Un patrimonio que creció más rápido que los ingresos

Los números que maneja la Justicia en torno a Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete de la Nación, revelan un escenario económico desconcertante. Mientras desempeñaba su cargo en la función pública con una remuneración que se mantuvo prácticamente estancada durante buena parte del período analizado, el funcionario y su círculo familiar acumularon un conjunto de obligaciones financieras que rozan los US$335.000, adquirieron bienes inmuebles valuados en decenas de miles de dólares y realizaron desembolsos en efectivo que superaban ampliamente lo que había declarado poseer. Esta contradicción es precisamente lo que ha puesto en movimiento a la estructura judicial, que intenta desentrañar cómo fue posible financiar semejante expansión patrimonial con las limitaciones salariales que registran los documentos oficiales.

El punto de partida del acertijo financiero es contundente: al cierre del año 2024, Adorni había declarado ante la Oficina Anticorrupción la tenencia de US$42.500 en efectivo y otros US$6.220,23 alojados en una cuenta en el exterior, lo que sumaba aproximadamente US$48.720. Se trataba de sus ahorros declarados, la base sobre la cual supuestamente debería haber operado durante el año que comenzaba. Sin embargo, apenas avanzado enero de 2025, el registro de movimientos mostró un panorama radicalmente distinto. En cuestión de semanas, Adorni y su esposa habían iniciado una serie de operaciones que consumieron recursos significativamente superiores a lo que la documentación oficial indicaba que poseían. La pregunta que formula el fiscal Gerardo Pollicita es simple pero devastadora: ¿de dónde provinieron esos fondos?

La secuencia de operaciones que rompió el equilibrio

El calendario de transacciones que construyeron los investigadores traza un patrón inquietante. Todo comenzó con un viaje hacia fines de diciembre de 2024, cuando la familia Adorni-Angeletti se dirigió a Aruba. Una agencia de turismo confirmó a la fiscalía que la travesía aérea y la hospedería insumieron US$14.674 en dólares americanos. Se trataba apenas del primer movimiento de una cadena que se aceleraría en los meses subsiguientes. Ya entrada la nueva década de enero, Adorni canalizó US$30.000 hacia la adquisición de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. Paralelamente, desembolsó otros US$30.000 destinados al pago parcial de una obligación hipotecaria que había contraído meses atrás. Sumados estos tres rubros —viaje, departamento, amortización de deuda—, la cifra alcanzaba los US$74.674, cantidad que multiplicaba por más de una vez y media todo lo que había manifestado tener en dólares.

Lo singular de este patrón de gastos radica en que no representaban operaciones aisladas o extraordinarias, sino que formaban parte de un tejido más amplio de compromisos financieros. Durante el lapso investigado, que abarca aproximadamente dos años desde su incorporación a la estructura estatal, Adorni y su cónyuge sumaron a su patrimonio dos inmuebles adicionales: uno en la localidad bonaerense de La Plata y otro en la zona de Exaltación de la Cruz, donde se ubica el country Indio Cua. Ambas adquisiciones fueron materializadas mediante créditos hipotecarios de naturaleza no bancaria, mecanismo que por sí solo genera preguntas adicionales sobre la procedencia y las características de los prestamistas. La estructura de endeudamiento que emergió de estos movimientos alcanzaba montos que oscilaban entre US$100.000 y US$200.000 por operación, cifras que requerían explicaciones coherentes respecto a su origen y capacidad de reembolso.

El salario congelado y la aritmética imposible

Para contextualizar la magnitud del dilema, resulta imprescindible examinar los ingresos que Adorni percibía durante el período en cuestión. Hasta el mes de enero de 2025, cuando se produjo una modificación en su remuneración, el jefe de Gabinete devenga un salario bruto mensual de 3,5 millones de pesos, cifra que se traducía en aproximadamente US$2.400 mensuales al tipo de cambio promedio vigente durante 2024 y buena parte de 2025. Ese mismo mes de enero, su remuneración fue incrementada, duplicándose la cifra anterior. No obstante, durante la mayor parte de los períodos en los que se realizaron las transacciones bajo investigación, los ingresos laborales de Adorni permanecieron atados a esa cifra congelada. La matemática es elemental: con un ingreso mensual equivalente a poco más de dos mil dólares, resulta prácticamente imposible financiar hipotecas de seis cifras, adquisiciones inmobiliarias, viajes internacionales y el mantenimiento simultáneo de múltiples propiedades.

