Los movimientos procesales en la causa Cuadernos avanzan en nuevas direcciones. Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante las administraciones kirchneristas, solicitó al Tribunal Oral Federal N° 7 la posibilidad de ampliar su presentación defensiva. La petición surgió después de que declarara un testigo cuyo relato pone en el centro del debate la existencia de transferencias de efectivo que lo involucraban directamente. El tribunal, con intención de garantizar el derecho de defensa, ya confirmó que buscará lugar en su agenda para convocar nuevamente al acusado en las próximas semanas. Este giro procesal marca un momento delicado en un juicio que ha permanecido en los tribunales durante años, acumulando testimonios que trazan una supuesta red de pagos irregulares en la administración pública.
La solicitud de Baratta llegó luego de que Héctor Zabaleta, quien se desempeñó como director de Administración en Techint, compareció ante el tribunal el 25 de agosto con declaraciones que lo incriminaban. Zabaleta refirió que había participado personalmente en entregas de dinero que el exfuncionario recibía, y que estos traslados de fondos guardaban correspondencia con los registros que aparecen en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, documento que constituye la base de la investigación. Los montos mencionados rondarían aproximadamente un millón de dólares, aunque especificó que las operaciones se ejecutaban en pesos. Según el testigo, estas gestiones se realizaban bajo instrucción de Luis Betnaza, quien ocupaba la posición de director de Relaciones Institucionales en la corporación. La declaración aportó detalles sobre el procedimiento que, de ser ciertos, revelarían un esquema sofisticado para eludir detección.
Un encuentro tenso y un pedido insólito
Entre los pormenores que Zabaleta expuso figuraba un altercado directo con Baratta. El testigo aseguró que el exfuncionario se molestó por una característica específica de los dineros entregados. Zabaleta afirmó que Baratta le habría dirigido palabras amenazantes, vinculando el incumplimiento de sus expectativas con represalias contra la infraestructura empresarial: la planta ubicada en Campana quedaría sin servicio de gas si no cumplía con entregarle dólares. La declaración detalla además que Baratta solicitaba que las maniobras se realizaran con máxima discreción, de tal manera que su participación fuera imperceptible para terceros. Para garantizar esto, según el relato del testigo, el exfuncionario ingresaba directamente con su automóvil a los niveles inferiores del edificio, específicamente al segundo subsuelo, donde recibía los paquetes sin presencia de otros empleados. Zabaleta describió que el procedimiento evitaba incluso que los chóferes de la empresa estuvieran próximos al vehículo de Baratta durante estos encuentros. En ocasiones puntuales, agregó, el acusado llegaba conduciendo un Toyota Corolla. La zona destinada para estas transacciones, subrayó el declarante, no poseía sistemas de vigilancia por cámara.
La defensa de Baratta, representada por el abogado Marcos Aldazábal, respondió categóricamente negando la sustancia de las acusaciones. El letrado rechazó de manera frontal que las transferencias de fondos mencionadas por Zabaleta hayan ocurrido alguna vez. En paralelo al pedido de ampliación de la indagatoria, la defensa avanzó con una estrategia probatoria diferente. Aldazábal presentó un requerimiento orientado a investigar la procedencia de los capitales que supuestamente fueron transferidos. En su planteo, introdujo un elemento internacional al caso: según su teoría, los fondos provendrían de una institución financiera ubicada en Lugano, Suiza. Sobre esta base, solicitó explícitamente que se levante el secreto bancario respecto de la cuenta que Techint mantenía en esa entidad, un movimiento que buscaría desarticular desde su raíz la acusación al exponer quién originariamente disponía de esos capitales.
Antecedentes del testigo y su trayectoria procesal
Vale contextualizar que Zabaleta, el testigo cuyas declaraciones ahora actúan como catalizador en la defensa de Baratta, atravesó su propio derrotero en esta causa. En 2018 fue detenido por disposición del entonces juez federal Claudio Bonadio. En ese momento, optó por ampararse bajo la figura legal de imputado colaborador, una estrategia que le permitió reducir su exposición penal. Posteriormente, fue sobreseído junto con otros miembros de la estructura corporativa de Techint, la empresa de la familia Rocca que constituye uno de los principales centros siderúrgicos del país. El hecho de que alguien previamente implicado en la investigación sea ahora quien proporciona testimonio incriminador da cuenta de la complejidad de una causa que ha requerido años de tramitación y ha involucrado a múltiples actores del sector empresarial y estatal.
En el panorama más amplio de la investigación, Baratta ocupa una posición central entre los acusados. Su nombre aparece reiteradamente como presunto receptor de transferencias de efectivo que, conforme a los documentos dejados por Centeno y a diversas declaraciones testificales, circulaban a través de ejecutivos empresariales. La trama que se intenta desentrañar refiere a un supuesto mecanismo de recaudación no convencional en la estructura de Planificación Federal durante los períodos de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Otros imputados en el expediente incluyen a Julio De Vido, ministro de esa cartera en aquella época, y a la expresidenta Cristina Kirchner. La causa representa uno de los pilares de las investigaciones contra funcionarios del gobierno anterior, y su desarrollo ha marcado precedentes en términos de cómo la justicia federal aborda cuestiones relativas a presuntos desvíos de recursos públicos.
Implicancias futuras del nuevo movimiento defensivo
La solicitud de Baratta para ampliar su defensa presenta ramificaciones que van más allá de lo puramente procesal. Por un lado, la oportunidad de responder directamente a las acusaciones de Zabaleta le permitiría desplegar su versión de los hechos con mayor extensión y detalle, posiblemente introduciendo elementos que su abogado considera relevantes para desacreditar el testimonio previo. Por otro lado, el pedido de levantamiento del secreto bancario sobre cuentas en Lugano abre un frente investigativo que, de prosperarse, podría revelar la estructura financiera detrás de los movimientos de capital. Esto implicaría potencialmente involucrar a autoridades suizas y a instituciones bancarias internacionales, complejizando aún más un litigio que ya se extiende hace años en los estrados porteños. El tribunal, al acceder a la ampliación, busca salvaguardar el derecho de defensa, pero también debe navegar la tensión entre permitir que los acusados agoten sus recursos legales y avanzar hacia resoluciones conclusivas en una causa de magnitud institucional. El hecho de que se haya anticipado la búsqueda de un espacio en el calendario del tribunal para las próximas semanas sugiere una voluntad de continuar la tramitación en tiempo relativamente breve, aunque en la práctica estos procesos suelen experimentar demoras variables.
Las consecuencias de estos movimientos pueden interpretarse desde múltiples ángulos. Desde una perspectiva de garantía de derechos procesales, la apertura de Baratta a ampliar su presentación refuerza principios fundamentales de defensa en juicio. Desde una óptica de eficiencia de la justicia, cada ampliación de declaraciones y cada solicitud probatoria adicional prolonga un litigio que ya acumula una década de tramitación. Desde el punto de vista de la investigación misma, el pedido de transparencia bancaria internacional podría tornarse revelador o, alternativamente, podría no arrojar datos que moderen significativamente el debate existente. Lo que resulta evidente es que la causa Cuadernos continúa generando dinámicas procesales que evidencian tanto la complejidad de investigar supuestos esquemas de financiamiento irregular en administraciones previas como las dificultades inherentes a procesos judiciales que involucran múltiples actores, jurisdicciones y años de acumulación de elementos probatorios.
