El sistema judicial argentino vuelve a enfrentarse a una paradoja incómoda: la carrera contra el tiempo que define buena parte de los procesos de corrupción. Este viernes, el Tribunal Oral Federal 5 realizó una maniobra procesal que concentra toda la tensión de un expediente de 15 años: suspendió parcialmente las declaraciones finales de los acusados en el juicio por Sueños Compartidos y corrió el pronunciamiento del veredicto para el próximo lunes. Esa decisión, aparentemente técnica, esconde una realidad mucho más turbulenta: el fallo quedará colgado de un hilo temporal. Una sola jornada después, el martes, se cumplirán seis años desde la segunda citación formal a debate, fecha que marca el inicio del plazo de prescripción según la interpretación de la acusación. Después de eso, para la mayoría de los investigados, la causa desaparecería como si nunca hubiera existido.

Quince años de investigación en la cuerda floja

La historia de este expediente es la crónica de una dilación casi incomprensible. Los primeros movimientos datan de 2011. Para llegar a la fase de debate oral tuvieron que esperar hasta marzo de 2026, casi andando el tercer lustro desde su apertura. Mientras tanto, como un reloj de arena que no se detiene, transcurría el tiempo que la ley establece como límite máximo para que un delito de administración fraudulenta pueda ser juzgado. Ese plazo máximo es de seis años. El drama radica en cuándo comienza a contarse.

Los abogados defensores de los acusados defienden una tesis: el contador comenzó a andar en julio de 2020, cuando hubo una primera citación al debate que posteriormente fue anulada. Si ese argumento prospera, la prescripción ya habría operado hace tiempo. Sin embargo, el fiscal Diego Velasco, quien sostiene la acusación, rechaza esa interpretación. Para él, lo relevante es la segunda convocatoria formal, la que quedó firme: 15 de septiembre de 2020. Desde esa fecha hasta el próximo martes transcurren exactamente seis años. El tribunal debe resolver esta cuestión de fondo antes de fallar, porque si prevalece la tesis de la defensa, los jueces no podrían condenar a nadie. Si prevalece la del fiscal, tienen un margen temporal mínimo para emitir la sentencia.

Los acusados en la mira y las penas solicitadas

El banquillo de los acusados aloja a figuras de primer nivel del gobierno kirchnerista. Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, afronta esta causa con particular vulnerabilidad: de prosperar la acusación, sumaría una sexta condena a su historial penal. José López, quien fuera secretario de Obra Pública, comparte una situación similar. Los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, que actuaron como apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, se encuentran en el ojo de la tormenta como gestores centrales del programa de viviendas. Completan el cuadro de imputados principales el subsecretario Abel Fatala y varios funcionarios provinciales: Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano.

Las penas que el fiscal ha solicitado varían según el grado de participación atribuido. Para De Vido, López, Fatala y los Schoklender, Velasco ha pedido seis años de prisión. Para los funcionarios provinciales, considerados cómplices secundarios, la solicitud es de cuatro años. El fiscal sostiene que el programa de viviendas, lejos de ser una iniciativa transparente, fue un conducto para desviar recursos. Según su teoría del caso, al menos un 20% del presupuesto asignado se esfumó por irregularidades cometidas bajo la supervisión de los Schoklender. La cifra, aunque porcentualmente moderada en apariencia, representa una cantidad significativa de dinero público destinado a un sector vulnerable de la población.

La gestión de la Fundación Madres de Plaza de Mayo estuvo bajo la dirección de Hebe de Bonafini hasta su muerte en 2022. Ella también había sido imputada en este caso, pero la muerte extinguió la acción penal respecto de su persona. En 2024, Argentina vivió el impacto de su fallecimiento: la presidenta de la organización emblemática de los derechos humanos durante los últimos cuarenta años dejaba un legado complejo, donde se entrecruzaban su lucha histórica contra la dictadura militar con estas acusaciones de malversación durante su ejercicio de la función pública.

