El reloj judicial marca los últimos compases de un proceso que ha mantenido en vilo a la sociedad argentina desde hace meses. Después de una pausa de descanso, los tribunales federales de Río Gallegos retoman esta semana lo que constituye la antesala definitiva del veredicto en la causa que investiga responsabilidades institucionales en la desaparición del submarino ARA San Juan y la muerte de sus 44 tripulantes. No se trata de un evento menor en la agenda judicial del país: el desenlace de este proceso podría establecer precedentes sobre cómo la justicia penal examina los incumplimientos en instituciones castrenses y si la negligencia institucional puede ser perseguida penalmente cuando genera consecuencias fatales.
Los cuatro magistrados que conforman el Tribunal Oral Federal —Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini— se preparan para escuchar durante los primeros dos días de la semana los testimonios de especialistas de alto rango de la Armada Argentina. El programa de declaraciones incluye al capitán de navío Arturo Marfort, quien fungió como perito técnico en el Consejo General de Guerra y elaboró un extenso informe que analiza desde las posibles causas del siniestro hasta la secuencia de eventos que precedieron a la tragedia, pasando por los escenarios hipotéticos de lo ocurrido y las condiciones de operatividad de la embarcación en el momento de zarpar. Junto a Marfort compareceran los contralmirantes Gustavo Trama y Alejandro Kenny, más el capitán de navío Jorge Bergallo, quienes integraron la Comisión Asesora que el Ministerio de Defensa conformó en las semanas posteriores a la catástrofe. Estos tres oficiales aportarán sus evaluaciones sobre la documentación disponible, las diversas hipótesis que se han analizado en torno a lo sucedido, y la probabilidad que cada escenario reviste en función de los datos técnicos reunidos.
La semana que cierra una investigación de años
El cronograma de actividades judiciales para esta fase final revela la intensidad con la que se pretende cerrar esta etapa probatoria. Las declaraciones de los peritos técnicos ocuparán lunes y martes. El día miércoles está reservado para una ampliación de indagatoria, mecanismo procesal que permite que los acusados amplíen sus respuestas frente a nuevas pruebas o argumentaciones. Llegado el jueves, se llevará a cabo la denominada "audiencia de familiares", instancia prevista en el ordenamiento procesal penal para que los parientes de las víctimas tengan la oportunidad de expresar sus reflexiones, valoraciones personales y reclamos de justicia ante el tribunal. Esta audiencia constituye un espacio de participación directa de los damnificados en un proceso penal que, aunque no es su responsabilidad dirimir culpas, sí tiene la responsabilidad de considerarlos en su dimensión humana.
Tras estos actos procesales, el engranaje judicial avanzará hacia la fase de argumentaciones finales. La fiscalía expondrá su postura acusatoria el 22 de junio. Al día siguiente, las partes querellantes —que representan intereses específicos en el proceso— presentarán sus alegatos. El 24 de junio corresponderá a la defensa de Claudio Villamide, uno de los cuatro imputados, mientras que los equipos defensores del resto de los acusados tendrán oportunidad de presentar sus argumentaciones ya iniciado el mes de julio. Las contrarréplicas de la acusación están programadas para el 25 de junio. Finalmente, el 8 de julio se prevé que los acusados ofrezcan sus últimas palabras ante los magistrados, tras lo cual quedará expedito el camino para que el tribunal dicte sentencia en una fecha aún por determinarse.
Los antecedentes que pesan en el veredicto
Durante las audiencias anteriores emergieron elementos probatorios que proyectan una sombra importante sobre las imputaciones. La Armada Argentina poseía, según documentación judicial que salió a luz, un diagnóstico técnico detallado de las deficiencias estructurales del submarino con siete meses de anticipación respecto a su hundimiento. El 30 de abril de 2017, el Consejo Asesor del Arma Submarina se reunió en Mar del Plata convocado por las autoridades para evaluar el estado operativo de toda la flota y para analizar el impacto de las restricciones presupuestarias y técnicas que limitaban la capacidad de mantenimiento y sostenibilidad de la fuerza. El acta de esa sesión de trabajo, que fue incorporada al expediente durante el desarrollo del juicio, contenía un catálogo pormenorizado de averías y retrasos en tareas de mantenimiento que tenían incidencia directa en el desempeño del ARA San Juan.
