El termómetro político de abril trae una lectura incómoda para la Casa Rosada. No es un dato aislado ni un tropiezo circunstancial: la aprobación del gobierno de Javier Milei marcó un nuevo mínimo histórico, el consumo retrocede en varios frentes simultáneamente y la estrategia de financiamiento elegida para sostener el programa económico encierra una contradicción filosófica que el propio oficialismo parece no querer mirar de frente. Tres fenómenos que, vistos en conjunto, configuran un cuadro de mayor complejidad que el que reconocen los funcionarios. Lo que cambia no es solo un número en una encuesta: cambia la percepción de la sociedad sobre quién es responsable de los problemas del país, y eso tiene consecuencias políticas que se verán en los meses que vienen.

El piso se rompió: 34% de aprobación y un diagnóstico oficial que no cierra

El sociólogo y encuestador Hugo Haime publicó su relevamiento mensual de abril con un resultado que nadie en el entorno presidencial esperaba ver tan pronto: solo el 34% de los argentinos aprueba la gestión de Milei. Se trata del registro más bajo desde que el mandatario asumió en diciembre de 2023. Hasta ahora, el umbral mínimo había sido de 37%, alcanzado en dos momentos críticos: marzo de este año y el mes de septiembre pasado, cuando La Libertad Avanza sufrió su primera derrota electoral relevante en la provincia de Buenos Aires. Ahora ese piso fue quebrado. En el otro extremo, el rechazo a la gestión trepó al 63%, también el valor más elevado de toda la serie histórica del sondeo.

Pero hay un dato dentro de esa medición que resulta quizás más significativo que los porcentajes de aprobación y desaprobación: por primera vez desde que Milei llegó al poder, el grupo de ciudadanos que atribuye los problemas económicos del país a la política económica del gobierno actual supera al grupo que los atribuye al kirchnerismo. El 26% restante considera que ambas gestiones son igualmente responsables. Este desplazamiento en la atribución de culpas es típico de la segunda mitad de los mandatos presidenciales: el electorado empieza a descontar la "herencia recibida" como argumento explicativo y comienza a evaluar los resultados concretos de la administración en curso. La narrativa de la herencia tiene fecha de vencimiento, y en Argentina ese momento parece haber llegado antes de lo esperado.

Simultáneamente, el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella cayó a 2,02 puntos sobre una escala de 0 a 5, lo que representa una contracción del 12,1% respecto del mes anterior. Para ponerlo en contexto: en septiembre del año pasado, en el peor momento preelectoral, ese índice había tocado 1,9. O sea, el actual no es el mínimo absoluto de toda la serie, pero la velocidad de la caída es lo que genera alarma. El analista Fernando Marull sostiene que existe una correlación históricamente consistente entre este índice y el porcentaje de votos que obtienen los gobiernos en elecciones. Si esa relación se mantiene, la traducción electoral del número de abril daría al oficialismo apenas un 40% de los sufragios, por debajo del 42% que efectivamente cosechó en octubre pasado.

Frente a este cuadro, la respuesta oficial generó más preguntas que certezas. Desde sectores cercanos al gobierno circula una lectura que responsabiliza a los medios de comunicación por la caída en la imagen: el problema no sería la realidad económica sino la forma en que esa realidad es presentada públicamente. Esa interpretación llevó, entre otras decisiones, al cierre de la sala de periodistas en la Casa de Gobierno. El riesgo de ese enfoque es evidente: si el diagnóstico está equivocado, la terapia no solo no va a funcionar, sino que puede profundizar el deterioro. Aplicar una solución de marketing a un problema estructural no resuelve nada; en todo caso, lo posterga y agrava.

La economía real: consumo en retroceso, deuda creciente y una paradoja libertaria

Más allá de las encuestas, los indicadores de actividad económica ofrecen una lectura complementaria. El patentamiento de automóviles en abril de este año cayó un 22% interanual. Si se amplía el análisis al primer cuatrimestre completo, la baja respecto del mismo período del año pasado es de 7%. La venta de autos no es solo un indicador de bienestar de clase media: arrastra una cadena productiva que genera empleo en concesionarias, talleres, repuestos y logística. La construcción, por su parte, sigue paralizada. El costo de edificar un metro cuadrado en un departamento de características medias ya ronda los 1.600 dólares, un valor que prácticamente expulsa compradores del mercado en un contexto de acceso al crédito hipotecario todavía acotado. El consumo masivo retrocedió un 5% interanual en marzo. Aunque el canal digital de ventas creció un 34% en el mismo período, ese desplazamiento tecnológico tiene un costo silencioso: el achicamiento del comercio minorista físico, visible en la cantidad de locales cerrados en las principales avenidas de las ciudades.

El Banco Central publicó un cuadro que ilustra otro ángulo del problema: el endeudamiento de las familias, medido en relación con la masa salarial formal, viene creciendo durante 2024 y 2025, impulsado principalmente por el uso de tarjetas de crédito. La combinación de salarios reales deteriorados por una inflación que no cede y tasas de interés sostenidas artificialmente altas para desincentivar la dolarización genera un efecto expansivo sobre el endeudamiento privado. Quienes en la etapa anterior tomaron crédito en un contexto de tasas reales negativas —es decir, por debajo de la inflación— y esperaban licuar esas deudas se encontraron con un escenario radicalmente distinto. Ese endeudamiento familiar no es solo un dato financiero: es un estado de ánimo que se traduce en comportamiento político. Y la suma de todos estos factores —caída del consumo, freno en la industria, presión sobre las deudas— termina golpeando la recaudación tributaria, lo que pone en tensión el objetivo central del programa: sostener el superávit fiscal.

