La escalada de tensión que envuelve a San Martín de los Andes alcanzó un nuevo pico de alarma cuando Valeria López Oronoz, la vecina que impulsó el procedimiento de remoción contra el intendente Carlos Saloniti, fue atacada físicamente en plena calle. El hecho, que dejó consignancia en la Comisaría 23°, representa más que un incidente aislado: evidencia un deterioro preocupante del clima democrático local donde quienes se animan a cuestionar la gestión municipal enfrentan represalias directas. Lo que cambió con este episodio no es solo la dimensión de las denuncias, sino la introducción explícita de la violencia como mecanismo de presión en un conflicto que hasta hace poco se desarrollaba en el plano institucional y administrativo.
Según consta en los registros policiales, el incidente ocurrió alrededor de las nueve de la noche en la esquina de Perito Moreno y Calderón, apenas a dos cuadras del corazón comercial de la ciudad. Un individuo cuyo rostro permanecía oculto, quien se desplazaba en bicicleta BMX, interceptó a López Oronoz cuando esta regresaba de una actividad deportiva ordinaria. Sin robo de por medio, sin discusión previa, el agresor descargó un puñetazo directo en el rostro de la denunciante mientras le ordenaba: "¡Cállate!". Todo sucedió en cuestión de segundos. López Oronoz, a pesar del traumatismo facial que sufrió, hizo pública su decisión de continuar con sus gestiones: afirmó no tener intenciones de retroceder en sus denuncias, caracterizando lo ocurrido como un aviso intimidatorio.
Los antecedentes del hostigamiento
Lo relevante aquí es que esta agresión no acontece en el vacío. López Oronoz había reportado con anterioridad episodios de seguimiento sospechoso en las cercanías de su domicilio, particularmente tras haber solicitado información pública sobre la administración municipal en abril. Esto sugiere un patrón de acoso que escaló desde la vigilancia hacia la violencia física directa. El contexto importa: una persona que se atreve a demandar transparencia en la gestión municipal se ve expuesta a un clima de persecución que va más allá del disenso político ordinario. La justicia provincial ya se encuentra analizando grabaciones de cámaras de seguridad en busca de identificar al autor material del ataque y determinar si existe conexión directa entre la agresión y las denuncias presentadas contra la intendencia.
Las denuncias que López Oronoz y su abogado patrocinante, Enrique Bartolomé, han documentado a lo largo de estos meses alcanzan una magnitud que explica, en parte, por qué la tensión ha llegado a estos extremos. El Concejo Deliberante aprobó de forma unánime el inicio del proceso de juicio político contra Saloniti basándose en una presentación que expone seis cargos de gravedad considerable. Entre ellos figuran desastres ambientales documentados: el colapso del sistema cloacal que ha provocado el volcamiento constante de efluentes sin tratar hacia los arroyos Pocahullo y Calbuco, contaminando directamente el Parque Nacional Lanín y las aguas del Lago Lácar. También se han denunciado irregularidades financieras alarmantes, incluyendo una deuda que supera los 1.700 millones de pesos ante el Ente Provincial de Energía del Neuquén, responsable de cortes de luz incluso en dependencias municipales. A esto se suma la presunta desobediencia judicial: la administración local habría ignorado sistemáticamente una medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia que declaró inconstitucionales varias cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo vigente.
Pruebas documentales y anomalías financieras que robustecen la acusación
A pesar de los actos de intimidación, esta semana López Oronoz y Bartolomé presentaron un nuevo escrito judicial que incorpora documentación exhaustiva destinada a fortalecer los cargos. Se aportaron once legajos completos con más de cincuenta notas, requerimientos e intimaciones elaborados por la Contraloría Municipal entre 2024 y 2026, los cuales revelan un patrón sistemático de respuestas evasivas por parte de la administración Saloniti frente a sospechas de malversación de fondos públicos. Las irregularidades financieras documentadas incluyen el pago municipal del servicio eléctrico y de gas de los barrios militares del Regimiento de Caballería, un monto de 150 millones de pesos imputado de manera irregular bajo partidas presupuestarias destinadas a residuos sólidos urbanos. Se denuncian además cobros indebidos por más de 25 millones de pesos a representantes gremiales ante la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria que nunca asistieron a sesión alguna. Particularmente inquietante resulta el hallazgo de una cuenta municipal oculta en Mercado Pago que acumulaba fondos sin auditoría alguna, situación que motivó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal.
