Cuando parecía que el capítulo de los beneficios fiscales para funcionarios había cerrado, el Gobierno vuelve a abrir la compuerta. La iniciativa denominada "Inocencia Fiscal 2", presentada por el ministro de Economía Luis Caputo ante la Cámara de Diputados, propone ampliar el acceso de los ciudadanos al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, facilitando la regularización de capitales no declarados. Pero existe un problema político de considerable magnitud: nuevamente contempla la posibilidad de que empleados públicos, exfuncionarios y sus allegados se beneficien de estas ventajas fiscales. Esta circunstancia desencadenó una cadena de críticas desde distintos sectores de la oposición, transformando lo que podría haber sido un debate técnico sobre política tributaria en un enfrentamiento de mayor alcance respecto a la equidad, la transparencia y los principios de funcionamiento del Estado.
La propuesta busca incentivar la "bancarización" de ahorros informales mediante garantías jurídicas reforzadas y acceso expandido a un régimen tributario simplificado. Quienes se acojan al beneficio consiguen eludir sanciones de naturaleza penal y antecedentes en sus expedientes, aunque deben completar las declaraciones impositivas correspondientes y regularizar sus contribuciones. En los términos técnicos presentados por Sonia Becherman, una de las expertas tributarias convocadas para explicar el proyecto, la norma no contiene exclusiones explícitas respecto de los empleados del sector público: "Todos los contribuyentes que cumplan las condiciones de la ley podrán ingresar en el régimen simplificado", afirmó durante la conferencia de prensa que encabezó Caputo.
El fantasma de Adorni sigue rondando el Congreso
Lo que transforma este asunto en un eje de conflictividad política es la memoria reciente. Hace apenas meses, cuando se aprobó la primera Ley de Inocencia Fiscal en diciembre pasado, la oposición ya había advertido sobre los riesgos de mantener abiertas estas compuertas para los funcionarios. Sus temores no tardaron en confirmarse. Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni (entonces jefe de Gabinete y coordinador ministerial del Ejecutivo nacional), se acogió al régimen simplificado el 31 de mayo, apenas días antes de que su marido presentara su declaración jurada, justo cuando estallaba un escándalo vinculado a su situación patrimonial. El caso generó un precedente incómodo: si alguien cercano al círculo íntimo presidencial logró beneficiarse del régimen anterior, ¿qué impediría que otros funcionarios hicieran lo propio con esta nueva ventana abierta por la administración libertaria?
Los diputados opositores no dejan pasar la oportunidad de recordar que durante el debate de diciembre pidieron explícitamente la exclusión de empleados públicos de estos beneficios, pero sus peticiones fueron ignoradas. Pablo Juliano, legislador de la Unión Cívica Radical e integrante del bloque Provincias Unidas, utilizó una expresión que captura el sentimiento generalizado: "la doctrina Adorni sigue vigente". Su diagnóstico es lapidario: "¿Qué pasó después? La usaron Adorni, Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Felipe Núñez y José Luis Espert. ¿Creen que el Gobierno recapacitó? No. La 'inocencia fiscal 2' sigue abierta para ellos". La pregunta retórica sintetiza el descontento: si el Gobierno conocía el precedente problemático, ¿por qué repitió la fórmula?
Las fracturas en los distintos espacios políticos
La reacción opositora no es uniforme, pero converge en un punto central. Gisela Scaglia, jefa del bloque Provincias Unidas, indicó que aún no han definido una postura global sobre el proyecto, pero expresó su desacuerdo específico respecto a la habilitación para funcionarios. Ella y sus compañeros de bloque insistirán en una modificación que excluya a las "Personas Expuestas Políticamente" (PEP), categoría que en la jerga de organismos internacionales de control identifica precisamente a empleados públicos y sus parientes cercanos. Esteban Paulón, legislador del Partido Socialista dentro del mismo bloque, fue más directo en su caracterización, tachando la medida de representar una "impunidad libertaria". Paulón presentó hace semanas un proyecto que va más allá: busca excluir del régimen a funcionarios, magistrados, legisladores y sus cónyuges e convivientes, y ha prometido insistir con esta iniciativa como respuesta específica al caso Adorni.
En el peronismo, la crítica adopta tonos más ásperos. Agustín Rossi, diputado nacional del bloque Unión por la Patria, calificó el proyecto como "vergonzoso" y recordó que quienes llegaron al Gobierno prometiendo convertir "la moral en política de Estado" resultan siendo "profundamente amorales". Su argumento central plantea una cuestión de coherencia: "Evaden, son funcionarios y ahora les permiten blanquear sin tener que preguntarles de dónde sacaron la plata". En la misma línea, Guillermo Michel, compañero de bancada, anunció que el justicialismo planteará la exclusión de funcionarios, ya sea mediante un dictamen de rechazo en comisión o durante la eventual votación en el recinto. Sin embargo, Michel añadió un matiz jurídico importante: aunque la ley logre incluir a los funcionarios, estos "no quedarían excluidos de la responsabilidad penal ni de la figura de enriquecimiento ilícito". También cuestionó la constitucionalidad de la iniciativa, argumentando que el Estado no puede renunciar a su facultad de fiscalización.
