Una explosión deliberada sobre la carretera Panamericana, en el departamento del Cauca, en el suroeste colombiano, sacudió al país en un momento de máxima tensión política. Veinte personas murieron y otras 36 resultaron heridas tras la detonación de un artefacto explosivo el sábado pasado, que destruyó colectivos y camionetas que transitaban por la ruta. El ataque no es un hecho aislado: se produce a poco más de un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en un contexto donde la seguridad se convirtió en el eje central del debate electoral. Lo que cambió con esta masacre es la escala del horror: ya no se trata de amenazas o intimidaciones puntuales, sino de una acción armada que mató a civiles en una arteria vial de uso cotidiano.
Cómo fue el ataque y qué dejó en el terreno
Según informaron las autoridades militares colombianas, los responsables del atentado bloquearon primero el tránsito utilizando un colectivo y otro vehículo para detener la circulación en la vía. Una vez inmovilizada la caravana de vehículos, activaron el explosivo. El resultado fue devastador: un cráter de 200 metros cúbicos en medio de la calzada, varios automóviles volcados por la onda expansiva y un tendal de víctimas entre quienes viajaban en los rodados. El gobernador del departamento, Octavio Guzmán, no tuvo reparos en calificar el hecho como el ataque más brutal y despiadado contra la población civil que sufrió la región en décadas. Entre los fallecidos se contaron quince mujeres y cinco hombres, todos adultos. Cinco menores de edad fueron heridos, aunque según informó el propio mandatario provincial, se encuentran fuera de peligro. Tres personas permanecían en terapia intensiva al momento de los últimas informaciones disponibles.
El jefe militar Hugo López describió el operativo con precisión en una conferencia de prensa: fue un ataque terrorista contra la población civil, sin ningún tipo de ambigüedad. Ese lenguaje directo marca un contraste con la retórica habitual de las negociaciones de paz, que el gobierno de Gustavo Petro intentó sostener con distintos grupos armados durante los últimos años. La fuerza del golpe físico se corresponde ahora con un golpe político de proporciones similares.
La sombra de Iván Mordisco y las Farc disidentes
El presidente Petro, en declaraciones públicas realizadas a través de la red social X, señaló directamente como responsable del atentado a quien se conoce bajo el alias de Iván Mordisco, considerado el criminal más buscado de Colombia. Mordisco lidera una facción disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero que firmó un acuerdo de paz con el Estado colombiano en 2016 pero cuya rama rechazó ese proceso y continuó operando militarmente en el sur del país. Petro llegó a comparar a Mordisco con Pablo Escobar, el histórico capo del narcotráfico que durante los años ochenta y noventa sembró el terror en Colombia con una campaña de atentados que incluyó coches bomba, asesinatos de candidatos presidenciales y la destrucción de un avión comercial con pasajeros a bordo. La comparación no es caprichosa: apunta a instalar en el imaginario colectivo la magnitud del peligro que representa este actor armado.
El ataque del sábado no fue el único. Un día antes, el viernes, una explosión en una base militar ubicada en Cali, la tercera ciudad más grande del país, hirió a dos personas. En total, según el reporte del jefe militar López, 26 ataques fueron registrados en apenas dos días entre los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. Frente a ese cuadro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el refuerzo de la presencia militar y policial en ambas zonas. La respuesta estatal busca contener lo que parece ser una ofensiva coordinada en un período de especial vulnerabilidad institucional.
Elecciones bajo fuego: la violencia como herramienta de poder
Colombia arrastra una historia profunda y documentada de grupos armados que intentan condicionar los procesos electorales a través del miedo. Esto no es nuevo: durante décadas, paramilitares, guerrillas y carteles del narcotráfico intervinieron en distintas elecciones mediante amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos de candidatos y líderes sociales. Lo que se observa ahora es una reactualización de esa práctica en un contexto donde las negociaciones de paz impulsadas por Petro con varios de esos grupos quedaron estancadas o directamente fracasaron. Las facciones disidentes de las FARC, que nunca aceptaron el acuerdo del 2016, encontraron en este período preelectoral una ventana de oportunidad para demostrar su capacidad de daño.
La campaña electoral del 31 de mayo transcurre bajo una presión inédita. El año pasado, el candidato conservador Miguel Uribe Turbay, que encabezaba las encuestas, fue baleado a plena luz del día mientras hacía campaña en Bogotá. Ese hecho conmocionó al país y puso en primer plano la fragilidad de las garantías electorales. Actualmente, los tres principales candidatos que compiten para suceder a Petro realizan sus actividades proselitistas bajo esquemas de seguridad reforzados y reconocen haber recibido amenazas de muerte. El senador izquierdista Iván Cepeda, impulsor de la política de diálogo con grupos armados que caracterizó al gobierno saliente, lidera los sondeos de intención de voto. Lo siguen los candidatos de derecha Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, ambos con plataformas que proponen una postura de confrontación directa con las organizaciones rebeldes. Las diferencias de fondo sobre cómo encarar la cuestión de la seguridad no podrían ser más marcadas.
Posibles consecuencias de una masacre que no puede ignorarse
Lo que suceda en las próximas semanas dependerá de varios factores que hoy se encuentran en tensión. Por un lado, el atentado podría fortalecer el respaldo a las candidaturas que proponen una respuesta militar más contundente frente a los grupos disidentes, algo que las encuestas ya venían reflejando como una preocupación creciente entre el electorado. Por otro, el hecho podría relanzar el debate sobre si la política de negociación tiene aún algún margen real de viabilidad, o si los hechos la clausuraron definitivamente. También existe la posibilidad de que la violencia creciente deprima la participación electoral en zonas rurales del sur del país, donde el control territorial de las facciones armadas es más efectivo y el miedo opera como un condicionante concreto del voto. En cualquier escenario, la masacre en la Panamericana instala una pregunta que la política colombiana deberá responder antes del 31 de mayo: cómo garantizar elecciones libres cuando el territorio sigue siendo un campo de disputa armada.
