La geometría política del federalismo argentino se reconfiguró este miércoles en Posadas cuando diez gobernadores del Norte Grande convergieron en un encuentro que funcionó como punto de inflexión en las negociaciones con el gobierno nacional sobre transferencias, subsidios y políticas energéticas regionales. La cita, celebrada en el predio "El Centro del Conocimiento" contiguo al aeropuerto General San Martín, concentró demandas acumuladas durante meses de gestiones paralelas, silencios presupuestarios y promesas incumplidas que ahora ganaban fuerza mediante la acción coordinada. Diego Santilli, jefe de Gabinete, personificó la presencia ejecutiva de la Casa Rosada en un encuentro donde no hubo espacio para ambigüedades: los mandatarios llegaban con una agenda clara y recursos legislativos para presionarla.

Tras bambalinas de esta reunión operaba una lógica transaccional que había permanecido en suspenso. Los gobernadores norteños habían respaldado la reducción de subsidios a las zonas frías en la Cámara de Diputados, un gesto de alineamiento con la orientación fiscal de la administración nacional. Esa aprobación, sin embargo, venía acompañada de una contraprestación negociada directamente con el ministro de Economía Luis Caputo: la implementación de una tarifa energética diferenciada para las "zonas cálidas" que beneficiaría explícitamente a todas las provincias del norte y a Santa Fe. La promesa seguía sin materializarse. Mientras tanto, los mandatarios mantenían congelado el trámite legislativo en el Senado precisamente sobre la ley de zonas frías, utilizando este bloqueo como palanca para que se cumplieran los compromisos pendientes. Era una jugada de presión política tanto sutil como efectiva: el gobierno nacional necesitaba la aprobación senatorial para completar su reforma energética, y los gobernadores tenían las llaves para acceder a esa puerta.

La brecha entre lo prometido y lo ejecutado

El telón de fondo de estas negociaciones incluía otra zona de conflicto que llevaba meses sin resolución: el fideicomiso SisVial, un mecanismo de financiamiento que se alimenta de una porción de los impuestos a los combustibles y que acumula en teoría una cifra de 1,5 billones de pesos. Las provincias, particularmente Corrientes y Misiones, denunciaban que estos recursos permanecían mayormente retenidos en nivel nacional mientras sus rutas troncales —como la Ruta Nacional 12 y la Ruta Nacional 14— se deterioraban a un ritmo acelerado. El estado de estas arterias viales no era meramente cosmético: afectaba directamente la logística comercial, el movimiento de producción local y la conectividad regional. Los gobernadores planteaban una modificación institucional ambiciosa: que lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos fluyera automáticamente hacia las provincias conforme al sistema de coparticipación, eliminando así la intermediación del Tesoro Nacional y sus períodos de retención.

Otro capítulo de esta negociación involucraba el refinanciamiento de deudas contraídas con CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. El gobierno nacional había diseñado un programa de compensación para las empresas transportistas, pero las distribuidoras de energía provinciales y municipales quedaron fuera de este esquema. Energía de Misiones SA, que suministra electricidad al 70% de los usuarios de la provincia, era el caso más emblemático de esta exclusión, así como otras distribuidoras de la región que enfrentaban compromisos de pago crecientes sin acceso a los instrumentos de alivio que sí estaban disponibles para otros actores del sector energético.

Misiones: la provincia atrapada sin gas natural

En el corazón simbólico de la reunión estaba una paradoja histórica: Misiones era la única provincia argentina sin un metro de infraestructura gasífera. Su territorio permanecía completamente excluido del mapa nacional de gasoductos, y ninguno de los futuros trazados contemplaba su incorporación. Esta situación obligaba a la población y al aparato productivo misionero a depender íntegramente de energía eléctrica para sus necesidades térmicas, con la garrafa como alternativa de consumo doméstico. La reivindicación no era nueva: desde tiempos de gobiernos anteriores, los mandatarios misioneros habían sostenido promesas sobre la llegada del gas natural que nunca se concretaban. En 2018, un punto de quiebre: la traza del gasoducto del Nordeste Argentino fue modificada, eliminando la posibilidad de que Misiones fuera incluida, a pesar de que el diseño original contemplaba esa expansión. Desde entonces, el reclamo no cesaba pero tampoco avanzaba.

