La red de operaciones con dólares de curso oficial que atravesó la administración anterior comienza a revelar aristas cada vez más complejas. En el centro de las pesquisas judiciales aparece una transacción de seis millones de dólares que funcionarios investigadores sospechan pudo haber emergido de ese mismo circuito irregular, con una particularidad que sintetiza la precariedad de los intentos de regularización: la propuesta de pago mediante 39 cheques emitidos por Constructora 11 S.A. que resultaron rechazados en su totalidad. Los magistrados a cargo de indagar estos hechos buscan establecer si estamos frente a un simple incumplimiento comercial o si, por el contrario, se trata de un eslabón más de una trama que habría movilizado fondos por encima de los 530 millones de dólares.
El esquema de los cheques sin cobertura
Según la documentación que integra el expediente bajo análisis de la fiscalía, Elías Piccirillo reconoció formalmente su obligación frente a Francisco Hauque mediante un acta ante escribano público. En ese documento, que data de hace varios meses, Piccirillo se comprometía a saldar la deuda mediante una serie de instrumentos de pago por un monto total aproximado de 6.530 millones de pesos. Sin embargo, cuando los cheques fueron presentados—acontecimiento que ocurrió recientemente—la realidad financiera que revelaron distaba considerablemente de las garantías expresadas en el reconocimiento de deuda.
Los 39 documentos bancarios fueron emitidos por la mencionada constructora y depositados en Sur Finanzas (NEBlockchain S.A.), entidad que también aparece tejida en la red de investigaciones. Cada cheque ostentaba valores que oscilaban entre los 140 y 190 millones de pesos, todos ellos fechados en 18 de diciembre de 2024. No obstante, cuando llegó el momento de su acreditación, la mayoría de esos documentos rebotaron por falta de fondos. La defensa vinculada a Hauque no tardó en señalar que su cliente no había recibido "un solo peso" y cuestionó tanto la capacidad económica de los firmantes como la autenticidad de las rúbricas. Por su parte, los abogados de Piccirillo sostuvieron que los cheques eran legítimos, contaban con respaldo financiero y que, incluso, se habría cancelado no únicamente la obligación original sino también intereses complementarios. Su defensor llegó a argumentar que su cliente fue forzado a firmar el reconocimiento de deuda bajo presión coercitiva.
El origen de los fondos: la investigación sobre maniobras cambiarias
La pesquisa judicial que dirigen el fiscal Gerardo Pollicita y la jueza María Eugenia Capuchetti busca desentrañar la procedencia real de esos seis millones de dólares. La hipótesis que maneja la administración fiscal plantea que parte sustancial de ese dinero podría haber brotado de las propias operatorias investigadas con acceso al mercado oficial de divisas y su posterior derivación hacia canales informales. El fiscal Franco Picardi sospecha la existencia de un dispositivo pensado para conseguir dólares a tipo de cambio oficial y, posteriormente, trasladarlos al mercado paralelo obteniendo ganancias extraordinarias mediante la práctica conocida como "rulito".
Las grabaciones de audio incorporadas a la causa documentan conversaciones en las cuales Hauque menciona haber ganado "mucha plata con el rulito", expresión que refuerza la sospecha investigativa. Este mecanismo, característico de períodos de restricción cambiaria, operaría de la siguiente manera: adquisición de divisas al tipo oficial, extracción en efectivo que interrumpe la trazabilidad bancaria, circulación por redes de bancos, casas de cambio y operadores privados, y finalmente colocación en mercados informales donde los márgenes de ganancia pueden rondar entre el 11 y 12 por ciento según menciona Martín Migueles en audios de la causa, cifra que se suma a los diferenciales adicionales generados por cotizaciones paralelas del dólar.
El Banco Central aportó documentación que traza un circuito donde divisas adquiridas formalmente perdían toda identificabilidad una vez retiradas por ventanilla. Los investigadores creen que esos fondos terminaban en transacciones de mercado informal y que el esquema funcionaba con pagos encubiertos vinculados a las aprobaciones de los sistemas administrativos de gestión de divisas. La fiscalía además investiga si para sostener algunas operatorias se falsificaban documentos de servicios básicos como facturas de electricidad y gas, mecanismo que permitiría simular consumo local y justificar retiros de divisas.
