La 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que comienza en Ciudad de Panamá representa mucho más que un encuentro protocolario entre naciones hemisféricas. Se trata de un escenario donde convergen realidades geopolíticas transformadas, presiones financieras sobre el organismo y una controversia institucional que sacude los cimientos de su liderazgo. Para Argentina, el evento marca el punto de quiebre definitivo con su postura anterior: hace apenas un año, Buenos Aires llegaba a la asamblea anterior con objeciones sistemáticas a los temas que dominaban la agenda regional. Ahora, la situación es radicalmente distinta. El país se presenta como parte de un colectivo informal de gobiernos que comparten preocupaciones geopolíticas convergentes con los intereses de Washington, una transformación que evidencia cómo el escenario internacional redefinió los alineamientos diplomáticos en América Latina.
Un cambio de rumbo en la posición argentina
Durante la participación argentina en Asunción hace poco más de un año, el Gobierno de Javier Milei había marcado distancia con respecto a varios ejes que estructuraban el debate en la OEA. En esa ocasión, Buenos Aires presentó resistencias significativas frente a cuestiones que formaban parte del consenso regional, particularmente en lo concerniente a derechos humanos y políticas de género. Esa postura generó cierto aislamiento relativo y señaló un distanciamiento respecto de dinámicas que habían caracterizado a gobiernos anteriores. Sin embargo, los cambios en el mapa geopolítico regional y la consolidación de una alianza estratégica bilateral han modificado sustancialmente el contexto en el cual Argentina se desenvuelve ahora dentro del organismo continental.
En esta nueva etapa, la Argentina integra un grupo de aproximadamente 17 o 18 naciones de los 35 miembros totales de la OEA que, aunque no funcionan como un bloque formal con disciplina de voto o coordinación explícita, mantienen perspectivas compartidas sobre asuntos de seguridad regional y consideraciones geoestratégicas más amplias. Este conjunto heterogéneo incluye a Paraguay, Ecuador, Chile, Bolivia, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Panamá y varios Estados caribeños, además del propio Washington. Las preocupaciones que nuclean a estos gobiernos giran en torno a situaciones que generan inquietud común: la crisis humanitaria y política en Haití, la volatilidad institucional en Bolivia bajo el liderazgo de Rodrigo Paz, las acusaciones sistemáticas de represión de libertades en Nicaragua bajo Daniel Ortega, la situación política en Cuba, el deterioro democrático en Venezuela y los procesos electorales inciertos en Perú y Colombia.
La presencia de Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano y exembajador en México, refuerza la relevancia que Washington otorga a este encuentro. Landau llega con una trayectoria de conocimiento profundo sobre dinámicas regionales y, según fuentes diplomáticas cercanas, mantiene una relación fluidez notable con el canciller argentino Pablo Quirno. Esta sintonía bilateral se describe, en términos que resultan ilustrativos, como un funcionamiento orquestal: cada movimiento diplomático se realiza con coordinación precisa, reflejando un nivel de alineamiento que va más allá de coincidencias ocasionales.
La tormenta institucional dentro de la OEA
Más allá de los temas regionales que estructuran la agenda formal de la Asamblea, existe una realidad turbulenta que circunda los pasillos del Centro de Convenciones Atlapa: la situación del secretario general Albert Ramdin y las consecuencias derivadas de sus decisiones administrativas recientes. La controversia pivotea en torno a la designación de Xaviera Jessurun como jefa de gabinete, una decisión que generó desaprobación transversal entre los miembros del organismo, sin distinciones ideológicas que la expliquen. Jessurun se encontraba involucrada en un proceso legal en su país de origen, Surinam, relacionado con presuntos actos de corrupción, fraude y lavado de capitales que datan de 2022 y que la vinculan con irregularidades en la Compañía de Aviación Surinamesa, entidad en la cual desempeñaba funciones directivas.
La designación de una persona bajo sospecha legal representó, para múltiples gobiernos y especialmente para Washington, una vulneración de estándares éticos que deberían regir el funcionamiento de organismos internacionales. El impacto fue profundo: Estados Unidos, máximo contribuyente financiero de la OEA con aportes que representan aproximadamente la mitad del presupuesto ordinario de la organización, ejerció presión política para forzar la salida de Jessurun del cargo. Simultáneamente, Washington ha mantenido congelada su contribución anual de aproximadamente 47 millones de dólares, un monto que evidencia el peso financiero estadounidense dentro del sistema y la capacidad de influencia que ello otorga. La salida de Jessurun ocurrió tras meses de críticas internas que señalaban que Ramdin había incurrido en una grave falta de juicio al mantenerla en el cargo pese a su situación legal cuestionada.
Este episodio deterioró la relación de confianza política entre Ramdin y la administración norteamericana, representada en la OEA por Leandro "Lee" Rizzuto Jr., embajador con un perfil empresarial cercano a círculos de poder en Washington. Las fricciones previas ya existían: Estados Unidos venía insistiendo en mecanismos más rigurosos de supervisión de gastos dentro del organismo, dada la preocupación por cómo se canalizan los recursos. La designación problemática de Jessurun amplificó estas tensiones y abrió interrogantes más amplios sobre la transparencia y la gobernanza interna de la OEA. Según testimonios de colaboradores externos que operan dentro de la organización, cuando se le presentan preguntas sobre ciertos gastos específicos, Ramdin tiende a responder con formulaciones genéricas que no satisfacen las demandas de rendición de cuentas que diversos miembros expresan.
