La semana que acaba de concluir dejó expuesto el cálculo político que domina la Casa Rosada en los próximos dieciocho meses: transformar la recuperación económica en capital electoral suficiente para neutralizar la caída de popularidad que atraviesa el Presidente. Mientras la sociedad permanece atenta a los comportamientos de precios y consumo, la arena parlamentaria hierve con movimientos anticipatorios de cara a los comicios presidenciales de 2027. En medio de esa tensión simultánea, el Gobierno optó por profundizar las líneas de fractura en lugar de construir acuerdos, una estrategia que descansa enteramente en la hipótesis de que los indicadores económicos terminarán recomponiendo el apoyo electoral que hoy se erosiona.

La noticia que llegó desde el Indec sobre el comportamiento de los precios en abril funcionó como inyección de oxígeno en una Casa Rosada que venía bajo presión constante. La cifra de inflación mensual de 2,6%, ocho décimas por debajo del mes anterior que había registrado 3,4%, representó un quiebre importante después de diez meses consecutivos sin registrar contracciones. El fenómeno no respondió al azar, sino a una combinación de factores específicos que el Gobierno seguirá monitoreando celosamente en las próximas semanas. El rubro educación, que en marzo había mostrado aumentos cercanos al 12%, descendió a variaciones próximas al 4% en abril. Simultáneamente, los alimentos, categoría que impacta directamente en los presupuestos de los sectores más vulnerables, cerraron el mes con subas limitadas al 1,5% aproximadamente. Estos movimientos no fueron casuales: reflejan tanto dinámicas estacionales del calendario como decisiones políticas deliberadas sobre variables que el Estado puede influenciar directamente.

El control administrativo como contención inflacionaria

Para asegurar que mayo replicara o mejorara la tendencia de abril, el Gobierno activó distintos mecanismos de control sobre sectores clave de la economía. La empresa estatal YPF limitó el incremento de combustibles a apenas 1% para un período de cuarenta y cinco días, consciente de que los saltos en energía suelen tracionar los índices de inflación en cascada. En paralelo, el Ministerio de Economía decidió prorrogar hasta noviembre el traslado de costos asociados con el gas importado que gestiona Enarsa, postergando así presiones que habrían resultado visibles en las tarifas para los consumidores. Estas acciones, aunque puntuales, demuestran que la administración analiza variables específicas con la precisión de un cirujano, consciente de que cada punto porcentual de inflación se traduce directamente en capital político perdido. Las consultoras privadas que monitorean semanalmente el comportamiento de precios ya proyectaban para mayo nuevas desaceleraciones, con promedios rondando el 2,2%. Los analistas coinciden en que educación y alimentos continuarían como factores de contención, mientras que los combustibles tendrían menor impacto relativo después de las fuertes subas acumuladas entre marzo y abril.

Sin embargo, el cuadro de situación económica presenta matices que complican el discurso oficial. Si bien la inflación desaceleró en abril, el consumo continuaba mostrando síntomas de debilidad generalizada. El comercio digital representaba la única excepción a esa tendencia, mientras que otros indicadores enviaban señales preocupantes: la utilización de la capacidad instalada industrial mejoró apenas 5%, la compra de yerba cayó 2,2% y el consumo de carne descendió cinco kilos per cápita. Estos números sugerían que aunque los precios bajaban o se estabilizaban, la actividad económica seguía pataleando en aguas profundas. El Presidente reconoció públicamente esta contradicción al expresar su comprensión sobre el malestar social generado por la caída de la actividad y la contracción salarial, aunque sin ofrecer políticas específicas para revertir esa situación. La paradoja se simplifica en una pregunta: ¿puede ganar una elección presidencial con inflación controlada pero economía deprimida?

