En las entrañas del peronismo bonaerense fermenta un proyecto político que desafía la arquitectura de poder que el gobernador Axel Kicillof ha construido en la provincia. Dos dirigentes con trayectorias bien diferenciadas —un sindicalista con anclaje gremial y una exlegisladora con experiencia parlamentaria— decidieron canalizar sus ambiciones a través de una iniciativa territorial que apunta directamente a posicionar a Cristina Kirchner como candidata presidencial para los comicios de 2027. Lo que ocurre aquí trasciende una simple disputa interna partidaria: representa un cuestionamiento frontal al esquema sucesorio que Kicillof parecía estar tejiendo en el territorio bonaerense, además de una apuesta política que busca revertir judicialmente las restricciones que pesan sobre la expresidenta. Este movimiento, todavía embrionario pero con capacidad de convocatoria, pone en evidencia las fracturas profundas que atraviesan al peronismo a nivel provincial y nacional.
La organización territorial y sus primeros pasos
La estructura que Santa María y Marziotta bautizaron como "Peronismo por la Provincia de Buenos Aires" comenzó a tomar forma a fines de mayo pasado, cuando organizaron el acto fundacional en Junín, específicamente en el Club Social Unión Villa Talleres. Aquella primera convocatoria reunió a referentes de la cuarta sección electoral bonaerense, donde el sindicalista gremial subrayó la importancia de "militar para que Cristina recupere su libertad y pueda ser sometida a la voluntad popular el año que viene". El mensaje fue inequívoco desde el inicio: no se trataba simplemente de un espacio de debate interno, sino de una iniciativa orientada a revertir las consecuencias judiciales que condicionan la trayectoria política de la expresidenta. Desde esa convocatoria inicial, el espacio ha ganado envergadura territorial. Ya ha realizado tres encuentros seccionales, lo que sugiere una metodología de construcción política de base, buscando penetrar en diferentes zonas de la provincia para articular voluntades dispersas alrededor de una propuesta común.
El tercer encuentro de importancia tuvo lugar en Miramar, donde convergieron dirigentes de la quinta sección electoral. Esa reunión permite dimensionar el alcance geográfico que pretende cubrir esta iniciativa: desde el interior bonaerense hasta zonas costeras, tejiendo una red que trascienda los territorios tradicionales de poder. La elección de sedes sindicales para realizar estos encuentros —como la sede local del Sindicato de Trabajadores de Encargados de Edificios (Suterh) en Miramar— revela además una estrategia deliberada de enraizarse en estructuras gremiales, aprovechando la capacidad convocante de la maquinaria sindical. Esto distingue a este espacio de otras iniciativas peronistas que podrían carecer de tal andamiaje institucional.
Las demandas explícitas y el debate judicial
Marziotta fue particularmente clara en sus intervenciones públicas durante el encuentro de Miramar al plantear la proposición central del espacio: "Cristina es nuestra conductora, y para recuperar ese equilibrio, queremos que sea nuestra candidata en 2027". Esta afirmación no es meramente simbólica. Encapsula una estrategia política que busca transformar una figura considerada como liderazgo moral o político en una candidatura concreta, alterando así el mapa electoral proyectado para la próxima contienda presidencial. La exdiputada también enfatizó que la militancia tiene la responsabilidad de "recuperar el equilibrio institucional que hoy está comprometido a partir de la detención domiciliaria y la inhabilitación perpetua que pesan sobre la expresidenta". Aquí aparece un elemento central: la acción política se articula como respuesta a lo que desde este sector se considera una perturbación del orden institucional generada por decisiones judiciales.
En los documentos que fueron analizados durante el encuentro de Miramar, los promotores del espacio plantearon un diagnóstico político más amplio. Sostuvieron que "en la Argentina no hay democracia plena mientras el Poder Judicial y el poder económico busquen disciplinar a quienes representan a las mayorías populares". Esta caracterización va más allá de la defensa de un liderazgo individual: propone una interpretación de las causas judiciales contra Kirchner como parte de un patrón de represión política contra el peronismo. Complementariamente, agregaron que "detrás de la consigna 'Cristina Libre' y de la proscripción a su conducción, hay un intento de destruir una identidad política y un proyecto de país". El lenguaje utilizado —particularmente la palabra "proscripción"— establece un paralelo histórico con los períodos donde sectores políticos fueron legalmente excluidos de la competencia electoral, evocando antagonismos que atraviesan la historia argentina desde el siglo veinte.
Conectado a estas argumentaciones políticas, existe un movimiento judicial en curso. Los abogados de Kirchner han decidido llevar la condena de la causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, buscando una instancia internacional que revise la legalidad del proceso. Desde la perspectiva de este espacio, esa iniciativa forense representa una herramienta complementaria a la movilización política: mientras la militancia construye territorialmente, los abogados disputan en instancias internacionales. Esta estrategia bifronte —política y legal simultáneamente— permite mantener la esperanza de revertir las restricciones judiciales a través de múltiples vías.
