Un argentino radicado temporalmente en Bolivia que ha construido un imperio de empresas de consultoría política y comunicaciones digitales pisó oficialmente la sala de audiencias para enfrentar a investigadores. Fernando Cerimedo, quien hasta hace poco asesoraba al presidente Rodrigo Paz en materia de estrategia comunicacional, compareció ante el fiscal Miguel Cardozo Ramírez y personal policial en La Paz con un abogado a su lado. La sesión, que se prolongó lo suficiente como para que los fiscales formularan casi doscientas veinte preguntas, dejó en claro un dato crucial: el consultor reconoció que durante 2025 y 2026 acumulaba ingresos mensuales cercanos al millón de dólares estadounidenses, cifra que justificó como resultado de sus actividades empresariales desarrolladas fuera de territorio boliviano.
Un imperio de empresas y un perfil multifacético
La estructura comercial que Cerimedo ha tejido en distintas jurisdicciones resulta compleja y ramificada. En Estados Unidos, precisó durante su declaración, fundó en 2021 la empresa Numen Group Inc, en la cual se desempeña como socio único con poder decisorio absoluto. En territorio argentino, en tanto, opera bajo la razón social Numen, calificada por él mismo como "empresa de publicidad", que funciona con dos sucursales físicas, mantiene una nómina de treinta y cinco empleados y atiende a una cartera de doce clientes cuyos nombres prefirió no revelar. Junto a su esposa, Natalia Basil, es propietario de estas últimas iniciativas comerciales. Pero la estructura no se limita a eso. Cerimedo también mencionó la existencia de una Academia Numen dedicada a la enseñanza de "cursos de tecnología" vinculados a un proyecto que denominó "Magament Institute", una productora audiovisual y otras razones sociales que, según aclaró, permanecen inactivas a la espera de su traslado definitivo a Bolivia, donde planeaba establecer una firma de marketing.
Interrogado sobre los movimientos financieros que le permitieron generar ingresos de tal magnitud, Cerimedo sostuvo que la mayoría provenía de actividades realizadas fuera de las fronteras bolivianas. No obstante, las autoridades investigativas desconfían de esta explicación. Según consta en los expedientes, el consultor operaba canales de liquidación de divisas a través de una casa de cambios ubicada en la Zona Sur de La Paz denominada "Exchange", establecimiento desde el cual recibía "sumas en dólares" que, de acuerdo con las pesquisas, se acumulaban en cajas fuertes. El allanamiento que motivó su captura, realizado el veinte de agosto, permitió el secuestro de documentación, un arma de fuego, títulos de propiedad y un vehículo. En ese mismo operativo, el representante legal de la casa de cambios desapareció del lugar después de retirar aproximadamente setecientos mil dólares de las cajas de seguridad, circunstancia que despertó las sospechas de los pesquisadores.
El asesoramiento político y sus límites difusos
Cerimedo no negó haber brindado servicios de consultoría a Paz ni a políticos de otros países, aunque su postura durante la audiencia evidenció una estrategia defensiva clara: responder únicamente lo que consideraba directamente relacionado con los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras rechazaba cualquier pregunta vinculada con la profundidad de su influencia en las decisiones gubernamentales. Cuando se le consultó sobre la naturaleza exacta de las funciones que cumplía en el entorno presidencial, manifestó haber proporcionado "consejos de comunicaciones digitales" así como asesoramiento político durante la campaña electoral que llevó a Paz a la presidencia en el segundo semestre del año anterior. Sin embargo, negó recordar los detalles del contacto inicial, cómo fue presentado al mandatario y bajo qué circunstancias se formalizó la relación profesional. Especialmente relevante: admitió que no existía contrato escrito que documentara los servicios prestados durante la campaña.
Los investigadores buscaban esclarecer hasta dónde se extendían las atribuciones del consultor dentro de la estructura estatal. Formularon interrogantes precisos sobre si Cerimedo participaba en la redacción de discursos presidenciales, si impartía instrucciones en materia de política pública, si contaba con oficina dentro de la Casa Grande del Pueblo, si poseía credenciales de acceso permanente, si asistía a reuniones de gabinete ministerial y si ejercía influencia sobre las decisiones de los titulares de cartera. También quisieron saber si mantenía control sobre las contraseñas de las cuentas de redes sociales del Presidente, si podía eliminar o modificar publicaciones y si participaba en la formulación de decretos, proyectos legislativos y decisiones en materia económica, combustibles, seguros, seguridad y relaciones internacionales. A cada una de estas preguntas, Cerimedo respondió de manera prácticamente idéntica: que la consulta no guardaba relación con los cargos que enfrentaba.
