Cuando se apaga el ruido de las campañas y se cierran los centros de votación, quedan los números. Y los números, en este caso, cuentan una historia bastante diferente a la que se promocionó desde los despachos oficiales. El ejercicio de 2025 —la primera elección legislativa sin PASO desde 2011— genera evidencia que desafía directamente uno de los argumentos centrales con los que el Gobierno nacional justifica su batalla por erradicar definitivamente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Los cálculos muestran que, pese a suprimir una jornada electoral completa, el Estado argentino apenas logró reducir su erogación en materia de comicios. La brecha entre lo prometido y lo ejecutado es lo suficientemente amplia como para replantear el debate público sobre los auténticos determinantes de la estructura de costos electorales en el país.
Las promesas y la realidad de las cifras
Hace poco más de un año, desde la esfera del Poder Ejecutivo se escuchaban afirmaciones contundentes sobre el impacto presupuestario de la medida. La proyección manejada por funcionarios de alto nivel estimaba que la desaparición de las PASO traería aparejada una economía superior a US$200 millones para las arcas públicas. Se trataba de un argumento de peso, particularmente en un contexto de restricción fiscal y búsqueda de eficiencia en la administración estatal. Sin embargo, cuando se examinan los datos concretos que arrojó el proceso electoral de 2025, emerge un panorama sustancialmente distinto.
De acuerdo con un análisis exhaustivo elaborado por la Fundación Éforo, entidad dedicada al seguimiento de políticas públicas, el gasto electoral total de 2025 resultó $14.478 millones inferior al registrado en las elecciones legislativas de 2021. Esta reducción, expresada en términos porcentuales, constituye apenas un 3% de contracción respecto de aquella jornada electoral que sí incluyó primarias. Traducido a dólares estadounidenses, el ahorro real alcanzó aproximadamente US$9,5 millones. La diferencia entre esta cifra y los US$200 millones prometidos no requiere mayor elaboración: representa una brecha de proporciones considerables que merece ser objeto de escrutinio público.
La metodología de comparación adoptada por los investigadores resulta particularmente rigurosa. Se optó por confrontar dos elecciones legislativas de medio término —2021 y 2025— precisamente para aislar variables. El año 2023 fue descartado porque ese comicio estuvo destinado a elegir nueva autoridad presidencial, modificando sustancialmente la estructura y magnitud de los gastos electorales. Este enfoque comparativo permite establecer una relación más limpia entre la variable independiente —la ausencia de PASO— y su impacto en el presupuesto electoral. Aun así, el resultado sigue siendo rotundamente menor a lo anunciado desde la administración.
La logística que devora el presupuesto: el protagonista silencioso
Detrás de este fenómeno contraempírico existe un factor que actuó como agente compensador de los ahorros esperados: la infraestructura logística puesta en funcionamiento para la jornada de votación. El organismo responsable de coordinar esta operativa —el Correo Argentino— registró un gasto sin precedentes en la historia electoral reciente del país. La cifra alcanzó $225.000 millones, representando nada menos que el 48% de la totalidad del presupuesto destinado a los comicios de 2025. Este componente particular absorbió prácticamente la totalidad de los ahorros que hubiera generado la suspensión de las PASO.
Lo que reviste particular relevancia es que este nivel de inversión logística fue alcanzado a pesar de que solo hubo una única jornada de votación. El costo por jornada superó incluso el promedio históricamente registrado en años de elecciones presidenciales que incluyeron segunda vuelta electoral. Según la información compilada por Éforo, cuyos datos provienen de fuentes públicas oficiales —el Ministerio de Economía, a través de Presupuesto Abierto y el Presupuesto Nacional, el Ministerio del Interior y el Indec—, ese despliegue logístico constituyó el más elevado desde el año 2007.
Este fenómeno sugiere que la estructura de costos del sistema electoral argentino posee características de rigidez a la baja más pronunciadas de lo que habitualmente se reconoce. En otras palabras, una vez que ciertos componentes se incorporan al aparato electoral —particularmente los relacionados con la infraestructura de distribución y despliegue operativo—, resulta extraordinariamente difícil reducir su escala incluso cuando las circunstancias parecerían justificarlo. Adicionalmente, se implementó la denominada Boleta Única Papel (BUP), un mecanismo que generó sus propios costos de impresión y distribución, neutralizando parcialmente otros ahorros potenciales.
La evolución estructural de un sistema cada vez más costoso
Para comprender cabalmente la magnitud del fenómeno, es necesario retroceder en el tiempo y examinar la trayectoria de los gastos electorales en las últimas décadas. Cuando se remonta la mirada hasta 2009 —el último proceso electoral legislativo nacional organizado antes de la sanción de la Ley 26.571, que cristalizó la implementación de las PASO en 2011—, el panorama se vuelve aún más instructivo. En esa ocasión, el Estado erogó el equivalente a $297.000 millones a precios constantes del 2025. Dieciséis años después, en 2025, ese mismo tipo de elección demandó $468.000 millones.