En ese contexto, el equipo económico liderado por Luis Caputo logró en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional en Washington un acuerdo de financiamiento con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF por un total de aproximadamente 4.000 millones de dólares. Ese paquete no se canalizará mediante la emisión de un bono en los mercados internacionales, sino que funcionará como garantía para obtener crédito de bancos privados. El esquema apunta a captar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en total, usando los fondos multilaterales como aval para convencer a los bancos privados de que el riesgo argentino es tolerable. Es, en términos llanos, alquilar credibilidad prestada: la Argentina no tiene suficiente reputación propia para acceder al mercado en condiciones razonables, por lo que recurre a la reputación de terceros.

La paradoja que encierra esta estrategia es difícil de ignorar. El gobierno que hizo del achicamiento del Estado y de la libertad de mercado su principal bandera ideológica no logra financiarse en el mercado privado y termina recurriendo a entidades interestatales. El Banco Mundial, el BID y la CAF son organismos cuya naturaleza jurídica y política es, precisamente, interestatal: sus decisiones se negocian entre gobiernos, no entre agentes privados. A eso se suma que el cheque girado por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que en agosto pasado le permitió al gobierno argentino salir de una situación crítica, no vino del mercado sino de las arcas del Estado norteamericano. El mercado financiero al que Milei proclama como modelo y salvación no ha confiado plenamente en el programa argentino. No es solo un problema de reputación del gobierno actual: la historia de incumplimientos de Argentina pesa y seguirá pesando. Pero ese contexto no disuelve la contradicción teórica.

Hay además una consecuencia técnica de este modelo de endeudamiento que los analistas de deuda señalan con preocupación: la deuda contraída con organismos multilaterales no es susceptible de reestructuración. La Argentina tiene vencimientos de aproximadamente 10.000 millones de dólares este año y de unos 20.000 millones el año próximo. Al acumular pasivos con entidades que no aceptan quitas ni reprogramaciones, se estrecha el margen de maniobra para cualquier gobierno futuro. Cualquier eventual reestructuración de deuda recaería entonces sobre los tenedores de bonos privados, lo que paradójicamente eleva la percepción de riesgo de esos instrumentos. La estrategia pensada para tranquilizar al mercado termina alimentando una de las principales ansiedades del mercado.

La oposición se mueve y la geopolítica entra en escena

El deterioro de la imagen oficial no ocurre en un vacío político. Distintos sectores de la oposición comenzaron a reorganizarse con la mirada puesta en el horizonte electoral. Mauricio Macri trabaja en la construcción de una alternativa política de centroderecha cuyo perfil candidato aún no está definido. Entre los nombres que circulan figura el del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y también el del empresario Jorge Brito, ex presidente de River Plate y accionista del Banco Macro, aunque Brito aparece más vinculado al universo peronista que al macrismo. El propio Macri no descarta su propia candidatura, aunque no lo diga en público.

Desde el peronismo, una corriente encabezada por Juan Manuel Olmos en la Ciudad de Buenos Aires y por Victoria Tolosa Paz en la provincia presentó este 1° de mayo una propuesta de renovación doctrinaria que apunta a revisar la relación del movimiento con la política económica. El núcleo del planteo es que el peronismo debe incorporar como propios los valores de la estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal y el rechazo a la emisión inflacionaria. Se trata de un intento de desmarque del kirchnerismo sin romper con la identidad peronista. Si este proceso tiene la tracción suficiente para redefinir a uno de los principales espacios de la oposición es algo que los próximos meses irán respondiendo.

En paralelo, la visita a Buenos Aires de Peter Thiel, uno de los empresarios más influyentes del mundo en tecnología, finanzas e inteligencia, ilumina otra dimensión del gobierno Milei que suele quedar en segundo plano. Como analizó el escritor italiano Giuliano da Empoli en su libro La hora de los depredadores, un grupo reducido de personas que controlan los grandes flujos de datos globales —redes sociales, plataformas, algoritmos— han adquirido una capacidad de incidencia sobre la vida democrática que no existía hace dos décadas. Da Empoli señala que los líderes de derecha populista como Trump, Milei o Bolsonaro tienden a articularse con ese nuevo poder tecnocrático. La presencia de Thiel en Argentina no es un hecho de agenda empresarial convencional: es una señal del posicionamiento geopolítico del gobierno. El alineamiento con la administración de Donald Trump, el discurso antichinesco y la participación en la disputa de Medio Oriente tienen consecuencias directas y concretas: inciden en las decisiones de los organismos multilaterales de crédito, donde el peso de Washington es determinante. El gobierno libertario que rechaza el Estado en el plano teórico termina dependiendo, en el plano práctico, de decisiones estatales de otros países para mantenerse a flote.

Las semanas y meses que vienen determinarán si el cuadro actual es una turbulencia pasajera o el inicio de una tendencia más profunda. Existen lecturas contrapuestas. Quienes sostienen que la situación es reversible señalan que varios de los factores que impulsaron la inflación reciente —aumentos en combustibles, carne y el efecto de la devaluación del año pasado— son de naturaleza episódica y deberían disiparse, lo que permitiría una recuperación del salario real. Quienes leen el cuadro con más pesimismo advierten que el deterioro del consumo, el freno en la construcción, el endeudamiento creciente de las familias y la presión sobre la recaudación configuran un círculo que no se corta fácilmente. La respuesta de la oposición —si logra o no capitalizar el malestar con una propuesta política coherente— y la evolución de los indicadores de actividad en el segundo semestre serán los dos termómetros más confiables para evaluar en qué dirección se inclina la balanza.