Pero las irregularidades no se limitan a lo financiero. La presentación también cuestiona la calidad ambiental en el cerro Chapelco, donde se habrían desarrollado obras de gran envergadura sin licencia ambiental previa y sin controles estatales adecuados. López Oronoz ha denunciado asimismo obstrucción al control municipal, omisión de audiencias públicas de participación ciudadana e irregularidades en los registros públicos que comprometen la integridad del Plan de Ordenamiento Territorial. En paralelo, ha surgido una cuestión institucional que pone en tela de juicio la imparcialidad del proceso mismo: Natalia Vita, presidenta del Concejo Deliberante, se encontraba a cargo del Departamento Ejecutivo en forma interina el mismo día en que presidió y votó la sesión ordinaria en la que se aprobó el juicio político contra Saloniti. Esta superposición de funciones vulnera frontalmente el principio republicano de división de poderes.
El abogado Horacio Raguso, quien ha seguido de cerca este proceso, ha caracterizado la situación en términos de amedrentamiento generalizado. Calificó como "impresionantes" las pruebas aportadas recientemente y destacó la calidad técnica sobresaliente del trabajo realizado por López Oronoz. Sin embargo, advirtió sobre un clima enrarecido en la localidad: "Los vecinos están desgarrados con todo lo que está pasando en San Martín de los Andes", expresó. Raguso también reveló haber recibido él mismo comunicaciones intimidatorias con el mismo mensaje que el atacante dirigió a López Oronoz. Su interpretación es que quien ejecutó la agresión no actuó de forma independiente, sino que respondería a una lógica de presión coordinada. "Es muy grave lo que pasa acá en Neuquén", remarcó el letrado, aludiendo a que la responsabilidad trasciende al agresor directo.
Implicancias de una crisis sin precedentes
Lo que acontece en San Martín de los Andes representa una bifurcación significativa en la vida política local. Por un lado, los mecanismos institucionales están funcionando: el Concejo Deliberante se pronunció unánimemente, la documentación de denuncias sigue su curso en los juzgados, y existen canales formales para que Saloniti realice su descargo público, previsto para el próximo jueves. Por otro lado, la introducción de la violencia física como instrumento de disuasión marca un salto cualitativo que erosiona la confianza en el Estado de Derecho. Cuando quienes denuncian irregularidades son sometidos a acoso y agresión, el proceso democrático pierde legitimidad independientemente de cuál sea el resultado final del juicio político. Los ciudadanos comienzan a evaluar el costo personal de la participación cívica, un cálculo que favorece naturalmente la pasividad.
Las posibilidades que se abren a partir de aquí son múltiples y con implicancias diversas. Una línea de análisis sugiere que la agresión representa la desesperación de actores vinculados al gobierno municipal ante la acumulación de pruebas que comprometería su permanencia. Otra perspectiva plantea que grupos locales podrían estar utilizando la tensión política para ejercer presión sobre distintos actores, sin necesariamente responder directamente a instrucciones desde la intendencia. También cabe considerar escenarios donde la judicialización del conflicto conduzca a un pronunciamiento que clarifique responsabilidades, o bien situaciones donde la polarización impida resoluciones institucionales satisfactorias. Lo cierto es que el curso de los próximos días determinará si San Martín de los Andes logra procesar esta crisis dentro de los marcos democráticos disponibles o si la violencia continúa escalando como mecanismo de resolución de conflictos políticos.