Adorni justificó el origen de fondos para algunas de estas operaciones mediante la fórmula "venta de activos", sin proporcionar detalles específicos sobre cuáles eran esos activos ni cuándo habían sido vendidos. Una búsqueda exhaustiva de la documentación bajo análisis no arrojó evidencia alguna de activos previamente declarados que pudieran corresponderse con tales operaciones. Este aspecto resulta crucial porque introduce una dimensión de opacidad en la cadena de explicaciones que ofrece el funcionario. Si no hay constancia de qué fue vendido, ni cuándo, ni por cuánto, la cadena de causalidad que vincula los ingresos con los gastos permanece irresuelta. La investigación fiscal busca precisamente rellenar esos espacios en blanco mediante el análisis de registros bancarios, documentación inmobiliaria y otra evidencia que permita establecer si existe correspondencia real entre lo que Adorni declara como origen de fondos y lo que efectivamente ocurrió en las operaciones financieras.

Las hipotecas inusitadas y sus prestamistas particulares

Un elemento que ha despertado especial interés en la investigación judicial es la naturaleza de los créditos hipotecarios que Adorni y su esposa contrataron. En lugar de recurrir a entidades bancarias tradicionales —que habrían requerido verificaciones de ingresos, análisis de capacidad de pago y documentación exhaustiva—, la pareja optó por mecanismos de financiamiento privado con perfiles de acreedores que resultan atípicos en operaciones de esta magnitud. La primera hipoteca, por US$100.000, fue suscrita con una mujer retirada de la Policía Federal y su hija. La segunda, por US$200.000, contó con la participación de una jubilada y una afiliada al PAMI como acreedoras. Se trata de individuos cuya situación laboral y patrimonial no sugiere, a primera vista, la capacidad de operar como prestamistas en dólares por montos de centenares de miles de dólares. Esta característica ha llevado a los investigadores a interrogarse sobre si estas operaciones podrían ser parte de mecanismos de financiamiento alternativos, tal vez vinculados a terceros que operaban en la sombra o si simplemente reflejaban conexiones personales de la pareja. El hijo de una de las acreedoras, Pablo Feijoo, incluso declaró ante la Justicia que existe un acuerdo verbal de pagos adicionales por US$65.000 que no aparece documentado en los registros analizados hasta ahora.

Las tasas de interés aplicadas en estos créditos también revisten peculiaridades. Ambas operaciones fueron pactadas con un interés del 11% anual, cifra que se ubicaba dentro de los parámetros de mercado, pero que sumada a los montos adeudados generaba obligaciones de reembolso mensuales que debían sumarse al resto de los gastos corrientes. De acuerdo con lo que documentó la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en las operaciones, las cuotas resultantes del crédito del country implicaban compromisos periódicos significativos. Esta estructura de deuda se superpone con otros gastos fijos que la familia debía afrontar: expensas de las seis propiedades que llegó a poseer —dos en la Ciudad de Buenos Aires, una en el municipio de Morón, otra en La Plata, la casa del country y el departamento de Caballito—, además de impuestos inmobiliarios, patentes y seguros del vehículo que incorporaron en marzo de 2024, servicios básicos, educación de dos hijos menores, telefonía e Internet, entre otros rubros.

El papel de Bettina Angeletti y sus ingresos empresariales

Un aspecto crucial de la pesquisa que la Justicia desarrolla concierne a los ingresos y el patrimonio de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Durante un período considerable, la esposa fue prácticamente invisible en la documentación de la Oficina Anticorrupción. Adorni había incurrido en la omisión de incluir la declaración jurada de su cónyuge en el anexo reservado, lacuna que recién fue subsanada cuando la investigación judicial ya estaba en curso. Una vez que se requirió esa información, emergió un perfil de patrimonio e ingresos que añade capas adicionales de complejidad al caso. Conforme a registros de dominio inmobiliario de la provincia de Buenos Aires, Angeletti figura como titular de la vivienda ubicada dentro del country Indio Cua y de otra propiedad en el municipio de Morón. En la Ciudad de Buenos Aires, ella concluyó de pagar una hipoteca en 2024 vinculada a un departamento que había adquirido en 2008 mediante un crédito del Instituto de Vivienda porteño.

