La primera semana de diciembre marcó el punto de quiebre en una estrategia sofisticada de ocultamiento. Mientras los tribunales federales se preparaban para ejecutar un allanamiento que cambiaría el curso de una investigación sobre finances irregulares en la AFA, dentro de una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa se llevaba a cabo un plan metódico para desaparecer cualquier vestigio que pudiera vincular directamente a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, con el predio de más de 20 millones de dólares. Lo que ocurrió durante esos días no fue un simple ajuste administrativo, sino un operativo coordinado que expone la complejidad de los mecanismos de obstrucción de justicia en estructuras de poder: desde la cancelación de registros digitales hasta la sustracción física de objetos bajo vigilancia policial. Este hecho tiene relevancia porque evidencia cómo funciona la coordinación entre múltiples actores para neutralizar investigaciones judiciales, y porque plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para preservar pruebas en casos de envergadura.

El primer paso: la desaparición digital

La secuencia comenzó el 1 de diciembre, día en que el juez Luis Armella allanaba Sur Finanzas, la empresa del financista Ariel Vallejo, ligado a Claudio "Chiqui" Tapia. Esa misma jornada se presentaba en Comodoro Py la denuncia de Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe. Pero antes de que la maquinaria judicial acelerara, adentro de la mansión de Pilar ya se movía otra engranaje. Los administradores del predio ejecutaron una acción preventiva de alcance limitado pero significativo: cerraron los canales de comunicación que conectaban a los empleados con la cúpula operativa. Se trata de grupos de WhatsApp donde decenas de trabajadores reportaban diariamente sus tareas, acompañadas de material fotográfico y videográfico que documentaba cada actividad realizada en la propiedad. Esos registros visuales, almacenados en las conversaciones, constituían un archivo paralelo de todas las operaciones llevadas a cabo en la mansión.

Pero la eliminación de esos canales fue apenas el inicio de un proceso más agresivo. Los empleados recibieron órdenes posteriores que no admitían discusión: debían borrar de sus dispositivos móviles toda imagen que hubieran guardado durante su permanencia en el lugar. Y para asegurar el cumplimiento, debían hacerlo frente a sus superiores directos. Un trabajador que presenció estos hechos describe la atmósfera que se generó: "A partir de ese momento, los celulares se los teníamos que entregar a Emanuel hasta que terminaba el horario de trabajo y nos decían todo el tiempo que no se podía sacar fotos". La figura central en esta fase de eliminación digital fue Emanuel Gómez, quien formalmente funcionaba como "casero" del predio pero en la práctica ejercía un control prácticamente absoluto sobre todas las operaciones internas, gracias a su relación directa con Toviggino.

El coordinador de la desaparición: quién era Emanuel Gómez

Para comprender la envergadura del operativo es necesario entender quién fue la persona que lo dirigió. Emanuel Gómez no era un simple empleado administrativo. Su rol, aunque nominalmente limitado a las funciones de mantenimiento de la propiedad, le permitía acceso a todos los niveles de la mansión y un nivel de autoridad que los demás trabajadores respetaban sin cuestionamientos. Su vínculo con el tesorero de la AFA era la fuente de ese poder de facto. Gómez actuaba como intermediario directo entre Toviggino y el resto del personal, como canal de transmisión de órdenes, como supervisor de operaciones y, finalmente, como ejecutor de planes más delicados. Cuando llegó el momento de eliminar las pruebas, fue Gómez quien coordinó la logística, quien supervisó el borrado de contenidos, quien autorizó el cierre de grupos de mensajería y quien más tarde, cuando fue necesario sustraer objetos físicos, organizó el transporte y la salida de evidencias por accesos alternativos.