Desde espacios más moderados o aliados históricos del oficialismo también surgen interrogantes incómodos. Martín Lousteau, diputado de Provincias Unidas, caracterizó la primera Ley de Inocencia Fiscal como "un blanqueo a medida de los más ricos" que "perdona el pasado y no mira de dónde salió el patrimonio". Su observación toca un nervio central del debate: la dificultad para determinar si los capitales regularizados provienen de fuentes lícitas u originaron en prácticas cuestionables. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue más explícito aún, describiendo la norma anterior como "una ley con nombre y apellido" que benefició tanto a evasores conocidos como al círculo familiar de Adorni. De hecho, en marzo de este año la Justicia sobreseyó parcialmente a Lázaro Báez y a once personas más acusadas de evasión fiscal en el caso Austral Construcciones, precisamente al aplicarle la Ley de Inocencia Fiscal original, que elevó los montos punibles por evasión supuesta en aproximadamente el 81 por ciento de las causas del fuero penal económico.
Incluso dentro de sectores que podrían considerarse cercanos al Gobierno aparecen cuestionamientos. Oscar Zago, diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo (aliado frecuente del oficialismo), planteó una pregunta incómoda directamente al ministro Caputo: si este último "se la pasa diciendo que su familia tiene plata afuera", ¿se encuentra regularizada en blanco o en negro? Zago luego introduce un elemento de análisis que sofistica el debate: cuestiona si existe diferencia sustancial entre que un funcionario evada impuestos y que lo haga un comerciante. Sin embargo, introduce la distinción crítica: si el dinero proviene de "cuestiones ilícitas", la situación se transforma completamente. Este matiz refleja una inquietud más profunda: no toda evasión es equivalente; la proveniencia del capital es lo que determina si estamos ante un problema meramente tributario o ante potencial corrupción.
La Unión Cívica Radical y Pro, socios de coalición del Gobierno en La Libertad Avanza, mantienen por ahora una posición cautelosa. Fuentes legislativas indican que ambos bloques aún están "estudiando" la iniciativa. El macrismo expresó que comparte "el espíritu" de la propuesta pero no ha realizado una discusión formal sobre el articulado específico. "Está todo muy verde" es la evaluación que circula en pasillos parlamentarios. Ambos espacios votaron a favor del proyecto en diciembre, lo que sugiere que probablemente acompañen al Ejecutivo nuevamente, aunque su silencio actual puede responder también a la necesidad de tomar distancia de un debate que adquiere ribetes incómodos en la opinión pública.
Contexto histórico y precedentes problemáticos
Para comprender la carga política que porta este nuevo proyecto, resulta necesario recordar que los regímenes de regularización fiscal no son invención de la actual administración. Argentina ha recurrido históricamente a estas herramientas como mecanismo para ampliar la base tributaria e incentivar la bancarización de capitales informales. Sin embargo, cada implementación ha generado controversias sobre si benefician realmente al conjunto de la ciudadanía o si terminan transformándose en oportunidades para que sectores con mayor poder económico y político logren legalizar sus activos sin explicar su origen. La particularidad del caso actual radica en que la administración vuelve a insistir con la misma fórmula que generó polémica apenas meses atrás, sin introducir las correcciones que la oposición reclamó.
El caso de Adorni no es un detalle menor en este contexto. Su acción de permitir que su esposa accediese al régimen simplificado días antes de presentar su propia declaración jurada, en medio de un escándalo por su situación patrimonial, estableció un precedente que transformó la "Inocencia Fiscal" de una política tributaria en un símbolo de privilegio para el entorno gubernamental. La imagen que quedó instalada en la opinión pública fue la de un funcionario utilizando una vía legal para beneficiar a su familia, probablemente evitando explicaciones incómodas sobre el origen de sus bienes. Aunque formalmente la ley permite estas acciones, políticamente generaron un daño considerable que ahora reaparece amplificado.
Las implicancias de esta nueva propuesta se despliegan en múltiples direcciones. Desde una perspectiva tributaria estricta, facilitar la regularización de capitales informales incrementa la recaudación y la formalización económica, objetivos que técnicamente son válidos. Desde una perspectiva de transparencia y equidad, permitir que empleados públicos accedan al mismo régimen sin exclusiones específicas crea la percepción (real o no) de que existe un sistema de dos velocidades: uno para los ciudadanos comunes y otro para quienes ostentan poder público. Los próximos debates parlamentarios determinarán si logran introducirse las exclusiones que reclama la oposición o si el Gobierno consigue aprobar el proyecto en sus términos actuales, perpetuando una estructura que múltiples actores políticos cuestionan como inequitativa y potencialmente inconstitucional.
