Una operación encubierta con ramificaciones en al menos cuatro países europeos quedó al descubierto cuando las autoridades de Lituania formalizaron cargos contra 13 personas acusadas de planear dos homicidios en la capital, Vilna, en nombre del GRU, el servicio de inteligencia militar de Rusia. No se trata de un incidente aislado ni de una sospecha sin sustento: hay detenidos, hay pruebas, hay víctimas que por poco no llegaron a contarlo. El episodio ilumina la dimensión real de una guerra que no se libra únicamente en las trincheras del este de Ucrania, sino también en las calles de ciudades europeas que muchos todavía consideran seguras. Lo que está en juego es la estabilidad del continente, la vida de activistas y disidentes, y la capacidad de los Estados democráticos para defenderse de una amenaza que no usa uniformes.
Una red transnacional con firma rusa
El jefe de la policía lituana, Saulius Briginas, fue contundente al describir lo que su fuerza desarticuló: una estructura criminal que operaba en función de los intereses del GRU ruso y que tenía objetivos concretos en territorio lituano. Las dos víctimas designadas eran personas que, de maneras distintas, representaban una amenaza simbólica para Moscú: un activista lituano que recaudaba fondos en apoyo a Ucrania, y un ciudadano ruso de origen bashkir —una minoría étnica del interior de Rusia— conocido por su militancia en defensa de los derechos de esa comunidad. Ambos sobrevivieron. Pero la trama no terminaba allí.
Según las investigaciones, los mismos sospechosos estarían detrás de un ataque incendiario contra equipamiento militar con destino a Ucrania, perpetrado en Bulgaria, y de actividades de espionaje dirigidas contra las Fuerzas Armadas de Grecia. Varios de los implicados fueron arrestados en Lituania en marzo de este año. El patrón es claro: se trata de acciones de sabotaje y desestabilización que apuntan a los aliados de Ucrania dentro de la Unión Europea, coordinadas desde las sombras y ejecutadas por agentes encubiertos o colaboradores locales captados con dinero o presiones. "Estamos ante crímenes de estilo híbrido contra países de la Unión Europea, su seguridad nacional y las personas que actúan en apoyo de Ucrania", sintetizó Briginas.
No es la primera vez que Lituania señala al GRU como responsable de operaciones en suelo europeo. En el pasado, ese mismo organismo fue vinculado a explosiones en paquetes enviados a distintos países del continente, a un intento de incendio en una tienda IKEA y a un ataque contra una fábrica que provee escáneres de radio al ejército ucraniano. El Ministerio de Defensa ruso, del que depende la inteligencia militar, no respondió ante las consultas sobre el caso. Moscú niega sistemáticamente cualquier participación en estas operaciones, aunque en varios países —incluyendo el Reino Unido— ya existen condenas judiciales firmes y confesiones de participantes que admitieron haber actuado a sueldo de operadores rusos.
El frente de batalla se extiende más allá del Dniéper
Mientras la diplomacia y el espionaje libran su guerra silenciosa, el conflicto armado en Ucrania siguió cobrando vidas en las últimas horas. Un ataque con drones rusos antes del amanecer sobre Odesa, ciudad portuaria del sur del país, dejó 14 heridos, entre ellos dos menores de edad. Los aparatos golpearon zonas residenciales e infraestructura civil, según confirmó el titular de la administración municipal, Serhii Lysak. Cinco de los heridos, la mayoría con lesiones por metralla, debieron ser hospitalizados. En sentido inverso, un ataque de drones ucranianos sobre la región de Kherson —bajo ocupación rusa— mató a dos personas de alrededor de 70 años en la localidad de Dnipriany, según informó el gobernador impuesto por Moscú, Vladimir Saldo.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, ofreció un balance devastador de la semana: Rusia lanzó aproximadamente 1.900 drones de ataque, cerca de 1.400 bombas aéreas guiadas de alto poder y alrededor de 60 misiles de distintos tipos sobre territorio ucraniano en el transcurso de siete días. La magnitud de ese arsenal subraya el ritmo sostenido de la ofensiva rusa y la presión constante sobre la capacidad defensiva ucraniana. En respuesta, Ucrania continuó atacando con drones y misiles de largo alcance las terminales petroleras y refinerías ubicadas en territorio ruso, con el objetivo de erosionar la economía que financia la guerra. Analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, verificaron mediante imágenes geolocalizadas al menos 10 ataques contra infraestructura energética rusa en las últimas dos semanas.
