La arquitectura del poder territorial en Argentina registra un movimiento significativo. Luis Caputo, ministro de Economía, ha dejado de ser una figura secundaria en las conversaciones con los mandatarios provinciales para convertirse en un actor central de las negociaciones que determinan el futuro legislativo del oficialismo. Este giro estratégico responde a una realidad política irrefutable: sin el respaldo de las provincias en el Congreso, las iniciativas del gobierno nacional terminan diluidas o fracasan. La tensión entre la promesa de federalismo y la ejecución de una política fiscal restrictiva genera un escenario de permanente negociación donde los gobernadores buscan recursos y el Ejecutivo nacional demanda lealtad legislativa.
El cambio de rol: de funcionario a negociador político
Durante las últimas semanas, Caputo ha multiplicado sus apariciones públicas al lado de Diego Santilli, quien funciona como principal interlocutor político con las gobernaciones. Sin embargo, la presencia simultánea de ambos en estas gestiones marca un cambio en la dinámica. Mientras Santilli representa la cara política de las conversaciones, Caputo encarna la realidad del dinero. Esta división de roles no es casual: permite que el ministro de Economía se presente como el "villano necesario" que controla los recursos, mientras que Santilli actúa como el negociador que busca puntos de encuentro. En sus intervenciones públicas, Caputo ha enfatizado que trabaja "bárbaro con la mayoría de los gobernadores" y que concibe al gobierno como genuinamente "federal". Estas declaraciones contrastan con acciones concretas que evidencian una reducción significativa en el flujo de dinero hacia las jurisdicciones subnacionales.
La estrategia de Caputo parece diseñada para reforzar las gestiones que Santilli mantiene activamente con los gobernadores aliados. El objetivo declarado es evitar que se repitan situaciones como la ocurrida con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, cuando el oficialismo debió resignar dos capítulos que su equipo económico consideraba sustanciales. En la agenda actual de negociación figuran temas de peso: la regulación de zonas frías, la reforma electoral y la aprobación del presupuesto para 2027. Cada uno de estos proyectos requiere de consensos provinciales que no surgirán de forma orgánica, sino que deberán ser construidos mediante un sistema implícito de incentivos y desincentivos financieros.
Los números de la restricción fiscal: transferencias que se evaporan
Desde el inicio de su gestión, Caputo colocó el ajuste de recursos destinados a las provincias en el epicentro de su estrategia fiscal. Este ajuste no se limita únicamente a la reducción de transferencias discrecionales, es decir, aquellas que se otorgan por fuera del sistema de coparticipación establecido legalmente. La política ha avanzado también hacia la eliminación de fondos específicamente dedicados al transporte y hacia una contracción del presupuesto asignado a obras públicas. Los números son contundentes: las transferencias no automáticas cayeron un 62,8% en términos reales de forma interanual, lo que representa el peor acumulado registrado en ese período durante al menos dos décadas. En comparación, la coparticipación presentó una caída más moderada de 1,3% real interanual, aunque sigue en números negativos.
En medio de este contexto de restricción presupuestaria, Caputo realizó declaraciones que merecen análisis. Durante su visita a Córdoba, afirmó categóricamente que "ningún gobernador me llamó para quejarse" y añadió que el único contacto que recibió fue de un mandatario de la oposición para advertirle sobre operaciones políticas en su contra. Esta aseveración genera interrogantes sobre la percepción pública de los gobernadores versus sus posiciones privadas. Hace apenas un año, los 24 gobernadores del país firmaron conjuntamente un proyecto de ley que buscaba garantizar la coparticipación del impuesto a los combustibles, demostrando una posición unificada respecto a los reclamos de recursos. La pregunta que surge es si efectivamente ha habido un cambio de postura o si simplemente opera una diferenciación en los comportamientos públicos y privados de estos actores políticos.
