Después de semanas de ruido interno que ensombrecieron la agenda de gestión, el Gobierno nacional decidió cambiar de ritmo y volvió a poner el foco en lo que considera su verdadero tablero de juego: el Congreso de la Nación. Esta semana marcó un punto de inflexión visible. Mientras La Libertad Avanza intentaba cicatrizar sus heridas internas —con una reunión de Gabinete el lunes y un encuentro sin el Presidente entre los protagonistas de los últimos cruces el martes—, desde la Casa Rosada se desplegaba simultáneamente una estrategia parlamentaria de largo alcance. El Ejecutivo ingresó cuatro proyectos de ley con características muy distintas pero con un objetivo compartido: utilizar las mayorías construidas en el Senado y las alianzas frágiles pero funcionales en Diputados para avanzar en una agenda legislativa que el oficialismo considera central. La cuestión de fondo es simple pero trascendente: después de tres años de gobierno, ¿puede el libertarianismo convertir su capacidad de bloqueo en capacidad de transformación legislativa? Los próximos meses dirán si el Ejecutivo logra traducir votos en leyes o si, una vez más, el Parlamento frenará sus ambiciones.

El mapa de poder en el Senado: dónde está la fortaleza del Gobierno

Para entender por qué esta batería de proyectos tiene posibilidades reales de avanzar, hay que mirar primero hacia la Cámara Alta, donde el Ejecutivo construyó una arquitectura de mayorías que funciona con notoria eficacia. Los 21 senadores de La Libertad Avanza constituyen el núcleo duro, pero la verdadera multiplicación de votos proviene de sus aliados. Los tres senadores del Pro, bajo la conducción de Martín Goerling Lara, votan casi automáticamente con el Ejecutivo sin que medien grandes discusiones. Este es un dato político de relevancia: a pesar de los vaivenes públicos entre Mauricio Macra y Javier Milei, la tropa legislativa amarilla ha mostrado una disciplina casi militar a la hora de respaldar las iniciativas del Gobierno. En los últimos dos años, el Pro nunca traicionó al Ejecutivo en votaciones clave, a diferencia de lo que sucedió con los libertarios, que sufrieron quiebres internos en su propio bloque en varias ocasiones.

Pero el juego se complica —y a la vez se expande— cuando entran en juego los diez legisladores de la Unión Cívica Radical. Aquí no hay automatismo. Los radicales mantienen una independencia de criterio que en ocasiones los enfrentó con el Gobierno, como ocurrió con diputados de la provincia de Buenos Aires, legisladores de La Pampa y de Catamarca. Sin embargo, la mayoría de la bancada radical del Senado, encabezada por Eduardo Vischi de Corrientes, ha acompañado al Ejecutivo con regularidad. A esto se suman los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, que responden electoralmente al gobernador Alfredo Cornejo, quien a su vez tiene una alianza formal con La Libertad Avanza. También suma a este bloque de apoyo Carolina Losada, la senadora santafesina. Esta combinación de fuerzas lleva a las cuentas del Ejecutivo a rondar los 37 votos, frecuentemente superados, que garantizan no solo la sanción de leyes sino también la capacidad de abrir el recinto cuando así lo requieren.

La consecuencia de esta arquitectura es casi lógica: el bloque Justicialista de José Mayans queda sin herramientas para frenar o modificar sustancialmente los proyectos del Ejecutivo. El peronismo, que alguna vez fue hegemónico en el Senado, ha pasado a ser minoría estructural. Incluso el surgimiento de Convicción Federal, el bloque peronista disidente liderado por Carolina Moisés, no representa una amenaza sino más bien un socio ocasional del Gobierno en algunas votaciones. Esta reconfiguración del mapa de poder en la Cámara Alta es quizá uno de los cambios políticos más profundos de los últimos años, aunque sea menos visible en las coberturas diarias que los conflictos internos libertarios.