La estrategia defensiva y el silencio selectivo
La declaración de Cerimedo se caracterizó por una resistencia sistemática a ampliar información más allá de lo que él consideraba estrictamente necesario. De las doscientas diecinueve preguntas formuladas por los fiscales y la policía, el consultor se negó a responder más de ciento cincuenta, utilizando invariablemente la excusa de que cada interrogante carecía de pertinencia con respecto a los delitos que le imputaban. Esta postura cambió dramáticamente solo al cierre de la sesión, cuando Cerimedo optó por hacer una declaración de mayor extensión. En esa intervención, rechazó categóricamente las acusaciones, calificó los procedimientos en su contra como un "intento de golpe de Estado" destinado a desestabilizar al gobierno de Paz y anunció su intención de accionar legalmente tanto en territorio boliviano como ante cortes internacionales por la vulneración de sus derechos. También procuró aclarar que su rol como colaborador presidencial no le confería poderes para actuar en representación de Paz ni de su familia.
Previamente, desde su reclusión en la cárcel de Palmasola, Cerimedo había remitido comunicaciones a medios de prensa en las que rechazaba de plano las acusaciones, caracterizándolas como "mentiras" y "chismes" sin fundamento. Insistió en que su vinculación con el presidente boliviano era la de un asesor técnico en comunicaciones, sin facultades para negociar, contratar o representar intereses gubernamentales. Lo llamativo es que esta negación ocurre en un contexto donde el mismo Cerimedo ha reconocido estar vinculado a empresas mediáticas de orientación política. Es propietario parcial de "La Derecha Diario", plataforma digital cuya participación accionaria vendió recientemente desde su celda al español Javier Negre, transacción que por sí misma resulta inusual considerando su situación de detención preventiva.
Las acusaciones fiscales y el patrimonio desproporcionado
Los cargos que enfrenta Cerimedo son múltiples y se apoyan en hallazgos concretos. La Fiscalía lo acusa de haber "aumentado su patrimonio de manera desproporcionada sin justificación alguna" durante 2025 y el presente año. Adicionalmente, enfrenta acusaciones por intento de femicidio, delito que lo vincula a hechos ocurridos en Argentina y que, según consta en registros judiciales, comprende elementos de violencia de género. Los investigadores han documentado que Cerimedo disponía de credenciales de la Policía boliviana, movilizaba grandes sumas de efectivo a través de canales informales y mantenía la dirección de una vivienda en La Paz con características que la Fiscalía estima consistentes con un lugar de operaciones de actividades financieras no convencionales. El arsenal de pruebas incluye documentación secuestrada en el allanamiento, registros de transacciones y testimonios de funcionarios públicos que observaron movimientos de dinero de difícil explicación.
Cerimedo, en su respuesta a estos cuestionamientos, afirmó poseer cuentas bancarias activas tanto en Argentina como en Estados Unidos, pero negó tener ninguna en Bolivia. Sostuvo que no mantiene inversiones, sociedades, propiedades ni activos registrados bajo nombres de terceros, asegurando que todo se encuentra a su nombre. Sin embargo, esta declaración entra en tensión con las evidencias de la investigación, que sugieren la existencia de operaciones financieras no documentadas formalmente y el uso de intermediarios para la liquidación de divisas. La Fiscalía argumenta que esta estructura responde a un patrón típico de lavado de activos: generación de fondos cuya procedencia no puede ser identificada, ocultamiento a través de empresas y canales informales, y reinversión en bienes y servicios dentro del territorio boliviano.
Perspectivas y consecuencias del caso en el horizonte político regional
El caso de Cerimedo trasciende los aspectos puramente delictivos y toca dimensiones políticas más amplias. Su acusación pública de que los procedimientos en su contra constituyen un "intento de golpe de Estado" introduce un elemento de controversia en torno a la independencia de las instituciones judiciales bolivianas. Por un lado, las autoridades investigativas presentan evidencia de operaciones financieras irregulares, acumulación anómala de patrimonio y acceso privilegiado a funcionarios del Estado que requeriría explicación. Por el otro, la defensa de Cerimedo sostendrá que se trata de persecución política orquestada para desacreditar al gobierno de Paz mediante el encarcelamiento de sus colaboradores. Ambas narrativas circularán en la opinión pública regional, particularmente en Argentina, donde el consultor mantiene vínculos con operadores políticos y mediáticos identificados con una orientación ideológica específica. La resolución final del caso dependerá de la capacidad de las autoridades judiciales para presentar pruebas contundentes que demuestren los cargos más allá de toda duda razonable, así como de los recursos que la defensa logre movilizar a través de instancias internacionales. Lo que sí queda claro es que las implicancias de este proceso se extenderán más allá de los tribunales bolivianos, incidiendo potencialmente en la percepción sobre la gobernanza en la región, la vulnerabilidad de sistemas judiciales ante presiones políticas, y las oportunidades que se abren para consultores privados dentro de estructuras estatales con débil regulación sobre conflictos de interés.
