Una decisión que marca territorio en el espacio virtual
La institución castrense argentina acaba de trazar una línea divisoria en el mundo digital. El Ejército ha emitido una directiva formal que restringe significativamente la libertad de expresión de sus integrantes en plataformas como Instagram, X (ex Twitter), Facebook y TikTok, entre otras. La medida, formalizada mediante un comunicado de cuatro páginas firmado por el secretario general del Ejército, general de brigada Roberto Martín Baroni, responde a lo que la institución describe como la necesidad de establecer parámetros claros en un contexto donde las redes sociales se han convertido en espacios de comunicación masiva y de difusión instantánea. Esto es importante porque toca la tensión permanente entre el ejercicio de derechos ciudadanos y los requisitos de disciplina, secreto y cohesión que caracterizan a las organizaciones militares. Los cambios que esto implica van desde la censura de ciertos tipos de expresión hasta la obligación de canalizar reclamos únicamente por vías internas, transformando radicalmente cómo los miembros de la fuerza pueden interactuar en espacios públicos digitales.
La prohibición central establecida por el Ejército es meridiana: los militares no pueden publicar en redes sociales "planteos, quejas, reclamos, denuncias, cartas abiertas o manifestaciones públicas" que guarden relación con la institución. Esta restricción representa un cambio radical en comparación con épocas anteriores, donde al menos algunos militares tenían espacios relativamente amplios para expresarse públicamente. La directiva ordena, en cambio, que toda inquietud sea canalizada exclusivamente a través de los mecanismos reglamentarios internos. Esto significa que si un soldado detecta irregularidades, sufre injusticias o desea plantear críticas constructivas, no podrá recurrir a la visibilidad que ofrecen las plataformas digitales. Debe, obligatoriamente, transitar por la cadena de comando, un sistema que históricamente ha presentado limitaciones cuando se trata de proteger a quienes denuncian problemas internos. La autoridad militar justifica esta medida indicando que busca "orientar a todo el personal del Ejército sobre el uso responsable de las redes sociales en el ámbito personal", estableciendo lo que denomina "principios, límites y responsabilidades" que deben regir la conducta digital de sus miembros.
Una batería de prohibiciones que abarca diez conductas específicas
El documento de marras enumera con precisión quirúrgica qué está vedado en el universo digital para los militares. Además de la prohibición de expresar quejas públicas, se prohíbe explícitamente la difusión de "imágenes, videos o información que expongan instalaciones militares, dispositivos de seguridad, armamento, depósitos, sistemas, rutinas operativas" u otros elementos que puedan vulnerar la seguridad física de cuarteles o afectar medidas de contrainteligencia. Esta restricción, aunque comprensible desde la lógica de seguridad nacional, es amplia y podría interpretarse de forma extensiva. Se incluye también la prohibición de compartir información clasificada, reservada o de circulación restringida, independientemente del nivel de privacidad configurado en la plataforma. El Ejército argumenta que nada de esto responde a ningún caso particular, sino que se fundamenta en "el fenómeno actual del uso de las redes", aunque reconoce que desde 2009 viene insistiendo en criterios similares. Sin embargo, lo que distingue esta resolución de esfuerzos previos es su formalización explícita y su alcance abarcador.
Entre las conductas expresamente proscriptas figuran también aquellas que reflejen "conductas incompatibles con el decoro, la disciplina o el profesionalismo militar, particularmente cuando el autor pueda ser identificado como integrante de la fuerza". Esta fórmula deja considerable margen interpretativo: ¿qué constituye una violación del "decoro" militar? ¿Un comentario irónico sobre la vida cuartelaría? ¿Una fotografía en contexto de ocio que pudiera considerarse poco "profesional"? La vaguedad de ciertos términos crea zonas grises donde la autocensura tiende a prevalecer. Asimismo, se prohíben "manifestaciones de carácter político, ideológico o partidario que comprometan la neutralidad institucional de la Fuerza", tanto en comentarios directos como en historias, estados y posteos. Esta restricción va más allá de la militancia activa: un militar que simplemente exprese preferencias políticas, vota a favor de una fuerza política, o comparta perspectivas sobre políticas públicas en redes sociales, podría encontrarse en territorio prohibido. El Ejército también veda que los miembros de la institución hagan "declaraciones, entrevistas, contenidos o posteos en la condición de militares sin autorización" o que pretendan "arrogarse la representación del Ejército o de algún sector de la fuerza". Igualmente, se prohíbe lucrar o realizar actividades comerciales exhibiendo la condición de militar mediante el uniforme.