La semana previa al allanamiento formal —pautado para el 12 de diciembre— la tensión dentro del predio se intensificó notoriamente. El juez Daniel Rafecas, quien en ese momento estaba a cargo de la investigación, ordenó colocar custodia policial en las entradas y salidas de la propiedad. La intención era clara: documentar y controlar quiénes ingresaban, quiénes egresaban, y qué vehículos circulaban dentro y fuera del perímetro. Sin embargo, pese a esta supervisión oficial, el equipo operativo que respondía a Gómez logró ejecutar una maniobra que dejó en evidencia las limitaciones de los controles implementados. Utilizando una camioneta asociada a Diego Pantano —hermano de Luciano Pantano— llevaron a cabo una serie de extracciones que prácticamente eliminaron todo rastro del tesorero de la AFA. Lo que no podía ser transportado era quemado in situ. Según un testigo directo, la policía solo permanecía en el lugar durante horarios específicos, lo que permitía maniobras durante las franjas de menor vigilancia: "Lo sacaban por un portón de atrás, la Policía solo estaba a la mañana y a la tarde en ese lugar para tomar los datos de los empleados".

Objetos que desaparecieron, evidencias que se esfumaron

El inventario de lo que fue sustraído del predio revela el cuidado con el que se seleccionaban los objetos a desaparecer. No se trataba de un saqueo al azar, sino de una operación quirúrgica dirigida a eliminar referencias personales que vincularan inequívocamente a Toviggino con la propiedad. Entre los primeros objetos llevados se encontraba un cuadro de considerables dimensiones que mostraba un dibujo del tesorero con una remera negra, acompañado en la imagen de su padre, fallecido en 2020. Debajo de ese cuadro había una mesa que sostenía una botella de whisky personalizada, grabada con el nombre de "Pablo". Ambos elementos fueron removidos antes de que la Justicia tuviera oportunidad de documentarlos. De la casa principal de la mansión —valuada por peritos oficiales en US$ 2.385.000— también desaparecieron fotografías familiares que adornaban espacios estratégicos. Una repisa que había sido fotografiada antes del operativo mostraba tres cajones de madera y tres portarretratos que contenían imágenes familiares. Cuando la policía ingresó al lugar tras el allanamiento, los portarretratos estaban vacíos.

El sauna, que se encontraba en construcción y ubicado en un espacio de acceso restringido dentro de la propiedad, no pasó desapercibido para los coordinadores del operativo. Gómez y su equipo también sustrajeron una réplica de la Copa del Mundo que estaba exhibida en el quincho, un área que requería identificación biométrica para acceder. Fue sacado un bombo que tenía tallado el nombre de Toviggino, instrumento que cobraba significado especial considerando la pasión del tesorero por la música folklórica. Los encuentros sociales que organizaba en la propiedad eran prácticamente legendarios entre quienes trabajaban allí: reuniones que se extendían hasta altas horas de la madrugada, generalmente los miércoles, donde contrataba figuras destacadas de la música regional. Solo un número muy reducido de empleados tenía permiso para presenciar esos eventos. El arsenal de bebidas premium que se conservaba en la cava —botellas de vino, champagne y whisky de importación— fue inventariado pero no desapareció, probablemente porque constituía un bien fungible sin valor probatorio evidente. Lo que sí se llevaron fueron las etiquetas personales, los regalos grabados, las evidencias materiales de un estilo de vida que se intentaba negar.

La falla en el plan y sus consecuencias

Todo operativo de esta magnitud contiene fisuras. A pesar de la coordinación y la precisión con la que fueron removidos casi todos los elementos comprometedores, quedaron dos objetos que la policía recuperó durante el allanamiento del 12 de diciembre: un bolso y una plaqueta con el nombre de Toviggino. Según el relato de un trabajador que vivió de cerca estos hechos, la desaparición del bolso fue un simple olvido de Emanuel Gómez, pero sus consecuencias recayeron sobre quienes no tenían responsabilidad alguna: "El bolso se lo olvidó Emanuel, pero nos cagaron a pedos a nosotros, la verdad es que nadie sabía donde estaba guardado". Esos dos objetos, mínimos en comparación con lo que se logró sustraer, pasaron a constituir prácticamente las únicas pruebas directas y tangibles que vinculaban al tesorero de la AFA con el predio valuado en más de 20 millones de dólares. En un contexto donde casi todas las referencias visuales, documentales y materiales habían sido eliminadas, esos dos artículos adquirieron una relevancia desproporcionada.

