Cuando un funcionario público al frente del organismo encargado de recaudar impuestos y controlar el comercio exterior es investigado por ocultar su propio patrimonio, el escándalo adquiere una dimensión particular. No se trata de cualquier caso de presunta corrupción: se trata del titular de la agencia que fiscaliza a los demás. Eso es, en síntesis, lo que está en el centro de la causa judicial que involucra a Andrés Vázquez, actual jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex AFIP. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) acaba de exponer ante la Justicia federal un esquema que, de confirmarse, combinaría enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y lavado de activos provenientes de posibles actos de corrupción. Lo que cambia con esta presentación es que ya no se habla de irregularidades menores ni de errores formales: la hipótesis fiscal apunta a una arquitectura financiera construida durante más de quince años con el propósito deliberado de esconder quién era el verdadero dueño de bienes valuados en varios millones de dólares.
Una estructura diseñada para no dejar rastros
El fiscal Sergio Rodríguez, titular de la PIA, presentó ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi un dictamen en el que solicita que Vázquez sea convocado a declaración indagatoria y que la investigación se amplíe para abarcar los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria. El eje del planteo es que el funcionario no cometió un descuido puntual al omitir bienes en sus declaraciones juradas, sino que montó un sistema de dos capas superpuestas —una local y otra internacional— que funcionaban de manera coordinada para ocultar su condición de beneficiario final de un patrimonio de magnitud difícilmente compatible con su trayectoria como funcionario estatal.
En el plano doméstico, Vázquez habría operado a través de Consultora San Andrés, una empresa sin personal contratado que figura con él como accionista mayoritario y que funciona desde un inmueble de su propiedad, al cual le abona un alquiler. Esa misma sociedad le habría otorgado préstamos para adquirir propiedades y habría comprado los vehículos que él y su familia utilizan: entre 2010 y 2015, se registran a nombre de esa firma cinco automóviles, entre ellos un BMW X6 3.0 SI blindado, un Mini Cooper y dos Volkswagen Vento 2.0. El fiscal se pregunta con razón qué clase de servicios puede prestar una empresa que no tiene empleados. La respuesta que surge del análisis es incómoda: ninguno real, al menos no en el sentido comercial del término.
En el exterior, el esquema se volvía más sofisticado. Vázquez habría controlado sus activos en Miami a través de dos sociedades panameñas —Alcorta Corp y Pompeya Group Corp— que a su vez estaban bajo el paraguas de otra empresa radicada en Islas Vírgenes Británicas, denominada Galanthus Capital Limited, con sus propias hijas como autoridades formales. Sin embargo, fue el propio Vázquez quien abonó los impuestos sobre las propiedades en suelo estadounidense y quien recibió reintegros fiscales vinculados a esos inmuebles. Para los investigadores, ese comportamiento constituye lo que en derecho se denomina animus domini: el ejercicio efectivo y comprobable de la propiedad, más allá de quién figure en los papeles.
Millones de dólares, declaraciones que no cierran
La cronología de adquisiciones que reconstruyó la PIA es reveladora. En octubre de 2010, Vázquez compró el 50% de un departamento en Puerto Madero, en la torre Chateau, por un valor escriturado de 335.000 dólares, aunque los investigadores estiman que el precio real rondaba los 742.000 dólares. La operación se habría financiado con un autopréstamo —un mecanismo conocido como loan-back— de Consultora San Andrés, la misma sociedad que le alquilaba su propio inmueble. La otra mitad del departamento quedó a nombre de su expareja, también funcionaria de ARCA, con fondos que Vázquez declaró haberle donado. Apenas dos años y medio después, en enero de 2013, Alcorta Corp adquirió en un solo fin de semana dos propiedades en Miami: una unidad en el Icon Brickell por 710.000 dólares y otra en la avenida Brickell por 400.000 dólares. En julio de 2015, Pompeya Group Corp sumó una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles por 980.000 dólares. El total de esas tres operaciones en suelo norteamericano supera el millón y medio de dólares.