Diputados: donde conviven las alianzas amplias con las resistencias más fuertes

La Cámara de Diputados presenta un panorama radicalmente distinto. Bajo la presidencia de Martín Menem, la cámara baja ha sancionado recientemente proyectos del Ejecutivo con márgenes importantes de votos, como la Ley Hojarasca y las modificaciones al régimen de Zonas Frías. Estos triunfos legislativos contaron con el apoyo de gobernadores provinciales que actualmente están alineados con el Gobierno. Pero ese mismo recinto es también la sede de las voces críticas más vigorosas del Parlamento. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, diputados radicales disidentes y otros legisladores de distintas fuerzas políticas mantienen desde allí una vigilancia activa sobre la agenda ejecutiva.

La tensión entre estas dos realidades —apoyo legislativo relativo versus crítica parlamentaria constante— se manifestó casi instantáneamente cuando el Gobierno anunció sus nuevos proyectos. Algunos diputados que habían colaborado en iniciativas anteriores salieron a cuestionar públicamente los anuncios de la Casa Rosada. Una coordinadora de la Coalición Cívica que había jugado un rol crucial en la aprobación en 2024 del proyecto sobre ludopatía expresó su molestia de manera muy directa, señalando que hace dos años el Congreso ya había dado media sanción a esa iniciativa y que ahora el Gobierno presentaba como novedad lo que en realidad era un proyecto que su propio bloque había impulsado en el pasado. Un diputado radical de Buenos Aires, por su parte, cuestionó públicamente por qué el Senado mantenía cajoneada en comisiones una ley que la Cámara baja ya había aprobado hace tiempo. Estos cruces revelan algo importante: no todas las críticas al Gobierno provienen de bloques opositores tradicionales, sino también de legisladores que han votado con el Ejecutivo en cuestiones anteriores y que reclaman coherencia en las prioridades parlamentarias.

El super-RIGI: la estrella de un paquete legislativo diverso

Entre los cuatro proyectos enviados al Congreso, el que concentra mayor atención dentro de la Casa Rosada es lo que se conoce como el super-RIGI, una expansión y profundización del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que fue parte de la Ley Bases. Este nuevo proyecto busca específicamente beneficiar a inversores en la industria tecnológica, con la meta declarada de reactivar la economía a través de estímulos fiscales agresivos. El sistema propone una alícuota del impuesto a las ganancias del 15 por ciento, significativamente inferior al 25 por ciento del RIGI actualmente vigente. Además, incluye una amortización acelerada que permite deducir el 60 por ciento del valor en el primer año, 20 por ciento en el segundo y 20 por ciento en el tercero. Los beneficiados también gozarían de exención de aranceles de importación para bienes vinculados a sus operaciones y derechos de exportación en cero desde el momento en que comiencen sus actividades. Una particularidad adicional es que se prohibiría a provincias y municipios crear nuevas cargas tributarias sobre estos inversores, lo que implica una concentración de poder fiscal en manos del Gobierno nacional.

La decisión de enviar este proyecto por Diputados responde a cálculos tácticos. Es la cámara donde la coalición oficialista puede demostrar músculo legislativo de forma más espectacular, aunque también donde enfrenta mayores resistencias ideológicas. La estrategia es mostrar capacidad de transformación mientras que en el Senado, donde el Gobierno ya tiene las cosas más controladas, avanza con los otros tres proyectos. El super-RIGI representa lo que el oficialismo entiende como visión de futuro: incentivos masivos a grandes inversores tecnológicos en lugar de las políticas más tradicionales de distribución o regulación que caracterizan al resto de los proyectos que acompañan este paquete.

Ludopatía, etiquetado y lobby: una agenda heterogénea con significados políticos distintos

Los otros tres proyectos que ingresaron al Congreso tienen características muy diferentes entre sí, aunque comparten cierta lógica común: buscan regular aspectos de la vida económica y social que el Ejecutivo considera problemáticos o necesitados de revisión. El proyecto sobre ludopatía, en particular, generó la respuesta más incisiva de los críticos. La historia de este proyecto es interesante: fue aprobado en 2024 con 140 votos a favor, una mayoría amplísima que no incluyó al oficialismo, que se abstuvo, ni al Pro, que también se abstuvo. Solo votó en contra La Libertad Avanza. Sin embargo, el proyecto quedó estancado en las comisiones del Senado, donde ahora el Gobierno tiene mayor control que en Diputados. Esto alimentó las sospechas de que el bloqueo deliberado fue una estrategia para desactivar una normativa que afectaría intereses vinculados a plataformas de apuestas, muchas de las cuales tienen conexiones con figuras públicas libertarias.

