El Archivo Histórico de Tucumán puso en circulación recientemente un documento que reescribe fragmentos de la memoria oficial sobre cómo se procesó institucionalmente en Argentina la ocupación británica de las Islas Malvinas. Se trata de un comunicado oficial emanado desde Buenos Aires el 26 de enero de 1833, apenas tres semanas después de que la corbeta de guerra británica Clio arribase a Puerto Soledad con intenciones de tomar posesión del archipiélago. Los firmantes fueron Juan Ramón Balcarce y Manuel Maza, máximas autoridades porteñas de entonces, y el destinatario fue Alejandro Heredia, quien se desempeñaba como gobernador y capitán general de Tucumán. Lo que sorprende no es solo la antigüedad del texto, sino cómo refleja la reacción inmediata, la movilización diplomática y el tono de alarma que generó en la dirigencia nacional una transgresión que, con el paso de los años, terminaría definiéndose como una de las heridas geopolíticas más profundas de la nación.

La comunicación transporta al lector a los primeros días de enero de aquel año, cuando las Islas Malvinas atravesaban un momento de fragilidad institucional. El establecimiento argentino radicado en Puerto Soledad enfrentaba problemas internos: parte de la guarnición se había amotinado y la autoridad responsable del lugar había desaparecido. En medio de ese caos administrativo y militar, el 2 de enero de 1833 hizo aparición el navío británico. El comandante de esa embarcación, identificado como Mr. Onslow, no llegó con propósitos de comercio ni de cortesía diplomática. Su misión era precisa y directa: tomar control territorial del archipiélago en nombre de la Corona Británica. El documento oficial, mediante la narración de José María Pinedo—quien al frente de la goleta argentina Sarandí era la máxima autoridad presente en las islas—, detalla con minuciosidad cada movimiento, cada gesto, cada palabra pronunciada durante ese enfrentamiento sin armas de fuego pero cargado de tensión política.

La estrategia de resistencia sin confrontación armada

Lo que emerge de la lectura del oficio es un retrato de cómo procedieron las autoridades argentinas ante la imposición de hecho. Pinedo, al conocer mediante enviados que Onslow pretendía transferirse a su barco para comunicarle directamente sus intenciones, receptó al oficial británico alrededor de las 3 de la tarde del 2 de enero. En esa conversación, Onslow expresó sin ambigüedades que venía a tomar posesión de las islas y que dentro de veinticuatro horas debería ondear la bandera británica en lugar de la argentina. La orden incluía el desplazamiento de toda la tropa, los oficiales y la población civil que residía allí. El documento describe con literalidad la reacción de Pinedo: "La sorpresa del comandante Pinedo en aquel acto fue tan natural como inesperada la agresión". Pero la sorpresa dio paso rápidamente a una postura de resistencia simbólica y procedimentalista. Pinedo comunicó que carecía de facultades para acceder a tal exigencia sin instrucciones explícitas de su gobierno. Realizó, según consta en la carta, los "protestos correspondientes al caso" y manifestó que su deber no le permitía consentir aquella acción. Lo notable es que esta resistencia se canalizó por vías formales, mediante declaraciones y notificaciones, no mediante confrontación bélica.

Durante la tarde y la noche del 2 de enero se sucedieron intercambios tensos pero controlados. Onslow insistió en sus demandas. Pinedo mandó una comisión nocturna a bordo de la corbeta inglesa para reiterar que, si la ocupación se consumaba por la fuerza, se vería obligado a oponer resistencia. Pero esa resistencia, el lector intuye, se refería a una oposición formal y testimonial, no a un enfrentamiento armado. La madrugada del 3 de enero, Pinedo tomó la decisión de trasladarse personalmente al Clio para protestar una última vez. En esa audiencia, Onslow reafirmó su posición, indicando que sus fuerzas eran las que portaba y que además esperaba refuerzos. Pinedo, en ese acto final de reclamo, "hizo responsable a la Gran Bretaña del insulto y de la violación de los respetos debidos a la República y a sus derechos". Luego se retiró. Poco después, entre las 9 de la mañana del mismo día, desembarcaron efectivos británicos en tres botes. Izaron la bandera británica en una casa distante de la comandancia e izaron la argentina que flameaba en tierra. Un oficial británico portaba esa bandera argentina como trofeo hacia la Sarandí, confirmando el cambio de soberanía de facto. Pinedo permaneció a bordo de su goleta, listo para "defenderse del sitio del insulto", según dice el oficio, aunque la defensa nunca se materializó. El 5 de enero, la Sarandí emprendió el regreso hacia Buenos Aires.