Era casi una ironía geográfica que precisamente desde Posadas, capital de esa provincia gasíficamente aislada, emergiera ahora un proyecto de ley para establecer una tarifa de energía eléctrica diferenciada por "zonas cálidas". El gobernador Hugo Passalacqua, quien encabezaba la reunión como anfitrión, llevaba años reiterando esta frase que se había convertido en marca distintiva: "Somos la única provincia sin un metro de gasoducto". Era tanto una descripción factual como un reclamo moral. El proyecto que los diez gobernadores consensuarían en Posadas buscaba que esta realidad geográfica se tradujera en beneficios tarifarios específicos. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, articulaba la estrategia legislativa con claridad: respaldaban la ley de zonas frías porque sabían que su aprobación abría la puerta a negociaciones sobre zonas cálidas y muy cálidas, donde todas las provincias del norte resultaban beneficiarias.

La convergencia en Posadas reunía a mandatarios de diferente extracción política: Leandro Zdero por Chaco, Gildo Insfrán por Formosa, Gustavo Sáenz por Salta, Osvaldo Jaldo por Tucumán, Carlos Sadir por Jujuy, Raúl Jalil por Catamarca, Elías Suárez por Santiago del Estero y Ricardo Quintela por La Rioja completaban la nómina junto a Passalacqua y Valdés. Diez espacios de poder territorial que, más allá de sus diferencias internas, compartían un diagnóstico común: el sistema energético nacional, tal como estaba estructurado, no contemplaba adecuadamente las particularidades de una región que consumía energía eléctrica de manera masiva y sostenida, sin acceso a alternativas de combustible fósil que mitigaran presiones tarifarias.

El corredor fluvial que espera ser integrado

Mientras la cuestión energética dominaba el debate mediático, las provincias de Misiones y Corrientes impulsaban una demanda de integración logística que ganaba urgencia a medida que nuevas infraestructuras portuarias se activaban. Los puertos de Corrientes capital, Ituzaingó e Posadas, orientados principalmente a la industria forestal, representaban un potencial de movimiento de cargas hacia los puertos de ultramar en Rosario y Buenos Aires. Sin embargo, estos puertos operaban sin estar formalmente incorporados a la Hidrovía, el sistema de transporte fluvial argentino más relevante. El tramo del río Paraná que va desde Confluencia hasta Posadas, donde se unen las aguas del Paraná y el Paraguay, permanecía fuera del esquema oficial de navegación comercial de la Hidrovía.

Esta omisión no era meramente administrativa. El río requería urgentemente obras de dragado que permitieran el paso de barcazas de mayor calado. Las embarcaciones paraguayas de bandera que navegaban regularmente este tramo circulaban en ocasiones con apenas 10 centímetros de separación respecto del lecho fluvial, un margen de navegación que evidenciaba la necesidad crítica de profundización. Ante la ausencia de intervención estatal, empresarios privados paraguayos habían invertido recursos propios para mejorar el calado en puntos críticos, una muestra tanto del potencial comercial como de la negligencia administrativa. Con la inminente operación del puerto de Ituzaingó y la reactivación de las infraestructuras de Corrientes capital y Posadas, los gobiernos provinciales reclamaban ahora que sus territorios fueran reconocidos dentro de la Hidrovía con todos los derechos y recursos que ello implicaba, incluyendo financiamiento para dragado y mantenimiento.

La presencia de Santilli en la reunión de Posadas señalaba que el gobierno nacional estaba dispuesto a escuchar estas demandas de manera directa, aunque la traducción de esa escucha en medidas concretas permanecía abierta a incertidumbres. Las decisiones adoptadas en torno a la tarifa energética diferenciada, la ejecución de fondos viales, la inclusión de distribuidoras en esquemas de refinanciamiento y la integración a la Hidrovía determinarían si la coordinación regional observada en Posadas lograba convertirse en resultados tangibles o si se evaporaba en promesas renovadas. Lo que quedaba claro era que el Norte Grande había encontrado un idioma común para dialogar con la nación, y que ese diálogo operaría con presiones legislativas que podían traducirse en bloqueos o acuerdos según el resultado de las negociaciones pendientes.