Un operativo de la Policía Federal Argentina ejecutado en un domicilio de Castelar el viernes pasado terminó por exponer un entramado complejo de denuncias, cargos públicos y disputas políticas que trasciende los límites de lo que inicialmente parecía ser un caso de tenencia y distribución de sustancias ilícitas. La desaparición de Luna Suyai Ortigoza, quien se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del municipio de Morón, abrió interrogantes sobre los mecanismos de selección de personal en estructuras estatales y sobre cómo redes familiares logran posicionarse en organismos públicos. Lo que cambió con este episodio es la visibilidad que adquirió una trama que estaba presente en las sombras: la intersección entre militancia política, nombramientos discrecionales y presuntas actividades delictivas.

Los hechos que desencadenaron la investigación

Todo comenzó cuando una denuncia anónima llegó a los escritorios judiciales a principios de marzo, señalando operaciones de narcomenudeo en la zona. Los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, titulares de la Fiscalía N°9 de Morón, ordenaron entonces una serie de tareas de campo que marcarían el ritmo de lo que vendría después. La Policía Federal, en colaboración con efectivos locales, ejecutó ocho procedimientos simultáneos en diferentes domicilios. Lo incautado en la operación general fue contundente: 1,7 kilos de cocaína, 240 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, $24.800 en efectivo, un revólver con cargador, tres cartuchos y 43 municiones. Pero el allanamiento al domicilio de Ortigoza resultó ser el que más repercusiones políticas traería consigo.

En la vivienda de la joven funcionaria, efectivos secuestraron medio kilo de cocaína distribuido de formas distintas: un ladrillo de 480 gramos, envoltorios adicionales de 70 gramos y otros tres de 15 gramos cada uno, además de una balanza digital y dinero en efectivo. Estos hallazgos la colocaban como parte de una organización dedicada a la venta de drogas, según las conclusiones preliminares de los investigadores. Sin embargo, el viernes de esa misma semana, Ortigoza fue desplazada de su cargo. Su ausencia de los registros oficiales municipales no fue accidental: el municipio retiró su nombre de documentos públicos, y cuando se intenta acceder al organigrama de la administración local, los servidores no responden. Alguien borró digitalmente lo que debería estar disponible para conocimiento ciudadano.

Junto a Ortigoza, la justicia ordenó la captura de Ángel Daniel Paz, de 34 años, quien figuraba como su pareja y residiría en Pasaje Florit al 3600 de Castelar. Además, en otro procedimiento, fue detenido Norberto Hernán Aliano, de 42 años, quien enfrenta cargos por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes con miras a su distribución.

La trama familiar que asoma en la estructura pública

Lo que convierte este caso en materia de escrutinio político es el despliegue de vínculos familiares dentro de la administración municipal. Silvina Noemí Ortigoza, madre de Luna, ocupa actualmente el cargo de directora de la Unidad de Gestión Comunitaria N°5 de Castelar sur, en planta permanente con una carga de 48 horas semanales. Participó en listas electorales vinculadas a Nuevo Encuentro en 2023, una agrupación aliada al kirchnerismo. Reportes de fuentes cercanas sugieren que madre e hija no mantienen una relación armoniosa, información que circuló en espacios periodísticos locales acompañada de versiones acerca de que Ortigoza podría estar escondida en el domicilio materno mientras espera que "se esclarezca todo".

Otra integrante de la familia presente en la nómina municipal es Betania Yael Milego, de 37 años, hermana de Luna, quien desempeña funciones como asesora de la senadora bonaerense Mónica Macha, una figura política con trayectoria considerable en la zona. Estas conexiones en ramas distintas de la administración pública plantean preguntas sobre criterios de selección y promoción. El denominador común en esta red es Hernán Sabbatella, secretario Legal y Técnico del intendente Lucas Ghi, quien mantiene nexos con la familia Ortigoza. Esto adquiere relevancia cuando se considera que Sabbatella enfrenta un historial complicado: en 2021 fue denunciado por abuso sexual y entrega de estupefacientes por parte de una exempleada de la municipalidad. La causa fue archivada en noviembre de ese año, pero reabrió el interrogante cuando la denunciante solicitó que la justicia revirtiera esa decisión.