Las tensiones con el gobernador y el posicionamiento gremial
Santa María, en su rol como secretario general del gremio de encargados de edificios, personifica una intersección particular: es a la vez referente sindical y político partidario. Desde esa posición, ha enarbolado consignas que proyectan una visión integral de transformación social: "trabajar para construir la Argentina que queremos, la provincia que soñamos, con los trabajadores y las trabajadoras como columna vertebral", además de reivindicar "más justicia social, más soberanía política y más independencia económica". Estos postulados enlazan con la tradición peronista que históricamente ha situado al trabajo como eje de su propuesta, pero en el contexto actual adquieren una dimensión de crítica implícita a gestiones que se reclaman herederas del movimiento peronista pero que, desde la perspectiva de estos dirigentes, estarían desviándose de esos principios fundacionales.
La emergencia de este espacio representa un desafío velado aunque significativo para Kicillof. El gobernador bonaerense ha mantenido una relación compleja con Kirchner: reconociendo su influencia en el peronismo, pero también construyendo una identidad política propia basada en su gestión administrativa. La iniciativa de Santa María y Marziotta, al plantear a Cristina como candidata presidencial para 2027, propone implícitamente un escenario donde Kicillof no sería el candidato natural del peronismo para competir en las elecciones nacionales. Esto configura una tensión no declarada pero evidente: mientras el gobernador podría estar proyectando su continuidad o ascenso político, emergen actores peronistas que están articulando una alternativa que gira en torno a un liderazgo diferente. La utilización de estructuras sindicales para canalizar este proyecto le otorga mayor solidez territorial, particularmente en un partido político donde la gravitación de sindicatos ha sido tradicionalmente determinante.
Debe destacarse que esta no es una iniciativa surgida en el seno del aparato oficial del partido. Los dirigentes que la promueven actúan desde márgenes del poder institucional peronista, desde la sociedad civil organizada en el caso de Santa María, o desde una trayectoria legislativa anterior en el caso de Marziotta. Ello sugiere que estamos ante un movimiento que buscará operar mediante la construcción de bases de apoyo más que mediante negociaciones en cúpulas partidarias. La estrategia de realizar encuentros seccionales, analizando documentos y convocando dirigentes locales, indica una intención de construir poder desde abajo, generando presión que eventualmente pudiera impactar en la toma de decisiones en niveles superiores del peronismo.
El dilema jurídico y sus proyecciones políticas
La condena judicial que pesa sobre Kirchner incluye tanto una sentencia por administración fraudulenta como una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Constitucionalmente, esto genera interrogantes complejos: ¿puede una candidatura presidencial ser presentada por alguien que legalmente se encuentra inhabilitado? ¿Qué implicancias tendría una eventual victoria electoral de una candidata cuya capacidad jurídica está restringida? Estos interrogantes no son puramente académicos. El reclamo de Santa María y Marziotta de que Cristina "pueda postularse" pese a su condena presupone que existe una alternativa legal o política para reversionar esa situación. La apelación al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es, en esa dirección, un intento por obtener un pronunciamiento internacional que pueda cuestionar la legalidad del proceso argentino y, potencialmente, validar la participación electoral de la expresidenta.
Históricamente, Argentina ha conocido períodos de proscripción política. Entre 1956 y 1973, el peronismo mismo fue excluido de competencias electorales, generando una cisma político-social que marcó décadas. La referencia que el espacio hace a la "proscripción" de Cristina no es casual: busca inscribir la situación actual en una genealogía de exclusiones políticas, sugiriendo que existe un precedente argentino de restricciones que fueron eventualmente superadas. Sin embargo, existen diferencias sustanciales: la proscripción del peronismo era un decreto político explícito de las autoridades civiles y militares, mientras que la inhibición de Kirchner emerge de una sentencia judicial, lo que añade capas adicionales de complejidad jurídica y política.
Perspectivas y consecuencias de esta movida política
La consolidación de "Peronismo por la Provincia de Buenos Aires" como iniciativa duradera y con capacidad de influencia dependerá de factores diversos. Por un lado, su capacidad de crecer territorialmente más allá de las tres secciones electorales donde hasta ahora ha realizado encuentros. Por otro, su aptitud para traducir el apoyo político en decisiones concretas que reorienten el rumbo del peronismo hacia la candidatura de Kirchner. Asimismo, los desarrollos en el frente judicial serán determinantes: un pronunciamiento favorable del Comité de Derechos Humanos podría fortalecer significativamente las bases políticas de este movimiento, mientras que un fallo desfavorable podría debilitarlo considerablemente.
Para Kicillof y su círculo cercano, esta iniciativa representa un dato que no puede ser ignorado. El gobernador deberá evaluar si mantiene su actual posicionamiento, si busca negociar con este emergente espacio, o si articula una respuesta política alternativa. Las dinámicas internas del peronismo bonaerense en los próximos meses serán reveladoras de cómo se procesan estas tensiones. Paralelamente, la sociedad argentina seguirá observando cómo evoluciona el litigio judicial de Kirchner, cuya resolución podría reconfigurar significativamente el mapa político de cara a 2027. Lo que en este momento se presenta como un proyecto alternativo de un sector minoritario podría transformarse, según cómo se desarrollen estos procesos, en un eje de disputa central dentro del peronismo y, consecuentemente, en la política nacional.
