El 18 de julio dejó de ser una fecha cualquiera hace tres décadas. Aquel día de 1994, una explosión arrasó con la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina ubicada en Once, transformando un edificio en escombros y sembrando la interrogante sobre cómo una sociedad que se proclamaba democrática permitía que semejante tragedia ocurriera. Ochenta y cinco vidas cesaron, más de trecientos cuerpos quedaron heridos, y un país entero tuvo que enfrentar una pregunta incómoda: ¿qué había permitido que llegáramos hasta allí? Tres décadas después, esa pregunta sigue resonando en las instituciones, y la respuesta que emerge de los espacios de poder sugiere que el trabajo de memoria no es un lujo sino una exigencia para cualquier sistema que se considere democrático. Lo que cambió, o al menos lo que intentó cambiar en estos años, fue la capacidad de las instituciones para reconocer que ese atentado no fue un accidente histórico sino el síntoma de algo más profundo: una sociedad donde el prejuicio había echado raíces.
Cuando los guardianes de la justicia se sientan a reflexionar
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se congregaron voces que, en teoría, portan la responsabilidad de mantener viva la arquitectura institucional de tres naciones. No fue una actividad menor ni un evento de ceremonial rutinario. El Congreso Judío Latinoamericano convocó a una jornada de reflexión donde convergieron magistrados desde Uruguay, Paraguay y Argentina. Entre ellos, Horacio Rosatti, quien encabeza la Corte Suprema de Justicia argentina, pronunció palabras que tocaban el núcleo de la cuestión: la democracia no se define únicamente por el gobierno de la mayoría, sino por la manera en que esa mayoría se relaciona con quienes están fuera del poder, con los vulnerables, con los diferentes. La afirmación tiene implicancias profundas. Si aplicamos esa lógica, entonces una democracia que tolera la discriminación sistemática, que permite que el odio se cultive en espacios públicos sin consecuencias, es en realidad una democracia defectuosa, incompleta, amenazada desde adentro.
Leandro Vergara, decano de la casa de estudios que albergaba el encuentro, añadió una dimensión crucial: el odio no entiende de fronteras comunitarias, por lo tanto la resistencia al odio tampoco puede ser responsabilidad de una sola comunidad. Esta observación desplaza el problema del terreno particular al terreno colectivo. No se trata solamente de que los judíos se defiendan del antisemitismo, sino de que toda la sociedad comprenda que un ataque a cualquier minoría es un ataque al principio democrático en sí mismo. El acto de reunirse en una facultad de derecho, en un espacio de construcción teórica y normativa, sugiere que la comprensión de este punto ha ganado territorio en las estructuras del poder judicial.
El camino del odio: de la discriminación a la tragedia
Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, desplegó durante la jornada un análisis histórico que funciona como espejo para cualquier época. Recordó a los presentes que los momentos más terribles de la historia no brotan de la nada, como si fueran fenómenos sobrenaturales. Los estudiosos del Holocausto han documentado exhaustivamente cómo el exterminio industrial de millones de personas no comenzó en las cámaras de gas de Auschwitz sino años atrás, en leyes discriminatorias, en la segregación progresiva, en la normalización del desprecio. Ese proceso incremental es lo que diferencia a una sociedad donde existen prejuicios —cosa inevitable en cualquier agrupamiento humano— de una sociedad donde esos prejuicios se convierten en política, en institucionalización, en violencia. El atentado a la AMIA en 1994 no fue producto de la casualidad sino de un ecosistema donde cierto tipo de odio había encontrado las condiciones para germinar. Treinta años después, traer este análisis a la mesa de discusión en espacios académicos y judiciales representa un acto de resistencia intelectual contra la amnesia.
La intervención de Manuel Ramírez Candia, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Paraguay, complementó esta perspectiva señalando que los actos antisemitas no se agotan en una violación de la libertad religiosa sino que constituyen un ataque múltiple contra un amplio espectro de derechos humanos, particularmente contra la dignidad y la voluntad humanas. Esta lectura amplia del daño causado por la discriminación —ir más allá de lo evidente para ver todas sus ramificaciones— es fundamental para construir defensas institucionales efectivas. Si una sociedad solo ve el antisemitismo como un problema religioso, probablemente implementará soluciones insuficientes. Pero si lo ve como una amenaza contra toda la arquitectura de derechos, entonces la respuesta puede ser más robusta, más transversal.
La impunidad como enemigo de la memoria
Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, introdujo un elemento crucial que tensa toda la conversación: la cuestión de la impunidad. No es suficiente recordar, advirtió. La memoria solo conserva valor político y social cuando se traduce en instituciones fortalecidas y en búsqueda persistente de verdad y responsabilidad. Esta afirmación choca directamente con una realidad que ha acompañado al atentado de 1994: décadas de investigaciones, cambios en los sospechosos, reformulaciones de hipótesis, y, sin embargo, el caso sigue sin resolverse completamente a nivel de sentencias condenatorias definitivas. La presencia de un juez federal haciendo esta declaración sugiere que dentro del mismo sistema judicial existe conciencia sobre las limitaciones del propio sistema, sobre la manera en que la impunidad erosiona la legitimidad de cualquier promesa de justicia.
La intervención de Bernadette Minvielle Sánchez, ministra de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, y la reflexión final de Rosatti confluyeron en un punto: la memoria que importa es aquella que no se queda atrapada en el pasado sino que ilumina el presente y advierte sobre futuros posibles. Rosatti denominó a esto "memoria ejemplar": aquella que, enraizada en hechos históricos, nos enseña a identificar patrones, matrices similares que pueden emerger en contextos diferentes. El Holocausto y el atentado a la AMIA son eventos distintos en escala y forma, pero comparten una lógica: la transformación del prejuicio en acción destructiva. Reconocer esa lógica, enseñarla, mantenerla presente en la conciencia colectiva, es lo que diferencia a una sociedad que aprende de la historia de una sociedad condenada a repetirla.
Más allá de la conmemoración: las implicancias futuras
El hecho de que magistrados de tres naciones se reúnan específicamente para reflexionar sobre antisemitismo y discriminación, tres décadas después de una tragedia, no es un dato anodino. Señala que existe, al menos en ciertos sectores del poder institucional, una comprensión de que la defensa de las minorías no es un asunto marginal sino central para la viabilidad de cualquier sistema democrático. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la distancia que median entre estas reflexiones de élites judiciales y la vida cotidiana de las sociedades en cuestión. ¿Cuánto de lo discutido en una facultad de derecho permea en las decisiones policiales, en las políticas educativas, en la construcción de narrativas públicas? La brecha entre lo que se dice en espacios académicos y lo que ocurre en las calles es frecuentemente abismal. Algunos verán en este encuentro un síntoma positivo de que las instituciones están alertas. Otros lo interpretarán como un ritual que sustituye la acción real. La verdad probable es que contiene elementos de ambas lecturas: hay avances reales en la conciencia institucional, pero también persisten resistencias estructurales a traducir esa conciencia en cambios profundos. Lo que parece indiscutible es que treinta años después del atentado, la pregunta sobre cómo proteger a las minorías y cómo evitar que el odio se institucionalice sigue siendo tan urgente como lo era en 1994.