Otra conducta vetada es la de compartir "con medios de prensa material obtenido en la ejecución de la propia función, en forma subrepticia o no, sin haber sido autorizado para hacerlo". La autorización debe provenir de la cadena de comando. Esta disposición, si bien busca proteger secretos operativos, también puede utilizarse para silenciar denuncias de corrupción, abuso o irregularidades que un militar quisiera hacer públicas. El Ejército añade que ante la detección de publicaciones de terceros que pudieran afectar la imagen institucional, el personal tiene la obligación de informar a su superior inmediato, pero se advierte explícitamente que "no se efectuarán acciones reactivas individuales sin instrucción expresa de la cadena de comando". Este criterio implica que los militares no pueden responder públicamente, por iniciativa propia, a ataques, críticas o desinformación que circulen en redes. Deben permanecer en silencio hasta que la institución autorice una respuesta.
La justificación institucional: seguridad, disciplina e imagen pública
El Ejército fundamenta estas medidas en principios que, en términos generales, resultan comprensibles desde la óptica institucional. Reconoce que las redes sociales "constituyen un espacio de interacción social de alta relevancia, caracterizado por su amplio alcance y capacidad de difusión". Advierte que cualquier publicación sin el debido cuidado puede afectar de distintas formas a la institución. La fuerza sostiene que "todo el personal deberá adecuar su conducta en redes sociales para no afectar la imagen, la integridad y el prestigio de la institución con su accionar individual en el entorno virtual". Se insiste en que "todo integrante de la fuerza es responsable de preservar el prestigio y la imagen institucional, así como la seguridad del elemento en el cual revista". Los principios rectores invocados son la responsabilidad, la seguridad y la conciencia del alcance digital. El Ejército advierte al personal que cualquier publicación puede "difundirse fuera de contexto, viralizarse o ser reproducida por medios de comunicación" y que lo que se publica en el entorno digital "tiene carácter permanente y alcance potencialmente ilimitado". Estas advertencias, aunque ciertas desde el punto de vista fáctico, también funcionan como mecanismos psicológicos para desalentar la expresión pública.
La medida alcanza a todo el personal militar y civil de la institución. Queda en zona de ambigüedad si el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, que mantiene su condición de militar en actividad aunque en licencia por su función política, debe acatar estas restricciones o si se entiende que su rol político lo coloca en una categoría diferente. Esta incertidumbre normativa es significativa: un militar con responsabilidades ejecutivas en el Ministerio de Defensa podría, teóricamente, verse sujeto a las mismas limitaciones que un soldado conscripto, lo cual plantea interrogantes sobre la aplicabilidad práctica de la directiva en contextos donde la pertenencia a la fuerza militar coexiste con funciones políticas o civiles.
Antecedentes históricos y el contexto de una sociedad hiperconectada
Esta disposición se inscribe en una tendencia más amplia de regulación institucional en contextos donde la tecnología ha transformado radicalmente la capacidad individual de comunicación. A nivel global, numerosas fuerzas armadas han enfrentado dilemas similares: cómo mantener la cohesión interna y proteger información sensible en un mundo donde cualquier integrante de la organización dispone de herramientas para difundir contenidos a escala masiva. Algunos estados han optado por regulaciones estrictas; otros han implementado sistemas de capacitación y monitoreo más laxos. Argentina, históricamente, ha vivido tensiones significativas entre la necesidad de secreto militar y el derecho a la información pública, especialmente durante procesos de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad donde testimonios de militares resultaron cruciales para la verdad histórica. En ese contexto, restricciones sobre la expresión de miembros de la fuerza armada adquieren resonancia particular.