La represalia contra los empleados fue inmediata. Aquellos que habían presenciado los hechos, que habían sido testigos del operativo de desaparición de evidencias, enfrentaron presiones y amenazas veladas. Gómez fue un punto de especial atención durante el allanamiento: la policía le secuestró el teléfono, dejándolo incomunicado por varias horas. Pero sus abogados actuaron con celeridad. Uno de ellos le entregó un iPhone nuevo en el lugar mismo del allanamiento, permitiéndole retomar la comunicación con sus superiores. El mensaje era claro: la red de protección seguía intacta. Mientras tanto, el proceso de normalización del predio comenzó poco después de que los allanamientos concluyeran. El 1 de febrero, apenas dos meses después del operativo judicial, la mayoría de los empleados fueron despedidos. Hasta ese momento, habían percibido sus salarios mediante un sistema dual: una parte en blanco, documentada a través de recibos de Real Central —la empresa de Pantano y su madre Ana Lucía Conte utilizada para adquirir la propiedad— y otra parte en efectivo, sin registro alguno. La Justicia disponía de información sobre este esquema, pero nunca citó a estos trabajadores a declarar como testigos.

El presente del predio: continuidad bajo otras formas

Hoy, la mansión de Villa Rosa opera con una dotación mínima de personal: cuatro empleados de limpieza y dos de mantenimiento. El control interno sigue siendo ejercido por Diego Pantano y Emanuel Gómez, quien reside en un country del Este de Pilar, a escasos minutos de la propiedad. Las remodelaciones que habían quedado inconclusas —el sauna y el gimnasio— fueron reanudadas hace tiempo. Lo que cambió fundamentalmente es el uso social de la propiedad. Las reuniones, las fiestas, los encuentros con figuras del poder político y judicial que caracterizaban la vida en la mansión fueron trasladados a otra quinta ubicada a escasos metros de la ruta 8, fuera del alcance de futuras incursiones judiciales. La custodia policial fue levantada, eliminando el último mecanismo de control sobre los ingresos y egresos. La mansión perdió su función social para convertirse en un activo inmobiliario más, aunque sus movimientos económicos y administrativos siguen siendo objeto de investigación en los tribunales.

Las implicancias judiciales en suspenso

El futuro del expediente depende ahora de decisiones institucionales que trascienden los meros hechos investigados. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien actualmente tiene a su cargo el expediente, ordenó recientemente un peritaje de los más de 50 vehículos de alta gama y colección que fueron encontrados en el predio durante el allanamiento. Sin embargo, su permanencia en el caso enfrenta incertidumbres. La Cámara de Casación decidió recientemente —después de dos meses de demora— que el futuro del magistrado depende de una decisión que debe tomar la Cámara en lo Penal Económico. Este mismo tribunal es el responsable de confirmar los procesamientos de "Chiqui" Tapia y Toviggino en la causa de evasión fiscal, y enfrenta convulsiones internas relacionadas con los pliegos que el Gobierno envió al Senado para la confirmación de nuevos miembros. Los tiempos de la justicia se han extendido considerablemente, postergando definiciones clave que muchos analistas especulan podrían alargarse hasta después de la próxima competencia mundial de fútbol.

Lo ocurrido en la mansión de Villa Rosa durante esos días de principios de diciembre constituye un caso que admite múltiples lecturas. Para algunos observadores, representa un ejemplo paradigmático de cómo estructuras de poder pueden coordinarse para obstruir investigaciones judiciales, aprovechando fisuras en los sistemas de control y supervisión. Para otros, evidencia las limitaciones que enfrentan las autoridades para asegurar la preservación de evidencias en operativos que no cuentan con coordinación total o con anticipación suficiente. Lo cierto es que un plan sofisticado de desaparición de rastros se ejecutó parcialmente con éxito, dejando apenas fragmentos de lo que probablemente fue un registro mucho más completo. La Justicia continúa su curso, pero cargando con la ausencia de elementos que podrían haber sido determinantes. Los testigos que presenciaron estos eventos permanecen en el anonimato, temerosos de represalias. Los responsables de ejecutar el operativo de "limpieza" siguen en sus roles dentro de la estructura que los empleaba. Y la mansión, ahora mucho más silenciosa, sigue siendo el epicentro de un litigio que toca aspectos sensibles de cómo funcionan los mecanismos de poder en estructuras de la administración deportiva nacional.