La indignación oficial y el reclamo diplomático

Lo que Buenos Aires comunicaba a Tucumán no era una noticia de rutina sino una declaración de agravio nacional. El Gobierno porteño caracterizaba lo sucedido como "el agravio más chocante de la fuerza". Pero la indignación se articulaba sobre un trasfondo que es fundamental comprender: hasta ese momento, Argentina consideraba a Gran Bretaña una "nación amiga", con la cual mantenía relaciones de "amistad y buena inteligencia". No solo existían vínculos comerciales, sino también tratados formales entre ambos Estados. Por eso la ocupación revistió para la dirigencia argentina un carácter de traición o, al menos, de ruptura de una confianza que se creía establecida. El oficio refiere que el episodio "desmentía las protestas amistosas" que Argentina acostumbraba recibir de Londres. La ocupación se describía como una violación de "los respetos debidos a la República y a sus derechos" y como un menoscabo de "la integridad del territorio de la República".

Pero la comunicación dirigida a Tucumán no era meramente informativa. Funcionaba también como una declaración de intenciones sobre cómo Buenos Aires pretendía proceder. El Gobierno expresaba su "firme resolución" de sostener los derechos argentinos sobre el archipiélago. Sin embargo—y esto es crucial—esa determinación se inscribía en los términos de "la justicia y la prudencia". Buenos Aires se comprometía a promover las acciones que considerara necesarias "para obtener del Gobierno Británico una digna reparación, el reconocimiento del derecho sobre las Malvinas, y el uso del dominio en aquel territorio". Si los canales diplomáticos no resultaban suficientes, el oficio dejaba abierta la puerta a que "la opinión pública" pronunciara un veredicto, particularmente teniendo en cuenta que se trataba de Inglaterra, potencia que "tiende hoy a alinearse entre los más liberales y cultos de la Europa". En otras palabras: Buenos Aires apelaba a que la reputación internacional de Gran Bretaña podría verse afectada por sus acciones.

El envío de esta comunicación a Tucumán, una provincia del norte argentino que en 1833 poseía autoridad propia dentro del sistema federal incipiente, revela también la estructura política de la época. No se trataba simplemente de informar a una provincia subordinada, sino de movilizar la estructura estatal nacional—fragmentada como era—en torno a una cuestión que afectaba la soberanía de todo el territorio. Cada provincia debía conocer el agravio, debía estar informada de la respuesta que Buenos Aires estaba organizando y debía ser, de algún modo, parte de esa respuesta. El acto de escribir y remitir la carta funcionaba como un dispositivo de cohesión nacional ante una amenaza externa. En el contexto de 1833, cuando la República Argentina aún estaba consolidándose institucionalmente y enfrentaba fragmentación política interna, la comunicación de una agresión foránea servía también para reforzar la idea de que existía una entidad nacional—"la República Argentina"—cuyos intereses debían prevalecer sobre los intereses provinciales particulares.

Las consecuencias de una ocupación que cambió el curso de la historia

La lectura del documento plantea interrogantes sobre cómo una potencia colonial consolidada como la británica pudo ejecutar una acción de semejante envergadura contra un Estado nacional que, aunque débil institucionalmente, se consideraba legitimado internacionalmente. El hecho de que Onslow llegara a Puerto Soledad precisamente en un momento de desorden interno sugiere que la inteligencia británica tenía información sobre las vulnerabilidades del establecimiento argentino. La ausencia de un jefe del lugar y la insubordinación de la guarnición no fueron circunstancias azarosas sino, posiblemente, oportunidades aprovechadas. La ocupación de 1833 se materializaría durante décadas sin que Argentina pudiera revertirla mediante negociaciones diplomáticas. Los reclamos que Buenos Aires esbozaba en esta carta de enero nunca fructificaron. La potencia británica mantuvo el control del archipiélago durante ciento cuarenta y ocho años, hasta 1982, cuando Argentina intentó reconquistar las islas militarmente, en una guerra que duró setenta y cuatro días y terminó con la derrota argentina y la consolidación del dominio británico por varias décadas más. La carta de 1833 representa así un momento inaugural de una disputa que definiría gran parte de la política exterior argentina y que permanece, en cierto sentido, irresuela hasta hoy. El documento que Tucumán guardó en sus archivos es, en este sentido, un testimonio no solo de la indignación de una época sino de cómo la historia internacional en ocasiones se decide en momentos de desorden interno y debilidad relativa de los actores involucrados.