La universidad como arena de confrontación calculada

Mientras el Gobierno vigilaba cada movimiento en las planillas de precios, enfrentaba una movilización que amenazaba con replicar la magnitud de conflictos anteriores. La Marcha Federal Universitaria del martes pasado reunió en Plaza de Mayo a rectores, docentes, estudiantes, sindicatos y dirigentes políticos que en su mayoría no integran la base de apoyo presidencial, pero que tampoco representan un bloque monolítico contra Milei. La presencia de figuras provenientes de casi toda la geografía política argentina evidenció algo que trasciende el mero reclamo presupuestario: la educación pública superior continúa siendo un símbolo de movilidad social que atraviesa barreras partidarias e ideológicas. La vieja creencia de que la universidad era el camino hacia mejores destinos, inculcada durante generaciones como promesa nacional, seguía resonando en esa multitud heterogénea. La Casa Rosada eligió leer la marcha no como una expresión plural sobre financiamiento público, sino como una operación política orquestada por la oposición. El Presidente reposteó contenidos que calificaban la movilización como "desestabilizadora" y "opositora", forzando una polarización donde los términos del debate ya no eran presupuestarios sino identitarios. Los rectores volvieron a exigir incrementos de fondos; el oficialismo reiteró que la prioridad residía en mayor transparencia sobre el uso de recursos existentes. El desenlace fue previsible, similar a enfrentamientos anteriores durante 2024 que habían convocado a aproximadamente 500 mil personas sin causarle daños políticos significativos al Presidente en ese momento.

La diferencia en el contexto actual radicaba en que Milei entonces se movía con viento electoral de cola, habiendo ganado las elecciones legislativas de 2025 pocas semanas después. Hoy, diecisiete meses antes de los comicios presidenciales, su popularidad atravesaba un período de erosión evidente. A pesar de ello, la Casa Rosada calculaba que el margen de tiempo era suficiente para que la recuperación económica recompusiera el humor social, justificando así la decisión de profundizar la polarización antes que buscar consensos fragosos que diluyeran su identidad política. Esta apuesta no era irracional, pero tampoco carecía de riesgos: requería que los indicadores económicos mejoraran consistentemente, que esa mejora se percibiera en los bolsillos de los ciudadanos comunes y que ningún factor externo descarrilara el carril institucional.

Reorganización de poderes y anticipos electorales

Por debajo de la superficie de los conflictos públicos, ocurrían movimientos de piezas en el tablero institucional que redefinían los equilibrios internos del Gobierno. La Cámara de Casación Federal decidió trasladar la causa sobre la mansión en Pilar desde la jurisdicción de Zárate hacia la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que aunque formalmente lógica dejaba expuesto que figuras como Tapia y Toviggino se quedaban progresivamente sin redes de contención. Simultáneamente, Karina Milei avanzó nuevamente en su pulsada interna contra Santiago Caputo al consagrar a Sebastián Pareja al frente de la Comisión de Inteligencia de Diputados, consolidando así su control sobre áreas neurálgicas del poder. Estas operaciones, aunque menos visibles que los conflictos parlamentarios, eran indicadores de realineamientos que probablemente definirían el perfil del Gobierno en el próximo año y medio.

En el Senado, la Cámara alta aprobó con cincuenta votos la continuidad de Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, como camarista de Casación Federal por otros cinco años, ampliando su media centuria dentro del Poder Judicial. Paralelamente, comenzaron a aprobarse pliegos de jueces y camaristas enviados por el Ejecutivo para cubrir vacantes, después de que senadores del interior hubieran frenado esos nombramientos hasta obtener espacios para candidatos propios en juzgados federales de sus provincias. El acuerdo alcanzado en ese plano evidenciaba que aunque existían tensiones federales en la coalición gobernante, todavía prevalecían incentivos para mantener la coherencia institucional. La oposición, mientras tanto, intentaba avanzar contra Manuel Adorni con un pedido de interpelación parlamentaria que buscaba destituir al jefe de Gabinete. El oficialismo respondió convocando una sesión ordinaria en horario diferente al de la sesión especial opositora, un movimiento que impedía que los bloques disidentes reunieran quórum. Unión por la Patria anunciaba que acompañaría el avance opositor en la semana siguiente, revelando que la coalición anti-oficialista comenzaba a ordenar su estrategia de acoso institucional. En el entorno presidencial interpretaban la ofensiva como un intento de golpear el núcleo duro del poder, con la lógica de que si conseguían desalojar a Adorni, la siguiente etapa sería avanzar sobre el propio Presidente.