El contraste con lo que el funcionario declaraba ante el fisco en esos mismos años es llamativo. Según el análisis de las declaraciones juradas de 2012 y 2013, Vázquez consignó activos líquidos de apenas 44.000 dólares mientras concretaba inversiones que superaban el millón cien mil dólares. La brecha entre lo declarado y lo invertido no admite explicaciones técnicas simples: la capacidad económica documentada y la actividad patrimonial real parecen pertenecer a personas distintas. Este tipo de inconsistencia es precisamente el núcleo de la figura de enriquecimiento ilícito en la legislación argentina, que no exige probar el origen ilegal del dinero sino la incapacidad del funcionario para justificar el incremento patrimonial.
Un dato que no es menor: los nombres elegidos para las sociedades panameñas no parecen casuales. "Alcorta" remite a la avenida Amancio Alcorta, donde se ubica el estadio del Club Atlético Huracán, institución a la que Vázquez estaría ligado como simpatizante y aportante. "Pompeya" es el barrio porteño que rodea a ese mismo estadio. Que un funcionario bautice sus vehículos societarios offshore con referencias al club de sus amores podría leerse como una extravagancia, pero para los investigadores es también un hilo que permite tirar del tejido y encontrar al propietario real detrás de la estructura formal.
La venta, el triplex y el vínculo que conecta todo
En marzo de 2018, la sociedad Alcorta Corp vendió la segunda de las propiedades de Miami —la de la avenida Brickell 1060— por 350.000 dólares, es decir, 50.000 dólares menos que lo que había costado cinco años antes. Pocos meses después, en diciembre de 2018, Vázquez adquirió en Buenos Aires un triplex de 318 metros cuadrados dentro del emporio Faena, en el edificio Los Molinos Building, por un valor escriturado de apenas 225.906 dólares: menos de 710 dólares por metro cuadrado. La empresa vendedora, Acontec SRL, había pagado por esa misma propiedad entre 461.000 y 777.000 dólares tres años antes, dependiendo del tipo de cambio utilizado. Venderla a ese precio implicó una pérdida de entre 235.000 y 551.000 dólares. Y el valor de mercado real del triplex, según los investigadores, rondaba los 2,1 millones de dólares.
La conexión entre las operaciones en Miami y las de Buenos Aires no se agota en la cronología. Los investigadores detectaron que el mismo grupo desarrollador —el Chateau Group— construyó tanto la torre de Puerto Madero donde Vázquez adquirió su primera propiedad local como el complejo de Sunny Isles donde sus hijas residen hoy. Ambas compras se realizaron en momentos próximos a la finalización de las obras. Para la fiscalía, esa coincidencia amerita profundizar la investigación sobre si existió un esquema integrado de colocación y blanqueo de activos que cruzó fronteras utilizando los mismos intermediarios inmobiliarios.
Lo que la PIA plantea en su dictamen es que el conjunto de estas maniobras no puede interpretarse como una suma de errores administrativos ni de omisiones involuntarias. La superposición de estructuras societarias en distintas jurisdicciones, el uso de familiares directos como titulares formales, la subvaluación de operaciones inmobiliarias y la brecha abismal entre el patrimonio declarado y el real configuran, en la lectura del fiscal Rodríguez, un mecanismo integrado de colocación, estratificación e integración de activos: las tres etapas clásicas del lavado de dinero tal como lo define tanto la legislación argentina como los estándares del GAFI, el organismo internacional que monitorea el combate al lavado a nivel global.
Las posibles derivaciones de esta causa son múltiples y ninguna es menor. Si el juez Martínez De Giorgi acepta el pedido de indagatoria, Vázquez deberá responder penalmente siendo el titular del organismo que, paradójicamente, tiene entre sus funciones detectar este tipo de maniobras en contribuyentes privados. Esa situación institucional genera tensiones que trascienden el caso individual: ¿puede seguir al frente de ARCA alguien que enfrenta una investigación de estas características? ¿Qué señal envía al resto de la administración pública y a los propios contribuyentes? Por otro lado, si la defensa logra demostrar que las estructuras societarias tenían propósitos legítimos o que las valuaciones cuestionadas se ajustaban a criterios razonables de mercado, la causa podría debilitarse. Lo que resulta difícil de desestimar, sin embargo, es la magnitud de las inconsistencias numéricas documentadas: la distancia entre 44.000 dólares declarados y más de un millón invertido en el mismo período no se explica fácilmente desde ningún ángulo. Los expedientes judiciales, en casos como éste, suelen tener una velocidad propia que pocas veces se acomoda a los tiempos de la política.