Esta comparación de largo aliento ilustra un incremento real de aproximadamente 58% en términos de poder de compra constante. Es decir, incluso eliminando la variable de una jornada electoral adicional, los comicios de 2025 resultaron significativamente más onerosos que sus antecedentes previos a la era de las PASO. En términos de participación presupuestaria macroeconómica, el Estado destinó en 2025 alrededor de 0,05% del PBI a las elecciones legislativas. Estas cifras ponen en perspectiva el alcance real de las transformaciones incorporadas al sistema electoral desde 2009, así como los mecanismos que contribuyen a la elevación de costos independientemente de la cantidad de jornadas electorales realizadas.
La Fundación Éforo ha señalado que la sanción de la mencionada ley generó un "salto de nivel permanente" en la estructura de costos electorales. Este concepto es crítico para entender por qué la eliminación de una jornada electoral produjo un ahorro tan modesto: gran parte de la infraestructura desplegada a partir de 2011 se mantuvo vigente incluso cuando se suspendieron las primarias. Los sistemas de logística, seguridad, coordinación institucional y otras estructuras se perpetuaron en el tiempo, configurando una base de costos de difícil reducción.
Recomposición presupuestaria: dónde se fue el dinero
Más allá del capítulo logístico, la recomposición de las partidas presupuestarias entre 2021 y 2025 evidencia también modificaciones en otros renglones. Los aportes estatales destinados a la impresión de boletas experimentaron variaciones vinculadas directamente con la implementación de la Boleta Única Papel. Los gastos de seguridad del Comando General Electoral se vieron alterados. Los aportes extraordinarios destinados a financiar las campañas políticas también se modificaron. Sin embargo, ninguno de estos ajustes fue lo suficientemente profundo como para generar una reducción acumulada significativa.
Paradójicamente, mientras se observó una contracción en los gastos de algunos renglones, otros experimentaron expansiones de consideración. El financiamiento ordinario destinado al funcionamiento institucional de los partidos políticos, conocido como Fondo Partidario Permanente, sufrió una erosión dramática. Después de alcanzar un pico equivalente a $35.000 millones en 2015, esta herramienta de sostenimiento de la estructura partidaria cayó a $402 millones en 2025, con proyecciones aún menores para 2026. En la actualidad, representa menos del 0,1% del gasto total destinado a la política electoral en el país. Esta licuación del financiamiento ordinario contrasta con el crecimiento sostenido de la inversión en infraestructura electoral operativa.
Transparencia pública y evaluación ciudadana del sistema
Desde la academia y los espacios de análisis independiente se ha planteado una inquietud fundamental respecto de la capacidad de la ciudadanía para evaluar críticamente estos procesos. La vicepresidenta de la Fundación Éforo ha subrayado que la transparencia en la composición de estos gastos constituye una condición necesaria para que los argentinos puedan formar juicio propio sobre la eficiencia del sistema electoral y la equidad de la competencia política. El problema radica en que, bajo grandes partidas presupuestarias, se agrupan conceptos de naturaleza muy diferente, lo que dificulta identificar con precisión cuánto recursos se destinan a cada componente específico del engranaje electoral.
Este déficit informativo adquiere relevancia particular considerando que el Gobierno nacional se encuentra impulsando una reforma electoral que permanece en instancias legislativas para su aprobación. La propuesta oficial mantendría el Fondo Partidario Permanente pero eliminería los aportes públicos extraordinarios destinados a las campañas políticas. Simultáneamente, ampliaría la puerta para el financiamiento privado, estableciendo un límite del 35% de contribución por aportante. La mayor apertura de información sobre cómo se estructuran y evolucionan estos gastos permitiría que el debate legislativo y la reflexión ciudadana se desarrollen sobre bases más sólidas de conocimiento.
Implicancias y perspectivas abiertas
Los datos presentados por Éforo sugieren que las dinámicas de gasto electoral en Argentina responden a lógicas más complejas que la simple presencia o ausencia de una jornada electoral adicional. La rigidez estructural de costos, la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de distribución, y la evolución de los estándares de seguridad electoral han generado una base de inversión pública que se mantiene relativamente estable incluso cuando varía el número de comicios realizados. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas que buscan reducir el gasto electoral mediante la supresión de instancias electorales, sin atacar simultáneamente los componentes estructurales que elevan los costos del sistema en su conjunto. Por otro lado, la información también podría interpretarse como evidencia de que el sistema electoral argentino requiere niveles significativos de inversión en infraestructura y logística para garantizar la integridad, transparencia y accesibilidad de los procesos democráticos. Diferentes actores políticos y especialistas probablemente extraerán conclusiones divergentes respecto de si esa inversión es proporcional, necesaria o susceptible de optimización. Lo cierto es que el debate público sobre el verdadero costo de la política y las prioridades presupuestarias del Estado requiere de información precisa y desagregada que permita ciudadanos, legisladores y analistas tomar decisiones informadas sobre el rumbo que debería seguir el sistema electoral nacional.
