Una decisión que atravesó los pasillos de la Legislatura chaqueña la semana pasada abre nuevos interrogantes sobre el futuro del sistema de primarias en la Argentina. La suspensión de las PASO para 2027 que logró impulsar el gobernador Leandro Zdero mediante una votación ceñida—17 votos a favor en un cuerpo legislativo dividido en partes iguales—no cierra un debate nacional sino que lo redefine. Lo que comenzó como una intención del Gobierno de Javier Milei de eliminar de manera permanente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias se convierte ahora en una negociación más compleja en la que gobernadores de distintas extracciones políticas buscan salidas intermedias que les permitan no comprometerse con una eliminación irreversible.
El acuerdo alcanzado en Chaco resultó particularmente delicado porque la diputada Katia Blanc del massismo cedió su voto decisivo en una sesión donde los legisladores peronistas del Frente Chaqueño eligieron no concurrir para impedir el quórum. Ese gesto político, más allá de las intenciones públicamente expresadas, establece un antecedente que repercute en toda la geografía electoral del país. La fórmula de la suspensión temporal—mantener vigente la ley pero no aplicarla durante el ciclo electoral de 2027—ofrece a los gobernadores una vía que no implica asumir la responsabilidad política de una derogación definitiva. Es una salida que mantiene las puertas abiertas para decisiones futuras, sin cerrar capítulos que pueden resultar inconvenientes en contextos políticos siempre cambiantes.
Gobernadores en busca de su propio camino
La diversidad de posiciones que emergió entre los mandatarios provinciales revela que el panorama es mucho más fragmentado de lo que sugieren las habituales divisiones entre oficialismo y oposición. En Catamarca, Raúl Jalil ha manifestado su convencimiento de que las primarias "no le sirven a la sociedad" y las caracteriza como una "encuesta muy cara". Su argumento carga el acento sobre la ineficiencia económica del sistema, pero también contempla alternativas como las internas partidarias o los acuerdos internos dentro de las fuerzas políticas. Sin embargo, Jalil introduce un matiz importante: demanda "el mayor consenso posible" para cualquier cambio, lo que sugiere que su apoyo a una reforma no es una adhesión ciega al proyecto oficial.
Rogelio Frigerio, desde Entre Ríos, se muestra más abierto a una discusión sobre la cuestión pero sin compromisos previos. Su énfasis recae en los costos concretos: organizar una elección en su provincia demanda aproximadamente $5000 millones, cifra que coincide con los argumentos esgrimidos por Chaco. Frigerio ha declarado su disposición a acompañar una reforma, aunque añade una condición crucial: desconoce el texto definitivo del proyecto y permanece indeciso respecto de si se trata de una suspensión o una eliminación permanente. Esta distinción no es menor en términos políticos. La suspensión permite a los gobernadores mostrar una cercanía con el Gobierno sin asumir responsabilidades que podrían cobrarles una factura electoral en el futuro.
Completamente diferente es la posición de Osvaldo Jaldo en Tucumán. Pese a mantener un diálogo fluido con la Casa Rosada y ser considerado un aliado del Gobierno nacional, Jaldo se mantiene inflexible: "Hemos sido muy claros. Estamos en contra de sacar las PASO", afirmó en representación del bloque Independencia. Su resistencia adquiere una dimensión adicional cuando cuestiona el procedimiento mismo de la negociación. Jaldo ha señalado que ningún funcionario nacional le ha presentado un texto formal sobre el cual trabajar, lo que introduce una crítica sobre las formas en que el Gobierno pretende negociar cambios electorales fundamentales cuando ya han comenzado los tiempos de la competencia política. Su advertencia previa, en la que planteaba que eliminar las primarias podía transformarse en "un traje a medida para La Libertad Avanza", revela una inquietud más profunda: la cuestión no es solo técnica sino que toca aspectos sustanciales de la democracia electoral.
Los frentes políticos también se reordenan
En el territorio bonaerense, históricamente crucial en cualquier negociación nacional, el peronismo ha decidido blindar su posición en torno a las primarias. La razón es pragmática: el Partido Justicialista necesita las PASO para resolver sus candidaturas internas en 2027, momento en el que probablemente enfrente complejidades para definir sus candidatos. El massismo, que en algún momento planteó la posibilidad de acompañar una suspensión tanto a nivel provincial como nacional, ha visto debilitada esa postura ante la necesidad del peronismo de mantener el mecanismo abierto. Maximiliano Pullaro, desde Santa Fe, ha impulsado una reforma electoral que modifica diversos aspectos del sistema pero que conserva intactas las internas abiertas, lo que demuestra que existen opciones de modernización que no pasan por la eliminación de las primarias.
Más allá de los gobernadores, Jorge Macri desde el PRO también ha alzado su voz cuestionando los intentos de eliminar las PASO. Su razonamiento incorpora una dimensión republicana: "El concepto de decir que una elección es cara y por eso no tenerla me parece riesgoso porque votar es lo más maravilloso que tenemos y hemos recuperado, y hace a la república y al derecho de los ciudadanos". Esta perspectiva introduce un argumento que trasciende lo económico y se sitúa en el terreno de los valores cívicos, lo que complejiza aún más el escenario para quienes sustentan sus críticas a las PASO únicamente en cuestiones presupuestarias.
Mientras tanto, desde el Gobierno nacional, Patricia Bullrich ha anunciado que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado iniciará el trabajo sobre el proyecto durante este mes. Sin embargo, su declaración introduce una diferencia sutil pero significativa entre lo que originalmente se propuso y lo que podría negociarse. Bullrich manifestó que "suspender o eliminar las PASO es más o menos lo mismo; hay que ponerse de acuerdo en cómo vamos a votar", una frase que sugiere una flexibilización del objetivo inicial. La funcionaria también anticipó una discusión más amplia que incluye Ficha Limpia, financiamiento político, partidos y sistema electoral, señal de que el Gobierno podría estar allanando el terreno para negociaciones que trasciendan la cuestión de las primarias.
El desafío que enfrenta la Casa Rosada es de una complejidad considerable. No se trata simplemente de conseguir gobernadores que acuerden en revisar las primarias, sino de construir una mayoría legislativa capaz de reunir posiciones que van desde quienes propugnan su eliminación definitiva hasta quienes aceptarían apenas una suspensión acotada a 2027. La experiencia chaqueña demuestra que es posible alcanzar un acuerdo mediante la fórmula suspensiva, pero también pone de relieve que esa salida requiere negociaciones caso a caso, sin garantías de que los bloques provinciales se alineen automáticamente con la voluntad de sus gobernadores. Diputados y senadores poseen márgenes de autonomía que no se reducen a las decisiones que adopten sus mandatarios provinciales, elemento que añade incertidumbre al cálculo oficial.
Las próximas semanas determinarán si la suspensión chaqueña funciona como catalizador de un consenso nacional o si, por el contrario, cristaliza las divisiones que impiden un acuerdo sobre el sistema electoral. La negociación se desenvuelve en un contexto donde los tiempos electorales ya corren, lo que genera presiones adicionales sobre gobernadores y legisladores. Algunos podrían ver en la suspensión una solución transitoria que evita trauma político inmediato; otros podrían interpretarla como una muestra de debilidad del Gobierno en su intención original de eliminar las primarias. La respuesta probablemente determine no solo el futuro de las PASO sino también el modo en que se reconfiguran las coaliciones políticas provinciales durante el próximo ciclo electoral.