Presupuesto, financiamiento y el dilema de la sostenibilidad
En el telón de fondo de las negociaciones políticas se encuentra un problema estructural que afecta la viabilidad operativa de la OEA: el deterioro de su situación financiera. Durante esta Asamblea se aprobará el presupuesto para el período 2026-2027, que se caracterizará por un crecimiento nominal cero, una decisión que revela las restricciones fiscales impuestas por el contexto inflacionario global y, en particular, por las presiones de los principales aportantes. En un marco donde los costos operativos han aumentado significativamente en Estados Unidos y otros países desarrollados, mantener un presupuesto sin incremento nominal equivale a una contracción real en capacidades operativas. Esto genera un círculo problemático: la organización debe hacer más con menos recursos, mientras enfrenta demandas crecientes de transparencia, auditoría y eficiencia en el gasto.
La retención de fondos norteamericanos, aunque explicada públicamente como una medida de presión sobre cuestiones de gobernanza, tiene efectos prácticos inmediatos sobre la capacidad de la OEA para ejecutar programas, mantener personal y sostener operaciones en terreno. Observadores del organismo advierten que, en los meses posteriores a esta Asamblea, muy probablemente emergerán exigencias formales para elevar los estándares de transparencia y la rendición de cuentas institucional, con posibilidad de que estas demandas generen nuevas tensiones. Washington, como contribuyente dominante, posee herramientas para condicionar la entrega de fondos a la implementación de reformas administrativas que considere necesarias.
Cuestiones electorales y estabilidad regional en debate
Más allá de la turbulencia institucional, la Asamblea enfrentará dos procesos electorales de relevancia continental que requieren atención diplomática. En Perú, el resultado de las elecciones sigue sin confirmarse oficialmente: la candidata de derecha Keiko Fujimori aparentemente derrotó al candidato de izquierda Roberto Sánchez, pero dos semanas después del balotaje la proclamación oficial aún no se materializa, generando incertidumbre sobre la legitimidad del proceso. En Colombia, el escenario es aún más inmediato: durante el fin de semana en el que se realiza la Asamblea de la OEA, el país andino define en segunda vuelta presidencial el enfrentamiento entre Iván Cepeda, de orientación progresista, y Abelardo de la Espriella, de postura conservadora. Ambos procesos concentran la atención porque sus desenlaces pueden reconfigurar alianzas regionales y afectar la correlación de fuerzas dentro del propio organismo.
La agenda de la Asamblea, según versiones de fuentes informadas, buscará mantener el enfoque público exclusivamente en estos temas regionales amplios, evitando que la controversia respecto de Ramdin domine los titulares de prensa y las narrativas públicas. Sin embargo, la realidad de los pasillos diplomáticos seguramente será otra: conversaciones bilaterales y multilaterales abordarán sin eufemismos la cuestión del liderazgo del organismo y las perspectivas sobre su futuro inmediato.
El reclamo argentino por las Malvinas permanece en la agenda
Dentro de este escenario de negociaciones amplias sobre asuntos regionales y cuestiones administrativas internas, Argentina no dejaría de lado su reclamo histórico por las islas Malvinas en disputa con el Reino Unido. Este tema reaparece sistemáticamente en toda convocatoria multilateral donde Argentina participa, reflejando la persistencia de una demanda que forma parte del acervo de la política exterior nacional. Aunque la coyuntura geopolítica actual y el alineamiento con Washington pueden condicionar los énfasis o la intensidad con que se plantee el tema, su presencia en la agenda confirma que Argentina mantiene activa esta cuestión dentro de los foros internacionales.
Perspectivas abiertas sobre la reconstrucción institucional
La Asamblea de Panamá se desarrolla en un momento de encrucijada para la OEA como institución. El organismo enfrenta simultáneamente presiones por reforma administrativa, restricciones presupuestarias, cuestionamientos sobre la conducta de su liderazgo y demandas de mayor rigor en transparencia. La salida de Xaviera Jessurun del cargo de jefa de gabinete, aunque resuelve inmediatamente la crisis de confianza política con Washington, no cierra los interrogantes más profundos sobre cómo la organización supervisará a su secretario general o qué mecanismos garantizarán que decisiones similares no vuelvan a ocurrir. El congelamiento de fondos estadounidenses, por su parte, constituye tanto una palanca de presión como un riesgo: permite a Washington exigir cambios, pero si se prolonga indefinidamente, puede debilitar la capacidad operativa de la OEA hasta un punto donde su relevancia como foro multilateral se erosione.
Para Argentina, la participación en esta Asamblea desde una posición de mayor cercanía a los intereses norteamericanos abre oportunidades de influencia sobre la agenda regional, pero también puede generar expectativas entre otros gobiernos de alineamientos que pueden resultar complejos de sostener si las circunstancias cambian. La reconstrucción de la confianza política de Ramdin con Estados Unidos, si es que ocurre, requerirá demostraciones concretas de cambio en sus prácticas administrativas y en su disposición a aceptar mayores niveles de escrutinio. Sin plazos definidos para este proceso y con la posibilidad cierta de que surjan nuevas tensiones tras el cierre de la Asamblea, la OEA enfrenta un período de incertidumbre institucional cuyo desenlace dependerá en buena medida de las decisiones que adopte su liderazgo en los próximos meses.
