La fotografía de un gobernador rodeado de jefes comunales de diversas extracciones políticas bastó para encender las alarmas en los pasillos del radicalismo bonaerense. Lo que comenzó como una simple actividad de gestión administrativa en los despachos de Casa de Gobierno terminó convirtiéndose en un episodio de clarificación política que expone las tensiones permanentes entre la necesidad de gobernar y la preservación de identidades partidarias en tiempos de fragmentación electoral. El resultado: una declaración contundente de 27 intendentes radicales de Buenos Aires que busca zanjar especulaciones sobre movimientos ocultos hacia un frente amplio encabezado por el gobernador Axel Kicillof.

El escenario del encuentro fue estratégico. En la sede del poder ejecutivo provincial, frente a cámaras y presencia de la prensa, se llevó adelante una ceremonia de firma de contratos de financiamiento que movilizó recursos por encima de los 4.019 millones de pesos. El Banco Provincia, bajo la presidencia de Juan Cuattromo, actuó como gestor de esta operación de capital destinada a equipamiento municipal: maquinarias para obras públicas, vehículos de seguridad y salud, bienes para servicios urbanos. Nada extraordinario en términos administrativos. Sin embargo, el contexto político que envolvía el acto transformó lo rutinario en materia de especulación pública.

La interpretación que nadie pidió

Desde hace meses, Kicillof esgrime la necesidad de construir una coalición lo suficientemente amplia como para enfrentar desde la provincia las políticas implementadas por el gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Esta estrategia no constituye un secreto de estado: ha sido expresada públicamente en múltiples ocasiones, discursos y documentos de la administración provincial. Paralelamente, los jefes comunales de toda la provincia han intensificado sus reclamos respecto de dos cuestiones que consideran neurálgicas: el acceso a financiamiento para sus municipios y la posibilidad de modificar las restricciones sobre reelecciones indefinidas. En este contexto, cualquier encuentro entre el gobernador y dirigentes de otras fuerzas políticas adquiere automáticamente una lectura electoral.

Los intendentes radicales presentes en el acto incluyeron a figuras del peso de Maximiliano Suescun, jefe comunal de Rauch y presidente del Foro de Intendentes Radicales bonaerenses, quien fue de los primeros en salir a cuestionar cualquier interpretación que vinculara la actividad de firma de contratos con movimientos políticos de mayor envergadura. En declaraciones formuladas públicamente, Suescun fue directo: "Fuimos a firmar un leasing. Estamos ocupados en la gestión". La frase, aunque breve, resume la narrativa que los radicales buscaban instalar: esta fue una jornada de trabajo técnico, no una cancha de negociación electoral. También participaron Esteban Santoro, de General Madariaga; Mariel Fernández, de Moreno; Lisandro Matzkin, de Coronel Pringles; Daniel Stadnik, de Carlos Casares; Fernando Moreira, de General San Martín, y Lorena Espina, intendenta interina de José C. Paz.

La defensa de la autonomía radical

Lo verdaderamente significativo no fue solo lo que los intendentes dijeron sino la manera en que organizaron su respuesta. El documento suscripto por la totalidad de los 27 jefes comunales radicales de la provincia constituyó un ejercicio de disciplina partidaria que trascendió las fronteras de lo meramente defensivo. En lugar de limitarse a negar, los firmantes aprovecharon para reafirmar una serie de posicionamientos estratégicos que la UCR bonaerense considera fundamentales para su futuro político. Primero, establecieron con claridad meridiana que no integran ningún esquema electoral traccionado por el gobierno provincial. Segundo, aclararon que tampoco son parte del proyecto político que implementa Milei desde la Casa Rosada. Y tercero, subrayaron que conservan una estrategia propia que rechaza la lógica de "estar con unos o con otros".

El comunicado oficial incluyó un párrafo particularmente relevante respecto del rol que los radicales pretenden jugar en el tablero político actual: "El radicalismo bonaerense tiene identidad, historia y vocación de construcción propia. No creemos en los alineamientos automáticos ni en la lógica de 'estar con unos o con otros'". La afirmación suena como una reivindicación de una tradición que, en términos históricos, ha caracterizado a la UCR en determinados momentos: la capacidad de negociar desde una posición de independencia relativa, sin subordinación automática a fuerzas mayores. Entre los firmantes figuraban dirigentes identificados con distintas corrientes internas: algunos responden a Maximiliano Abad, otros a Maximiliano Pullaro, y otros aún a liderazgos locales sin filiación clara a nivel provincial. Nombres como Miguel Lunghi, Franco Flexas, Francisco Recoulat, Erica Revilla y Esteban Reino respaldan el documento, lo cual sugiere un consenso que trasciende las divisiones internas.

En cuanto al mensaje hacia adentro de la institución, el pronunciamiento también tuvo utilidad: permitió que la UCR bonaerense reafirmara su capacidad de definir posiciones colectivas independientemente de las presiones externas. En un contexto donde la fragmentación política alcanza niveles sin precedentes, donde coaliciones se arman y se desmoronan a velocidad vertiginosa, y donde los incentivos electorales empujan permanentemente hacia alineamientos coyunturales, la declaración del Foro de Intendentes constituye un intento por preservar lo que sus redactores consideran la esencia de la identidad partidaria.

Las implicancias de este episodio se despliegan en múltiples direcciones. Por un lado, evidencia que el gobernador Kicillof mantiene abiertos los canales de diálogo con todos los sectores políticos provinciales, incluso aquellos que en el corto plazo podrían resultar competidores electorales. Por otro, demuestra que los intendentes radicales enfrentan una ecuación compleja: necesitan recursos de las arcas provinciales para gobernabilidad local, pero no pueden permitirse el costo político de ser percibidos como integrados a un proyecto electoral rival. La solución que encontraron fue instrumentalizar el acto en su dimensión estrictamente administrativa, divorciándolo de cualquier contenido político. Ahora bien, la pregunta que permanece abierta es si esta estrategia de separación entre gestión y política resultará sostenible en el mediano plazo, especialmente cuando se aproximen fechas electorales y las presiones por definiciones se intensifiquen. Las negociaciones por el fin de las restricciones a reelecciones indefinidas, que varios intendentes vienen impulsando a través de diferentes canales, podrían transformarse en nuevos puntos de fricción que reabran debates que hoy los radicales prefieren dar por cerrados.