En ese contexto, Zelenski también anunció una expansión masiva del programa de robots terrestres autónomos, dispositivos capaces de transportar suministros, evacuar soldados heridos y operar armas automáticas. Ucrania tiene previsto incorporar 25.000 unidades de estos sistemas durante el año en curso, el doble de lo desplegado en 2024, con perspectivas de seguir creciendo. La modernización tecnológica del conflicto avanza a una velocidad que transforma las doctrinas militares tradicionales. Paralelamente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que su gobierno tiene planes de construir una "armada de drones" con asistencia ucraniana, para reforzar la defensa tanto de Polonia como del resto del continente europeo.
Financiamiento occidental y tensión diplomática con Israel
En el plano financiero e institucional, Zelenski destacó una serie de avances significativos para su país: los socios de la OTAN que no incluyen a Estados Unidos acordaron un mecanismo para adquirir armamento estadounidense destinado a Ucrania; la Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros —equivalente a unos 106.000 millones de dólares— para sostener el esfuerzo bélico ucraniano; y el bloque europeo avanzó en la imposición de nuevas sanciones contra Moscú. Este paquete de medidas representa un espaldarazo político y económico de envergadura en un momento en que la resistencia ucraniana depende en buena medida del apoyo externo sostenido.
Sin embargo, no todo fue consenso en el frente diplomático. El canciller ucraniano, Andriy Sybiga, convocó al embajador israelí en señal de protesta formal por el arribo a un puerto israelí de un cargamento que supuestamente incluía cereales cosechados en territorios ucranianos bajo ocupación rusa. Ucrania había alertado sobre una situación similar en abril, cuando un buque ruso descargó en Haifa granos que, según Kyiv, provenían de zonas ocupadas. "Es difícil comprender la falta de respuesta adecuada de Israel", señaló Sybiga, advirtiendo que la recepción de esos productos perjudica las relaciones bilaterales. El canciller israelí, Gideon Saar, rechazó el tono público de la denuncia pero indicó que "el asunto será examinado", subrayando que Israel es un Estado que respeta el Estado de derecho. La Unión Europea ya había señalado en 2024 que existían evidencias de que Rusia se apropiaba ilegalmente de grandes volúmenes de cereales en los territorios ucranianos que ocupa y los comercializaba en mercados internacionales como si fueran de origen ruso.
La multiplicación de frentes —militar, tecnológico, financiero, diplomático y de inteligencia— dibuja un escenario de guerra total que excede con creces los límites geográficos del conflicto original. Las implicancias de lo ocurrido en Lituania son difíciles de subestimar: si una red vinculada al GRU pudo operar simultáneamente en cuatro países europeos, planear asesinatos, organizar sabotajes y recabar información militar sin ser detectada hasta hace poco, la pregunta sobre cuántas operaciones similares siguen activas es inevitable. Para los gobiernos europeos, el episodio lituano puede servir de alerta temprana y acelerar la coordinación en materia de contrainteligencia. Para Moscú, en caso de confirmarse su autoría, implica un nuevo costo reputacional y diplomático. Para los activistas, periodistas y disidentes que viven en el exilio, el mensaje es tan antiguo como brutal: ninguna frontera garantiza inmunidad total. Y para el propio conflicto ucraniano, cada escalada en cualquiera de sus dimensiones aleja la perspectiva de una salida negociada a corto plazo.