Patricia Bullrich enfrentaba una tarea compleja en su rol de senadora: Karina Milei le exigía avanzar con la derogación de las PASO, aunque dentro del oficialismo reconocían que la empresa resultaría difícil porque buena parte de la oposición necesitaba mantener las primarias para ordenar sus conflictos internos. Bullrich, además, venía marcándole la cancha a Adorni con reclamos sobre transparencia, pidiendo públicamente que presentara su declaración jurada. Los hermanos Milei eligieron no confrontar directamente con la senadora, reemplazando el malestar inicial de Karina por una serie de recorridas políticas junto a Pilar Ramírez, una de las dirigentes más cercanas a la secretaria general. El Gobierno reconocía que Bullrich mantenía buena imagen pública, conservaba un caudal importante de votos y poseía capacidad para detectar rápidamente cambios en el humor social. La principal arena de ese movimiento aparecía siendo la Ciudad de Buenos Aires, donde Adorni cada vez más relegado electoralmente podía ceder terreno a una posible candidatura de Bullrich. En ese contexto, la senadora difundió un video de tono decididamente electoral comparando los subtes porteños con los de Santiago de Chile, reclamando modernización y ampliación de la red. El mensaje funcionaba como interpelación indirecta: "¿Jorge Macri o Javier Milei?". El jefe de Gobierno respondió que coincidía con el diagnóstico, asegurando que trabajaba en la modernización del sistema. Milei eligió no responder, permitiendo que Bullrich volviera a exhibir autonomía política sin represalias inmediatas.

Del lado opuesto, Axel Kicillof encabezó un acto en La Plata donde sectores de la militancia lo recibieron al grito de "Presidente", pero también aparecieron visiblemente los límites internos del peronismo: otros sectores reclamaban "Cristina libre", obligando al gobernador a lidiar simultáneamente con sus ambiciones personales y con tensiones que no controla. Sergio Uñac, veterano conocedor de esas disputas internas, intervino para plantear que ni él ni Kicillof eran "candidatos naturales" y defendió la idea de resolver liderazgos a través de elecciones internas, una posición que admitía tácitamente que el peronismo seguía sin definiciones claras. Mauricio Macri, mientras tanto, dejó en claro que acompañar al Gobierno no significaba silenciar críticas sobre sus errores. El ex presidente se movía ya como candidato potencial, encabezando actividades del "Próximo Paso Tour" con la intención de instalar que el PRO representaba una superación de Milei. La distancia política entre ambos espacios resultaba ya inocultable. En la Casa Rosada creían que Macri buscaba fortalecerse para negociar desde posiciones más robustas; en el PRO aseguraban tener ambiciones más grandes que servir de satélite gubernamental. Todo ese clima político probablemente entraría en pausa en menos de un mes con el comienzo del Mundial de fútbol, cuando la atención nacional se desplazaría momentáneamente hacia las canchas. Después, el escenario se reordenaría con nuevas prioridades y nuevos alineamientos.

Para la administración actual, el principal desafío continuaba siendo el mismo que lo fue desde el inicio: sostener la desaceleración inflacionaria que recién comenzaba a mostrarse y, más importante aún, lograr que esa mejora en los indicadores macroeconómicos llegara finalmente a los bolsillos de los ciudadanos comunes. Sin esa traducción, ninguna cifra de inflación controlada sería suficiente para recomponer el capital político erosionado. La apuesta de Milei descansaba entonces en un ejercicio de sincronización temporal delicada: que la economía mejorara lo suficientemente rápido para que en 2027 los votantes olvidaran los meses de depresión y distribuyeran sus votos pensando en recuperación futura. Esto podría ocurrir, pero también existía la posibilidad de que la mejora llegara demasiado tarde o de magnitud insuficiente, en cuyo caso la narrativa de futuro esplendor chocara contra la memoria reciente de contracción y malestar. El tiempo transcurriría de manera inexorable hacia los comicios presidenciales, llevando consigo la respuesta definitiva sobre si el cálculo de la Casa Rosada había sido acertado o si, por el contrario, la estrategia de profundizar la confrontación había erosionado más capital electoral del que la recuperación económica podría restaurar.