A casi dos décadas de iniciado un ambicioso programa de construcción de viviendas para sectores vulnerables, emerge una grieta cada vez más profunda entre la intención declarada del proyecto y la trayectoria que efectivamente recorrió el dinero público asignado. Sergio Schoklender, quien actuó como apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, amplió esta semana sus argumentos en la sala de audiencias de un juicio que examina el presunto desvío de fondos durante la ejecución de iniciativas de hábitat. Lo que antes parecía una cuestión de gestión administrativa se revela ahora como una trama más compleja, donde confluyen financiamientos estatales, estructuras universitarias, acciones legales coordinadas y donaciones internacionales, todo bajo el paraguas de una organización de histórica significación en la memoria argentina.
Durante su exposición ante los magistrados, Schoklender articula su defensa apelando a una convicción personal: considera haber dedicado sus recursos empresariales a lo que describe como el único emprendimiento sin mácula en un contexto atravesado por prácticas irregulares. La declaración no constituye una negación categórica de los hechos investigados, sino más bien una recontextualización de los mismos. Sostiene que operó múltiples estructuras societarias cuya finalidad convergía en mantener vivo un proyecto que, según su perspectiva, respondía a motivaciones humanitarias. Pero a medida que expone los detalles de esa red de operaciones, afloran interrogantes sobre la verdadera destinación de recursos y sobre los mecanismos mediante los cuales se canalizaban fondos hacia iniciativas que trascienden el terreno constructivo.
El financiamiento de denuncias: una operatoria paralela
Un aspecto relevante que emerge de la declaración refiere a la existencia de un espacio académico que funcionaba simultáneamente a las obras habitacionales. Según Schoklender, en el seno de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo se constituyó un núcleo investigativo que operaba con sustento financiero específico. Este centro recibía un subsidio fijo gestionado por Aníbal Fernández, quien lo canalizaba a través de Hebe de Bonafini, y su misión explícita era articular denuncias sostenidas contra funcionarios de una determinada agrupación política. La revelación sugiere que fondos destinados formalmente a actividades universitarias y de investigación se redirigían hacia iniciativas de índole judicial y política.
El abogado Eduardo Barcesat emerge en este esquema como una pieza central. De acuerdo con lo expuesto por Schoklender, fue Barcesat quien convenció a Bonafini de solicitar a Fernández los recursos necesarios para "iniciar" sistemáticamente este ciclo de presentaciones judiciales. La operatoria, entonces, no se limita a una casualidad o a un financiamiento ocasional, sino que revela una estructura deliberada. Entre los funcionarios contra quienes se presentaron acciones legales figuran Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Marcos Peña y Germán Garavano. La existencia de este mecanismo plantea interrogantes sobre las fronteras entre la acción legítima de denuncia y el uso de recursos públicos para fines que exceden la misión original de la institución.
Las fuentes de financiamiento: un entramado de orígenes diversos
Cuando se indaga sobre los orígenes del dinero que nutría el proyecto, Schoklender expone un abanico heterogéneo de procedencias. Menciona contribuciones provenientes del exterior, aportes de personalidades vinculadas al mundo del espectáculo, recaudos generados a través de festivales y, de manera particularmente significativa, transferencias asociadas a Hugo Chávez. Aquí, el declarante introduce una admisión que modula su postura defensiva: reconoce que "alguno se perdió en el camino", frase que abre la puerta a interpretaciones sobre la gestión efectiva de esos recursos. Esta formulación evasiva sugiere pérdidas o desvíos de magnitud indeterminada, lo que complejiza la narrativa de una administración rigurosa y transparente.
El contexto internacional añade una dimensión geopolítica a la investigación. Las transferencias vinculadas al gobierno venezolano durante la era Chávez reflejan conexiones ideológicas y políticas que iban más allá de una simple operación altruista. Schoklender, al admitir que no todo el dinero llegó a destino, reconoce implícitamente un vacío en la trazabilidad de fondos de origen estatal extranjero. Asimismo, su caracterización de la Fundación como "un aparato militante del kirchnerismo" por instrucción de Bonafini reposiciona el análisis: la institución funcionaba simultáneamente como ejecutora de políticas de hábitat, como plataforma de acción política partidaria y como receptora de financiamientos con motivaciones geopolíticas complejas. Esta superposición de roles genera sospechas sobre la primacía real de cada una de esas funciones en la asignación de recursos.
En materia de obras propiamente dichas, Schoklender presenta una narración selectiva. Reconoce que un emprendimiento en Almirante Brown debió suspenderse debido a que el terreno entregado estaba en condiciones degradadas. Sin embargo, contrasta este fracaso con la ejecución de otros proyectos, como un centro de atención sanitaria en El Impenetrable que incluía instalaciones complementarias: vivienda para personal administrativo y un espacio preparado para operaciones de helicóptero en situaciones de emergencia. La mención de estas infraestructuras secundarias sugiere una escalada de complejidad y costo que va más allá de la construcción básica de viviendas, planteando nuevos interrogantes sobre prioridades presupuestarias.
