Un ejecutivo en movimiento constante

La Casa Rosada funciona estos días como una maquinaria que opera simultáneamente en múltiples frentes. Mientras negocia con los gobiernos provinciales los términos de una reforma política que lleva estancada desde hace meses, el oficialismo despliega una batería de medidas de desregulación que suma miles de acciones administrativas. Más de 17 mil desregulaciones fueron implementadas en agosto, según informó la cartera a cargo de Federico Sturzenegger, quien encabeza la Secretaría de Desregulación. El Presidente no dudó en amplificar ese mensaje en sus redes sociales, dejando claro que ese es el relato que desea posicionar en la opinión pública. Mientras tanto, desde distintos puntos del territorio nacional, los gobernadores dialogan sobre qué está dispuesto a ceder y qué no el Gobierno libertario en materia electoral y presupuestaria. Se trata de un cuadro político de alta complejidad, donde la capacidad de mantener la iniciativa discursiva parece tan importante como los cambios concretos que se implementan.

La reforma electoral: negociación en tiempo lento

La iniciativa de reforma política que el Presidente envió al Senado hace varios meses permanece en un limbo legislativo. El proyecto incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una medida que el Gobierno considera central para su estrategia electoral de cara a 2027. Sin embargo, desde mayo pasado las negociaciones con los gobernadores se encuentran en un punto muerto. Los tiempos cambiaron en los últimos diez días: con la intención de comenzar el tratamiento en el Senado dentro de poco más de una semana, los contactos entre la Casa Rosada y las provincias se aceleraron. Pero ahora el eje de la conversación se desplazó. Ya no gira exclusivamente alrededor de los recursos y las obras que demandan los mandatarios provinciales. La cuestión se tornó explícitamente política: qué posición adoptará La Libertad Avanza en cada territorio, cómo se construirán las listas, dónde se colocará el apoyo oficial. Para el núcleo duro del Gobierno, el punto crucial radica en garantizar la reelección del Presidente. Esa es la brújula que orienta cada movimiento.

Los bloques opositores que mantienen diálogos con el oficialismo se niegan a ceder en la cuestión de las primarias. Desde su perspectiva, las PASO constituyen una herramienta indispensable para procesar los conflictos internos y evitar rupturas partidarias definitivas. Consideran que sin ese mecanismo, sus coaliciones se fracturaría de manera irreversible. El kirchnerismo, por su parte, tampoco muestra disposición a acompañar la iniciativa. Así, el proyecto permanece en estado de hibernación en la Cámara alta, a la espera de movimientos que por ahora no llegan.

Seguridad, amenazas internacionales y gestos de poder

En paralelo a estas negociaciones legislativas, la Casa Rosada ha debido lidiar con cuestiones de seguridad que exceden las fronteras nacionales. La escena internacional de Medio Oriente, con la tensión creciente entre Estados Unidos e Irán, proyectó su sombra sobre Argentina. De acuerdo con información que circuló en círculos parlamentarios, el grupo terrorista Hezbollah formuló amenazas contra ciudadanos argentinos, incluido un alto funcionario de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Específicamente, Diego Kravetz, quien se desempeña como subsecretario de Inteligencia, figuraba entre los amenazados. La lista incluía a otras dos personas que no ocupan puestos públicos. Tras conocerse estas amenazas, se reforzó la custodia del funcionario y su núcleo familiar. Kravetz es una figura que trazó un camino específico en la seguridad argentina: fue secretario de Seguridad durante una gestión anterior, ocupó la jefatura de policía en la ciudad y ahora forma parte del equipo de inteligencia del Presidente. El incidente pone de relieve los vínculos internacionales del Gobierno actual y los riesgos que conllevan ciertos alineamientos geopolíticos.

Educación, resultados decepcionantes y atribución de culpas

Cuando se conocieron los resultados de las pruebas PISA 2025, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado para procesar la información. Los números son alarmantes: menos de uno de cada doce alumnos en Argentina alcanza el nivel básico en todas las materias. Aunque el retroceso educativo forma parte de una tendencia global de estancamiento y descenso, el comunicado oficial enfatizó que en la Argentina la caída se produce sobre un punto de partida ya de por sí bajo, lo que evidencia una "situación crítica en los aprendizajes". El Gobierno utilizó la ocasión para señalar a las gestiones anteriores, particularmente al kirchnerismo, por este deterioro. El mensaje fue claro: la administración actual hereda un desastre educativo que no es responsabilidad suya. Sin embargo, la nota que el comunicado dejó implícita es que, transcurridos meses de gestión libertaria, las pruebas que se evaluaban corresponden a aprendizajes desarrollados durante ciclos lectivos bajo gobiernos previos. El dato funcionó como evidencia que el Gobierno blandió para justificar la necesidad de transformaciones profundas en el sistema educativo.

Gestos mediáticos y construcción de narrativas

En el teatro de operaciones donde se libra la batalla por la opinión pública, el Gobierno realizó actos que buscan humanizar la figura presidencial y consolidar cierta imagen. El Presidente y su hermana Karina recibieron en la Casa Rosada a Hela, una perra que fue miembro de un escuadrón de la Policía Federal Argentina dedicado a la detección de narcóticos. El animal se retiraba tras una carrera dedicada a participar en operativos contra el tráfico de sustancias ilegales. El gesto, aunque menor en apariencia, forma parte de una estrategia más amplia de construcción de imagen: mostrar al Presidente como alguien cercano, que valora a quienes trabajan en labores de seguridad pública, que reconoce el sacrificio. Estos momentos se amplifican a través de redes sociales y crean una narrativa de un liderazgo atento a los detalles humanos de la gestión.