La red de casas de cambio y el destino de los fondos
El expediente amplía su lente hacia múltiples operadores financieros y casas de cambio que habrían participado en este movimiento de capitales. Bajo investigación aparecen entidades como Rosario Cambio S.A., Fast Cambio S.A., Gallo Cambios S.A.S., Cambio Belgrano S.R.L., Cambio D.E.M. S.A.S., Atlántida del Rosario Servicios S.A., Mega Latina S.A., Concordia Inversiones S.R.L. y Arg Exchange. Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, también aparece dentro del espectro de personas bajo análisis. Los investigadores intentan reconstruir el itinerario de más de 530 millones de dólares que habrían transitado mediante estas operatorias durante los años 2021 a 2023.
Según documentos del organismo monetario central, una porción significativa de esos capitales fue utilizada para la compra de activos de elevado valor: automóviles de alta gama, motocicletas de colección y naves aéreas de lujo. Esta característica del destino final de los fondos representa un indicador que los investigadores consideran relevante para evaluar la dimensión y naturaleza de la red. El contraste entre la movilidad de divisas por canales formales e informales, combinado con la adquisición de bienes suntuarios, sugiere un patrón de operatoria donde los márgenes de ganancia generados mediante arbitrajes cambiarios se convertían en activos de difícil trazabilidad.
Conexiones con el operativo policial cuestionado
Existe otro capítulo que la Justicia vincula directamente con esta deuda de seis millones de dólares: el operativo policial realizado en enero de 2025 contra Hauque y su pareja. Esa madrugada, tras abandonar el Palacio Duhau donde habían estado cenando con Piccirillo, fueron interceptados por efectivos de civil que afirmaron haber hallado cocaína y un arma en el vehículo. La defensa del financista denunció que se trató de un procedimiento amañado y la magistrada Capuchetti terminó anulando la causa tras detectar irregularidades graves en el protocolo de actuación. Siete policías quedaron bajo investigación y uno de ellos, convertido en imputado colaborador, aportó detalles sobre el presunto armado de la escena.
Los pesquisadores sostienen que existió una conexión directa entre Piccirillo y los agentes intervinientes. La cercanía temporal entre el fracaso en la cancelación de la deuda mediante cheques rechazados y este operativo genera sospechas sobre posibles vínculos causales. Sin embargo, la anulación de ese tramo de investigación por irregularidades procesales limitó momentáneamente las posibilidades de profundizar en esa línea de análisis.
Perspectivas abiertas y alcances del escrutinio
La multiplicidad de ramificaciones que presenta esta investigación abre interrogantes sobre la amplitud y coordinación que habrían tenido estas operatorias. Los documentos judiciales revelan que, lejos de tratarse de transacciones aisladas entre particulares, existió una arquitectura compleja que involucraba acceso a sistemas oficiales de autorización de divisas, intermediarios financieros especializados, redes de extracción de efectivo y, finalmente, conversión en activos de elevado costo. El hecho de que la deuda investigada—cuyo origen la Justicia cree que podría estar vinculado a estas maniobras—haya sido propuesta para cancelarse mediante cheques sin fondos, sugiere tanto un intento de regularización como una admisión implícita de dificultades para acceder a efectivo real.
Las distintas posturas de las defensas involucradas reflejan perspectivas contrapuestas sobre los hechos. Mientras que los letrados de Hauque sostienen que fue defraudado sistemáticamente, los de Piccirillo argumentan cumplimiento e incluso sometimiento a coerción. Estas posiciones encontradas plantean escenarios diversos: desde una simple disputa comercial entre operadores hasta la posibilidad de que la deuda misma sea producto de operatorias irregulares cuyo origen permanece en la sombra. Lo que permanece claro es que la Justicia federal continúa profundizando en una trama que, de confirmarse en sus extremos, habría implicado una desviación sistemática de recursos de curso oficial hacia canales informales, generando ganancias extraordinarias que terminaron cristalizadas en bienes de lujo durante un período caracterizado por restricciones severas de acceso a divisas para la población general.
