El Sahel africano volvió a encenderse con una intensidad que sorprendió incluso a los analistas más experimentados en conflictos de la región. Lo que ocurrió en Mali durante los últimos días no es un episodio más de la larga espiral de violencia que azota al continente desde hace décadas: es un punto de inflexión. Una ofensiva combinada, meticulosamente planificada, puso en jaque a un régimen militar que ya venía mostrando grietas profundas, elevó el nivel de amenaza a cotas nunca vistas y dejó al descubierto las limitaciones de un modelo de seguridad que apostó por la presencia de mercenarios extranjeros como sustituto de una política de Estado coherente. Lo que cambia, fundamentalmente, es la percepción de invulnerabilidad que el gobierno de Assimi Goïta había construido con tanto esfuerzo desde que tomó el poder en 2021.

Una ofensiva que no fue improvisada

El ataque coordinado lanzado el fin de semana pasado por Jama'at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), el principal grupo yihadista vinculado a Al Qaeda que opera en la región, junto a sus aliados del movimiento separatista tuareg, no surgió de la nada. Fue el resultado de meses de planificación táctica y estratégica. Las fuerzas atacantes combinaron emboscadas en rutas clave, vehículos bomba, drones y armamento convencional con una coordinación que recordó a las operaciones militares de ejércitos regulares. El resultado fue devastador: decenas de bajas entre las filas gubernamentales y los mercenarios rusos que los apoyan, toma de territorios estratégicos y, sobre todo, un impacto simbólico de proporciones mayúsculas.

Entre los muertos se contó al propio ministro de Defensa, Sadio Camara, eliminado en un atentado suicida ejecutado contra su residencia en Kati, ciudad de guarnición de importancia central para el aparato militar maliense. También cayó el jefe de inteligencia militar. El aeropuerto internacional de Bamako sufrió ataques directos. Y, en lo que quizás sea el golpe más resonante, los combatientes de JNIM junto a separatistas tuareg tomaron el control de Kidal, una ciudad norteña de alto valor estratégico y simbólico. Las fuerzas gubernamentales huyeron. Un contingente de mercenarios rusos, que supuestamente debían ser el escudo del régimen, se rindió sin combate prolongado. Ese detalle no es menor: revirtió una victoria que la junta había celebrado apenas tres años atrás cuando recuperó esa misma ciudad.

Para entender la magnitud del hecho, hay que considerar que la presencia de combatientes privados vinculados al grupo ruso conocido como Wagner —hoy reorganizado bajo otras denominaciones tras la muerte de su fundador Yevgueni Prigozhin en 2023— había sido presentada como un factor disuasorio de primer orden. El gobierno de Goïta expulsó a las fuerzas francesas y a la misión de la ONU (MINUSMA), que operó entre 2013 y 2023, para reemplazarlas con estos efectivos rusos. La lógica era sencilla: mano dura, sin condicionamientos por derechos humanos, con respaldo del Kremlin. Esa apuesta, al menos por ahora, mostró sus límites más crudos.

El Sahel como laboratorio del caos

La franja saheliana —esa enorme extensión que corre por debajo del Sahara desde el Atlántico hasta el océano Índico— acumula desde hace al menos una década una combinación de factores que los especialistas en seguridad describen como un caldo de cultivo perfecto para el extremismo violento. La pobreza estructural es uno de ellos: Mali figura sistemáticamente entre los países con menor índice de desarrollo humano del planeta. La inestabilidad política es otro: desde 2012, el país ha atravesado múltiples golpes de Estado, crisis institucionales y colapsos de autoridad en vastas zonas del territorio. A esto se suma una historia de conflictos que dejó circulando enormes cantidades de armamento sin control estatal alguno.

Los números hablan por sí solos: el año pasado, casi el 70% de las muertes provocadas por el terrorismo en todo el mundo se concentró en apenas cinco países, y tres de ellos pertenecen al Sahel. No es una casualidad ni un destino: es el resultado de décadas de decisiones políticas fallidas, intervenciones internacionales que no lograron sus objetivos y gobiernos que nunca terminaron de construir presencia real fuera de sus capitales. Las misiones de Francia, Estados Unidos y Naciones Unidas entre 2012 y 2022 fracasaron una tras otra. Hoy, prácticamente ninguna potencia externa muestra entusiasmo por volver a involucrarse.