La ley original buscaba atacar un fenómeno real: el crecimiento exponencial de plataformas de apuestas digitales, la saturation de publicidad en redes sociales promovida por influencers y deportistas, y el acceso de menores de edad a estos sistemas. Implementaba prohibiciones sobre patrocinio de casas de apuestas en el deporte, restricciones fuertes a la publicidad dirigida especialmente a jóvenes, y penas aumentadas para operadores que infringieran estas normas. Ahora el Gobierno dice que quiere legislar sobre el tema, pero con enfoque diferente, lo que ha generado la pregunta obvia: ¿por qué no respaldar la legislación que ya existe? El Ejecutivo justifica su nuevo proyecto señalando que busca adaptar el tratamiento argentino a estándares internacionales, pero los legisladores que impulsaron la iniciativa original ven en esto una dilución de sus disposiciones más restrictivas.

El proyecto sobre Etiquetado Frontal presenta un giro completamente distinto. La ley vigente, sancionada en 2021, obliga a las empresas alimenticias a incluir advertencias visuales en forma de octógonos negros para señalar excesos de grasas, sodio, azúcares y calorías. El Gobierno quiere eliminar esta obligación y reemplazarla por un esquema de "transparencia" que se alinee con estándares del Mercosur y de países como Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, los sistemas que opera en esos territorios son esencialmente informativos y no preventivos: no advierten al consumidor de manera tan directa sobre riesgos. Desde la perspectiva de los defensores de la ley actual, la derogación sería un paso atrás en materia de salud pública. Desde la perspectiva de la industria alimentaria y del Gobierno, la ley actual es un obstáculo regulatorio excesivo.

El cuarto proyecto, sobre Regulación del Lobby, persigue un objetivo que en otros contextos democráticos se considera progresista: establecer reglas de transparencia sobre reuniones, audiencias y contactos entre funcionarios, legisladores, empresas y organizaciones. El proyecto busca importar esquemas que funcionan en Estados Unidos y en la Unión Europea, donde la corrupción y la captura regulatoria son asuntos de debate público permanente. En la Argentina, donde la desconfianza en las instituciones es estructural, una ley de lobby podría tener un impacto simbólico y práctico significativo. Sin embargo, la realidad es que implementar esta regulación requiere además voluntad política para hacer pública información que muchos actores preferirían mantener privada.

Las cuentas políticas y los escenarios posibles

Mirando el panorama general, el Gobierno tiene ventajas claras en el Senado y ventajas relativas en Diputados. En la Cámara Alta, los cuatro proyectos que se debate allí encuentran, en teoría, una senda clara hacia la sanción. La arquitectura de mayorías que describimos al inicio garantiza que el Ejecutivo llegue a los números necesarios. En Diputados, donde ingresan dos de estos proyectos, la situación es más incierta pero no imposible. El Gobierno ha demostrado capacidad de armado legislativo en las últimas sesiones, y los aliados provinciales mantienen disciplina de voto. El riesgo está en que alguna de estas iniciativas movilice sectores con capacidad de influencia política fuerte: la industria alimentaria presionará sobre derogación de etiquetado, los operadores de plataformas de apuestas harán lobby sobre ludopatía, y diversos sectores tienen interés en el super-RIGI.

Lo que suceda en las próximas semanas dirá mucho sobre la verdadera capacidad de gobernanza del oficialismo más allá de sus fuerzas propias. La tregua interna que buscó demostrar esta semana será puesta a prueba en los debates legislativos. Si el Gobierno logra sancionar los cuatro proyectos tal como fueron concebidos, habrá demostrado una capacidad transformadora real. Si debe hacer cesiones significativas o si alguno cae en el camino, quedará claro que las mayorías parlamentarias tienen límites más frágiles de lo que las cuentas mecánicas sugieren. En cualquier caso, el Congreso vuelve a ser el escenario central de la política argentina, después de semanas en que lo fue la interna libertaria. Ese retorno al orden legislativo, independientemente de sus resultados concretos, es en sí mismo un cambio político relevante que marca dónde se está jugando realmente el futuro de la gestión nacional.