Más significativo aún es lo que la documentación revela respecto a la actividad comercial de Angeletti. Hasta septiembre de 2025, ella había mantenido una afiliación como monotributista, régimen que implicaba ingresos brutos máximos de aproximadamente 7,9 millones de pesos mensuales. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, Angeletti se registró como trabajadora autónoma prestadora de servicios de "coaching ontológico" dirigidos a empresas, entre ellas una naviera que prestaba servicios para la petrolera YPF. Este cambio de categoría elimina cualquier tope de ingresos, permitiendo facturación irrestricta. Lo notable es que estas transiciones en el estatus tributario de Angeletti, así como la magnitud específica de su facturación, permanecen opacas. La Justicia busca ahora determinar cuáles fueron los montos exactos generados por esta actividad de consultoría y si existe relación alguna entre esos ingresos y las operaciones financieras ejecutadas por la pareja.

Deudas que se acumulan y gastos que no cierran

Cuando se examina el estado actual de las obligaciones contraídas por Adorni y Angeletti, emerge un panorama de endeudamiento sustancial que continúa acumulándose. De la primera hipoteca, luego de haber realizado pagos parciales, restan US$70.000 más intereses del 11% anual. La segunda hipoteca, correspondiente al departamento de Caballito, mantiene un saldo de US$200.000, pendiente de cancelarse en noviembre de 2026. Adicionalmente, el mencionado acuerdo verbal con Pablo Feijoo sugiere un compromiso de pago de US$65.000 que no aparece formalizado en documentación registrada. En conjunto, estos compromisos superan ampliamente los US$335.000 en nuevas obligaciones que se detectaron durante el período investigado. La central de deudores del Banco Central refleja el peso de estas obligaciones: en el caso de Adorni, los niveles de deuda ante el Banco Galicia llegaron a superar los 10 millones de pesos mensuales, mientras que en el caso de Angeletti alcanzaron los 15 millones de pesos.

Paralelamente, existen gastos corrientes que merecen atención específica. Las expensas del departamento ubicado en la calle Asamblea de la capital federal rondan los 500.000 pesos mensuales, cifra que surge de un aviso de venta publicado recientemente. Esta propiedad, que Adorni aún no ha vendido conforme a los registros del organismo de catastro porteño, añade presión a los flujos mensuales de egresos. Se suman a esto los impuestos inmobiliarios de las restantes propiedades, gastos de mantenimiento y servicios. La familia también debe afrontar rubros vinculados al sostenimiento cotidiano: manutención de dos hijos en edad escolar, colegiaturas, servicios de telefonía e Internet, consumo de servicios públicos como agua, gas y electricidad, así como transporte y otros gastos de funcionamiento regular. La proyección de estos costos, sumados a las cuotas hipotecarias y a los compromisos adicionales pendientes, genera un escenario donde los ingresos declarados —incluso después del incremento salarial de enero de 2025— aparecen insuficientes para cubrir la totalidad de las obligaciones.

Los viajes y los interrogantes sobre su financiamiento

El patrón de desplazamientos que realizó la familia Adorni-Angeletti durante el período investigado también ha generado cuestionamientos específicos. El viaje a Aruba materializado entre el 29 de diciembre de 2024 y el 14 de enero de 2025 insumió US$5.800 en pasajes aéreos y otros US$8.874 en hospedería y gastos conexos, según la información que una agencia turística proporcionó a la fiscalía. En febrero de 2026, Adorni realizó un desplazamiento a Punta del Este a bordo de una aeronave privada junto con su familia y el periodista Marcelo Grandio. La factura de ida, emitida por AlphaCentauri a la productora Imhouse de Grandio, alcanzó los US$4.830, mientras que el regreso costó aproximadamente US$3.000. La Justicia intenta precisar quién asumió el costo de estos vuelos privados y bajo qué concepto fueron facturados. Posteriormente, en marzo, Adorni fue incluido en el vuelo oficial que trasladó a la comitiva presidencial hacia Nueva York en el