustitución de importaciones por aproximadamente 700 millones de dólares, es decir, lo que ahora se compra en el exterior dejará de ingresarse cuando la tubería esté operativa. Paralelamente, la iniciativa desbloqueará exportaciones por 450 millones de dólares, fundamentalmente dirigidas hacia Brasil, país que emerge como destino prioritario para colocación de gas argentino. El mecanismo de exportación opera de la siguiente manera: el gas argentino transitaría por territorio nacional hacia la frontera compartida con Bolivia, desde donde se proyecta hacia el oeste brasileño, territorio donde existe demanda creciente de fuentes energéticas confiables. Brasil enfrentará así la oportunidad de reducir importaciones de gas licuado y contará con alternativas más predecibles para años en que la generación hidroeléctrica se ve comprometida por fenómenos de sequía. Esta dinámica revela cómo proyectos de escala nacional pueden articularse con dinámicas de integración regional.
Competencia y participantes en la cadena de valor
La ejecución del proyecto abrirá espacios de negocios para múltiples actores en la cadena de valor. Techint, el conglomerado industrial de origen argentino con alcance multinacional, se posiciona como proveedor potencial de tubería a través de su filial Tenaris, especializada en caños de acero para aplicaciones de transporte de hidrocarburos. La división de ingeniería y construcción del mismo grupo, Techint Ingeniería y Construcción, competirá por la asignación de obras civiles. Estos actores enfrentan un escenario de recomposición tras atravesar un período donde perdieron algunas licitaciones en el segmento. Este proyecto representa una oportunidad de reposicionamiento competitivo. Más allá de estos proveedores, la industria extractiva de Vaca Muerta accederá a un mecanismo de competencia abierta para determinar cuáles empresas productoras podrán utilizar la tubería. A fines de septiembre está programada la apertura de un proceso de convocatoria destinado a medir la capacidad de reserva de espacio en la tubería entre productores interesados. Operadores como Total Energies, Pluspetrol y Pampa Energía —empresas que ya cuentan con exploraciones y vínculos desarrollados con el mercado brasileño— podrán presentar ofertas junto a Tecpetrol y CGC.
Cabe señalar que la decisión de inversión fue tomada por TGN en un contexto donde la concesión que la empresa posee sobre la red nacional de gasoductos tiene fecha de vencimiento establecida en diciembre de 2027. Hasta el momento, las autoridades competentes aún no han expedido una prórroga formal de esa concesión, lo cual constituye un interrogante pendiente en el marco institucional. Pese a esta incertidumbre respecto del plazo de operación futuro, la compañía avanza con el desembolso, señal que refleja confianza en la continuidad del marco regulatorio o negociaciones de fondo que aún no trascienden públicamente.
Los desdoblamientos de esta iniciativa se extienden más allá de los márgenes de ganancia empresarios o el horizonte de corto plazo. La convergencia de inversiones en infraestructura energética, integración con mercados regionales, sustitución de importaciones y acceso a tecnología de transporte configura un escenario donde diferentes actores —desde gobiernos locales hasta productores independientes, desde consumidores industriales hasta economías vecinas— encontrarán incentivos para alinearse en torno a objetivos comunes. Sin embargo, permanecen abiertos interrogantes sobre la viabilidad de mantener los cronogramas en un contexto de volatilidad macroeconómica, los efectos distributivos de esta concentración de decisiones en manos de pocos accionistas, y la capacidad de que los beneficios fiscales derivados se distribuyan equitativamente entre jurisdicciones. Las próximas etapas del proyecto, desde la licitación de capacidad hasta la finalización de obras, proveerán información concreta sobre cómo se resuelven estas tensiones.