El sistema de premios y castigos: fragmentación de la unidad provincial
La estructura de negociación que ha implementado la administración nacional se basa en un principio claro: tratar a cada gobernador de forma individual, aplicando criterios diferenciados según su grado de alineamiento con la agenda legislativa del oficialismo. Este esquema de premios y castigos ha demostrado ser altamente efectivo para fragmentar la unidad provincial. A diferencia de hace un año, cuando los gobernadores lograron mantener un frente común para negociar los Aportes del Tesoro de la Nación y la distribución del impuesto a los combustibles, ahora las alianzas muestran una volatilidad extrema. Los mandatarios provinciales descubrieron que el costo político de acompañar demandas conjuntas sin obtener compensaciones tangibles es demasiado elevado para sus propias gestiones locales.
Con la llegada de Santilli al gabinete ministerial, Economía implementó una flexibilización en los mecanismos de autorización para la colocación de deuda internacional por parte de las provincias. A partir de abril, comenzó a otorgar adelantos financieros. Quince jurisdicciones recibieron estos adelantos por un total de $400.000 millones, fondos destinados a cubrir urgencias de caja que evidencian el estrés severo en las cuentas subnacionales. Esta medida posteriormente se extendió a otras provincias, demostrando que existe un mecanismo de asignación flexible que premia a determinados actores. El hecho de que Chaco, gobernada por el aliado electoral Leandro Zdero, haya logrado refinanciar el pago de estos adelantos y que desde Córdoba se haya considerado pedir mayor plazo de pago, evidencia que el sistema funciona de manera diferenciada según afinidades políticas. Caputo incluso mencionó explícitamente que están "cediendo préstamos que tenemos de organismos multilaterales", subrayando que existe "un trabajo en conjunto muy bueno con los gobernadores".
Infraestructura y deuda: los incentivos del sistema
En sus exposiciones públicas durante viajes a diferentes provincias, Caputo ha priorizado la mención de avances en materia de infraestructura como elemento de persuasión. Durante su visita a Catamarca y Santiago del Estero junto a Santilli, para reunirse con Raúl Jalil y Elías Suárez respectivamente, enfatizó que "el camino es el de la baja de impuestos, de la mejora de infraestructura, de la baja de desregulaciones". Esta narrativa contrasta con la realidad de una contracción del presupuesto para obra pública. Sin embargo, la posibilidad de acceder a financiamiento internacional mediante adelantos y colocaciones de deuda autorizada funciona como un incentivo alternativo que compensa parcialmente la reducción de transferencias directas.
Caputo ha insistido en que mantiene reuniones semanales con los gobernadores a través de una "mesa" donde se discuten estas cuestiones de forma permanente. Este mecanismo de contacto regular refuerza su posición como negociador directo. La obra pública, reconocidamente, representa uno de los reclamos más permanentes desde las provincias. Al vincular el acceso a financiamiento internacional con el respaldo legislativo, el ministro de Economía ha generado un sistema donde los gobernadores pueden acceder a recursos para inversión, pero condicionados a su comportamiento en el Congreso.
Las consecuencias del nuevo equilibrio territorial
La consolidación de Caputo como negociador central con los gobernadores produce efectos de múltiples dimensiones. Por un lado, permite al gobierno nacional ejercer un control más directo sobre los apoyos legislativos necesarios para su agenda. La fragmentación de la unidad provincial garantiza que no emerja un frente común que pueda presentar resistencia coordinada a las políticas fiscales restrictivas. Por otro lado, el sistema de asignación diferenciada de recursos según alineamientos políticos genera una nueva geografía de poder donde algunos gobernadores capaces de obtener acceso a financiamiento internacional y transferencias selectivas se fortalecen, mientras que otros ven reducidas significativamente sus capacidades de inversión. Las provincias se acercan a un año electoral con cuentas bajo presión, lo que condiciona sus márgenes de maniobra política y probablemente reduzca su capacidad de ofrecer servicios públicos durante una coyuntura electoralmente sensible. Este escenario plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a mediano plazo de una arquitectura política basada en negociaciones individualizadas y sobre cómo impactará en la consolidación del federalismo anunciado por el Ejecutivo nacional.