La confrontación con la pericia técnica: interpretaciones enfrentadas
El núcleo del conflicto se manifiesta cuando Schoklender cuestiona frontalmente el trabajo de Francisco Guzmán, perito de la Corte Suprema encargado de analizar el estado de las obras ejecutadas. La crítica del declarante no se formula en términos técnicos específicos, sino que apela a una descalificación emocional: afirma que genera "vergüenza ajena" lo que se presentó como hallazgo. Según Schoklender, cuando consultó directamente a autoridades provinciales sobre el funcionamiento de las viviendas, éstas confirmaron que los inmuebles operaban correctamente. Sin embargo, esta versión contrasta de manera radical con los datos que consignó el perito oficial.
El informe de Guzmán describe situaciones de precariedad que van más allá de detalles menores: familias que se calentaban mediante tachones metálicos improvisados y que debían trasladarse hacia otras casas para acceder a agua potable. Estas circunstancias, documentadas en inspecciones de campo realizadas por el perito, revelan condiciones de habitabilidad que quedan por debajo de estándares mínimos aceptables. La discrepancia entre la aseveración de Schoklender sobre el correcto funcionamiento de las viviendas y los registros del perito no admite fácilmente una reconciliación. O bien las inspecciones no alcanzaron a detectar los problemas reales, o bien la información recopilada a nivel provincial no reflejaba la situación efectiva en terreno. La primera hipótesis parece poco probable dado el protocolo técnico de una pericia de la Corte; la segunda sugiere un desfasaje informativo o una negativa a reportar falencias.
María Eleonora Fesera, perito contable, aportó hallazgos que profundizan la incertidumbre sobre la gestión financiera de la institución. Su análisis de los libros contables reveló la presencia de registros contables sin respaldo documental equivalente: facturas faltantes, comprobantes de transferencias no documentados, vacíos probatorios que impiden verificar independientemente hacia dónde fluyeron determinadas sumas. Este tipo de anomalías no constituye un detalle administrativo menor, sino que representa una ruptura en la cadena de trazabilidad de fondos públicos. Sin documentación de respaldo, resulta imposible para terceros verificar si esos movimientos respondieron efectivamente a gastos en construcción u operaciones relacionadas, o si atravesaron canales distintos.
La causa "Sueños Compartidos" que se ventila ante los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico desde febrero de este año examina el presunto desvío de aproximadamente 206 millones de pesos. La acusación no se limita al desfalco simple, sino que incorpora imputaciones sobre lavado de dinero a través de empresas vinculadas a los hermanos Schoklender. Esta escala monetaria y esta complejidad delictiva sugieren que la investigación considera posible una operatoria que excedía la malversación común de fondos, incluyendo mecanismos de ocultamiento y blanqueo de capitales.
Implicancias y perspectivas en tensión
Los argumentos expuestos por Schoklender durante su ampliación de indagatoria presentan un cuadro donde coexisten elementos difíciles de conciliar. Por un lado, un discurso que enfatiza la legitimidad del propósito y la dedicación personal a una causa que el declarante considera noble. Por otro, la admisión de operatorias paralelas de financiamiento dirigidas a acciones políticas, la aceptación de donaciones de magnitud indeterminada provenientes de gobiernos extranjeros, la caracterización de la institución como instrumento de militancia partidaria, y el reconocimiento implícito de pérdidas monetarias sin destino claro. Cuando se superponen estos elementos, emerge una imagen donde los límites entre una fundación de bien público, un instrumento político y una estructura de dudosa legalidad financiera resultan porosos y ambiguos.
Desde la perspectiva de quienes sostienen la acusación, los datos presentados refuerzan la tesis de una desviación sistemática de fondos estatales hacia objetivos que no guardaban correspondencia con el destino original: construcción de viviendas sociales. El financiamiento de centros que funcionaban como productores de denuncias políticas, la gestión de donaciones internacionales sin transparencia total, la presencia de registros contables incompletos, y la documentación de viviendas en condiciones habitables deficientes conforman un conjunto de evidencias que apunta hacia una operatoria irregular. Desde esta óptica, el proyecto de hábitat sirvió parcialmente como cobertura de actividades de índole política y como mecanismo de canalización de fondos externos.
Desde la perspectiva defensiva, la exposición de Schoklender procura establecer que el proyecto respondía a motivaciones sinceras y que sus deficiencias guardan relación con la complejidad de ejecutar iniciativas de envergadura en contextos de debilidad institucional. La invocación de susancias provenientes del exterior y de la cooperación de figuras públicas busca legitimar tanto la amplitud de la financiación como la diversidad de actividades vinculadas a la institución. El cuestionamiento de los hallazgos del perito Guzmán intenta socavar la credibilidad de una parte central de la acusación, sugiriendo que los problemas detectados fueron exagerados o que no guardan correspondencia con la realidad operacional reportada por autoridades provinciales.
Lo que este caso expone, más allá de las posiciones encontradas, es la fragilidad de los mecanismos de control y auditoría sobre instituciones que canalalizan fondos públicos, incluso cuando gozaran de una legitimidad social y política considerable. La existencia de un marco legal y de procedimientos de supervisión no asegura por sí sola que los recursos se destinen efectivamente a lo proclamado. Los vacíos documentales, los financiamientos de baja transparencia, la superposición de roles institucionales y la ausencia de mecanismos independientes de verificación en tiempo real abrieron espacios donde operatorias de distinto cariz pudieron coexistir bajo un mismo paraguas organizacional. El desenlace de este juicio determinará si esos espacios fueron utilizados para fines legítimos complementarios o si constituyeron deliberadamente canales de desviación de recursos que debieron destinarse íntegramente a la construcción y mejora de viviendas para población vulnerable.