Las últimas palabras y el mensaje velado

Este viernes, cuando se suponía que todos los acusados rendirían sus declaraciones finales antes de que el tribunal se retirara a deliberar, solo uno se presentó ante los jueces. Sergio Schoklender fue quien utilizó esa plataforma de la audiencia para dirigirse al tribunal. Su intervención no fue una confesión ni un pedido de clemencia, sino una defensa del programa que administró. Schoklender aprovechó para reivindicar la envergadura de la iniciativa de viviendas, resituando su gestión como positiva para el colectivo al que fue destinada. Pero el momento incluyó una dosis de confrontación política. En medio de sus argumentaciones, Schoklender realizó una alusión sarcástica y peyorativa a Cristina Kirchner, expresidenta de la Nación. Reformuló una frase célebre de Kirchner —quien en su indagatoria en la causa Vialidad afirmó que "la historia me va a absolver"— invertiendo su significado con una expresión despectiva. Esa mención, aunque lateral en su declaración, evidencia cómo los expedientes judiciales se hilvanan con la contienda política más amplia. Kirchner, condenada a seis años de prisión en esa otra causa, representa para algunos una versión simétrica de la acusación que ahora pesa sobre los Schoklender.

La postergación de las restantes declaraciones al lunes implica que el ritual procesal se dilata. Las últimas palabras de los imputados constituyen un derecho reconocido en el sistema procesal penal: el acusado debe tener oportunidad de dirigirse directamente a los jueces antes de que estos se retiren a una sala privada para deliberar. Una vez que esas intervenciones concluyen, la ley establece que la sentencia debe sobrevenir. Los jueces del TOF 5 —Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg— han tejido un cronograma que les permite utilizar el fin de semana para revisar la documentación masiva del caso, tal como lo explicó una fuente vinculada al tribunal. La complejidad material del expediente es innegable: quince años de investigación, miles de folios, testimonios variados, documentación financiera. Pero la geografía temporal de esa dilación es lo que genera inquietud.

El martes como punto de no retorno

La prescripción no es un tema menor en la administración de justicia. Es, de hecho, uno de los puntos de fricción permanente entre quienes creen que debe ser una garantía de seguridad jurídica para el acusado —permitiéndole que después de cierto tiempo, el Estado no pueda perseguirlo indefinidamente— y quienes la perciben como una salida fácil para los poderosos, que pueden dilatar los procesos hasta que el reloj legal se agote. En el caso Sueños Compartidos, esa tensión alcanza su máxima expresión. La causa tiene todas las características de un litigio que fue lento no por ineficiencia de los operadores judiciales exclusivamente, sino porque atravesó cambios de gobiernos, reestructuraciones institucionales y los tiempos propios de las instituciones.

El tribunal debe resolver, además de condenar o absolver, la cuestión previa sobre la prescripción. Si los jueces consideran que la causa ya ha prescripto, no podrían emitir condena, aunque los hechos investigados sean considerados probados. La decisión sobre cuándo comienza a contar el plazo de prescripción es de índole jurídica pura: se trata de una interpretación del Código Penal y de los principios procesales que rigen en Argentina. Pero esa interpretación tendrá consecuencias políticas y simbólicas que exceden lo meramente técnico. Si prescriben, la sensación será la de una impunidad facilitada por la dilación. Si no prescriben y hay condenas, la sociedad verá que el sistema, aunque lento, finalmente ejecutó sanciones. La apuesta del tribunal al dividir las audiencias y correr el fallo hasta el lunes es, en definitiva, tratar de resolver dentro del tiempo disponible. Pero es un juego de centímetros.

Implicancias y escenarios prospectivos

Las consecuencias de este juicio trascienden a los individuos acusados. Para la institución judicial argentina, representa un test sobre su capacidad de resolver casos de corrupción de alto perfil antes de que se extingan por el paso del tiempo. Para la sociedad civil, es un indicador de si efectivamente existen mecanismos para investigar y castigar irregularidades en programas de vivienda social que afectan a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Para los justiciables en general, la forma en que se resuelva la cuestión de la prescripción sentará precedente sobre cómo se interpretan los plazos en casos similares. Los diferentes actores —las defensas de los acusados, la fiscalía, los jueces— tienen incentivos divergentes respecto de cómo se resuelva. Las organizaciones de derechos humanos, particularmente significativas por la conexión con la Fundación Madres, también permanecen atentas al desenlace. La vía que el tribunal elija —si confirma la tesis fiscal o la de la defensa sobre la prescripción— impactará en futuros litigios y en la percepción sobre qué tan disponible está el aparato punitivo del Estado para perseguir hechos de corrupción administrativa.