La directiva del Ejército refleja, asimismo, una preocupación institucional creciente por la "viralización" de contenidos y la pérdida de control sobre narrativas públicas. En décadas previas, la comunicación institucional era predominantemente unidireccional: la institución emitía mensajes que medios de comunicación tradicionales reproducían o filtraban. Actualmente, cualquier miembro de la institución puede ser, potencialmente, un generador de información que compita con la narrativa oficial. Esto genera ansiedad en estructuras jerárquicas acostumbradas al monopolio informativo. Sin embargo, la regulación digital también intersecta con debates más amplios sobre libertad de expresión, derecho a la disidencia interna y mecanismos de protección para denunciantes. A nivel internacional, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación respecto a restricciones excesivas a la libertad de expresión en contextos militares, especialmente cuando estas impiden que miembros de fuerzas armadas denuncien violaciones a derechos humanos o irregularidades administrativas.
Implicancias y posibles desarrollos de esta política
Las consecuencias de esta directiva pueden operar en múltiples planos. Desde una perspectiva institucional, es probable que el Ejército logre su objetivo inmediato: una reducción significativa en la cantidad de publicaciones de militares que critiquen públicamente a la institución o expongan su funcionamiento interno. La autocensura, cuando es formalizada mediante directivas explícitas, tiende a ser especialmente efectiva. Los militares, conscientes de que sus actividades digitales pueden ser monitoreadas y de que las violaciones a la norma pueden resultar en sanciones disciplinarias, probablemente se abstendrán de publicar contenidos que se encuentren en zonas grises. Esto generará un efecto de "silenciamiento preventivo" que irá más allá de las prohibiciones formalmente enumeradas.
Desde otra perspectiva, esta regulación puede generar tensiones con derechos ciudadanos reconocidos constitucionalmente. Los militares, aunque sujetos a disciplina especial, mantienen su condición de ciudadanos. La prohibición de expresar opiniones políticas en redes sociales, por ejemplo, podría cuestionarse a nivel de derecho comparado y jurisprudencia internacional sobre libertad de expresión. Organizaciones de derechos humanos podrían argumentar que la medida excede lo necesario para proteger la seguridad militar y la disciplina institucional. Asimismo, la canalización exclusiva de denuncias a través de la cadena de comando plantea interrogantes respecto a mecanismos de denuncia externa, especialmente relevante si las irregularidades involucran a mandos superiores.
Desde una óptica de transparencia e información pública, la medida contribuye a un entorno donde la sociedad civil tiene menos acceso a información sobre cómo funciona internamente una institución estatal de importancia crítica. Durante décadas, muchas historias sobre irregularidades militares, abuso de autoridad, corrupción o problemas de funcionamiento han salido a la luz gracias a testimonios de miembros de la institución que decidieron hacer públicas sus experiencias. Una regulación restrictiva puede obstaculizar esta función de "silbatazos" internos que, en democracias modernas, ha demostrado ser un mecanismo importante de control y rendición de cuentas.
Por último, cabe considerar cómo esta directiva interactúa con el panorama mediático contemporáneo. En un contexto donde redes sociales funcionan como espacios de debate público y donde muchos ciudadanos obtienen información de tales plataformas, la ausencia de voces de militares en esos espacios podría contribuir a un vacío informativo que otros actores pueden aprovechar. El Ejército podría perder la oportunidad de contar su propia perspectiva sobre temas que lo involucran, delegando la narrativa a terceros. Simultáneamente, la prohibición de que militares compartan material con medios de comunicación sin autorización podría tensar relaciones entre la institución y la prensa, especialmente si los periodistas perciben que se les está obstaculizando el acceso a fuentes dentro de la institución. El impacto final de estas restricciones dependerá, en gran medida, de cómo sea implementada la directiva, si existirán mecanismos de apelación, y cómo evolucione el contexto político y social en el que opera.