El intendente Ghi, quien lidera el municipio desde 2019 con un mandato previo entre 2009 y 2015, designó a Ortigoza mediante el Decreto 1236/2025 el 16 de junio de este año, con una carga laboral de 48 horas semanales. Cuando fue consultado públicamente sobre la designación, Ghi argumentó que Luna Ortigoza ingresó a la municipalidad durante la administración anterior y fue nombrada al frente de esta dirección por estar "formada y capacitada", negando que mediara consideración alguna de su activismo político. Sin embargo, el decreto que oficializa el nombramiento lleva su propia firma, y la cronología sugiere que su llegada a este cargo específico es más reciente que lo expuesto. La responsable directa de Ortigoza hasta su remoción fue Laura De Peri, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, quien la supervisaba en el Centro Territorial.

Conflictos políticos que emergen a la superficie

Las tensiones internas dentro del peronismo local encuentran aquí un nuevo capítulo. Ghi y Sabbatella respaldan el liderazgo del gobernador Axel Kiciloff en la conducción del peronismo bonaerense, mientras que Martín Sabbatella, hermano de Hernán, encabeza Nuevo Encuentro, la misma agrupación que integró Silvina Noemí Ortigoza. Martín alberga aspiraciones de presentarse como candidato a intendente en 2027, lo que profundiza las líneas de fractura dentro del espacio justicialista local. Cuando el caso de Hernán Sabbatella cobró notoriedad en 2021, Nuevo Encuentro lo expulsó de sus filas. La entonces secretaria de Género, Cinthia Frías, quien lideraba el equipo de contención a la denunciante de Sabbatella, le solicitó públicamente su renuncia sin obtener respuesta positiva. En abril del año pasado, durante una reformulación del gabinete municipal, Ghi desplazó a varios funcionarios, incluyendo a Frías, y fue en ese momento cuando Laura De Peri asumió el cargo de secretaria, siendo quien posteriormente contrataría a Ortigoza en su área de trabajo.

Este movimiento de piezas en el tablero municipal no es meramente administrativo. Refleja pugnas políticas en las que cambios de gestión y remociones de funcionarios obedecen a lógicas de poder más amplias. La llegada de De Peri a su posición estuvo precedida por la salida de quien había tomado una postura contraria a Sabbatella. Meses después, De Peri designa a Ortigoza, cuya madre militaba en Nuevo Encuentro, una agrupación rival de los intereses políticos de Ghi. Las motivaciones detrás de cada decisión administrativa merecen ser interrogadas, incluso cuando los funcionarios ofrecen justificaciones que subrayan competencia y formación profesional.

Los números que hablan de una operación coordinada

La magnitud del operativo policial sugiere que las autoridades investigaban una red articulada de distribución de drogas, no simplemente incidentes aislados. Los ocho procedimientos coordinados entre la PFA y la policía local generaron un volumen significativo de incautaciones. Más allá de lo decomisado en el domicilio de Ortigoza, hubo otras viviendas donde se encontraron drogas, dinero, armas y otros elementos utilizados en el comercio de estupefacientes. Esta operación de envergadura se inició a partir de una denuncia anónima referida a actividades de narcomenudeo, lo que sugiere que residentes de la zona tenían conocimiento de lo que ocurría en sus barrios. El hecho de que la investigación haya tardado desde marzo hasta el momento del allanamiento indica que los fiscales llevaban adelante tareas de inteligencia y seguimiento antes de ordenar las incursiones.

El secuestro de un revólver, cargador y municiones en alguno de los domicilios allanados añade otra dimensión preocupante: la presencia de armas en manos de quienes operaban en el comercio de drogas. Esta combinación de elementos es indicativa de una organización dispuesta a defender sus territorios y operaciones mediante la violencia si fuera necesario. Los $24.800 incautados constituyen evidencia del flujo monetario generado por la venta al menudeo, dinero que típicamente se reinvierte en la compra de más mercancía o se reparte entre miembros de la banda.

