El Gobierno acaba de efectuar un movimiento en la estructura de su área de vínculos con instituciones religiosas que, lejos de ser un cambio administrativo menor, refleja la intención de recuperar terreno perdido con uno de los actores institucionales más influyentes del país. Agustín Caulo, conocido en círculos políticos como el "Chino", pasó de ocupar la subsecretaría de Culto —que dependía de la cartera de Relaciones Exteriores— a asumir la conducción de la Secretaría de Culto y Civilización con rango de Embajador Extraordinario. Lo que sucede no es simplemente un ascenso en la jerarquía burocrática, sino una reconfiguración estratégica en momentos en que la Iglesia Católica ha elevado significativamente el volumen de sus críticas hacia las orientaciones que está adoptando la administración nacional.
El cambio de autoridades en esta dependencia, formalizado mediante el Decreto 362/2026 y publicado en el Boletín Oficial con las rúbricas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, constituye el reemplazo de Nahuel Sotelo, quien abandonó el cargo para trasladarse a funciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Sotelo, al igual que su sucesor, responde al perfil de dirigente católico tradicional que mantiene relaciones fluidas con instancias de la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, el contexto en el que Caulo asume es sustancialmente más complejo que el que enfrentaba su antecesor hace meses atrás. En aquella época, las fricciones entre el Ejecutivo y la estructura religiosa existían pero permanecían en planos más discretos. Hoy, los pronunciamientos de desacuerdo son públicos, directos y reflejan una preocupación genuina de los obispos por la dirección que toman ciertas políticas.
Las señales de alarma que llegan desde la Conferencia Episcopal
Lo que ha motivado que Caulo herede una agenda tan exigente son expresiones concretas de malestar emanadas desde las más altas estructuras de la Iglesia Católica argentina. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, ha efectuado declaraciones públicas en días recientes que expresan una inquietud profunda respecto a la situación material de sectores que históricamente resultaban solventes. Sus palabras, formuladas en una entrevista radiofónica, desnudaban una realidad incómoda: personas que antes disponían de recursos para contribuir a iniciativas religiosas y sociales ahora llegan a solicitar ayuda para cerrar gastos elementales. La formulación es cruda pero precisa: gente que solicita asistencia simplemente para terminar de abonar el arrendamiento mensual, para completar una cuota de servicios, para pagarse un viaje en transporte público, o bien para adquirir medicamentos sin descuidar lo indispensable en términos de nutrición.
Este diagnóstico que realiza la jerarquía eclesiástica no constituye una apreciación abstracta, sino la síntesis de lo que observan en primera persona a través de sus redes institucionales de contención social. Los obispos, que operan en los barrios y en los territorios, detectan dinámicas que las estadísticas oficiales a veces demoran en registrar o documentar con la precisión necesaria. Lo que Colombo comunicaba, por lo tanto, era una lectura situada de cómo las políticas económicas están impactando en la capacidad de consumo y de ahorro de la clase media argentina, tradicionalmente el sector más proclive a realizar aportes a organizaciones de carácter religioso. Si esa población se ve acorralada en sus presupuestos domésticos, la consecuencia inevitable es que tanto la Iglesia como las organizaciones sociales dependientes de donaciones privadas experimentan una contracción en sus ingresos.
El proyecto que genera fricción: la "inviolabilidad de la propiedad privada"
Pero el malestar eclesiástico no se circunscribe únicamente a la evaluación de impactos económicos generalizados. Existe una preocupación específica vinculada a un proyecto de ley que ha comenzado a circular en ámbitos gubernamentales y que representa un cambio sustancial en la política de hábitat y acceso a vivienda. El proyecto, impulsado desde la cartera de Desregulación y Transformación del Estado bajo la conducción de Federico Sturzenegger, se propone modificar radicalmente el régimen de protección que actualmente rige para ocupantes de tierras y viviendas. La iniciativa lleva por nombre "inviolabilidad de la propiedad privada" y busca eliminar la suspensión de desalojos que hoy existe en prácticamente todos los supuestos: ocupaciones de inmuebles, falta de pago de alquileres, usurpación de terrenos.
La mecánica que introduce el proyecto es el establecimiento de un proceso judicial sumarísimo, es decir, acelerado y con menores garantías procesales tradicionales, que permitiría la expulsión rápida de personas que no cuenten con títulos de propiedad o que incumplan en el pago de rentas. Esto implicaría una reversión de la Ley 27.453, sancionada en el año 2018 con consenso prácticamente unánime en el Congreso Nacional. Ese ordenamiento legal, cuyas modificaciones posteriores también contaron con apoyo mayoritario, establecía la suspensión de desalojos como un mecanismo de contención, facilitaba procesos de expropiación para que el Estado pudiera intervenir en la regulación de asentamientos informales, y permitía la concesión de títulos de propiedad a familias que se encontraban en situación vulnerable. El régimen que introdujo esa ley declaraba de interés público la integración urbana y socio-territorial, algo que trasciende la mera reglamentación de derechos de propiedad.
Tanto la estructura de la Iglesia Católica como organizaciones especializadas en hábitat y vivienda, tales como Techo, ven en esta iniciativa legislativa un retroceso significativo en términos de política social. La perspectiva que expresan es que se trata de un nuevo intento de resolver la cuestión de los asentamientos informales no mediante programas de integración, regularización y acceso a servicios básicos, sino mediante la expulsión acelerada de poblaciones que no tienen adónde ir. Es una estrategia cuyo alcance, a diferencia de intentos previos, sería nacional y sin excepciones, lo cual multiplica el potencial de impacto sobre decenas de miles de familias. Para la Iglesia, esto entra en colisión directa con su doctrina social, que ha enfatizado a lo largo de décadas la importancia de garantizar acceso a vivienda digna como componente fundamental de la justicia social.
El desafío que asume Caulo, por lo tanto, es de una envergadura considerable. No se trata simplemente de mantener vínculos de cortesía con la jerarquía eclesiástica, sino de navegar fricciones profundas sobre cuestiones que tocan el núcleo de cómo se concibe la responsabilidad estatal respecto a los sectores más vulnerables. La designación de un funcionario con perfil católico conservador sugiere un cálculo que busca aprovechar credibilidad y cercanía para aproximar posiciones. Sin embargo, las diferencias que existen no son de naturaleza personal o de estilo comunicacional, sino que responden a visiones distintas sobre qué tipo de sociedad se pretende construir. La próxima etapa dependerá de cómo el nuevo secretario logre traducir estas conversaciones y si, desde el Ejecutivo, hay disposición para revisar aspectos de políticas que generan objeciones institucionales. La capacidad de diálogo que demuestre el Gobierno en estas semanas indicará si esta designación responde a una voluntad genuina de reconstrucción de consensos o si opera meramente como un gesto simbólico sin consecuencias en la definición de orientaciones sustantivas.
