La tierra guarda secretos que el tiempo no borra. En Córdoba, cuatro décadas después de que los militares cerraran las compuertas del infierno, los trabajos de excavación en el predio que albergó el campo de detención clandestino La Perla siguen revelando lo que el régimen intentó ocultarparasiempre: identidades, historias, rostros de quienes fueron arrebatados del mundo de los vivos. Esta semana, la justicia federal prepara un anuncio que atravesará nuevamente el tejido social cordobés: varios desaparecidos han sido identificados mediante análisis antropológicos, entre ellos figuras que conectan directamente con la política provincial y personas cuyas familias llevan décadas buscando respuestas en la oscuridad.

Lo que sucede en estos días no es meramente un hallazgo arqueológico o un trámite administrativo de la justicia. Representa un quiebre en la narrativa del olvido forzado. Durante años, estos cuerpos permanecieron anónimos, enterrados bajo tierra del mismo lugar donde fueron torturados y asesinados. Su identificación implica que las familias pueden finalmente cerrar ciclos imposibles de clausurar sin certezas. También significa que funcionarios judiciales continúan con tareas iniciadas hace cuatro décadas, cuando Adolfo Pérez Esquivel—premio Nobel de la Paz—y familiares de desaparecidos presentaron la primera denuncia que originó el expediente que todavía investiga estos crímenes. El juzgado federal 3 de Córdoba, bajo la dirección de Hugo Vaca Narvaja, ordenó las excavaciones que hoy producen estas identificaciones.

Una militante que no fue desaparecida

Entre los nombres que han trascendido se destaca el de Graciela Doldán, una abogada laboralista que militaba en Montoneros. Su desaparición ocurrió en abril de 1976, cuando fue secuestrada junto a una compañera en su domicilio cordobés. Tenía 34 años en ese momento. Lo particular de su caso es que mantenía vínculos de amistad y compañerismo político con Juan Schiaretti, quien actualmente se desempeña como diputado nacional y anteriormente fue gobernador de Córdoba. La identificación de Doldán ha motivado que Schiaretti expresara públicamente su dolor, subrayando que el hallazgo contribuye a la verdad histórica y a la reparación de heridas que permanecen abiertas hace más de cinco décadas. En su comunicado, el exmandatario provincial valoró el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense y los organismos de derechos humanos que persisten en esta búsqueda incansable.

El hermano de Graciela, Roberto Doldán, interpretó la identificación como una victoria simbólica: "La Gorda les ganó otra vez"—en referencia al apodo cariñoso que recibía—"no la pudieron desaparecer". Esta frase resume una batalla que excede lo jurídico: la lucha contra la tentativa de borrar personas de la historia. Según registros del Archivo Provincial de la Memoria, Doldán nació el 19 de agosto de 1941 en Santa Fe. Su caso ilustra cómo la represión no discriminaba entre profesionales, activistas o personas de contextos acomodados. Una abogada, una militante política, desapareció como tantos otros en el estruendo de aquella época.

Otras parejas emergen del anonimato

Los identificados no son solo nombres aislados. La justicia cordobesa ha logrado reconstruir varias parejas cuyos destinos se entrelazaron en La Perla. Ester Felipe y Luis Mónaco eran militantes de Villa María. Su hija, Paula Mónaco Felipe, quien actualmente vive en México y trabaja como periodista, expresó en redes sociales la dimensión emocional de este reencuentro: "hoy vuelven con nosotres"—escribió—"y estamos flotando, con el corazón al galope, descubriendo una nueva y maravillosa forma de felicidad". Su testimonio refleja lo que significa para una generación completa poder, finalmente, despedir a sus padres con certeza. Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy constituyen otro caso de persecución coordinada. Él fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977 de su lugar de trabajo, una funeraria ubicada en el centro de Córdoba. Ella desapareció poco después en la misma ciudad. Dejaron una hija, Mariela, quien fue criada por vecinos y familiares. Estos hechos sucedieron cuando la represión ya no necesitaba mantener el sigilo de los primeros años del golpe: operaba a luz del día, en comercios, en espacios públicos.

La pareja de José Luis Goyechea y Nilda Moreno presenta características aún más escalofriantes. Ambos fueron secuestrados el 15 de agosto de 1977 en el barrio General Paz de Córdoba, delante de sus tres hijos de cinco, tres y un año de edad respectivamente. Goyechea era riojano, estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como empleado administrativo en el Colegio de Médicos. Moreno era psicopedagoga. Sus menores hijos presenciaron el arrebato de sus padres. Estos niños crecieron sin saber con certeza qué había sucedido, con la incertidumbre carcomiendo sus vidas. Ahora, décadas después, pueden comenzar a procesar lo ocurrido desde una verdad corroborada.

Los trabajos de excavación en la Loma del Torito, dentro del predio de La Perla, ya habían producido en marzo identificaciones de once personas más: Carlos Alberto Dambra Villares, José Nicolas Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana y Cecilia Carranza Gamberale, Oscar Omar Reyes, Eduardo Valverde, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elza Mónica Coquelli Pardo y Okelly Pardo. Cada nombre representa una familia, una historia, una ausencia que pesó durante cuarenta años. La Perla no era un simple campo de detención: fue una máquina de desaparición organizada, donde aproximadamente seiscientas personas fueron procesadas. No todas reaparecieron. Muchas desaparecieron para siempre, sus cuerpos arrojados a pozos, a fosas comunes, dispersados por métodos que aún generan incertidumbre en investigadores.

El expediente que hoy mueve estas investigaciones fue abierto hace cuatro décadas a partir de una denuncia histórica. El contexto en el cual se iniciaron estas pesquisas era completamente distinto: la democracia recién recuperada enfrentaba la resistencia de sectores militares que consideraban intocables los crímenes de la represión. A lo largo de estas cuatro décadas, la justicia argentina fue construyendo un marco legal y probatorio capaz de procesar estos delitos. La introducción de técnicas antropológicas, el análisis de ADN, la documentación exhaustiva, permitieron transformar lo que parecía irrecuperable en pruebas concretas de lo ocurrido.

Las implicancias de estos hallazgos trascienden lo puramente judicial o ceremonial. Permiten que familias desgarradas encuentren un cierre simbólico; posibilitan que la verdad histórica se construya sobre bases verificables; generan un registro que impide la negación o la revisión mentirosa de la historia. Sin embargo, también plantean preguntas sobre cómo una sociedad procesa el conocimiento de atrocidades cometidas por sus propias instituciones, cómo convive con la certeza de que hubo tortura sistemática, asesinato planificado, apropiación de niños. Las perspectivas son múltiples: para algunos, estos hallazgos representan justicia transicional y cierre de heridas; para otros, evidencian la insuficiencia de las medidas reparatorias; para una tercera perspectiva, plantean interrogantes sobre cómo construir memoria sin que se reproduzcan dinámicas de venganza o división social. Lo cierto es que la tierra de La Perla seguirá hablando mientras existan restos sin identificar y mientras la justicia continúe con su trabajo.