En ese vacío operan grupos como JNIM con una lógica que combina la coerción con la provisión de servicios básicos que el Estado nunca llegó a dar. Donde no hay escuelas, ellos construyen mezquitas. Donde no hay justicia, imponen la suya. Donde no hay caminos seguros, cobran peaje y garantizan el paso. Este modelo, heredero de las estrategias aplicadas por Al Qaeda en otras regiones del mundo, prioriza el control de poblaciones sobre la conquista territorial en sentido clásico. Controlar comunidades significa reclutar jóvenes, financiarse con el contrabando que fluye por las rutas que dominan y expandir la influencia ideológica desde las mezquitas. La expansión no es un objetivo secundario: es la razón de ser del proyecto.

¿Bamako en riesgo? Lo que dicen los analistas

Jean-Hervé Jezequel, director del proyecto Sahel del International Crisis Group, calificó lo ocurrido como "una escalada mayor en el conflicto, una nueva etapa alcanzada por los grupos armados en la estrategia que los ha impulsado en los últimos años a atacar los principales centros urbanos de Mali". La descripción es técnica pero la implicancia es enorme: ya no se trata de guerrilla rural. El objetivo declarado son las ciudades. Por su parte, Ulf Laessing, responsable del programa Sahel de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania y radicado en Bamako, aportó una perspectiva de largo plazo: JNIM no necesariamente busca derrocar al régimen de manera inmediata. Lo que persigue es construir un enclave propio dentro del territorio maliense donde pueda consolidar una suerte de proto-Estado con autonomía real, similar a lo que el grupo sirio HTS construyó en Idlib antes de lanzar la ofensiva que terminó con el gobierno de Bashar al-Assad a fines de 2024.

Esa comparación con Siria no es caprichosa. Cuando los ataques de verano pasado golpearon bases militares y ciudades importantes de Mali y la vecina Burkina Faso, varios observadores ya habían señalado el paralelo con lo ocurrido en territorio sirio. La caída de Assad en diciembre de 2024 demostró que regímenes que parecían inamovibles podían colapsar con una velocidad inesperada cuando la acumulación de presiones alcanza un punto crítico. Laessing fue preciso al señalar que los grupos islamistas están "probando los bastiones de los regímenes en todas partes" y que, si bien no cree que Bamako vaya a caer en lo inmediato, sí considera que JNIM tiene capacidad para "poner de rodillas a los gobiernos, negociar con ellos y forzarlos a adoptar más de su ideología". La estrategia, resumió, es de largo plazo: "Pueden simplemente esperar a que la autoridad del Estado se erosione aún más".

La alianza táctica con los separatistas tuareg, una minoría étnica del norte con larga historia de enfrentamientos con el poder central de Bamako, responde a una lógica que Al Qaeda lleva años promoviendo: construir puentes con comunidades locales, aunque sea de manera instrumental. Los analistas coinciden en que esa coalición difícilmente sobreviviría a una eventual victoria conjunta: los objetivos de los tuareg —autonomía política, reconocimiento cultural— son incompatibles con el proyecto teocrático de JNIM. Por ahora, sin embargo, el enemigo común los une.

Las consecuencias de lo ocurrido en Mali se proyectan en múltiples direcciones. Para el régimen de Goïta, la presión interna aumentará si no logra revertir la imagen de debilidad que dejaron estos días. Para los países vecinos como Burkina Faso y Níger, que también viven bajo juntas militares y enfrentan amenazas similares, la situación en Mali es una señal de alarma directa. Para las potencias externas que alguna vez apostaron a la estabilización de la región, el fracaso acumulado deja pocas opciones claras sobre la mesa. Y para las poblaciones civiles atrapadas en el medio —las que siempre pagan el precio más alto en cualquier conflicto— el horizonte inmediato no ofrece más que incertidumbre. Lo que ocurra en los próximos meses definirá si Mali se encamina hacia una negociación forzada, un colapso gradual o algo todavía más impredecible.