Una puerta se cerró esta semana en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia para la diputada Marcela Pagano y su pareja, el letrado Franco Bindi. Los tres magistrados que encabezan el máximo tribunal argentino —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— resolvieron desestimar el recurso de queja que la defensa de ambos había presentado en un intento por acceder a un expediente judicial que los señala como posibles participantes de actividades de inteligencia clandestina. La decisión ratifica, así, lo que ya habían determinado instancias inferiores: por ahora, ni Pagano ni Bindi tienen el carácter formal de imputados en la investigación que avanza sobre ellos, lo que impide que puedan ejercer los derechos procesales que les corresponderían si ese fuese el caso.
El origen de la acusación: los audios que generaron la denuncia
Todo comenzó a principios de septiembre de 2025, cuando circularon conversaciones grabadas en las que participaba Karina Milei, la hermana del presidente y una de las figuras más influyentes dentro del Gobierno nacional. En esos registros de audio, la secretaria de la Presidencia dialogaba con diputados pertenecientes al bloque de La Libertad Avanza. La difusión de esas conversaciones privadas provocó una reacción inmediata en la administración libertaria: las autoridades del Poder Ejecutivo consideraron que se trataba de un delito grave y actuaron conforme a ello. Desde la Casa Rosada elevaron una denuncia penal formalizando la acusación de que una estructura delictiva había actuado para obtener de manera ilegal esas comunicaciones, manipularlas, editarlas y finalmente hacerlas públicas. Según el relato que presentó el Ejecutivo ante la justicia, se trataba de operaciones características de lo que la denuncia denominó como "espionaje ilegal".
La iniciativa del Gobierno no fue casual ni improvisada. En el contexto de crecientes tensiones políticas que caracterizan al escenario nacional desde hace meses, la filtración de diálogos privados entre la secretaria presidencial y legisladores oficialistas representó, para la administración de Javier Milei, un ataque directo a la confidencialidad de sus operaciones internas. La denuncia apuntó específicamente a Pagano y Bindi como integrantes de lo que describió como una "organización criminal" dedicada a estas tareas de inteligencia paralela. Ambos fueron identificados nominalmente en el escrito que inició el proceso penal que hoy los mantiene bajo investigación.
El recorrido judicial: tres instancias que dijeron lo mismo
Una vez formalizada la denuncia, el expediente fue asignado mediante sorteo al juzgado del magistrado Julián Ercolini, quien se desempeña como juez de instrucción en causas de competencia federal. Ercolini no asumió personalmente las tareas de investigación sino que delegó esa responsabilidad en el fiscal federal Carlos Stornelli, un perseguidor que ha estado protagonista en procesos judicales de alto perfil durante los últimos años. Desde el lado de Pagano y Bindi, sus defensores intentaron moverse rápidamente dentro del entramado procesal. Un abogado se presentó en representación de ambos con el propósito de obtener acceso al expediente en calidad de imputados. Sin embargo, encontraron el primer obstáculo cuando Ercolini resolvió desestimar ese planteo, argumentando que aunque estaban mencionados en la denuncia, formalmente no habían adquirido aún la categoría de imputados en la investigación en curso.
Ante ese rechazo, los letrados de la pareja acudieron también a la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, buscando una reconsideración de lo resuelto a nivel de primera instancia. La cámara, sin embargo, validó lo que había decidido el juez Ercolini. Posteriormente, cuando la defensa elevó el asunto a la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal —un tribunal colegiado integrado por Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani—, ese cuerpo también se pronunció en el mismo sentido: rechazó el recurso y mantuvo la línea de las decisiones anteriores. Tres niveles de la estructura judicial coincidieron en el mismo criterio: Pagano y Bindi aún no tenían derecho a acceder como imputados porque formalmente no poseían ese carácter. La reiteración de los rechazos sugería que había cierto consenso entre los magistrados sobre cómo debía interpretarse la situación procesal de ambos.
El último intento y su fracaso ante la Corte
Con las puertas cerradas en las instancias anteriores, la defensa de Bindi y Pagano decidió recurrir a la Corte Suprema, presentando lo que en la jerga procesal se conoce como un recurso de queja. Este mecanismo es, en cierto sentido, un acto de audacia judicial: implica ir ante el máximo tribunal argumentando que ha habido un agravio de tal magnitud que merece su intervención excepcional. Sin embargo, la Corte utilizó un criterio técnico para no entrar al fondo de la cuestión. Los magistrados del máximo tribunal sostuvieron que el recurso de queja no era procedente porque no se dirigía contra "una sentencia definitiva o equiparable a tal". En otras palabras: desde la perspectiva de la Corte, las decisiones anteriores no constituían el tipo de resoluciones finales que justificaran la intervención del tribunal de última instancia en esa etapa del proceso. Con esa determinación, el máximo tribunal dejó intacta la arquitectura de lo que habían resuelto Ercolini, la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal.
La defensa de Bindi también había intentado otro movimiento estratégico: solicitar la recusación del fiscal Stornelli que encabeza la investigación. Sin embargo, ese planteo fue rechazado también por falta de legitimación. Es decir, los tribunales consideraron que quienes lo presentaban no tenían derecho a hacerlo en ese momento, dado que no tenían aún la calidad de partes formales en la causa. Todo esto deja un panorama en el que Pagano y Bindi se encuentran mencionados en una denuncia penal, bajo investigación de un fiscal federal, pero sin la posibilidad de ejercer los derechos que typically poseerían si fuesen formalmente imputados. Se trata de un limbo procesal: están lo suficientemente adentro como para estar investigados, pero lo suficientemente afuera como para no poder acceder a documentación ni cuestionar decisiones.