Malvinas como brújula estratégica

Hacia finales de la semana, la cuestión de Malvinas irrumpió en la agenda de manera inesperada. El presidente estadounidense Donald Trump realizó una declaración ambigua sobre las islas. Santiago Caputo, el asesor de estrategia presidencial, rápidamente utilizó esa ventana para construir una escenografía favorable al Presidente. El Gobierno entonces anunció que presentaría una denuncia penal contra Navitas, una empresa de capitales israelíes, y otras compañías por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación correría a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, con el respaldo legal del procurador del Tesoro. Este movimiento adquirió dimensión adicional cuando Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, pidió públicamente a su primer ministro que reconociera la soberanía argentina sobre las islas, señalando que se trataba de "territorio argentino ocupado".

Para la administración libertaria, Malvinas representa un activo político de considerable valor. Si el Gobierno logra avances concretos en este frente, no solamente recuperaría iniciativa en un tema que trasciende las divisiones políticas internas, sino que podría entrar en 2027 con una ventaja competitiva única. Además, refuerza el alineamiento con Trump y contribuye a suturar las tensiones internas del oficialismo. La causa también resuena en la diplomacia de los países vecinos. Brasil, a través de su representante en Buenos Aires, reafirmó en un acto el "invariable apoyo desde 1833 a la soberanía argentina en las islas". Sin embargo, la presencia oficial del Gobierno en esa celebración fue testimonial: apenas tres figuras menores del oficialismo concurrieron. La ausencia de funcionarios de alto rango de la Cancillería sugiere que la relación con Brasil permanece tensa, en especial porque el Gobierno mantiene un alineamiento explícito con Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones brasileñas de octubre.

Medidas menores, movimientos en los márgenes

En el nivel subnacional, la provincia de Buenos Aires comenzó a aplicar una retención del 2% sobre premios obtenidos en juegos de apuestas online de resolución inmediata, conocidos como slots. La medida fue anunciada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en compañía del presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos. Según explicó, la decisión se formalizó a través de una resolución que establece el cobro de una alícuota del 2% en el marco del Fondo de Progreso e Inclusión Social. Se trata de una medida de recaudación que busca captar recursos de una actividad que ha crecido en los últimos años en el territorio provincial. Simultáneamente, el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, protagonizaron un cruce público en redes sociales respecto del nuevo Régimen Penal Juvenil. Santilli cuestionó el silencio del gobernador Axel Kicillof ante la suspensión de la reforma, mientras que Alonso reclamó recursos para implementarla, describiéndola como "un eslogan de campaña". Estas fricciones revelan las tensiones que persisten entre los distintos niveles de gobierno, incluso cuando comparten la necesidad de dialogar sobre temas estratégicos.

El horizonte electoral y los cálculos de los actores políticos

Con la elección presidencial de 2027 en el horizonte, los cálculos estratégicos dominan las conversaciones en ambos campamentos políticos. Para el mileísmo, la cuestión de Malvinas cubre múltiples preocupaciones: permite controlar la agenda, licúa la capacidad de la oposición peronista-kirchnerista para fijar temas propios, y le otorga al Gobierno la posibilidad de construir esperanza sobre sus capacidades reales. Para la oposición más dura, las figuras emergentes como Marcos Juárez se presentan como alternativas. El tamaño de la esperanza que cada polo deposita en sus apuestas políticas es un termómetro de lo que consideran urgente y de la escala de sus posibilidades concretas.

Hernán Lacunza, exministro de Economía, expresó en una entrevista que si el Gobierno "sigue así, va a ganar el kirchnerismo". Planteó además que las diferencias entre Pro y La Libertad Avanza trascienden lo económico y alcanzan lo institucional. Sostuvo que mientras el Gobierno considera que sin estabilidad no hay crecimiento, Pro argumenta que sin crecimiento la estabilidad no dura porque naufraga social y políticamente. Estas discrepancias ilustran los diferentes diagnósticos que coexisten en la coalición que apoya al Presidente, o que al menos no se opone frontalmente a su gestión.

Reflexiones sobre un Gobierno en movimiento

El cuadro que se despliega es el de una administración que busca constantemente recuperar la iniciativa discursiva a través de múltiples canales: desregulaciones administrativas que se contabilizan en miles, gestos de imagen que humanicen al liderazgo, aprovechamiento de coyunturas internacionales, y una batalla legislativa por reformas que resuelvan interrogantes electorales de largo plazo. La velocidad es una característica distintiva de este gobierno: mientras algunos temas permanecen estancados (como la reforma política), otros avanzan vertiginosamente (como las desregulaciones). Los gobernadores negocian desde una posición de relativa debilidad, en tanto que el oficialismo mantiene los resortes del poder ejecutivo nacional. La cuestión de cómo se resuelvan estas tensiones en los próximos meses determinará en gran medida el escenario político que enfrentará la Argentina hacia 2027. El juego de las alianzas políticas, los recursos fiscales, las reformas institucionales y los alineamientos internacionales seguirá escribiéndose con intensidad, en un contexto donde cada actor político intenta posicionar sus propias narrativas como la más convincente para explicar el presente y proyectar el futuro.