Interrogantes que permanecen abiertos

Mientras fiscales trabajan para determinar cuál era específicamente el rol de Ortigoza dentro de la organización investigada, surgen preguntas sin respuesta inmediata. ¿Hasta qué punto su posición en la administración le facilitaba cobertura o movimientos? ¿Qué relación existe entre su desempeño laboral como directora de un centro de políticas de género y su supuesta participación en operaciones de narcotráfico? ¿Fue casual que se designara a alguien vinculado a una agrupación política rival justo después de cambios en la secretaría de Género? Los registros municipales borrados sugieren que alguien intentó ocultar evidencia o minimizar la conexión de la administración con los eventos posteriores.

La versión de que Ortigoza estaría en el domicilio de su madre en Castelar sur, esperando a que "se esclarezca todo", plantea una tensión adicional. ¿Cómo es que se difundió esta información si la prófuga permanecía en paradero desconocido para las autoridades? ¿Quién contaba con acceso a detalles sobre su ubicación? Estos detalles circularon en medios locales, lo que sugiere que la información no era completamente hermética, o que alguien con conocimiento de los hechos se la proporcionaba a periodistas.

El caso de Hernán Sabbatella añade una capa de complejidad política que trasciende el episodio actual. Su denuncia por abuso sexual y entrega de estupefacientes, aunque archivada, vuelve a cobrar relevancia en un contexto donde sustancias ilícitas emergen en estructuras municipales. La petición de la denunciante para que se revierta el archivo sugiere que existe insatisfacción con cómo fue procesado ese caso inicialmente. En este sentido, los eventos recientes podrían abrir espacios para que se revise la totalidad de lo ocurrido años atrás.

Las implicancias para la gobernanza municipal

Lo que este caso expone es la vulnerabilidad de estructuras administrativas cuando no existen mecanismos robustos de control y transparencia. La facilidad con que se pueden colocar personas en cargos públicos sin verificaciones profundas, la capacidad de borrar registros digitales, y la superposición entre militancia política y designación de funcionarios, conforman un ecosistema propicio para irregularidades de diversa índole. No se trata únicamente de un problema de narcotráfico, sino de cómo operan las instituciones públicas cuando prevalecen lógicas de lealtad política por sobre criterios de idoneidad verificable.

Ghi ha gobernado Morón en dos períodos distintos, acumulando experiencia administrativa significativa. Sin embargo, la sucesión de eventos que llevó a la designación de Ortigoza, pasando por cambios de gabinete y remociones de funcionarios, sugiere que las dinámicas internas escapan a un simple criterio de profesionalización de la administración. Cada movimiento parece responder a equilibrios de poder dentro del espacio peronista local, donde Ghi compite indirectamente con Martín Sabbatella por la conducción política futura del distrito.

En cuanto a las consecuencias que podría acarrear esta situación, diversos escenarios se presentan como posibles. Por un lado, si se confirma que Ortigoza ejercía funciones públicas mientras participaba en operaciones de narcotráfico, la credibilidad de la administración municipal se vería gravemente comprometida, generando demandas de auditorías internas más exhaustivas y cambios en protocolos de contratación. Por otro lado, la revelación de estos hechos podría fortalecer argumentos de quienes critican el manejo discrecional de cargos públicos en Morón, alimentando debates sobre la necesidad de mecanismos independientes de selección de personal. En un tercer escenario, la investigación judicial podría derivar en imputaciones formales que amplíen el círculo de investigados, incluyendo potencialmente a funcionarios que supervisaban o participaban en decisiones administrativas. Lo que resulta cierto es que la ausencia de Ortigoza, su condición de prófuga, y el desconocimiento de su paradero actual, mantienen este caso en estado de incertidumbre mientras los fiscales continúan sus pesquisas.