El contexto político detrás de la medida judicial
Este caso no puede interpretarse en el vacío. La investigación sobre la filtración de los audios de Karina Milei debe entenderse dentro de un contexto político más amplio. Los audios que circularon mostraban conversaciones entre la secretaria presidencial y diputados libertarios; contenían información sobre negociaciones internas, posiciones políticas y estrategias que la administración consideraba confidenciales. En un gobierno que ha enfatizado la lucha contra lo que denomina como "actividades de espionaje" dirigidas contra sus funcionarios, la respuesta fue presentar una denuncia penal nombrando a Pagano y Bindi como presuntos responsables. Pagano, diputada provincial que responde al ala libertaria, fue así acusada junto a su pareja de estar involucrada en tareas de inteligencia clandestina. La acusación, desde el punto de vista del Ejecutivo, fue formulada como un asunto de seguridad del Estado y protección de información sensible. Desde la perspectiva de los acusados, la investigación podría interpretarse como un mecanismo de presión política o persecución ideológica. Lo cierto es que el caso ha generado tensión dentro de las propias filas libertarias y ha puesto nuevamente en el tapete público la cuestión del uso de la justicia federal en contextos de conflictividad política.
La trayectoria de Marcela Pagano es relevante para entender cómo este evento resuena en la política nacional. Pagano ha sido una figura asociada al libertarianismo desde hace años, aunque en años recientes se ha movido dentro del espectro de La Libertad Avanza. Su vínculo sentimental con Franco Bindi, un abogado conocido en los círculos judiciales porteños, añadió una dimensión adicional al caso cuando ambos fueron nombrados en la denuncia del Gobierno. La combinación de estatus político, profesión legal y acusación penal ha convertido este expediente en más que un simple caso de investigación criminal: es un episodio que toca aspectos de política interna libertaria, manejo de la información dentro de las estructuras de poder y la manera en que se canalizan conflictos a través del sistema judicial.
¿Qué significa este rechazo para la investigación en curso?
La decisión de la Corte Suprema no cierra la investigación. Fiscales, jueces de instrucción y cámaras federales seguirán adelante con el trabajo de recopilar pruebas, recibir testimonios y analizar la información disponible. Lo que sí hace la resolución de esta semana es confirmar que la estrategia defensiva de Pagano y Bindi de acceder al expediente mediante el argumento de su condición de imputados no prosperará, al menos no en esta etapa procesal. Ambos permanecerán bajo investigación sin poder ejercer ciertos derechos que sí tendrían si fuesen formalmente imputados. Esto genera una situación asimétrica: el Estado, representado por Stornelli y su equipo fiscal, continúa desarrollando líneas de investigación mientras Pagano y Bindi deben mantenerse al margen de los detalles de lo que se investiga sobre ellos.
El recorrido por las tres instancias judicales inferiores y el posterior rechazo en la Corte Suprema ilustra cómo el sistema de justicia federal argentino ha procesado este conflicto político-penal. Cada tribunal que intervino utilizó criterios procesales específicos para rechazar los planteos de la defensa: el juez Ercolini y las cámaras apeladas se enfocaron en la ausencia formal de imputación; la Corte Suprema, por su parte, utilizó un argumento técnico sobre la procedencia del recurso de queja. Juntas, estas decisiones generan un cierto efecto: mantienen viva la investigación sobre Pagano y Bindi sin que ellos logren romper el cerco procesal desde el cual actúa la fiscalía.
El impacto de esta resolución puede analizarse desde múltiples perspectivas. Para el Gobierno, representa una validación de su capacidad para iniciar investigaciones penales contra funcionarios y personas cercanas a la oposición o críticos del oficialismo; la máquina judicial federal ha funcionado sin obstrucciones notables. Para Pagano y Bindi, el cierre de esta puerta en la Corte Suprema significa que sus opciones procesales se vuelven más limitadas; cualquier futuro movimiento legal tendría que adoptar nuevas estrategias, quizás enfocadas en cuestionar la formalización de su calidad de imputados una vez que eso suceda. Para los observadores del sistema judicial, el caso ejemplifica cómo un conflicto político puede transitarse a través de denuncias penales, cómo la acusación de "espionaje" puede ser utilizada como categoría delictiva en contextos de disputa política, y cómo el acceso a información y la manipulación de audios se ha convertido en un punto de fricción crítico entre actores del poder. Las consecuencias de esta resolución judicial podrían extenderse más allá del caso específico: si la investigación avanza y llega a imputaciones formales, podría establecer un precedente sobre cómo persiguen los fiscales federales este tipo de actividades; si, por el contrario, la investigación se paraliza o termina sin resultados concretos, podría interpretarse como un ejemplo de instrumentalización política de la justicia. Lo que ocurra en los próximos meses en el expediente que investiga Stornelli será observado atentamente por actores políticos, analistas y ciudadanos, todos con perspectivas diferentes sobre lo que está realmente en juego.