Las fallas documentadas en esa reunión de abril pintaban un cuadro preocupante del estado de la nave. El sistema de refrigeración mediante agua de mar presentaba inconvenientes de funcionamiento. Existían pérdidas en los sistemas hidráulicos. Las filtraciones de aire, detectadas mediante inspecciones técnicas, comprometían la estanqueidad de compartimentos críticos. Los detectores de gases, sistemas de seguridad fundamentales en una embarcación submarina, estaban fuera de servicio. Diversos sensores acusaban fallas. La línea de eje de transmisión generaba ruidos anómalos indicativos de desgaste. Y, en lo que constituye probablemente la irregularidad más grave de toda la lista, existían filtraciones entre un tanque de combustible y un tanque de baterías, un cruce que en ambiente submarino representa un riesgo catastrófico potencial. Que todas estas deficiencias fueran identificadas, documentadas y reportadas en una reunión formal de la institución militar genera interrogantes cruciales sobre qué ocurrió entre esa comunicación de abril y el zarpe de la nave en octubre del mismo año.
Los cuatro oficiales investigados penalmente en este juicio son el contraalmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa. Las acusaciones contra ellos incluyen incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones públicas, omisión de los deberes profesionales derivados de sus cargos, y estrago culposo —figura que refiere a acciones que causan daño a la comunidad— agravado por el resultado de muerte. Los fiscales sostienen que después de que la falla crítica fuera comunicada el 15 de noviembre de 2017, no se aplicaron los protocolos de seguridad establecidos, tales como la orden de navegación en la superficie del océano en lugar de en inmersión, ni se procedió a la convocatoria inmediata de especialistas técnicos para evaluar y reparar los daños antes de continuar operaciones.
El ARA San Juan había abandonado su base de operaciones en Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 en misión de patrullaje rutinario. El submarino navegaba con 44 personas a bordo cuando, una semana después de su partida, se produjo el evento crítico que marcó el comienzo del fin. Pasaría aproximadamente un año antes de que los investigadores lograran localizar el casco de la embarcación a una profundidad de 907 metros en el Atlántico Sur, donde el análisis posterior confirmó que la estructura había sufrido una implosión de las proporciones que resulta prácticamente imposible que haya tenido sobrevivientes. El juicio que ahora entra en su etapa de conclusiones comenzó a desarrollarse el 6 de marzo de este año, momento desde el cual ha mantenido una cadencia de audiencias que ha permitido que decenas de testigos, peritos y expertos presenten evidencia sobre los hechos que condujeron a la tragedia.
Lo que suceda en los próximos días en las salas de los tribunales de Río Gallegos tendrá repercusiones que van más allá del destino particular de los cuatro imputados. El modo en que los magistrados interpreten la normativa penal aplicable al caso, y la manera en que valoren la documentación que comprueba que las fallas fueron conocidas anticipadamente, sentará precedente sobre el alcance de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos militares cuando su negligencia o sus omisiones resulten en pérdidas de vidas. También incidirá en futuras decisiones sobre si las instituciones castrenses pueden ser objeto de investigación penal rigurosa sin que ello se interprete como una interferencia política. Algunos actores considerarán que un veredicto condenatorio representa la afirmación de que nadie, por su rango militar, está exento de responder ante la justicia ordinaria. Otros podrían argumentar que las complejidades técnicas y presupuestarias de la sostenibilidad de una flota submarina no pueden ser reducidas a responsabilidades penales individuales. Lo cierto es que la decisión que próximamente emitirá el tribunal marcará un punto de inflexión en cómo Argentina aborda la rendición de cuentas dentro de sus estructuras de defensa.
